José Manuel Naredo
Ha llovido mucho desde que dominaba la creencia de que los precios de la vivienda nunca bajarían, sino que, todo lo más, moderarían su crecimiento siguiendo un “aterrizaje suave”. Los dos años de crisis inmobiliaria han pulverizado estos interesados e infundados vaticinios. La discrepante información disponible muestra que los precios de la vivienda han bajado y siguen bajando, pero ¿cuánto?
Cuando leemos en la prensa que “los precios de la vivienda han bajado un X por ciento”, la información se refiere normalmente al índice oficial de precios de la vivienda que elabora trimestralmente el Ministerio de Vivienda. Pero este índice no recoge los precios a los que efectivamente se realizan las transacciones de viviendas, sino los precios que imputan a las viviendas las empresas de tasación de inmuebles que, como veremos, muestran una sospechosa aversión a la baja. Pues además de los normales desfases entre tasaciones y precios de mercado, el hecho de que las empresas de tasación trabajen mayoritariamente para entidades financieras interesadas en soslayar el desplome de sus garantías hipotecarias hace dudar de la independencia de esta fuente. Lo cual es grave cuando el valor de las operaciones de este mercado supera, con mucho, en nuestro país a las del mercado bursátil.
Mientras la bolsa de valores presenta diariamente índices oficiales de cotización de las operaciones efectivamente realizadas, el mercado inmobiliario ha venido contando sólo con el mencionado índice oficial que sintetiza, cada tres meses, los valores que las entidades de tasación otorgan al metro cuadrado de vivienda. En los últimos tiempos, dos nuevas fuentes han roto el monopolio que venía ejerciendo el índice mencionado. Por una parte, el INE ha elaborado un nuevo índice de precios de la vivienda a partir de los precios escriturados por los notarios, como se viene haciendo en otros países europeos. El problema estriba en que, a diferencia de estos países, en España los precios de mercado no suelen coincidir con los escriturados que están, además, ligados a prácticas recaudatorias ajenas a la coyuntura inmobiliaria, con lo cual tampoco cabe esperar que esta fuente refleje de modo fidedigno la caída de los precios de mercado. Por otra parte, Fotocasa obtiene un nuevo índice mensual de precios de la vivienda a partir de los precios de los anuncios, que también difieren de los de mercado, porque la crisis inmobiliaria es fértil en rebajas y chollos en los que los vendedores más necesitados de liquidez acaban vendiendo a precios bien inferiores a los de los anuncios.
Mientras el índice de Fotocasa lleva bajando ya más de dos años y registraba en junio una caída acumulada del 18 %, el del INE baja desde hace año y medio, con una caída acumulada próxima al 10 %, y el del Ministerio de Vivienda baja poco más de un año, con una caída acumulada que apenas supera el 8 %. Cabe concluir que las tres fuentes indicadas muestran caídas de precios de la vivienda bien diferentes, pero en todo caso inferiores a las de mercado, que no salen en la foto de nuestras precarias estadísticas.
Economista y estadístico
Carlos Taibo
Dmitri Medvédev preside la Federación Rusa desde hace algo más de un año. Es bien conocida la idea principal que han manejado la mayoría de los expertos a la hora de explicar la condición presente de Medvédev. El presidente ruso sería una especie de hombre de paja que desempeñaría funciones de segundo orden en provecho del hoy primer ministro, Vladímir Putin. Por decirlo de otra manera: si al amparo de las presidencias de Yeltsin (1991-1999) y del mentado Putin (2000-2008) la figura del primer ministro quedó visiblemente ninguneada, en la medida en que, por ejemplo, los llamados ministerios de fuerza quedaban en manos del presidente, hoy estaríamos asistiendo a una inversión de los papeles que permitiría que Putin, pese a desempeñar una función formalmente menor, en los hechos siguiese rigiendo los destinos de la Federación Rusa, claramente por encima de Medvédev.
