JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
El Gobierno ha anunciado que va a crear 70 puestos de facilitadores de crédito. Facilitadores se asocia sin querer a “conseguidores”. Nuestro país tiene una gran tradición en esta profesión. Son muchos los políticos que se han dedicado a ella, una vez retirados de la primera línea. Aunque, a decir verdad, también los hay amateurs que han puesto despacho de conseguidores sin pasar antes por la actividad pública.
Los conseguidores de crédito del Gobierno no son ex políticos, sino ex bancarios. Ex bancarios, que no ex banqueros. Los banqueros se jubilan con tres millones al año de pensión, los bancarios con mucho menos. Por eso a estos últimos los puede contratar el ICO, a ver si consiguen de los bancos lo que las pymes no logran, créditos. Y es que, a pesar de que llevamos más de un año afirmando que nuestras entidades financieras gozan de muy buena salud, lo cierto es que el crédito no llega a la sociedad, lo que es nefasto para la economía y puede agravar y alargar la crisis más de lo esperado.
El fenómeno, desde luego, no es exclusivo de España, si bien tal vez en estos momentos sea nuestro país uno de los que más esté retrasando el saneamiento de las entidades financieras. Paul Krugman y Joseph Stiglitz, entre otros, han acuñado el término de “bancos zombis”, bancos que, a pesar de estar quebrados, continúan funcionando con apariencia de normalidad –sólo apariencia– gracias, en primer lugar, a que el Estado les presta credibilidad, al ser de común aceptación que el sector público los salvará en última instancia y, en segundo lugar, a determinados trucos contables que les permiten no aflorar pérdidas y no reconocer insolvencias.
Lógicamente, las entidades financieras son reacias a reconocer sus dificultades económicas y mucho menos si estas exigen la intervención del Estado, con la posible pérdida de valor para los accionistas y del puesto para los administradores. Prefieren ir capeando el temporal y mantener en el balance determinados activos sobrevalorados, sin reconocer la morosidad con la esperanza de que las circunstancias cambien, la situación se regularice y los activos retornen a su valor original. Pero esta forma de actuar puede tener unas repercusiones funestas para la economía, ya que ciega los canales del crédito y el primer requisito para la recuperación es que los flujos financieros se normalicen.
Esto es lo que puede estar ocurriendo en España. El hecho de que los bancos españoles apenas resultasen contaminados por el papel basura norteamericano nos ha hecho olvidar que tenían sus propios créditos basura. Su retraso en reconocerlo y la pasividad del Banco de España en obligarles a ello está originando que el crédito no llegue a las pequeñas empresas ni a las familias y cuando llega lo hace en condiciones extremadamente duras y onerosas.
Más que conseguidores de crédito lo que se precisa es que el Estado se quede con aquellas entidades que en las condiciones actuales no son viables, si es preciso saltando por encima de los intereses particulares, ya sean privados o autonómicos. Para facilitar el crédito, ¡qué útil sería ahora una potente banca pública!
Juan Francisco Martín Seco es economista
La derecha ya tiene carnaza para los próximos días. O semanas. ¿El motivo? Cerca de 300 artistas e intelectuales han presentado un manifiesto en el que reclaman una salida por la izquierda a la crisis. Los llamarán “el clan de la ceja” o “los del pesebre de ZP”. Al mismo tiempo, Rodrigo Rato admite que los fundamentos de la teoría económica que ha prevalecido durante décadas se han “tambaleado”. ¿No estará creando el ex vicepresidente un clan de la perilla?
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El Tratado de Lisboa llegó ayer al Consejo Europeo de octubre pendiente de un veto, el del presidente de la República Checa, Vaclav Klaus, basado en el propósito de introducir una nueva modulación específica para su país relativa a posibles reclamaciones de los alemanes expulsados después de la Segunda Guerra Mundial y a la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ambas cuestiones se plantean ahora, pese a que no se trata de problemas que hayan surgido con posterioridad a la firma del Tratado de Lisboa por la República Checa en diciembre de 2007, lo que evidencia la absoluta incorrección con la que ha actuado su presidente.
Nadie puede discutir la legitimidad de los euroescépticos como Klaus para defender sus posiciones en una dura negociación orientada a bajar las pretensiones integradoras. Están en su derecho a defender la idea de Europa en la que creen, siempre que respeten los consensos a los que han llegado tras esa negociación. No ha sido así, sin embargo, pues lo que han hecho es mantener una actitud pasiva frente a los acuerdos adoptados, esperando hasta el último momento para vincularse, con la esperanza de que fracasara el proceso de ratificación en otros estados. El último paso ha sido plantear de manera improcedente y extemporánea nuevas condiciones que no se habían planteado previamente.
