José Manuel Naredo
El presupuesto de 2010 viene marcado por la angustiosa necesidad de sufragar el copioso gasto público que se desató en los inicios de la crisis con urgentes pretensiones anticíclicas. El Gobierno fue bastante pródigo en gastos a lo largo de 2008, como lo atestigua el sobredimensionado plan de infraestructuras, con 19.000 millones de euros en obras públicas, o la devolución de los 400 euros por contribuyente. Pero además, los decretos “anticrisis” de finales de 2008 incrementaron notablemente las partidas de gasto de la Ley de Presupuestos inicialmente aprobada para 2009. Los nuevos gastos extraordinarios incluyeron los 8.000 millones en obras del tan publicitado Plan E, los 3.000 millones de proyectos territoriales de empleo, los 5.000 de ayuda a la pequeña y mediana empresa y los 50.000 de ayudas y 100.000 de avales a las entidades financieras. Hay quien ha criticado que se decretara esta montaña de gastos, emisiones de deuda pública y avales, sin tramitarse como proyecto de ley hurtándose un debate a fondo de las medidas. Aún más debería preocupar la falta de democracia participativa que supone haber promovido un festín de obras en los municipios sin consultar a la ciudadanía sus prioridades, con resultados a veces tan extravagantes como ajenos a los intereses de esta.
Tal euforia de gasto se acometió contando con que –al decir de Solbes y Zapatero– la economía y los ingresos tributarios se recuperarían holgadamente en 2010. El problema estriba en que la crisis ha sido mucho más profunda y la recuperación más sombría de lo previsto, sobre todo en lo que concierne a la recaudación tributaria. El desplome de esta, con caídas superiores al 30%, evidencia que los ingresos tributarios tardarán en recuperar los niveles anteriores a la crisis y que, como no se puede seguir ampliando el déficit y el endeudamiento del sector público, hay que subir impuestos o recortar gastos. De la noche a la mañana y sin atisbo de brotes verdes, se pasó del presupuesto expansivo o anticíclico de 2009, al presupuesto restrictivo propuesto para 2010, y se decidió que la mayoría de la población pagara con impuestos el torrente de gastos comprometidos. Se prevé eliminar la devolución de los 400 euros por contribuyente, elevar el IVA, que recae sobre el conjunto de los consumidores, y amagar al capital y a los más ricos, a la vez que se les permite seguir escabulléndose del fisco con las Sicav u otras empresas instrumentales.
El Gobierno, en su afán timorato de contentar a todo el mundo, ha terminado enfrentándose a todos: a la izquierda y a los sindicatos, porque no pueden aceptar las nuevas cargas indiscriminadas y fiscalmente regresivas; al PP, por agredir su fe neoliberal o porque iba a oponerse de todas maneras. ¿No sería el momento de revisar, contando con la gente, gastos tan desmesurados como el de infraestructuras, que deja pequeño el aumento previsto de impuestos? ¿No sería el momento de establecer un sistema fiscal verdaderamente progresivo, solidario y acorde con la mayoría de la población?
Economista y estadístico
Francisco Balaguer Callejón
La imagen simbólica de la justicia la representa con una venda en los ojos, destinada a evitar que las circunstancias personales de quienes litigan puedan ser un obstáculo para que esta se imparta. El ideal de un proceso justo es aquel en el que el tribunal ni siquiera conoce los nombres de las partes y se limita a analizar los hechos y a determinar las consecuencias jurídicas que de ellos se derivan. Así suele ocurrir en la práctica y, para las personas que juzgan, los nombres que figuran en los expedientes no tienen ningún significado más allá de su relación con las circunstancias que han dado lugar al proceso. Si ese hubiera sido también el caso en la ramificación de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, no es arriesgado aventurar que el proceso habría tenido una deriva muy distinta: ¿qué juez dejaría de investigar un asunto de corrupción con pruebas tan palpables?, ¿qué juez no se sentiría llamado a profundizar en un una caso en el que pueden existir contrataciones ilegales, facturas falsas, fraudes a la Hacienda Pública y cohecho (y no precisamente impropio), entre otras actividades delictivas?Porque el problema del TSJCV no es sólo la declarada amistad de su presidente con uno de los principales imputados. No debemos olvidar que ha habido una reiterada negativa a investigar otros tipos legales más allá del cohecho impropio, que posteriormente fue descartado a pesar de considerarse acreditados los hechos. Son ya diversas las ocasiones en las que el tribunal se ha puesto una venda delante de los ojos, y no precisamente para actuar con objetividad y con imparcialidad, sino para no ver lo que toda la sociedad española está viendo: el espectáculo escandaloso de una corrupción que mina las bases del Estado de derecho y amenaza seriamente a nuestro sistema democrático.
