FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El debate sobre el Estatut se está intensificando a medida que se conocen noticias muy preocupantes respecto de posibles declaraciones de inconstitucionalidad de una parte importante del texto. Para quienes creemos en la plena constitucionalidad del Estatut no resulta fácil aventurar qué tipo de argumentos está manejando el TC. No es posible, por tanto, hacer una valoración de una sentencia que todavía no existe, pero eso no significa que no podamos realizar algunas consideraciones sobre los posibles efectos políticos de una decisión contraria al Estatut.
La dimensión de esos efectos estará necesariamente vinculada al alcance que pueda tener una eventual declaración de inconstitucionalidad. Aunque es difícil de explicar en pocas palabras, si la sentencia se limitara a declarar inconstitucionales determinados preceptos por cuestiones meramente formales, eso no invalidaría necesariamente el proyecto político que está detrás del Estatut, ya que el contenido de esos preceptos podría incorporarse al ordenamiento –ya lo ha hecho en algunos ámbitos– mediante leyes estatales.
Sería absurdo, sin embargo, que negáramos la entidad del problema que se avecina si finalmente el Tribunal declara inconstitucionales aspectos esenciales, como los que afectan al sentimiento nacional que legítimamente tiene la inmensa mayoría de la sociedad catalana. Lo más grave de todo es que Catalunya aceptó una formulación que se limita a expresar en el preámbulo que “el Parlamento de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación”. Se trata simplemente de la mención de un hecho, al que se le puede poner fecha incluso, del mismo modo que hacen otros preámbulos de otros Estatutos en relación con otros factores que refuerzan su identidad propia.
Dos reflexiones se imponen sobre una posible declaración de inconstitucionalidad de los elementos identitarios del Estatut. La primera, que no habrá razonamiento alguno que convenza a juristas y ciudadanía de que el TC puede declarar la inconstitucionalidad de hechos incorporados a textos normativos. La segunda, que los efectos políticos de esa declaración serían un reforzamiento del sentimiento nacional catalán en su versión más radical, que es la reacción lógica que tiene cualquier comunidad ante algo que se percibe como una agresión injusta e injustificada. De manera natural, el sentimiento nacional en Catalunya se ha ido orientando hacia posiciones independentistas debido a la sensación extendida de agravio frente a otras comunidades autónomas. No podemos olvidar que muchos de los preceptos que está enjuiciando el Tribunal en relación con el Estatut no han sido impugnados en otros estatutos.
Una sentencia contraria a la identidad nacional de Catalunya no la hará menos nación de lo que ya es antes del pronunciamiento del TC, pero sí la alejará más de España. Quizás esto no figure en ninguna norma que pueda ser nuevamente impugnada por el PP, pero será un hecho que habrá que afrontar.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional
JORGE CALERO
Conocemos bien los estragos que causa el desempleo a las personas, las familias y las sociedades en el corto plazo. En una economía como la nuestra, con unos niveles de empleo especialmente sensibles en las crisis, hemos sido testigos de las dificultades económicas, los problemas psicológicos y las tensiones sociales ocasionadas por el paro. Sin embargo, no somos del todo conscientes de las repercusiones que puede tener el desempleo en el largo plazo; entre ellas se encuentran aspectos tan relevantes (tanto desde el punto de vista individual como desde el colectivo) como incrementos de la morbilidad, descensos de la esperanza de vida y erosión en la formación de capital humano. Quisiera apuntar algunas ideas en torno a este último aspecto, refiriéndome, sobre todo, a las consecuencias que puede tener, a lo largo de la vida activa, la dificultad de acceder a un primer empleo.
Hace más de un año, con la crisis ya suficientemente instalada, se planteó que un posible efecto colateral beneficioso de esta sería que los jóvenes se refugiarían en las aulas ante la dificultad de encontrar o mantener un empleo. ¿Ha sucedido realmente así? Si consideramos a los jóvenes entre 16 y 22 años, en 2006, en plena fase de crecimiento económico, el 61,6% de ellos realizaba estudios (datos de la Encuesta de Población Activa). En 2009, esta proporción había subido sólo de forma leve, hasta el 62,5%. La crisis sólo empuja ligeramente a los jóvenes hacia las aulas. Los empuja, con mucha más intensidad, hacia la calle o hacia sus casas: en la misma franja de edad, el porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan ha crecido desde un 10,6% en 2006 hasta un 17,6% en la actualidad, con algunas comunidades autónomas, como Andalucía, donde el porcentaje alcanza el 21%. Esta proporción de la población es muy similar en los hombres y en las mujeres.
Durante el periodo de creación de empleo –que empezó a mediados de la década de los noventa y concluyó en 2007–, el mercado de trabajo aceptaba a jóvenes con bajo nivel de cualificación, que conseguían con relativa facilidad un primer empleo. A costa, claro está, de una tasa elevadísima de abandono prematuro del sistema educativo. Pero al menos existía un primer empleo, hito importantísimo en las trayectorias personales, y cuyos efectos se prolongan a lo largo de toda la vida activa. En ese primer empleo los jóvenes pueden (podían) adquirir conocimientos y actitudes que resultarán cruciales para insertarse en el mundo del trabajo y, por tanto, en el mundo adulto.