El problema no es, sin embargo, la actitud del presidente de uno de los estados miembros, sino el hecho de que las reglas actuales de funcionamiento de la Unión Europea le otorgan una capacidad de veto a todos y cada uno de los estados que resulta absolutamente destructiva para el proceso de integración. La Unión Europea no ha conseguido encontrar todavía el equilibrio que debe darse en cualquier organización humana entre los votos y los vetos. El resultado es que una sola persona podría llegar a impedir una reforma que afecta a casi 500 millones.
Desgraciadamente, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa no va a evitar que estos problemas se repitan. No lo va a hacer, porque los estados no han tenido el valor suficiente para incorporar al Tratado un nuevo sistema de aprobación de las reformas que supere, con carácter general, la exigencia de ratificación unánime. El reformado artículo 48 del Tratado de la Unión Europea no ha ido más allá de las tímidas novedades que incorporaba el Tratado Constitucional.
En estas condiciones, la única válvula de escape para futuros avances en integración política y democratización de la Unión Europea radica en el derecho de retirada voluntaria, que se recoge ahora en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea reformado, que entrará en vigor con el Tratado de Lisboa. Sin embargo, no parece que ese artículo vaya a ser utilizado por los estados que hoy lideran las posiciones euroescépticas para retirarse de la Unión. Porque lo que quieren –al menos lo que han querido hasta ahora– es obligar a la mayoría a no avanzar más en el proceso de integración y reducir a Europa a una zona de libre cambio, a un simple mercado.
Francisco Balaguer Callejón es catedráticos de Derecho Constitucional
JOSÉ MANUEL NAREDO
En ese banco de pruebas sociopolítico que es la isla de Lanzarote ha surgido un conflicto de poderes que deja en mal lugar a nuestra democracia, al evidenciar que la tan cacareada división de poderes de Montesquieu, en la que se apoya, no funciona como debiera. Lo ocurrido aclara que cuando los poderes legislativo y judicial legislan y sentencian cosas que no gustan a ciertos poderes fácticos, estos se revuelven para impedir que el Ejecutivo aplique determinadas sentencias acordes con la legislación vigente. Es decir, que hay poderes caciquiles que guardan las formas democráticas y aceptan que se legisle y planifique en favor del medio ambiente, la sostenibilidad… u otros angélicos propósitos, siempre que se trate de gestos meramente ceremoniales. Pero si los planes y normas ponen cortapisas a sus negocios, enseguida redoblan sus presiones sobre el Ejecutivo o tratan de renovarlo mediante componendas para conseguir que haga la vista gorda a sus ilegalidades.
Lanzarote es una isla –declarada Reserva de la Biosfera– que ha sabido revalorizar y preservar mejor que otras su patrimonio natural y cultural en conflicto con quienes la ven como un simple solar a construir y cementar con el mismo estilo universal que ha venido invadiendo nuestras costas. Este conflicto se ha venido manifestando en la indisciplina urbanística de ayuntamientos y promotores, que siguieron concediendo licencias y construyendo al margen de lo acordado en el Plan Insular de Ordenación del Territorio. Por iniciativa del Cabildo u otros denunciantes, estos incumplimientos fueron a parar a los tribunales, que acabaron hilando un rosario de sentencias firmes que acuerdan la anulación de dos millones de metros cuadrados de licencias municipales concedidas irregularmente, con el consiguiente derribo de las edificaciones asentadas sobre ellos.
Para resolver tan grave situación, el Cabildo, presidido por Manuela Armas, elaboró una propuesta de ley que combina la demolición con posibles compensaciones para legalizar algunos de los edificios irregulares. Esta propuesta fue remitida en julio al Gobierno de Canarias, cuyo agudo silencio acabaron rompiendo los hechos: una moción de censura desalojó el pasado 19 de octubre a la presidenta del Cabildo. Esta moción se apoyó en el pacto cuatripartito –entre Coalición Canaria (CC), Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y Partido Popular (PP)–, que ahora gobierna. Los problemas del nuevo Ejecutivo isleño con la justicia son de tal calibre que el líder del PIL, Dimas Martín, y el hasta hace poco vicepresidente del PNL José Francisco Reyes permanecen encarcelados por actuaciones relacionadas con la corrupción urbanística y el tráfico de influencias.