Para el TSJCV, la Comunidad Valenciana parece ser un remanso de paz en el que no existe corrupción alguna que deba ser investigada. Una paz que sólo es perturbada por aquellos que pretenden (Policía incluida) que hagan el trabajo para el que sus magistrados han sido nombrados. El resultado de esa actitud es la creación de una bolsa de impunidad en una comunidad autónoma que debería resultar intolerable, en primer lugar, para los militantes y dirigentes del PP, porque son los principales defraudados por las personas en las que depositaron su confianza. Aparentemente no lo está siendo, ya que los responsables de ese partido parecen haber optado por aplicar técnicas de intimidación a los jueces y policías que no consideran proclives, en lugar de colaborar con la justicia, como es su obligación.
El Estado democrático no puede permitir que se consolide una zona de impunidad en ninguno de sus territorios. La justicia tendrá que empezar de nuevo y ponerse la venda en los ojos, para investigar seriamente y con imparcialidad a las personas que están implicadas en las presuntas actividades delictivas que se relatan en los últimos informes policiales. Porque la venda debe estar en los ojos de la justicia, no en los de la sociedad.
Catedrático de Derecho Constitucional
JORGE CALERO
La vida de los niños y los adolescentes actuales discurre casi totalmente al margen de la letra impresa. Los medios audiovisuales, cada vez más canalizados a través de Internet, han capturado la atención, el tiempo y la imaginación de los más jóvenes. La comunicación entre pares tiene como medio el teléfono móvil (en buena medida, a través de SMS) y el ordenador (chats, foros, etc.). En la vida privada, en el ámbito familiar y de ocio, el papel está en vías de extinción para las generaciones más jóvenes. Y parece claro que la tendencia no sólo es irreversible, sino que se va a acelerar en los próximos años.
El libro, sin embargo, sigue siendo el instrumento privilegiado en la escuela. El aprendizaje se organiza a menudo en función del libro de texto y los maestros son portadores de una cultura basada en la letra impresa: son asiduos lectores de prensa, por ejemplo. La escuela es, de hecho, prácticamente el único ámbito en el que amplios grupos de estudiantes coinciden con los libros. La situación es más extrema en el caso de los jóvenes que proceden de familias con pocos recursos culturales. Tengamos en cuenta un par de datos extraídos de PISA-2006: el 22% de los estudiantes españoles viven en hogares donde hay menos de 25 libros, el 7% vive en hogares donde hay menos de 10 libros. Para muchos, como vemos, no es que los libros estén desapareciendo, es que no han existido nunca.
La brecha entre la cultura Gutenberg de la escuela y la cultura audiovisual de los jóvenes provoca tensiones muy difíciles de resolver. En comparación con los estímulos audiovisuales y con instrumentos basados en la multifuncionalidad, lo que proporciona la escuela adquiere una tonalidad más bien gris y aburrida, en todo caso, ajena.
¿Qué estrategias puede aplicar la escuela ante esta situación? Las posturas extremas no parecen recomendables. Ni enrocarse en la defensa a ultranza del papel impreso ni, por el contrario, intentar competir con el entorno atrayendo a los estudiantes exclusivamente con contenidos audiovisuales e informatizados. Esta segunda estrategia, además de ser poco razonable, difícilmente podría aplicarse, debido a que el núcleo de aprendizaje que proporcionan los maestros no tiene ni la intención ni, a menudo, la preparación adecuada para llevarla a cabo.