Estamos obligados a preguntarnos, con todo, si el esquema que acabamos de mal describir da cuenta convincentemente de lo ocurrido. Aunque la impresión general es que no hay ningún motivo sólido para desdeñarlo, lo suyo es reconocer que se han hecho valer algunos datos que invitan al recelo cauteloso. Así, se ha subrayado que la condición de jurista de Medvédev dibujaría de su lado una sensibilidad mayor –no es muy difícil– que la que exhibe Putin en materia de derechos y libertades. Se ha recordado también, por rescatar otro hecho al que no puede negarse simbolismo, que Medvédev decidió inaugurar una serie de entrevistas concedidas a medios de comunicación con una asignada al que pasa por ser el diario opositor más connotado. Aunque acumulásemos ejemplos en este sentido, y a decir verdad, no parece que den para mucho, tanto más cuanto que los mensajes y las prácticas, de contenido duro, tradicional y conservador han sido frecuentes en Medvédev, quien las últimas semanas –y retórica aparte– no parece haber movido un dedo, por cierto, ante la sucesión de asesinatos de activistas y periodistas vinculados con la defensa de los derechos humanos.
Es verdad, aun así, que haríamos mal en dar por cerrada la discusión relativa a la condición presente de Medvédev. Y ello por dos razones de peso. La primera nos recuerda que en Rusia el puesto de presidente acarrea un marchamo de poder independiente al que es difícil substraerse; el peso de viejas inercias, en otras palabras, puede traducirse en alguna sorpresa del lado del actual inquilino del Kremlin. La segunda es, tal vez, más importante y nace de un hecho insoslayable: si Putin sacó franco provecho de una coyuntura internacional marcada por precios altos del petróleo –buena parte de su popularidad nace de ello–, a Medvédev las cosas le han venido, en cambio, mal dadas de la mano de una crisis internacional de perfiles y hondura conocidos.
Quiere esto decir, al menos en una primera lectura, que el actual presidente ruso está en la obligación de asumir un papel creciente en materia de resolución de los muchos problemas que despuntan por doquier. Y ello puede traducirse, por qué no, en una incipiente competición con quien, desde el puesto de primer ministro, ha marcado el derrotero de Rusia en este inicio del siglo XXI.
Profesor de Ciencia Política
Juan Francisco Martín Seco
El PIB de Alemania y Francia ha crecido en el segundo trimestre un 0,3% con respecto al trimestre anterior. Hay quien se ha apresurado a anunciar el fin de la recesión. Apuesta arriesgada. Un trimestre indica bien poco. En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que la recuperación en España va a ser mucho más lenta, lo cual no carece de explicación ya que nuestro país tiene su propia crisis autóctona sobre la que se ha superpuesto la internacional. Primero deberá superarse esta para que la economía española pueda solventar sus propios desequilibrios.
En mi último artículo en este diario, situaba en la globalización y en los consecuentes desequilibrios en el comercio exterior la causa última de la crisis. Paradigma China-EEUU. Curiosamente, la economía de nuestro país ha presentado en los últimos años algunas características muy parecidas a las de EEUU: mayor desigualdad en la distribución de la renta, burbuja inmobiliaria, enorme endeudamiento de las familias con el consiguiente incremento en el déficit de la balanza por cuenta corriente…
Si el colosal desequilibrio exterior de EEUU ha sido posible por ser el dólar moneda de reserva y por el irreal tipo de cambio mantenido por esta moneda con respecto a las divisas emergentes, en el caso español ha sido el euro el que ha posibilitado el enorme endeudamiento exterior. El euro no es la solución, sino el problema. Sin el euro, ciertamente, no hubiéramos crecido en el pasado a las tasas que lo hemos hecho, pero tampoco nos encontraríamos ahora en la trampa en que nos encontramos.
El euro facilitó a las entidades financieras endeudarse en el exterior a tipos de interés bajos, y estas –ante la perspectiva de incrementar fuertemente sus beneficios– arrastraron a un mayor consumo del que se podía permitir a una gran masa de población cuyos ingresos estaban mermados por un empeoramiento en la distribución de la renta. Por otra parte, el mantenimiento año tras año de un diferencial de inflación con el resto de los países europeos reducía nuestra competitividad y convirtió en negativa la contribución del sector exterior al crecimiento que, de este modo, gravitó en su totalidad sobre el consumo y la construcción.