El nuevo giro político acentúa el conflicto de poderes mencionado, reflejo de otro más básico que opone a la legalidad democrática un caciquismo que trata de hacer de la ilegalidad ley y de la discrecionalidad norma. El camino hacia una sociedad más habitable y solidaria pasa por sanear este conflicto denunciando la extendida picaresca político-empresarial.
José Manuel Naredo es economista y estadístico
CARMEN MAGALLÓN
Como suele suceder en las campañas destinadas a sacar a la luz problemas estructurales graves, la que se desarrolló estos días bajo el lema: “¡Rebélate contra la pobreza!”, corre el riesgo de ser rápidamente olvidada. Las organizaciones agrupadas en la Alianza Española contra la Pobreza seguirán tratando de documentar y presionar para buscar remedio a las carencias de los mil millones de personas que viven con menos de un dólar al día: falta de alimentos, agua, vivienda, educación, acceso a medicamentos, en fin, los mínimos necesarios para una vida digna de un ser humano. Pero si no asumimos a fondo que quienes viven o más bien mueren por estas carencias están sufriendo una violencia de carácter estructural que exige medidas del mismo rango, el problema se irá agravando.
En el mundo no falta dinero, ni alimentos, ni agua, ni medicamentos, ni otros bienes necesarios. Lo que falta es una distribución más equitativa de los mismos. Y tampoco es que el problema sea tan complicado que no haya salidas viables. Lo que faltan son decisiones políticas. Y para que estas decisiones estructurales se tomen se necesita un compromiso, estructural también, de la ciudadanía. Si materialmente es posible, si hay salidas y propuestas sobre la mesa y si estas apuntan a la eliminación de la desigualdad, habrá que asumir actitudes de fondo que las fuercen: rebelarse
contra la pobreza tiene como corolario rebelarse contra la riqueza.
¿Qué podemos hacer? Pues, en nuestra sociedad, además de salir a la calle a favor de una causa, las personas tenemos dos tipos de poder: uno es el voto y otro la gestión de nuestro poco o mucho dinero: la opción de tener la nómina en un lugar u otro –esta ciertamente sólo en manos de quienes tienen trabajo y salario–, de comprar o no comprar, o de comprar unas cosas u otras. Con el voto podemos elegir o no a quienes toman las decisiones, exigir que cada programa electoral incluya un balance de las acciones y decisiones tomadas para disminuir la pobreza, en nuestro entorno y en el mundo; y las propuestas de futuro si resultan elegidos. Con el dinero podemos quitar la nómina de los bancos que exhiban comportamientos escandalosos –del tipo de alguno que hemos conocido recientemente–, y podemos dirigir nuestras compras hacia productos fabricados bajo ciertas condiciones: política de empleo justa, respeto por el medio ambiente y poblaciones desprotegidas, etc. No son ideas nuevas. Las decisiones, grupales e individuales, que responden a la idea de “no con mi dinero” están ya funcionando. Pero falta generalizarlas.
Todo sin menoscabo de las concretas peticiones realizadas por la Alianza al Gobierno español, entre ellas, que en los foros internacionales promueva el control de los mercados financieros y la desaparición de los paraísos fiscales; que revise en profundidad las políticas comerciales, agrícolas, migratorias, de igualdad de género y medioambiental; y que cumpla el Pacto de Estado, asumido por el Gobierno y todos los partidos políticos, de alcanzar el 0,7% al final de la legislatura.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
NÚRIA BOSCH
El Gobierno central hizo gala de transparencia y madurez democrática al publicar en julio de 2008 las cifras de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Es decir, el saldo entre lo que reciben del Ejecutivo las diferentes comunidades en forma de gasto público y lo que aportan en forma de impuestos. Estos datos han sido objeto de fuertes debates no sólo a nivel académico, sino también a nivel de la sociedad civil y político, aflorando a la superficie con una carga polémica muy considerable. No es extraño que así sea, porque se trata de una problemática que toca muy de cerca los intereses de los ciudadanos (cuánto pagan y qué reciben del sector público). La publicación de los saldos por el Ministerio de Economía y Hacienda ayudó a racionalizar el debate, lo que se debe valorar muy positivamente.
