Carmen Magallón
Bajo el lema, “¡Desarme ahora! ¡Trabajemos por la paz y el desarrollo!” acaba de celebrarse en México DF la 62ª Conferencia Anual del Departamento de Información Pública/ONG de las Naciones Unidas, una cita previa a la Asamblea General, que cada año reúne a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. En la estela de la voluntad expresada por Obama y Medvédev, en la reunión latían ciertas expectativas de desarme. Como presidente del único país que ha utilizado el arma nuclear (Hiroshima y Nagasaki, 1945), Obama ha declarado que siente la responsabilidad moral de trabajar por un mundo libre de armas nucleares. El presidente ruso también ha manifestado su acuerdo en abrir negociaciones para la reducción del arsenal nuclear. Al mismo tiempo, en la conferencia había consciencia de que, dada la distancia que suele haber entre las declaraciones de los líderes y sus acciones, el que podamos estar en un punto de inflexión en materia de desarme dependerá mucho de en qué medida la sociedad civil se comprometa y ejerza presión sobre sus representantes.
Es un escándalo vivir en un mundo lleno de armas. Según un informe reciente se calcula que, como mínimo, hay en circulación 875 millones de armas pequeñas y ligeras, y que los Estados poseedores de armas nucleares tienen más de 23.000 ojivas nucleares, 8.000 de ellas operativas. Ni unas ni otras producen más seguridad. Producen muertos. Tanto de manera directa: cada día mueren mil personas por armas de fuego y tres mil resultan gravemente heridas; como indirecta, al detraer a los países fondos que debieran aplicarse a educación, salud o infraestructuras. Es escandaloso que en Uganda, donde hay hambre, un AK-47 cueste lo mismo que un pollo. Es más escandaloso aún el hecho de que si bien las más de mil empresas que fabrican armas están ubicadas en 98 países, los productores más importantes sean los cinco países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, es decir, los países ricos, a los que afectan menos las consecuencias de la proliferación de armas. Y es, sin duda, relevante para nuestra responsabilidad en el tema no olvidar que España es, según datos del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el octavo suministrador mundial de armas convencionales, siguiendo a EEUU, Rusia, Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido e Italia.
En 2010 ha de celebrarse la Conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación nuclear y el próximo 24 de septiembre, por primera vez, un presidente de EEUU, Obama, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU centrada en el desarme nuclear. Distintas organizaciones han lanzado ya una campaña internacional por la abolición de las armas nucleares que puede firmarse en la red. Es hora de jugar fuerte en este sentido. Pero sin olvidar que es el comercio de armas convencionales, sobre el que no hay ningún tratado jurídicamente vinculante, el que más muertes produce. Y que quienes sufren las consecuencias en el día a día –en México hemos oído sus testimonios– están pidiendo a gritos que se controle y restrinja con todo el rigor.
Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Francisco Balaguer Callejón
El referéndum puede ser un instrumento muy útil para que las decisiones sean más democráticas desde el punto de vista de su vinculación directa con la ciudadanía. También puede ser–y lo ha sido muy habitualmente– un instrumento de legitimación de regímenes dictatoriales y un recurso fácil para su utilización demagógica. Una de las primeras reglas para que no se convierta en un arma política con pretensiones demagógicas es que el ámbito de la consulta coincida con el de la decisión. Esto es, que una comunidad de vecinos, por ejemplo, no pretenda decidir sobre el futuro de una ciudad o una ciudad sobre el futuro de un país. Además hay otras: que haya sido legalmente convocado por la autoridad a la que corresponda y que se hayan observado todas las garantías propias de un proceso refrendatario. En realidad, en una democracia constitucional, el referéndum aporta legitimidad directa a las decisiones (si se dan las condiciones establecidas legalmente) pero no necesariamente mayor sentido democrático, porque no elimina la tensión dialéctica entre mayoría y minorías sobre la que se asienta la democracia pluralista y el Estado constitucional de Derecho. La democracia constitucional se ha construido sobre la idea de que la mayoría debe ser controlada para evitar la lesión de los derechos de las minorías y, por ese motivo, también la ciudadanía está sometida a las reglas que articulan la convivencia pacífica entre todos los sectores sociales. Las reglas se pueden cambiar por los procedimientos establecidos previamente pero, mientras no se modifiquen, hay que respetarlas.