Situaciones similares, aunque menos graves, (por ejemplo el periodo 92-93), se superaron gracias a la devaluación de la moneda. Las devaluaciones no son la enfermedad, sino la medicina, una vez que el mal ya se ha producido. Si la devaluación no es posible por estar en la Unión Monetaria, se impone la cirugía, el ajuste en el ámbito real: recesión, paro, deflación, que durará hasta que los desequilibrios hayan desaparecido o, al menos, aminorado y nuestro déficit exterior retorne a niveles soportables. No es por casualidad que por primera vez los precios en nuestro país crezcan menos que en la zona euro.
Las devaluaciones no son agradables, pero distribuyen los costes más o menos equitativamente. Los ajustes en el sector real, por el contrario, lo hacen de manera desigual, en mucha mayor medida sobre las clases bajas mediante paro, reducción de salarios y endeudamiento del sector público.
Economista
Óscar Celador Angón
El guión que está siguiendo la aprobación de la futura Ley de Libertad Religiosa es un calco del que protagonizaron otras reformas legislativas relacionadas con la libertad de conciencia durante la pasada legislatura. Ha sido suficiente con que el Gobierno anuncie su intención de modificar la Ley para que, primero, la Iglesia católica y los sectores más conservadores de la sociedad y, ahora, las asociaciones educativas católicas critiquen duramente un proyecto cuyo texto
todavía no es público. Se trata de una estrategia perfectamente diseñada que busca generar crispación para conseguir desgastar electoralmente al gobierno, y en esta labor para algunos todo vale –incluso falsear el auténtico debate político–, mientras que se consiga aglutinar detrás de una pancarta al mayor número posible de manifestantes.
Los dos anuncios que el Gobierno ha hecho hasta ahora en este terreno, a través del ministro de Justicia, han sido que la presencia de símbolos religiosos en las escuelas públicas y en las tomas de posesión de los cargos y funcionarios públicos
deberá compatibilizarse con la laicidad del Estado. Pese a las ampollas que han levantado estas declaraciones, parece que todavía nadie se ha dado cuenta de que no hacen más que reiterar lo que desde los años 90 viene estableciendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El objetivo de la futura Ley será garantizar la defensa y protección de la libertad de creencias y convicciones, con independencia de que éstas sean o no religiosas, y dar alcance y contenido a la laicidad del Estado. En otras palabras, lo que se pretende es que todos los individuos puedan ejercer en régimen de igualdad su derecho a la libertad de conciencia, lo que exige que el Estado sea ideológica y religiosamente neutral, que no privilegie a sus ciudadanos por tener unas u otras creencias o por carecer de las mismas, y que no exista confusión entre las funciones estatales y las religiosas.
Asimismo, la futura Ley contribuirá a eliminar el elevado grado de inseguridad jurídica que permite la actual regulación, y que ha servido para que los diferentes gobiernos que se han sucedido en democracia –legitimados por un Tribunal Constitucional sin referentes legales claros y precisos– hayan podido formular un modelo de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas que discrimina y privilegia injustificadamente: a unas Iglesias sobre otras, a estas sobre los grupos ideológicos no religiosos, y a la Iglesia católica sobre todos. Ahora bien, lo que realmente preocupa a los sectores críticos con la futura Ley, y en particular a la Iglesia católica, es que la aprobación de una ley de estas características supone dar un paso firme en un proceso que debe culminar con la desaparición de su situación privilegiada.
Sin embargo, lo peculiar de este debate no es que se produzca ahora, sino que haya sido necesario esperar tres décadas para que comiencen a atisbarse los primeros signos de que el principio constitucional que ordena la igualdad y no discriminación por motivos religiosos puede ser una realidad.
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Carme Miralles-Guash
Utilizar la bici tiene distintas perspectivas. Para algunos es un medio de transporte, para otros es un deporte, e incluso algunos lo reivindican ideologicamente, como el antropólogo Marc Augé en su libro Elogio de la bicicleta. Sin embargo, lo que si es cierto es que es un nuevo medio de transporte en la ciudad, o al menos en algunas ciudades. En España más de 50 ciudades (Leganés, en Madrid, Pamplona, Burgos, Sevilla, Ponferrada, Cartagena, León, Vitoria, Bilbao, Logroño, Murcia, etc.) están organizando o ya tienen el sistema de bicicletas públicas semejantes al de Barcelona, Lyon y París.