No obstante, el Gobierno central no ha adoptado la misma actitud en el caso del nuevo sistema de financiación autonómica, acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio pasado. El nuevo sistema ha llegado ya como proyecto de ley al Congreso, pero todavía el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho público lo que representa en términos cuantitativos el nuevo modelo para las diferentes comunidades autónomas. Sólo se conocen parcialmente algunas cifras hechas públicas por algunas de ellas. Es cierto que, a partir de lo dispuesto en el acuerdo y en el proyecto de ley, los estudiosos en la materia pueden hacer un cálculo de lo que supone el nuevo sistema para cada comunidad autónoma, pero este es un ejercicio reservado a los especialistas que no esta exento de dificultades, ya que la redacción del acuerdo y del proyecto de ley en algunos puntos es bastante confusa.
A excepción del acuerdo de financiación autonómica del año 2001 (bajo el Gobierno del PP), en los anteriores acuerdos, una vez alcanzados, el Gobierno central había hecho públicas las cifras que el nuevo sistema de financiación autonómica suponía para cada comunidad autónoma.
Esta falta de transparencia por parte del Gobierno central no se justifica. En el momento de la negociación del cambio de sistema, es comprensible que el Ejecutivo sea prudente en facilitar las magnitudes de la nueva financiación por comunidades autónomas para que una escalada de competencia entre aquellas no entorpezca el proceso. No obstante, una vez aprobado el nuevo sistema de financiación tal oscurantismo no es justificable. Se vuelve a incurrir en el mismo error que en el acuerdo de 2001, del cual no se dispusieron las cifras hasta 2004, cuando se liquidó el ejercicio presupuestario de 2002, primer año de vigencia del pacto.
La transparencia contribuye a racionalizar y objetivar el debate. El oscurantismo, por el contrario, no evita la polémica y la confrontación, sino que hace que estas se fundamenten antes en los tópicos, los prejuicios y la explotación del agravio y del resentimiento que no en el conocimiento veraz de la realidad. Por ello, el Gobierno central debería hacer ya públicas las cifras relativas a la nueva financiación por comunidades autónomas.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
La elaboración del Tratado de Lisboa, tras el intento fallido de aprobar una Constitución para Europa, no fue sencilla, ya que la incorporación de diez nuevos Estados a la Unión Europea obligó a reformar las principales instituciones comunitarias. Uno de los debates más polémicos en este proceso se produjo a propósito de la inclusión o no en el Tratado de una referencia a las raíces cristianas europeas. La discusión se zanjó finalmente con una alusión en el preámbulo de la norma a la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa. Pese a que este debate parecía felizmente superado, recientemente el Papa Benedicto XVI ha decidido recuperarlo con sus declaraciones en diversos actos oficiales, como por ejemplo con ocasión de la recepción del nuevo representante de la Comisión Europea ante la Santa Sede, al reivindicar las raíces cristianas de Europa y denunciar que el viejo continente no hace lo suficiente para promocionar sus “valores cristianos fundacionales”.
Los partidarios de la inclusión de la referencia al cristianismo en el Tratado alegan que no pretenden obtener privilegios para las Iglesias cristianas, sino que se reconozca un hecho sociológico. Estos argumentos coinciden con los que en su día utilizaron los redactores de nuestra Constitución para incluir en su articulado una referencia expresa a la Iglesia católica; lo que posteriormente ha servido para legitimar que esta institución disfrute de un estatus autónomo y diferente al de los demás grupos religiosos. La referencia al cristianismo sólo serviría para que se generasen conflictos, toda vez que el derecho a la libertad religiosa de los cristianos, al igual que el de cualquier otro creyente o no creyente, se encuentra entre los derechos y libertades fundamentales que protege el Tratado.
La neutralidad de los poderes públicos y el pluralismo religioso son dos ingredientes nucleares del modelo político europeo, ya que se pretende aunar diferentes realidades nacionales a través de un proyecto común soportado en la democracia, el Estado de Derecho y la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y libertades. Asimismo, es necesario tener en cuenta que la sociedad europea del siglo XXI se caracteriza por su elevado grado de secularización, y el pluralismo religioso generado tanto por la consolidación de numerosos grupos religiosos no cristianos como por la recepción de potentes flujos migratorios procedentes de países musulmanes.
La Unión Europea tiene sentido si sus cimientos se soportan sobre aquellos valores y principios que son compartidos por todos los ciudadanos europeos, ya que sólo entonces podemos hablar de un proyecto común supranacional. Mecanismos de defensa de los derechos y libertades fundamentales, y especialmente del derecho de libertad religiosa, cuantos más mejor, pero referencias a ideologías o creencias concretas que puedan servir para resquebrajar la unidad de Europa, las menos posibles. En otras palabras, las únicas referencias al pasado histórico europeo que deben considerarse son aquellas que sirvan como fundamento de unión para un futuro.