Legitimar el referéndum como arma política tiene sus problemas. Hoy puede ser una consulta en diversas poblaciones de Catalunya sobre la independencia, mañana podría serlo una iniciativa de sectores conservadores en contra de los derechos de determinados colectivos o de las políticas de igualdad del Gobierno o de cualquier otro argumento que se quisiera convertir en centro del debate por la vía de la agitación animada a través de consultas populares. Cuando desde un sector se comienzan a utilizar determinadas armas políticas, se debe ser consciente de que otros también pueden recurrir a ellas y quizás con pretensiones menos idealistas. Además, se pueden favorecer reacciones desproporcionadas y demagógicas, que tratan de poner en cuestión la legitimidad del debate independentista. Un debate en el que se puede estar a favor o en contra, pero del que no se debería dudar de su carácter democrático.
Y, desde luego, se equivocan quienes dicen que para un referéndum de independencia no se pide permiso. La experiencia histórica nos evidencia que para lo que no hay que pedir permiso es para la independencia. Para la independencia no hace falta ningún referéndum. Lo que hace falta es el consenso previo de una amplia mayoría de la sociedad a favor de esa opción. Justamente lo que hoy no se da en Catalunya, para fortuna de quienes creemos que su aportación es imprescindible para la modernización de España, en un proyecto compartido de vocación social y europea.
Catedrático de Derecho Constitucional
Antonio Izquierdo
La cuarta reforma de la Ley Orgánica 4/2000 que se discute en el Congreso de los Diputados no se explica por la crisis económica que padecemos. Lo parece por el momento elegido, pero no es así y aún menos se puede justificar por ella. Es probable que cuando la ley llegue a influir realmente en la inmigración la crisis sea ya cosa del pasado. Podemos debatir los recortes de derechos que la ley propone, pero vamos a esperar al texto definitivo. Es el momento de rechazar la ley por su fundamento antes que por sus pormenores. Porque lo criticable de esta reforma es que trata de corregir el pasado y no de romper con él. La ley persiste en el error de parchear un modelo que ha fracasado y desperdicia la oportunidad de proponer otro escenario migratorio. En resumen, esta ley sigue la estela de las tres reformas anteriores y no eleva el punto de mira.Una ley es una pieza esencial del modelo migratorio y esta ley está al servicio de uno que ya ha sido desautorizado por los hechos. Hay que recordar que los dos grandes partidos del Gobierno han sido los constructores de esta dinámica legislativa.
La idea básica de ese modelo es la de una inmigración de naturaleza estrictamente laboral y de carácter temporal. Un experimento de trabajadores solos y dispuestos a desempeñar tareas poco cualificadas. Las vigas maestras del edificio se han venido abajo. En particular, la erosión se ha acelerado en los últimos ocho años. Y los tres taladros que han agujereado el sistema migratorio español han sido la irregularidad de los flujos, la temporalidad laboral y la reversibilidad legal. La suma de flujos de envergadura formidable y de composición libre ha producido una acumulación desproporcionada de inmigrantes en la escala inferior de las ocupaciones que han vivido en condiciones de explotación y en situación de irregularidad. La realidad es que, pese a los obstáculos, la inmigración legalmente instalada ha seguido creciendo y la duración de su estancia se ha prolongado. La inmigración que vino a trabajar en lo que fuera ya no mira atrás, sino adelante. Demanda formación, derechos de participación política y progreso en la escala de ocupaciones. Quieren formar parte del país y de su futuro.
Los representantes políticos tienen ante sí la tarea de alumbrar un nuevo modelo de inmigración contando con los que estamos aquí y moldeando la composición de los que vendrán. Pensando en familias y también en los trabajadores temporales, pero de un modo separado. Diseñando un buen reparto de competencias en los tres niveles de la Administración y teniendo en cuenta que el Gobierno local es el lugar clave para la integración, aunque es el que cuenta con menos recursos y capacidades técnicas.Es hora de aceptar que los hechos han dinamitado el modelo de mano de obra vulnerable y retornable que lleva 20 años de vida. Hace falta uno que distinga la migración temporal de la permanente y que seleccione la una y la otra. Y una ley que encaje en ese nuevo escenario y refuerce los fundamentos de la integración, que son la legalidad, la educación y el ascensor laboral.