Desde los años 40, antes del boom del automóvil, la bicicleta no era partícipe de nuestro paisaje urbano. Entonces era un transporte relegado a las clases trabajadoras que no podían acceder a otro. Era un medio sin glamour, sin la aureola de la sostenibilidat y sin ningún reconocimiento por parte de las administraciones públicas, preocupadas sólo por implantar el coche en las ciudades. Fue fácil quitárnoslas de en medio y relegarlas a los paisajes urbanos que dibujaban otras ciudades, como las de los países nórdicos u otros regimenes políticos, como las ciudades chinas.
Sin embargo, desde hace unos años, a la bicicleta se le están reconociendo todas sus bondades: es un medio de transporte que no contamina, que no utiliza energía fósil, silencioso y que permite una velocidad suficiente (unos 15 km/h) y óptima para los recorridos en medios urbanos. Además permite al usuario la misma libertad de movimiento que si fuera andando o en coche, pero más rápido que el primero y con menos externalidades negativas que el segundo. Asimismo, montados en una bicicleta percibimos la ciudad desde otra perspectiva. Es un paisaje urbano continuo, ya que la velocidad en la que se circula permite observarlo con todo detalle a la vez que te sientes partícipe de él. No obstante, introducir un nuevo medio de transporte en nuestros abigarrados espacios públicos no es fácil. La bicicleta necesita su lugar en la calle para que se sienta segura respecto a los transportes mecánicos y para que no compita con el peatón. Para ello se crearon los carriles bici que, con más o menos fortuna, se están diseñando en nuestras ciudades. Unos carriles que permitan utilizar la bicicleta como transporte cotidiano para ir al trabajo, de compras o al cine, y no sólo, como se hizo en algunas ciudades antaño, como medio de transporte de ocio para desplazarse en las periferias o en los espacios verdes de la ciudad.
Y a ello ha contribuido la gestión pública de las bicicletas. El usuario paga sólo su uso y comparte el artefacto con otros usuarios. Además, el sistema es lo suficiente flexible para que los recorridos puedan ser lo más cómodos y lo más adecuados a las necesidades de los ciudadanos. El sistema de parking –donde se puede dejar o coger una bici– es muy extenso y está localizado en las estaciones de metro o tren, con lo que es intermodal entre distintos medios de transporte públicos.
Este renovado medio de transporte y su gestión pública es una de los grandes cambios recientes de nuestras ciudades.
Profesora de Geografía Urbana
Carmen Magallón
En un reciente documental sobre la prostitución, emitido por una cadena pública de televisión, vuelvo a constatar un uso del lenguaje que siempre me ha parecido sexista y discriminador. Y es que mientras a las mujeres que ofrecen determinados servicios sexuales a cambio de dinero se les llama prostitutas o putas, términos ambos con connotaciones cuando menos despreciativas, a quienes acuden a ellas se les llama asépticamente clientes. De este modo, mientras ellas quedan denotadas negativamente, la denominación de los hombres que las buscan está al nivel de quien va a un supermercado a comprar un producto cualquiera.
Dentro del feminismo hay distintas posiciones al respecto de la prostitución, desde quienes defienden que es una opción libre de algunas mujeres hasta quienes trabajan por su abolición al considerar esta actividad cercana a la esclavitud. Personalmente, pienso que el acceso al cuerpo de las mujeres por dinero es un acto de poder que se reservan los hombres, y que honra a este periódico el no aceptar anuncios al respecto. Según un estudio sociológico realizado en Zaragoza –que suele ser elegida por tener un perfil que refleja bien el promedio del país–, un 95% de quienes ejercen la prostitución en esa ciudad son mujeres inmigrantes. Forman parte, pues, del contingente de personas que salen de su país impulsadas por la desigualdad económica entre distintas zonas del mundo, una primera y fundamental desigualdad. Cuando no son objeto de otros abusos y engaños, son ellas quienes deciden dedicarse a la prostitución, pero en un marco de libertad muy mermada. En la mayoría de los casos –siempre según el estudio mencionado– son mujeres que envían dinero a su familia en el país de origen, que mantienen préstamos a intereses desorbitados y cuyas opciones de trabajo alternativo son muy limitadas. Por eso, más que libertad, en su situación predomina la necesidad económica. Y cierta libertad, sí, la que te permite elegir la salsa con la que vas a ser cocinada. En lo que sí hay acuerdo en el feminismo es en la importancia de criticar los aspectos sexistas del lenguaje, al que se reconoce capacidad para hacer visible la realidad, para conformarla de algún modo, y también para transformarla. Pues bien, sin entrar a fondo en el debate sobre la prostitución, hay una asimetría por la que se puede comenzar a desmontar la desigualdad de trato social de hombres y mujeres implicados. Y es que si la actividad es conjunta, lo justo es que ambos participantes sean tratados de modo similar.