Una estrategia gradual, en la que se respete escrupulosamente el valor de la letra impresa y se dé paso de forma equilibrada a otros soportes parece la solución óptima. Conviene recordar, en todo caso, que el equilibrio al que me refiero debe estar apoyado no solamente por inversiones que permitan la compra de material (ordenadores, por ejemplo), sino por un conjunto de acciones que permitan incorporar al proceso a otros miembros de la comunidad educativa como maestros y familia. El programa, desarrollado en Aragón, en el que se utilizan “Tablet-PCs”, es un ejemplo positivo en este sentido. Conocemos ya sobradamente cómo la inversión en recursos físicos, si no va acompañada de intervenciones más globales, difícilmente permite conseguir mejoras en el sistema educativo.
Jorge Calero es Catedrático de Economía Apliada
Juan Francisco Martín Seco
En las tascas del viejo Madrid, era frecuente encontrar colgado un letrero en el que se podía leer “Hoy no se fía, mañana sí”. El mañana nunca llegaba porque ya era hoy. Algo parecido les está ocurriendo a los líderes mundiales con la reunión del G-20 y las reformas estructurales, esas que deben impedir que pueda producirse en el futuro otra crisis sistémica. De reunión en reunión, van dejando para la próxima tomar medidas concretas con las que reformar el sistema económico internacional. Se acordó, eso sí, que los Estados inyectasen dinero a las entidades financieras y que instrumentasen planes de estímulo para reactivar la economía, pero lo de reformar el sistema es harina de otro costal y más ahora que se empieza a vislumbrar, quizás con demasiado optimismo, la salida de la crisis.
Al menos, los mandatarios reunidos en Pittsburgh no han cometido el error de darla por concluida y retirar las medidas de reactivación; por el contrario, han pedido que se mantengan, lo que no deja en muy buen lugar al Gobierno español que, poseído por el santo temor al déficit, se empeña en presentar unos presupuestos restrictivos, a pesar de que si alguna economía está lejos de la recuperación, esa es la española y, por lo tanto, es en la que más se debería aplicar una política expansiva. Por lo demás, en Pittsburgh todo ha quedado para el año que viene. Se han mantenido, es cierto, principios y declaraciones, pero sin ninguna concreción. Ni en cuanto a la ampliación de la capitalización bancaria, ni respecto a la limitación de las retribuciones de administradores y consejeros de las entidades financieras, ni en lo relativo a la extensión e intensificación de la supervisión bancaria, ni en lo que se refiere a una regulación más estricta de los productos derivados. Por otra parte, se han visto claramente las diferencias en los planteamientos de ambos lados del Atlántico. Las posturas más radicales de los países europeos han chocado con la más tibia actitud de Obama y Brown, presionados por los poderes financieros de Wall Street y la City londinense, respectivamente.
Obama, no obstante, ha puesto en Pittsburgh sobre el tapete un tema fundamental: los grandes desequilibrios existentes entre los países en el ámbito del comercio internacional. Mas allá de que, tal como insinuaba Merkel, pudiera ser una estrategia del líder norteamericano para no abordar en profundidad la reforma del mercado financiero, los desajustes entre ahorro y consumo de los diferentes países constituyen quizás el origen de todos los problemas. Pero ¿cómo evitarlo con mercados globalizados y sin una autoridad mundial que los regule? Los exhortos de Obama no pueden funcionar y son un simple sermón de predicador. Cada país actuará de acuerdo con sus intereses. China y algunos otros países asiáticos intentarán mantener su crecimiento a base de sus exportaciones y de una divisa infravalorada; pero EEUU no puede crecer a costa de seguir endeudándose. Es posible que haya pasado lo peor de la crisis, pero lo que no se ve es cómo vamos a salir definitivamente del laberinto en el que la economía mundial se encuentra atrapada.
Economista
Carme Miralles-Guasch
Cada año, en la segunda quincena de septiembre, los municipios europeos dedican una semana a la movilidad sostenible. La Semana Europea de la Movilidad ha puesto el acento esta vez en “la mejora del clima de tu ciudad”, con la idea de que incida en el ambiente de las ciudades, en mejorar los índices de bienestar y también con el propósito de que la ciudadanía relacione la movilidad con el cambio climático. De hecho, los desplazamientos en medios de transporte privados que circulan por nuestras ciudades son los responsables de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero culpables de los cambios climáticos que esta sufriendo el planeta. Son unas emisiones mucho más difíciles de controlar y de amortiguar que las producidas por la industria, ya que tienen un origen mucho más disperso y atañen a la vida cotidiana de los ciudadanos. Las acciones y buenas prácticas llevadas a cabo durante esta semana por los 2.000 municipios participantes en Europa –de los que unos 300 son españoles–, donde viven unos 180 millones de ciudadanos, pretenden influenciar en los hábitos de la movilidad cotidiana, disminuyendo la utilización del coche privado y aumentando otros medios de transporte que contribuyan a reducir las emisiones, como el uso de la bicicleta y los transportes públicos, especialmente los ferroviarios.