Catedrático de Sociología
Núria Bosch
Recientemente, el gobierno francés ha anunciado que aplicará a partir del 2010 un impuesto sobre las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) procedentes del uso de petróleo, gas y carbón. El impuesto recaerá tanto sobre ciudadanos como empresas. En concreto, se pagarán 17 euros por tonelada de dióxido de carbono que se emita, lo que puede venir a representar el pago de cuatro céntimos por litro de gasolina. Asimismo, se tiene el objetivo de compensar a particulares y empresas con rebajas fiscales o cheques verdes. Francia sigue el ejemplo de otros países, como Suecia, que implantó dicho impuesto en 1991 y hoy grava la tonelada de CO2 a más de 100 euros. Finlandia, Dinamarca y Eslovenia también aplican impuestos similares.
Estas mediadas vuelven a poner sobre la mesa la oportunidad de realizar una reforma fiscal verde. En España no la ha habido, y los impuestos medioambientales se han desarrollado básicamente a nivel autonómico por diversas razones: entre otras, por la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas; porque es un campo donde éstas han podido ejercer su poder tributario sin entrar en conflicto con el poder tributario estatal; y por su escasa visibilidad al ser impuestos indirectos. El resultado de su aplicación ofrece experiencias positivas y negativas, aunque hay que reconocer su escaso poder recaudatorio y su débil vinculo ambiental en algunos casos. Los impuestos verdes tienen sus defensores y sus detractores. Muchas veces se ven como meros instrumentos recaudatorios, y no se perciben claramente sus incentivos. No obstante sus defensores, se basan en la cuestión del doble dividendo. Supongamos que una reforma fiscal verde establece impuestos medioambientales a cambio de la reducción de otros impuestos que generan pérdidas de eficiencia, como la renta o el IVA, manteniendo constante la recaudación. Ello puede ocasionar dos beneficios o dividendos: una mejora ambiental y, a la vez, un sistema fiscal menos distorsionador del funcionamiento de los mercados de bienes y factores productivos.
Faltan estudios que analicen los efectos de los impuestos ambientales: su efectividad ambiental, su eficiencia económica, su impacto distributivo sobre la renta y la producción, el empleo, la competitividad y la localización industrial. Con todo, algunos estudios realizados por académicos españoles concluyen que los impuestos ambientales, introducidos al margen de una reforma fiscal verde con la única finalidad de regular el medio ambiente, ocasionan costes en términos de empleo y del PIB. En cambio, la simulación de una reforma fiscal verde en España que implantara un impuesto sobre las emisiones de CO2 y redujera simultáneamente las cotizaciones sociales empresariales, promocionaría buenos dividendos tanto en términos medioambientales como de empleo y del PIB, siendo poco significativos sus efectos distributivos. Por tanto, es tarea futura, tanto de los expertos en materia fiscal como de los políticos, el considerar seriamente una reforma fiscal verde en España en aras a reducir el efecto invernadero y cumplir con los compromisos de Kioto.
Catedrática de Hacienda Pública
Jorge Calero
Como cada año, las familias afrontan estos días la adquisición de los libros de texto para sus hijos. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan, el gasto en el que incurren puede ser muy diferente. En la última década han proliferado los programas autonómicos que permiten aligerar a las familias de esta carga. Las alternativas son diversas, incluyendo la gratuidad total, programas de reutilización, “bonos-libro” que cubren parte del coste y becas selectivas de diferente cuantía. Como veremos, unas son mejores que otras.
El tipo de cobertura del gasto en libros de texto nos ilustra bien acerca de dos tendencias que encontramos en muchas otras políticas públicas aplicadas por las comunidades autónomas. Por una parte, una cierta competencia que empuja a las comunidades a ofrecer nuevas prestaciones para no quedarse atrás con respecto a otras, a partir de la iniciativa pionera de Castilla-La Mancha del año 2000 (basada en el préstamo de libros por parte de la Administración). Por otra parte, una progresiva polarización por la que las comunidades en las que gobierna el Partido Popular y las gobernadas por el PSOE se alejan progresivamente en cuanto a la orientación de las políticas sociales. El caso de Galicia nos proporciona un ejemplo claro de ello: la política de préstamo gratuito de los libros de textos, establecida en 2003, ha sido reformada recientemente por el nuevo Gobierno conservador. La cobertura universal se ha sustituido por unas ayudas de 180 euros selectivas y cuya concesión depende de los ingresos familiares. Se trata de un enfoque asistencial que comparten otras políticas sociales en comunidades gobernadas por el Partido Popular.