La propuesta es que si se continúa con la denominación clásica, cada vez que a ellas se les llama prostitutas ellos habrían de nombrarse como prostituidores; y si ellas son putas, ellos puteros, –por cierto, este término, putero, es el usado en la traducción del ampliamente vendido Millenium, marcado, se supone, por una opción explícita en la versión original de la novela–. Y si se opta por la asepsia, y continúan ellos siendo nombrados como clientes, habremos de inventar un término igualmente aséptico y llamarlas a ellas, por ejemplo, proveedoras de servicios sexuales.
Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Francisco Balaguer Callejón
En la vida política resulta decisivo el manejo de los tiempos. Las líneas de actuación que tienen un eco positivo en determinados momentos pueden resultar muy desafortunadas en otros. Por ese motivo, el control de los tiempos es esencial para los partidos, que necesitan disponer de un margen de maniobra que les permita ir definiendo sus posiciones en la agenda política. Las desafortunadas declaraciones de líderes del PP de los últimos días tienen mucho que ver con la pérdida de control que ha sufrido ese partido como consecuencia de su incomprensible actitud en el caso Gürtel y en los otros casos de corrupción que afectan a algunos de sus militantes.
El absurdo planteamiento que ha asumido el PP desde el principio amenaza con acabar con sus posibilidades de desarrollar cualquier estrategia política como principal partido de la oposición. En efecto, en la medida en que ese partido ha hecho depender de las resoluciones judiciales el futuro de sus militantes implicados en estos asuntos, ha perdido también el control de los tiempos políticos, que ahora están en manos de la justicia, y que se activarán cada vez que haya una nueva noticia sobre los distintos procesos judiciales.
Por otro lado, al diseñar una estrategia judicial en favor de sus afiliados acusados de corrupción, el PP ha generado más daños a su estrategia política. Un ejemplo lo tenemos en la parcelación de la trama Gürtel en tres tribunales diferentes, que le puede haber reportado algún éxito coyuntural (hasta tanto el TS decida los recursos contra el Auto del TSPJCV), pero que tiene también desventajas para el PP, quizás no previstas, tanto en el plano judicial como en el político. En el plano judicial, porque la división de la causa permite contrastar la actuación de tres órganos jurisdiccionales diferentes, lo que
no sería posible si resolviera un único tribunal.
Desde el punto de vista político, porque esa división multiplica por tres el número de actuaciones judiciales que tienen relevancia pública y que serán objeto de debate a través de los medios de comunicación. Como nadie puede controlar los tiempos de las decisiones judiciales, esta proliferación de debates públicos sitúa al PP en un escenario descabellado en el que su agenda política estará marcada por instancias externas a ese partido.
Seguramente esta situación desesperante es la que ha provocado las recientes descalificaciones del sistema judicial y del Estado de Derecho por parte de dirigentes del PP. Lo que han planteado como crítica: “Perseguir a la oposición con fiscales y policías” deberían haberlo planteado como autocrítica, ya que los fiscales y policías se limitan perseguir a presuntos
delincuentes. Son los propios dirigentes del PP los que se han empeñado en identificar a su partido con esos presuntos delincuentes al no adoptar las decisiones políticas necesarias para desvincularse de los casos de corrupción y al promover una estrategia procesal que resulta incompatible con la estrategia política de cualquier partido democrático.