Para ello, uno de los actos que se han intentado realizar en casi todas las ciudades es Un día sin mi coche, con el fin de que descubramos otras estrategias de desplazamiento para ir a nuestros lugares de trabajo, de estudio, de compras o de ocio. Esta iniciativa, que se empezó a implantar a finales de los años noventa y que parece acertada en la medida en que intenta que seamos conscientes de que el cambio climático es un problema que nos atañe a todos y que también son nuestras practicas cotidianas las que contribuyen a ello, tropieza con unas ciudades, especialmente sus periferias, que se han diseñado para todo lo contrario, y aunque los ciudadanos quieran ir en bicicleta o andando, o utilizar los medios de transporte público de forma más habitual. Sus voluntades de cambio se frustran cuando las distancias entre los lugares donde realizan sus distintas actividades están demasiado lejos unos de los otros, no son seguras para ir andando o en bicicleta o simplemente no hay transporte público porque las densidades urbanas son demasiado bajas y este no es funcionalmente aceptable. El diseño actual de las ciudades tiene que adaptarse a estos nuevos retos que el cambio climático impone a la movilidad. Porque no se trata de dejar de desplazarse, de no participar en todo aquello que la ciudad nos ofrece.
Se trata de diseñar unas ciudades que nos permitan nuestro trasiego diario en otros medios que no sean el coche privado con un solo ocupante. Se trata de no tener que ir a comprar el pan en coche, para que nos entendamos. Y también se trata de que los ciudadanos tomemos conciencia de ello. Una Semana de la Movilidad Sostenible será más provechosa cuando el diseño de las ciudades nos permita ampliarla al resto de semanas del año.
Profesora de Geografía Urbana
Ramón Cotarelo
Cuando se anuncia la salida de la crisis y algunos países, como Alemania y Francia, han dejado de estar técnicamente en recesión, España, junto a Reino Unido y algún otro, forma en el pelotón de los torpes y los augurios son negativos: no está del todo excluida la posibilidad de la depresión y no se prevé recuperación hasta fines de 2010. Dos son los motivos que se aducen para explicar este comportamiento desparejo del país: la dependencia del ladrillo, por un lado, que explica por qué la crisis ha sido más grave aquí y ha provocado la tasa de paro más alta de la Unión Europea; y la eficiencia del sector bancario, por otro, que explica por qué el país tardó más en entrar en crisis y esta afectó menos financieramente, datos que ahora se aducen para justificar por qué se demora en tomar la senda de la recuperación. Pero hay otras peculiaridades que todavía no aparecen en los análisis, aunque acabarán haciéndolo. La más importante ha sido la voluntad expresa del Gobierno de afrontar la crisis adoptando las medidas de movilización de recursos públicos como todos los países similares, pero sin merma de las políticas sociales, sino al contrario: procurando que estas se amplíen para compensar a los sectores más desfavorecidos por el aciago momento. La última muestra ha sido la dotación de los 420 euros para los parados de larga duración.
Estas políticas han producido un fuerte endeudamiento e incremento del déficit, que ha escalado porcentajes del PIB que casi triplican el previsto en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria. Y aunque se haya adoptado un severo plan de restricción del gasto público –que ha llegado a capítulos estratégicos, como investigación y desarrollo–, no será suficiente para hacer frente a las deudas, por lo que se ha anunciado un todavía impreciso aumento de la presión fiscal para el año próximo que, según declaraciones del presidente, afectará a las rentas más altas, en línea con la clásica política fiscal socialdemócrata. Todo lo anterior es el resumen de la respuesta a la crisis más profunda desde la de 1929 a cargo de un Gobierno que, al carecer de mayoría absoluta, no tiene asegurada su supervivencia parlamentaria sino que depende de alianzas variables y se enfrenta a una oposición mayoritaria que ha hecho de la falta de colaboración y de la crítica a las medidas anticrisis su vía de ataque, sin haber conseguido poner al Ejecutivo en situación delicada en las Cortes ni tampoco distanciarse significativamente en intención de voto.