La justificación de una intervención pública que haga accesibles los libros de texto a todas las familias está relacionada con el principio de gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios. En muchas comunidades se ha interpretado que tal gratuidad debe abarcar, también, a los productos complementarios, como los libros de texto, lo que parece razonable. En ocho de ellas el acceso gratuito a los libros se efectúa en régimen de préstamo, como he mencionado: los alumnos reutilizan libros empleados en cursos anteriores, lo que permite reducir el despilfarro que tradicionalmente se había producido en este ámbito. Un sistema de este tipo es demasiado intervencionista si se observa desde posiciones liberales, que presumiblemente apoyarán la compra particular por parte de las familias. Sin embargo, parece el más recomendable para reducir los costes totales (sean públicos o privados) de la compra de libros: a la reducción del despilfarro debe sumarse otro ahorro, el que proviene de la posibilidad de efectuar compras de mayor volumen por parte de la administración educativa.
Los cheques selectivos (en este caso, los “bonos-libro”) ejercen un atractivo insuperable para los gobiernos del Partido Popular; sin embargo, no parece que en este caso constituyan la mejor herramienta para asegurar la gratuidad de la enseñanza y la contención de los costes de la educación.
Catedrático de Economía Aplicada
Carlos Taibo
El septuagésimo aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial ha permitido que aflore con claridad una visión de lo ocurrido en aquel entonces que obedece al propósito de rebajar sensiblemente el papel que la Unión Soviética desempeñó en la derrota final de la Alemania hitleriana. Si así lo queremos, esa visión tiene tres ejes. El primero, y sin duda el más importante, parece considerar que las nulas credenciales democráticas de la URSS estaliniana obligan a ningunear lo que sus acciones supusieron y a hacerlo en provecho de otros agentes, singularmente Estados Unidos, que conforme a esta percepción presentarían registros impolutos.
El segundo se propone cuestionar que, en términos objetivos, el papel de la Unión Soviética fuese relevante en la derrota final de la Alemania hitleriana, en franco olvido, por cierto, del ingente sacrificio que, en vidas humanas y en infraestructuras, acarreó para la URSS el segundo conflicto mundial. Hace unos años, al calor del enésimo aniversario del desembarco de Normandía, ya tuvimos la oportunidad de comprobar cómo se reescribía el derrotero de la segunda gran guerra en provecho, de nuevo, del papel liberador ejercido por Estados Unidos.
El tercer eje bebe, en estos días, de una legítima contestación del inmoral pacto germano-soviético ultimado en 1939. Pena es que quienes se han entregado a ella prefieran olvidar lo que hacían por aquellos años Francia y Reino Unido, lejos de cualquier suerte de solidaridad con la República española, o los propios mandatarios norteamericanos, durante muchos meses amparados en la idea de que el conflicto que se libraba en Europa era cosa de otros.
Si en un escenario de manipulaciones lacerantes e interesadas –que a menudo abocan en una literal homologación entre el agresor alemán y el agredido soviético– es comprensible la reacción, airada, de los gobernantes rusos, conviene que guardemos las distancias, eso sí, en lo que se refiere a lo que estos últimos alientan dentro de su país. Y es que no deja de ser llamativo que los mismos dirigentes que han aceptado en plenitud las miserias del capitalismo y del mercado propicien en paralelo el renacimiento de un discurso de gran potencia que tiene uno de sus pilares fundamentales en una recuperación acrítica de la era estaliniana. Una recuperación que hunde sus raíces –entendámoslo bien– en un nacionalismo de Estado que prefiere arrinconar los muchos elementos que obligan a repudiar lo que Stalin supuso en la URSS. Y que no le hace ascos, en paralelo, a procedimientos de adoctrinamiento que traban la manifestación de lecturas diferentes de los hechos.