Catedrático de Derecho Constitucional
Núria Bosch
Una vez acordado el nuevo sistema de financiación autonómica, es la hora de abordar la financiación local. Dados los graves problemas financieros que sufren actualmente los gobiernos locales, no se puede posponer más la reforma en profundidad de su financiación. La tributación local, excepto algunos cambios como la supresión parcial del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), deriva de 1987 con muchos aspectos problemáticos que deberían reformarse; la participación local en los ingresos generales del Estado es insuficiente y sus criterios de distribución inadecuados; las participaciones locales en los ingresos autonómicos están por desarrollar; una parte importante del gasto municipal corresponde a servicios impropios (competencia de otros niveles de administración), sin que el sistema de financiación actual los cubra; el peso de los gobiernos locales dentro del sector público es parecido al del inicio del período democrático; las participaciones locales en los grandes impuestos estatales han de adaptarse a los nuevos porcentajes autonómicos de participación, y así podemos continuar con un largo etcétera.
Además de estos problemas, la actual crisis financiera castiga fuertemente a las arcas municipales al basarse en tasas e impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria. La caída recaudatoria de estas figuras es notable.
La reforma de la financiación local tiene que apostar por un fortalecimiento de la imposición sobre la propiedad inmobiliaria a través del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El uso de beneficios fiscales en este impuesto debería minimizarse al objeto de ampliar su recaudación. Asimismo, si se quiere que el IBI cumpla una función preventiva contra la retención especulativa del suelo edificable, se deberían autorizar tipos diferenciados y progresivos en el tiempo con los que incidir sobre comportamientos especulativos. Por último, la aproximación de los valores catastrales a los reales de forma suave y pacífica debe ser un objetivo de cualquier reforma de la Hacienda local. Se debe mejorar la gestión catastral y permitir la cooperación interadministrativa para optimizarla.
El IBI debería complementarse con una imposición que se adecuase a la nueva filosofía que vincula la financiación local a la prestación de servicios personales. Ello exige una mayor vinculación entre fiscalidad local y variables económicas como renta y consumo, frente a un esquema de financiación local apoyado en la imposición sobre la propiedad y vinculado a la prestación de servicios locales relacionados con la propiedad inmueble. Por ello, la tributación sobre la renta personal debería ser susceptible de ser aprovechada por los ayuntamientos a partir de una cierta dimensión. Ello daría mayor flexibilidad al sistema impositivo local en épocas de expansión económica. Ahora bien, el impuesto central debería ser el IBI, mucho más estable en su rendimiento que la renta al no depender como este último del ciclo económico. Ahora toca reformar la financiación local. Los gobiernos locales no pueden afrontar un nuevo ejercicio presupuestario sin que el Gobierno central tome alguna medida al respecto.
Catedrática de Hacienda Pública
Antonio Izquierdo
Deshacer los malos entendidos en la lectura de las estadísticas es uno de los cometidos de las ciencias sociales. En un editorial anterior titulado “La inmigración hacia dentro”, se comentó cierta evidencia empírica que certificaba el creciente arraigo de los inmigrantes en España. Pero, de pasada, se ofreció el dato según el cual el 44% de los extranjeros que entraron en España en 2008, llegaron sin disponer de un trabajo previo. A partir de esta cifra, se podría concluir de forma precipitada que el 56% restante vino con un contrato de trabajo bajo el brazo. No es así porque eso reduciría los flujos a uno solo, a saber, el laboral. Reflexionemos hoy sobre “la inmigración hacia fuera”, es decir, acerca de los motivos para venir a España. Dibujemos una panorámica de la Unión Europea, antes de la ampliación, para hacernos una composición de lugar. En la descripción aparecen tres escenarios de modo que en la Europa del Norte destacan los flujos protagonizados por las personas que piden asilo, mientras que en la Europa del Sur predominan los movimientos de raíz laboral. Finalmente, en el núcleo central, de recia tradición migratoria, las corrientes que sobresalen son las de reagrupación familiar. Lo que importa señalar es que estas tres categorías se han visto siempre acompañadas y en ocasiones sobrepasadas por la llegada de personas con otras motivaciones.
El peso de los flujos ha variado según las circunstancias, y a la pluralidad de razones se añade una significativa diversidad en la composición por edad, género, cualificación y proyecto migratorio. La Encuesta Comunitaria de Fuerza de Trabajo, incluida en la Encuesta de Población Activa, estuvo dedicada en 2008 a investigar la situación de los inmigrantes y de sus hijos en el mercado de trabajo. Una de las preguntas indagó los motivos de la entrada con el siguiente resultado: el 44% de los llegados que vino para trabajar no tenían empleo previo; el 10% entró con un trabajo acordado antes de venir, mientras que una cuarta parte vino para reagruparse con la familia y un 5% para casarse. Por fin, un 16% vino por otros motivos. Se producen diferencias en la proporción que alcanzan unos motivos u otros según el sexo y la nacionalidad.