Es interesante que un Gobierno minoritario enfrentado a una crisis sin precedentes, con una tasa de paro muy elevada y obligado a subir los impuestos, medida siempre impopular, pueda escoger apoyos parlamentarios a su gusto y haya sabido mantener la paz social en las calles sin ceder a las crecientes presiones de una patronal que ha intentado e intenta trasladar el coste de la crisis a las espaldas de los trabajadores. Una comparación de los costes de la movilización social en los años ochenta con la reconversión industrial permite apreciar el calado de la diferencia.
Catedrático de Ciencia Política
Juan Francisco Martín Seco
En Estados Unidos, la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) elabora anualmente estadísticas sobre la distribución personal de la renta, lo que debería ser causa de envidia para otros países, como España, en los que no existe ningún organismo oficial encargado de ofrecer esta clase de estadísticas. Hace unos meses, la CBO publicó un informe en el que se recogen datos desde 1979 a 2006 y que permite seguir la evolución de los distintos grupos de renta. Las cantidades se expresan en dólares de 2006 y se refieren a la renta de 116 millones de familias. Se consideran los ingresos de cualquier origen que recibe la familia, después de haber pagado el impuesto sobre la renta: sueldos, dividendos, rentas de la propiedad, prestaciones sociales dinerarias, transferencias, etc., de manera que las cifras incluyen ya el efecto redistributivo del Estado.
Los datos son enormemente expresivos de cómo en estos 27 años ha aumentado la desigualdad social. El primer rasgo a señalar es que la renta media de los hogares ha crecido en este periodo un 50%, lo que viene a significar un incremento promedio interanual del 1,16%, pero los ingresos de todos los americanos no han aumentado en ese porcentaje. El 80% está por debajo de la media y tan sólo el 20% de más renta lo ha hecho por encima (un 86%). Si a los hogares del primer quintil, es decir, al 20% con menores ingresos, les correspondía en 1979 un 6,8% de la renta total, en el 2006 les corresponde únicamente un 4,7%, mientras que los situados en el quinto quintil (el 20% de más renta) pasan de distribuirse el 42,4% de la renta en 1979 al 52,1% en el 2006. Quizás el dato más escandaloso corresponde a la evolución experimentada por el 1% de mayores ingresos. En 1979 se repartían el 7,5% de la tarta; en el 2006, el 16,3%.
Estos resultados, que tal vez no difieran mucho de los que se obtendrían en otros países, nos pueden irritar pero no extrañar. El dominio ideológico del neoliberalismo económico ha creado en estos años numerosos mecanismos que han dado lugar a este aumento de la desigualdad en la distribución de la renta: descenso de los salarios a favor del excedente empresarial, reducción de las prestaciones sociales, peores servicios públicos y reformas fiscales regresivas. Sin embargo, sí cabe hacer una pregunta: ¿cómo es posible entonces que en estos años se haya incrementado tanto el consumo privado? La respuesta no es demasiado difícil: mediante el endeudamiento. Frente a la reducción de ingresos de las clases populares, a estas se les ha facilitado financiación para que sigan consumiendo, y que así el PIB continúe incrementándose y aumentando los ingresos de las clases altas. Pero no hacía falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que era un crecimiento a crédito que no se podía prolongar hasta el infinito. En algún momento debía parar: el déficit exterior adquirió niveles difícilmente sostenibles y la crisis estalló. Se afirma ahora que ya entramos en la recuperación. Si no se corrigen los graves desequilibrios existentes, la salida será en falso y dentro de muy poco tiempo volveremos a las andadas.