Queda por preguntar, eso sí, a qué obedece el creciente interés que parece suscitar en estas horas, entre nosotros, la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay quien dirá que responde a un designio de escapar a las miserias del tiempo presente en busca de noticias y escenarios exóticos –la nieve de Stalingrado, la arena de El Alamein–, no descartemos en modo alguno que las razones sean otras y que por detrás despunte el razonable propósito de tomarse en serio la posibilidad de que un nuevo conflicto de carácter mundial reaparezca en un escenario de zozobra planetaria como este que arrastramos.
Profesor de Ciencia Política
José Manuel Naredo
Próximo a cumplirse el primer aniversario de la quiebra de Lehman-Brothers que expandió la ola de pánico y desconfianza originaria de la presente crisis internacional, los mercados financieros parecen volver a la normalidad, a la vez que se impone el sentimiento de que lo peor de la crisis ya ha pasado. ¿A qué responde este sentimiento? ¿Qué ha cambiado respecto al inicio de la crisis financiera?
Lo que ha cambiado no ha sido, desde luego, el sistema monetario internacional, ni su capacidad de generar burbujas y activos tóxicos fuente de inestabilidad. El cambio de coyuntura se deriva sobre todo de las potentes inyecciones de liquidez y operaciones de “salvamento” practicadas desde entonces. Las políticas monetarias y presupuestarias expansivas alcanzaron dimensiones planetarias sin precedentes, encabezadas por EEUU. Y España no ha ido a la zaga en estas políticas, habilitando partidas presupuestarias adicionales de gastos por valor de 66.000 millones de euros y otorgando a la banca avales por valor de 100.000 millones de euros, lo que supone nada menos que el estímulo de forzar un gasto público efectivo directo del orden del 6% del PIB y un gasto potencial indirecto del 10%.
Semejantes transfusiones y euforizantes han tenido dos tipos de efectos. Por una parte, el mayor gasto público contribuyó a paliar las caídas del PIB y del empleo que se han venido observando hasta el momento. Por otro, la montaña de liquidez generada se canalizó hacia los mercados financieros y –con un tipo de interés por los suelos– favoreció el repunte de las bolsas y de los precios de las materias primas, pues se reprodujo la consabida espiral de compras y cotizaciones en alza que se apoyan mutuamente, algo característico de las “burbujas”. Y a la vez que nuestros políticos saludan las subidas bursátiles fruto de los propios euforizantes administrados, los analistas tratan de justificarlas aduciendo que los pobres resultados empresariales de este primer semestre de 2009 fueron “menos malos” de lo previsto. Sin embargo la caída de la demanda, que ha venido forzando a las empresas a salvar sus resultados recortando costes y despidiendo personal, desanima su inversión en plantas y equipos e incentiva su inversión especulativa en compra de empresas y productos financieros. Se divorcia, así, la nueva euforia financiera del continuado declive de la “economía real” (y aumento del paro) sobre todo en la economía española, que ha de purgar los excesos de su particular aquelarre inmobiliario.
Pero el desplome de los ingresos tributarios, con caídas del 30% anual arrastradas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, amenaza con elevar el déficit presupuestario a niveles inaceptables en la UE y exige corregirlo, ya aumentando impuestos, eliminando desgravaciones y/o recortando el gasto público. El principal problema coyuntural estriba en que el desplome de la recaudación de impuestos ha enfriado la alegría del gasto público antes de que la “economía real” repunte y el paro decrezca, recordando que el saneamiento acentuará la fase depresiva del ciclo y que alguien tendrá que pagar todo esto.