La experiencia de países con mayor tradición inmigratoria muestra que, en la crisis de empleo, no menguan todos los flujos por un igual. De hecho el familiar lo ha hecho en una medida menor que el laboral. Los datos que hoy comentamos abonan esta idea y la evolución de los visados de residencia apunta en la misma dirección. Para regular los flujos de una manera justa y eficaz es necesario disponer de buena información sobre el volumen, la pluralidad y el cambio de motivos de los inmigrantes para venir a España. Nos equivocaremos si pensamos únicamente en trabajadores como mano de obra reversible y temporal. Hemos comprobado que, en el inicio de la crisis, llegan menos trabajadores, pero también vienen menores, estudiantes e investigadores, refugiados y familiares. Estos datos nos ayudan también a comprender lo complejas que son las dinámicas migratorias.
Catedrático de Sociología
Carlos Taibo
De vez en cuando renace una discusión, sugerente por muchos conceptos, relativa a la eventual conveniencia de procurar una unión entre Portugal y España. No es el propósito de estas líneas sopesar qué es lo que tal horizonte supondría. A título provisional tiene suficiente interés –parece– el examen de algunas de las opiniones que al respecto se han vertido.
Dejemos constancia, antes que nada, de algo importante: cuando en Portugal se ha planteado, en diferentes encuestas, la perspectiva que hoy nos atrae, siempre se ha hablado de una unión, presuntamente de carácter federal, y no de una absorción por España. Compréndase que se trata, claro, de horizontes muy distintos. Los niveles de apoyo relativamente altos que la primera posibilidad, la de la unión, ha recabado bien pueden explicarse en Portugal de dos maneras. Si la primera recuerda que, en virtud de la bonhomía que las gentes suelen mostrar a la hora de responder encuestas, las uniones disfrutan de buena prensa, la segunda subraya que Portugal se halla inmerso desde hace un decenio en una crisis económica, y en su caso de identidad, realmente grave.
Es verdad, sin embargo, que en los dos últimos años los ciudadanos portugueses bien pueden consolarse en la certificación de que lo que les ocurría a ellos desde tiempo atrás ha empezado a sucederle también a sus vecinos. Demos fe, en segundo lugar, de una conducta común en el magma del nacionalismo lingüístico español: la que, tras celebrar con alborozo que muchos portugueses deseen que el castellano sea obligatorio en el sistema educativo de su país, no propone, en cambio, ninguna reciprocidad. ¿Cuántos de nuestros conciudadanos que tienen el español como lengua materna han realizado el esfuerzo de aprender catalán, euskera o gallego? En el caso de una imaginable unión, ¿cuántos, y vayamos a lo que hoy nos interesa, asumirían de buen grado la tarea de aprender portugués, la lengua que habla hoy el 20% de los habitantes –acaso más, si sumamos, y debemos hacerlo, a los gallegos– de la Península Ibérica? Demos rienda suelta a la imaginación y supongamos, en otro terreno, qué acarrearía un Estado federal ibérico. En una primera lectura sería, paradójicamente, algo difícil de aceptar para el nacionalismo español. Aunque sobre el papel otorgaría a este una posición prominente en la nueva instancia, al cabo emergería una unión en la que uno de sus integrantes, Portugal, con diez millones de habitantes, por lógica preservaría para sí capacidades autónomas que a buen seguro darían alas a las demandas de otros. Claro que no es de desdeñar que en Lisboa acabasen por comprobar cómo se las gastan –en materia lingüística, por ejemplo– esos nacionalistas españoles de los que ya hemos hablado.
Ni siquiera tenemos garantías, en un orden de cosas diferente, de que, de resultas de una eventual unión, se desvaneciese la triste realidad de un país, España, siempre de espaldas –minorías aparte– a su vecino occidental. Aunque la figura de José Saramago permite preservar al respecto un ápice de dignidad, el hecho de que Cristiano Ronaldo y Luis Figo sean los portugueses más conocidos entre nosotros lo dice casi todo.
Profesor de Ciencias Políticas