Economista
Óscar Celador Angón
Las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones Sociológicas indican que las temáticas que más inquietan a la sociedad española son la situación económica y el desempleo, y que la educación, pese a que es una de las claves para solucionar los problemas anteriores, no se encuentra entre las principales preocupaciones de los españoles. En las economías europeas más avanzadas la educación desempeña un papel capital en la agenda política porque así lo demandan sus ciudadanos, y esto tiene consecuencias directas en las políticas nacionales; piénsese que el partido laborista ganó las elecciones británicas en 2001 utilizando un eslogan tan sencillo como contundente: “Educación, educación y educación”. En el siglo XXI los recursos humanos son el principal capital de las sociedades modernas, y su progreso depende en gran medida de la calidad de su sistema educativo y del desarrollo tecnológico. Pese a esto, nuestro sistema educativo se ha caracterizado en las últimas décadas por la pérdida de calidad y su progresiva degradación, tal y como se aprecia en los numerosos estudios e informes internacionales que alertan de nuestro elevado índice de fracaso escolar e indican que España se encuentra en el furgón de cola de Europa y de la OCDE en materia de educación. De ahí que no deba sorprender a nadie que el actual Gobierno haya puesto sobre el tapete político la necesidad de alcanzar un pacto nacional en materia de educación, ya que es demagógico hablar de un sistema educativo de derechas o de izquierdas; y lo realmente importante es avanzar en la búsqueda de un modelo que sea realmente útil para la sociedad.
En mi opinión, el pacto educativo debe sostenerse sobre cuatro pilares. Primero, es necesario abandonar la dinámica de inestabilidad normativa que ha caracterizado a la educación en las últimas décadas y que se ha traducido en que los diferentes Gobiernos han centrado sus esfuerzos en impulsar políticas dirigidas más a deshacer las decisiones de los Gobiernos precedentes –con el coste económico y el caos organizativo que esta situación conlleva–, que a mejorar la eficacia del sistema educativo. Segundo, para invertir el proceso de caída libre de la calidad en que se encuentra inmerso desde hace años el sistema educativo, es necesario acometer inversiones en medios humanos y materiales y que nuestro gasto educativo sobre el PIB converja con la media europea. Tercero, la universidad debe desempeñar un papel central en el desarrollo cultural, económico y social, y para ello es imprescindible que su oferta formativa e investigadora sirva para satisfacer de forma eficiente las necesidades y demandas del mercado laboral. Y cuarto, todas estas medidas caerán en saco roto si los docentes carecen de los medios y la autoridad necesaria para desarrollar adecuadamente su labor pedagógica.
Hablar de educación significa hablar del futuro de las futuras generaciones, de ahí la importancia de que se aborden políticas de Estado y no de Gobierno en ese terreno. Ahora sólo queda que nuestros gobernantes sepan estar a la altura de las circunstancias.
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
José Manuel Naredo
Las estadísticas han venido cifrando el crecimiento económico como una victoria sobre la penuria, hasta que se apreció que este crecimiento destruye más que crea. ¿Cómo no van a sentirse engañados todos aquellos a los que se demandan esfuerzos y sacrificios [en aras de ese crecimiento]?”. Esta opinión, que subraya el divorcio entre crecimiento económico y calidad de vida, no es la de ningún crítico antisistema, ni siquiera de un representante de la izquierda. Ha sido emitida por Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa, que propone “acabar con la religión de la cifra” del PIB, arremetiendo contra el primer axioma sobre el que reposa la ideología económica imperante: el que identifica ese agregado monetario con el bienestar de la gente. Este hecho rompe el habitual conformismo de la clase política –de derechas y de izquierdas– con la mitología del crecimiento. La novedad no estriba tanto en denunciar los engaños del PIB como indicador de bienestar, como en el hecho de que quien lo denuncia sea el presidente de un país importante en un foro cultural tan reputado como la Universidad de la Sorbona. Su discurso se orientó a divulgar las propuestas de una comisión de expertos a la que había encomendado la tarea de reforzar la presencia del bienestar en las estadísticas económicas.
Más que discutir aquí las 12 recomendaciones de la comisión orientadas a completar las estadísticas con este propósito, interesa subrayar que el problema suscitado no es un problema técnico, sino uno ideológico y social mucho más amplio. Pues las estadísticas son el reflejo del statu quo mental e institucional que sostiene la hegemonía del cuadro macroeconómico, con el PIB a la cabeza, como el cuadro de mandos por antonomasia para dilucidar si “van bien” los países, evitando preguntarse hasta qué punto el aumento de ese revender con beneficio recogido en el PIB es bueno para el país y para la mayoría de sus habitantes. No estaría de más reflexionar sobre estas cuestiones en España cuando el divorcio entre crecimiento y bienestar ha sido tan ostensible durante el auge y cuando la polarización social y la pugna distributiva se acentúan ahora durante el declive. Más que reactivar la actividad económica, habría que controlarla socialmente para evitar que se dirija de nuevo por sendas especulativas que redundan en perjuicio de la mayoría, alimentando nuevas burbujas y críticos sobresaltos. Para ello hay que abrir ese cajón de sastre monetario que es el PIB y mirar lo que hay dentro y lo que queda fuera, para separar el grano de la paja, distinguir los bienes de los males y debatir lo que interesa que crezca y lo que interesa que decrezca.