Economista y estadístico
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
España lleva casi 50 años intentando coger el paso de los países más desarrollados en materia de ciencia y tecnología. La primera vez que la OCDE hizo un informe sobre nuestro sistema de innovación, a principios de los años sesenta del siglo pasado, apenas éramos poco más que un país en vías de desarrollo (subdesarrollado, se decía entonces) y los expertos internacionales señalaban, con razón, que prácticamente estaba todo por hacer: ni siquiera había datos estadísticos fiables y la contribución de la ciencia y la tecnología a la economía española era prácticamente nula. Se estimó entonces que el gasto interno en I+D no llegaba al 0,5% del PIB y se propuso como objetivo alcanzar en cuatro años el 1%. Este dictamen sobre nuestro sistema de I+D y sus objetivos deseables se ha mantenido hasta hace unos años, sin apenas variación. Cuando en 1986 se aprobó la Ley de la Ciencia, los expertos seguían considerando un objetivo deseable lograr, en cuatro años más, un gasto equivalente al 1% del PIB. Años después, a finales de los noventa, seguíamos sin haber alcanzado la meta del 1%, y así casi hasta nuestros días (en 2002 se llegó al 0,99 % y en 2003 al 1,05 %)
La situación experimentó un drástico cambio con el programa de mejoras que introdujo el primer Gobierno de Zapatero, en 2005, y la puesta en marcha de nuevos programas innovadores y bien dotados económicamente, como el programa Ingenio 2010, lo que llevó a doblar el gasto público en I+D en tres años y a impulsar todo el sistema de forma que se pudo alcanzar, en 2007, un admirable 1,27 % del PIB. Que España dedique casi el 1,3 % del PIB a I+D puede parecer insuficiente, pero los que conocen la historia reciente de este país saben muy bien que ese índice marca la diferencia entre estar antes o después de su modernización científica, económica y cultural. Y el problema es que todo esto puede diluirse en las tormentas presupuestarias que se avecinan en plena crisis económica. Resulta difícil que los responsables políticos puedan resistir la tentación de meter la tijera en las partidas presupuestarias dedicadas a I+D, cuando hay que cubrir tantas necesidades en otras áreas mucho más sensibles. Pero el resultado de esa debilidad sería catastrófico. Uno de los grandes logros del país en los últimos años se perdería, cuando saliéramos de la crisis estaríamos de nuevo en situación de desventaja con respecto al resto de países desarrollados, habríamos perdido capacidad competitiva y sería mucho más difícil relanzar un nuevo tipo de economía basada en el conocimiento y la innovación.
Hay una forma de evitarlo: que todas las fuerzas políticas acepten mantener el esfuerzo presupuestario previsto en el Plan Nacional de I+D, actualmente en vigor, y que renuncien a hacer de este tema un motivo de controversia y regateo. Sería la forma más práctica de renovar un pacto por la ciencia que, en cierto modo, ya se adoptó informalmente en la conferencia de presidentes de enero de 2007. A partir de aquel acuerdo se diseñó el Mapa de Infraestructuras Científicas y se redactó el VI Plan Nacional de I+D. Ahora se trata tan sólo de renovar aquel compromiso para proteger nuestro sistema científico de las turbulencias de la crisis.
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Carme Miralles-Guasch
En las grandes metrópolis del mundo viven 1.300 millones de personas –casi el 20% de la población mundial–en unas 400 ciudades de más de un millón de habitantes. Las 20 primeras con más de 10 millones cada una, siendo Tokio, con 30 millones, la más poblada. En las grandes ciudades coexisten características globales y locales, en ellas los desafíos económicos y sociales se perfilan en todas sus sombras y sus luces, se concretan y a la vez se generalizan. En recientes estudios se subraya que el proceso de globalización se hace más homogéneo en los espacios urbanos, pero, paralelamente, demanda especialización y diferenciación por parte de cada una de ellas. Las ciudades son las verdaderas protagonistas del siglo XXI, las que le están dando forma, desde las que se apuntan las nuevas ideas y se superan viejos valores.
Las megaciudades trabajan crecientemente en redes internacionales de naturaleza y objetivos diversos. Sus problemas, retos y desafíos son cada vez más similares y estos requieren de colaboración entre ellas, ya que, si las preguntas son progresivamente más complejas, sus respuestas precisan complicidades y experiencias compartidas. Una de estas redes de colaboración internacional es Metrópolis, creada en 1985, con el objetivo de hacer visibles los problemas comunes y avanzar en sus soluciones. Más de cien ciudades del mundo, de todos los continentes, participan en ella. España, Madrid y Barcelona forman parte de la red. En muchas situaciones en las que se discute el tema de la ciudad como lugares globales y locales el debate aparece neutro, sin género. Los programas, las políticas, las informaciones, las estadísticas y los presupuestos emergen relacionados a una población homogénea. Sin embargo, la realidad es muy distinta, ya que las mujeres ocupan más espacio en las economías informales de las urbes, tienen menos representación política y ocupan, a igual formación, puestos de menos responsabilidad.