Óscar Celador Angón es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
JOSÉ MANUEL NAREDO
He leído recientemente un titular de prensa con la noticia de que “el boom del ladrillo lo causó el suelo, que sextuplicó su valor”. Tanto se había repetido la idea simplista que culpa al suelo del elevado precio de la vivienda, que suena hoy algo rancia y sorprende que aparezca de nuevo como noticia. Durante largo tiempo, esa idea vino siendo publicitada como eslogan preferido de la patronal inmobiliaria. Se trataba de presentar la escasez de suelo urbanizable como la causa primera de los elevados precios de ese suelo y, por ende, de la vivienda, para defender como solución eliminar trabas para que la promoción inmobiliaria pueda campar a sus anchas por todo el territorio. Esto es lo que acabó acordando la Ley del Suelo de 1998 y sus derivados autonómicos. La exposición de motivos de esta ley señala que, para “facilitar el aumento de la oferta de suelo”, se opta por considerar todo el suelo urbanizable, salvo que por razones específicas se estime digno de protección.
La gran intensidad y duración del boom inmobiliario desencadenado desde entonces evidencia que el remedio adoptado no sirvió para evitar la subida de precios del suelo y la vivienda. Pues no me cansaré de repetir que los mercados de bienes patrimoniales son proclives a generar burbujas especulativas en las que se compra porque se piensa que los precios van a subir y los precios suben porque se compra, cada vez más a crédito. Y los aumentos de oferta de suelo, pisos o acciones no alcanzan a moderar sus precios mientras se sigan acumulando para sacar partido de su esperada revalorización. Esto ocurrió durante todo un decenio de auge inmobiliario que generó unos stocks de suelo urbanizable y de vivienda muy sobredimensionados. Solo al final, con el desinfle de la burbuja, empezaron a caer tanto la oferta nueva de suelo y de viviendas, como sus precios, haciendo que el valor de esos stocks decaiga, mientras las deudas de sus propietarios permanecen.
¿Pero en qué se basa el titular arriba mencionado para acusar al suelo de haber motivado el boom inmobiliario? En la confusión que genera el afán de hacer noticia presentando engañosamente los datos de un estudio de la Fundación BBVA-IVIE sobre El stock de capital en vivienda. Este estudio obtiene el valor del suelo como saldo entre el valor de las viviendas y su coste de construcción, por lo que ese saldo llamado “suelo” recoge todas las revalorizaciones observadas en el precio de la vivienda durante el boom.
Por lo tanto, resulta pueril maravillarse de que esa abstracción contable llamada “suelo” haya “sextuplicado su valor” y se la acuse de haber motivado la subida del precio de la vivienda, cuando se ha calculado a partir de este y no al revés. El valor de ese “suelo” es un mero valor teórico residual que acumula todas las revalorizaciones observadas en la vivienda, que no cabe confundir con el valor efectivo de los solares para los que el Ministerio de Vivienda ofrece desde 2004 una estadística de precios. En fin, que –como advertía un insigne economista– utilizando los cinceles econométricos adecuados, siempre podremos encontrar dentro de cualquier árbol del bosque una bella madonna.
José Manuel Naredo es economista y estadístico
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido a nuestra disposición tantas tecnologías, tan útiles y tan eficientes. Gracias a ellas han aumentado los recursos para sostener la vida humana sobre la Tierra y han mejorado la salud, la movilidad y el acceso a todo tipo de información y, por lo tanto, a la cultura. Y nunca antes la influencia de la tecnología se había extendido como ahora a todos los espacios y actividades de la vida humana. Gracias, en especial, a la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, disponemos hoy de tecnologías avanzadas para realizar tanto las más triviales tareas domésticas como las más complejas actividades industriales, o para establecer las más intensas relaciones sociales, conectándonos con miles de personas repartidas por todo el mundo sin movernos de nuestra sala de estar.
Y, sin embargo, seguimos manteniendo una relación conflictiva con las tecnologías. Nuestros ordenadores son cada vez más potentes, baratos y fáciles de usar, pero también son más incomprensibles. Nuestros automóviles son máquinas cada vez más perfectas, pero también más inaccesibles a nuestros mecánicos. Las redes sociales en las que participamos a través de Internet son cada vez más amplias y complejas, pero tenemos dificultades crecientes para controlar nuestra identidad en ellas. Creo que para describir la situación puede ser una buena idea recuperar el viejo concepto de alienación, de tradición marxiana. Tenemos, usamos y producimos tecnologías cada vez más complejas y eficientes, pero mientras las usamos o las producimos, sentimos que se nos escapan de las manos y que se muestran ante nosotros como algo ajeno, un bien mostrenco que está ahí y que crece y se desarrolla ante nuestros ojos de forma autónoma e incontrolable, alienante.