Por ejemplo, se debería cambiar el marco institucional que hizo del negocio constructivo-inmobiliario la verdadera industria nacional. Pues, para beneficio de algunos, hipotecó medio país y desencadenó un tsunami de obras que, además de impactar negativamente sobre la calidad de vida y sobre el patrimonio urbano y de los ecosistemas circundantes, originó a la vez viviendas desocupadas y necesidades de vivienda insatisfechas.
Economista y estadístico
Carlos Taibo
Barack Obama ha decidido poner freno a buena parte de la parafernalia militarista que su antecesor, George Bush hijo, promovió al calor de lo que hemos dado en llamar escudo antimisiles. Es, sin duda, una buena noticia que con certeza provoca en estas horas alegría en los dirigentes rusos. No se olvide que a los ojos de estos, y con argumentos solventes, el escudo de Bush en modo alguno obedecía al propósito de encarar eventuales amenazas de misiles balísticos procedentes de Irán o Corea del Norte. Su objetivo, antes bien, era reducir la capacidad disuasoria de los arsenales rusos –en su caso también los chinos–, algo que a la postre se habría visto corroborado por la decisión norteamericana de desplegar radares y otras instalaciones en Polonia y República Checa. Para que las sospechas creciesen, EEUU rechazó orgullosamente una contrapropuesta del Kremlin encaminada a colocar esos dispositivos en Azerbaiyán, a escasa distancia de la frontera iraní.
Sorprende, sin embargo, que la abrumadora mayoría de los expertos prefiera ignorar algunas dobleces que siguen marcando las posiciones de Obama. La primera hace referencia al posible carácter provisional de las medidas anunciadas. Digámoslo de otra manera: desde tiempo atrás se manejaba la posibilidad de que los nuevos gobernantes estadounidenses, atenazados por las restricciones que se derivan de la crisis financiera, dejasen para mejor momento el despliegue material del escudo antimisiles. Si es así, habrá que permanecer atentos en lo que hace a imaginables reapariciones de este.
Y es que, y en segundo lugar, hay pocos motivos para concluir que el poderoso complejo industrial-militar norteamericano ha tirado la toalla. Lo suyo es recordar, al respecto, que la punta de lanza de los desarrollos tecnológicos más avanzados la configuran, desde hace bastantes años, los programas que se ocupan de las defensas frente a misiles balísticos. Las informaciones relativas al tipo de dispositivos que Estados Unidos se propone desplegar para hacer frente –tomemos esto con todas las cautelas– al programa nuclear iraní no cierran en modo alguno las puertas a la prosecución de esos programas.
Conviene agregar, en fin, que no hay noticias que den cuenta del designio norteamericano de restaurar el pleno vigor del viejo tratado ABM, que como es sabido establecía restricciones muy significativas en lo que se refiere al despliegue de defensas frente a misiles balísticos. Si es real el giro que Obama le está imprimiendo a la política estadounidense, lo suyo es que la Casa Blanca, para deshacer equívocos y ambigüedades, anuncie con urgencia su propósito de retornar al horizonte legal dibujado por el ABM.
Las cosas como fueren, y volvamos al principio, la certificación de que el anuncio de Obama es una buena nueva para Moscú debería traducirse, en el Kremlin, en una revisión drástica de muchos de los impulsos militaristas que habían encontrado justificación –unas veces con razón, otras sin ella– en el escudo antimisiles norteamericano. A quienes procuramos otros horizontes no nos hace gracia alguna, de cualquier modo, una imaginable colaboración de EEUU y Rusia en el terreno de las defensas antibalísticas.
Profesor de Ciencia Política