Para visualizar estas situaciones es importante trabajar en redes internacionales donde las políticas urbanas se planteen, ejecuten y evalúen dentro de perspectivas de género. Para ello, en octubre se celebrará en Seúl el segundo foro sobre políticas de género en las grandes metrópolis del mundo bajo el lema Las ciudades dinámicas necesitan de las mujeres. El foro está organizado por la comisión internacional de mujeres de Metrópolis, ya que las ciudades dinámicas requieren de la energía y de los conocimientos de las mujeres, y esto es lo que se quiere poner en valor. Una estrategia que demanda de una red de conocimiento exhaustiva sobre experiencias, buenas prácticas y nuevas formas de hacer políticas con perspectiva de género, y además en un formato internacional, pues sólo en este contexto se puede debatir lo que atañe a las grandes ciudades. En ellas, una información obvia pero tantas veces soslayada, el 50% de la población son mujeres. Las políticas urbanas tienen género, en la mayoría de ocasiones género masculino, ya que favorecen, aunque lo escondan, al otro 50% de la población.
Profesora de Geografía Urbana
Ramón Cotarelo
La política y la justicia se llevan muy mal, pero van siempre unidas porque el fundamento fáctico de ambas es el poder. El caso del juez Garzón, acusado de prevaricación por un seudosindicato de extrema derecha, es muy ilustrativo al respecto. El magistrado, que representa una concepción progresista del derecho, se ha ganado fama de hombre riguroso, audaz e innovador que ha prestado servicios impagables a la profundización y universalización del Estado de derecho. Ya sólo por esto se entiende que despierte envidias en el mundo corporatista de la Administración de Justicia. Además, la actividad del magistrado suele tener gran trascendencia política, tanto por sus posiciones personales como por el tipo de asuntos a que orienta su acción y, así como las primeras a veces han sido contraproducentes –como él mismo reconoce refiriéndose a su breve paso por la política práctica–, los asuntos en que se concentra suelen provocar verdaderas revoluciones en prácticas tradicionalmente establecidas. Sus aportaciones a la causa de la jurisdicción universal en los delitos contra la humanidad, comenzando por el intento de procesar al dictador Pinochet, movieron reacciones defensivas de distintos gobiernos, entre ellos el español, más interesados en la razón de Estado que en la justicia universal.
De similar importancia fue la investigación sobre los GAL que permitió el procesamiento de altos cargos –incluido un ministro– de los Gobiernos de Felipe González como responsables de delitos de terrorismo de Estado. Esencial también ha sido su teoría de que la lucha contra el terrorismo de ETA implica la persecución judicial de su red de capilaridad social a través de actividades seudolegales de sostenimiento de la actividad delictiva. El último movimiento de Garzón fue el intento de procesamiento de los responsables del delito de genocidio y otros crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y la posguerra, así como de recuperación de los miles de cuerpos de víctimas de aquellos, todo transferido luego a los órganos judiciales por causa de una correcta interpretación de la competencia. Con este historial no es de extrañar que a la inquina de los sectores judiciales se haya sumado el odio con que determinadas posiciones políticas obsequian a quienes, como Garzón, cuestionan la impunidad con que cometen, encubren o celebran diversos tipos de crímenes.
Es Garzón quien ha calificado de “burda represalia” la querella que el citado seudosindicato neofranquista ha presentado contra él y, desde el punto de vista político, la expresión lo define. Pero los querellantes han encauzado su acción por la vía judicial. El órgano competente ha admitido la querella y en el marco del Estado de derecho es de esperar que su decisión sepa deslindar la carga indudablemente política de esta enésima persecución contra Garzón de la cuestión jurídica de fondo. Entre otras cosas porque si, como recuerdan hoy muchos, el juez está tan sometido a la ley como un ciudadano cualquiera, no es menos cierto que debe gozar de igual amparo de los tribunales de justicia.
Catedrático de Ciencias Políticas