¿Podrían ser las cosas de otra forma? ¿Podríamos promover el desarrollo de tecnologías tan eficientes, accesibles y ubicuas como las que ya tenemos, pero no alienantes? Algo así como tecnologías entrañables, que no sólo pudiéramos incorporarlas a nuestra vida cotidiana, sino que además pudiéramos entenderlas, apropiarnos de ellas, mantener su control e incluso participar en su diseño.
Hay gérmenes de tecnologías entrañables por todas partes. El software de código abierto es útil, eficiente y rentable, pero además su desarrollo es participativo y se basa en la colaboración. Las tecnologías de producción y distribución de energía podrían hoy desarrollarse a través de redes de pequeños productores próximos al usuario final. La infraestructura de comunicaciones interpersonales es una plataforma ideal para la producción de conocimiento (wikipedia), la colaboración social y la movilización ciudadana.
Podemos conformarnos con un desarrollo tecnológico incontrolado y de resultado final incierto, o podemos limitarnos a soñar con otro mundo posible (en el otro mundo, seguramente). Pero también podríamos tomar en nuestras propias manos la responsabilidad del desarrollo tecnológico y ayudar a diseñar un mundo diferente, basado en tecnologías sostenibles, socialmente responsables, participativas, colaborativas, abiertas: entrañables.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
JORGE CALERO
Buena parte de las dificultades del Gobierno en el ámbito económico se deben a la falta de coincidencia del ciclo político-electoral, por una parte, y el ciclo económico, por otra. Las medidas relativas a los gastos e ingresos públicos parecen últimamente en ocasiones fuera de lugar. Y es que, realmente, algunas medidas han sido poco ajustadas con respecto al ciclo económico y se han correspondido más con el ciclo político electoral.
Es conocido, ya desde hace varias décadas, que los ingresos y gastos de los gobiernos se ven afectados por los ciclos electorales. Como norma general, los gobiernos tienen incentivos para gastar más e ingresar menos, incurriendo en déficits mayores, antes de las elecciones. Los periodos postelectorales dan oportunidad a los gobiernos para reducir los déficits y, eventualmente, la deuda pública en la que se haya incurrido para financiarlos, con pocos riesgos de que tales políticas restrictivas se traduzcan en pérdidas de votos. Estas prácticas se basan en la falta de memoria de los electores y, también, en la convicción de estos de que todos los partidos van a actuar de un modo similar.
La norma general se cumplió en el periodo previo a las elecciones legislativas de marzo de 2008. Recordemos, por ejemplo, la deducción de 400 euros en el IRPF. En ese periodo, todavía de crecimiento económico, probablemente habría sido conveniente elevar la carga fiscal, más que reducirla. Pero el ciclo electoral hacía inviable tal medida. ¿Y después de las elecciones? Según el ciclo político-electoral, habría sido un buen momento para contener el déficit. Sin embargo, el ciclo económico no se ajustaba a esa posibilidad: el Gobierno se vio forzado a realizar elevados gastos de apoyo al sistema financiero y de fomento a una demanda menguante. Los gastos en prestaciones de desempleo se dispararon. Simultáneamente, los ingresos públicos se reducían rápidamente. Como resultado de todo ello, el déficit previsto para este año 2009 se situará alrededor del 10% del PIB.
A su vez, la magnitud del déficit ha exacerbado las dificultades para dar una respuesta continua a la crisis durante el próximo año. Pensemos, por ejemplo, en el incremento previsto de los tipos de gravamen del IVA. Se trata de una medida poco adecuada para una fase contractiva del ciclo económico; el Gobierno espera que esa fase se haya superado en julio de 2010, pero difícilmente se puede tener la seguridad de que tal previsión se cumpla.
Las dificultades, de cualquier modo, podrían haber sido bastante mayores si el punto de partida no hubiera sido muy favorable: se partía de una situación que en 2007 era de superávit, con una deuda pública en circulación muy reducida (menor que el 40% del PIB), y se disponía, además, de un fondo de reserva considerable en la Seguridad Social.
En suma, las exigencias de dos ciclos diferentes han resultado ser incompatibles. Aunque probablemente ello no sucederá, convendría aprender de esta situación y anticipar tales incompatibilidades, dando prioridad a las exigencias del ciclo
económico.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