En buena medida, el primer empleo, complementado con una buena formación en el puesto de trabajo, puede ser un aceptable sustituto de la educación reglada. Incluso en el peor de los casos, tan frecuente, en los que el primer empleo exige una cualificación muy reducida y no va asociado a un recorrido profesional claro, proporciona un cierto margen para el desarrollo personal y laboral. En la actualidad estas potencialidades del primer empleo han dejado de existir para un grupo numerosos de jóvenes. Los efectos a largo plazo de esta carencia se proyectarán ineludiblemente en el futuro.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
ANTONIO IZQUIERDO
El jueves se aprobó una ley placebo sobre la inmigración a propuesta del Gobierno y mejorada por el Parlamento. Ciertamente, la norma no modifica el modelo inmigratorio; su misión parece ser la de aplacar el mal humor que destilan los españoles en los sondeos. Se cree que ese estado de ánimo es el que determina el voto. Si fuera ese el fundamento del cambio legislativo hay que decir que no era necesario, porque hace dos años que las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas registran que la fiebre ha bajado y que hoy estamos al nivel de 2001. Debemos reconocer que el discurso
del Gobierno ha enfriado el acaloramiento público. Pero sólo en la piel.
Si la expresión pública de recelo disminuye, ¿es, acaso, porque somos diferentes los españoles o sólo lo aparentamos? Pues lo común es que con la crisis se tapen menos las vergüenzas racistas. Esa crecida del sentimiento antiinmigrante en época de dificultades ha quedado repetidamente acreditada allende nuestras fronteras. ¿Estamos en presencia de una particularidad celtibérica?
Está claro que los últimos barómetros del CIS reflejan esa mengua de la preocupación por la presencia inmigrante en su doble plano nacional y personal. El agobio ha caído entre 2007 y 2009 del 35% al 19% en el ámbito público y del 12% al 6% en la agenda privada. Por lo visto, la inmigración de países terceros constituye para los ricos un problema nacional y, para los pobres, uno personal. Claro está que las clases acomodadas extraen beneficios de este tipo de inmigrantes que, sin embargo, sólo se integrarán de verdad con los españoles de su misma clase social, es decir, con los nativos que están abajo.
Los datos enseñan que en los periodos de bonanza económica las percepciones se desmaterializan y la repulsión se ceba en lo simbólico. En otras palabras, se regatea con los derechos a cambio de la sumisión en las costumbres. Al contrario de lo que sucede en los tiempos de infortunio, cuando el rechazo se “laboraliza” y socializa. En la prosperidad se enfatizan la diferencia religiosa y los hábitos visibles, mientras que en la escasez lo que repele es su presencia en el trabajo y en la escuela pública. En verdad nunca se ha aceptado que los inmigrantes más vulnerables ejerzan la igualdad de derechos, sino que se les reconocían porque no los consumaban. Lo que ocurre es que, en la crisis, el rechazo se amplia en ámbitos públicos. Ahora abarca desde el trabajo hasta el ambulatorio y, además, se extiende por las clases medias.
No vivimos en una sociedad de intercambios sociales. En realidad hay poco canje de experiencias entre nativos e inmigrantes y, cuando se dan, no necesariamente conducen al aprecio. Los estudios cualitativos muestran que las relaciones mutuas escasean y que en las plazas públicas se mira pero no se habla. Daré sólo un ejemplo: los latinoamericanos aparecen en las encuestas como los preferidos, pero son los más detestados por su presencia en los parques. Sin duda el mejor vecino es el que no se ve. Queremos inmigrantes imaginarios.
Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología
CARME MIRALLES-GUASCH
Venecia se muere. No la de los turistas, pero sí la ciudad de los venecianos. Hace unas semanas toda la prensa nacional e internacional se hizo eco de un funeral por la muerte de la ciudad, organizado por un movimiento cívico. Hace tan sólo unas décadas Venecia tenía 120.000 habitantes, ahora no llega a los 60.000. Y había sobrepasado los 200.000 en épocas lejanas. El turismo de masas está arrasando la ciudad y está construyendo un decorado. Una ciudad turística, donde los inmuebles se convierten en hoteles, las tiendas de barrio en tiendas de souvenirs, los bares en locales franquiciados iguales en todas partes y donde la vida cotidiana, y con ella sus niños jugando y sus mayores tomando el sol en los campos (plazas en Venecia), se va empequeñeciendo.
En Barcelona hay un debate y un malestar similar. No en toda la ciudad, pero sí en su centro. El espacio histórico y simbólico, que tanto esfuerzo público supuso alejarlo de la marginalidad e incorporarlo al resto de la ciudad, está abarrotado de turistas durante todo el año. Barcelona, desde hace algún tiempo, aparece reiteradamente en la cúspide de las listas de ciudades con más calidad de vida, con más glamour, con más actividades de ocio nocturnas, con playa, sol y espacios públicos de película (Vicky Cristina Barcelona). Algunos incluso la consideran la mejor ciudad del mundo y la transforman en modelo exportable. Y la ciudad cambia. Más hoteles, más apartamentos turísticos, más autocares. Menos farmacias, mercerías y ultramarinos. Menos niños jugando en sus plazas. El aumento de la demanda incrementa los precios de los servicios, de los locales comerciales, de las viviendas. Y todo concentrado en la parte central de la ciudad, que va perdiendo habitantes y cotidianidad y, con ello, sus redes sociales y de vecindad.
Hace algunos años, vecinos de otras partes de la ciudad redescubrieron su centro histórico, incluso apostaron por vivir en él. Sin embargo, hoy los barceloneses están dejando de reconocer espacios emblemáticos de la ciudad como propios. Es difícil pasear por las Ramblas. La Boqueria es un mercado para sacar fotos. Las playas que con tanto esfuerzo se reconstruyeron y se sumaron al espacio público de la ciudad son propiedad de los turistas.
Y no se trata de criticar la actividad turística en sí. Se trata de una gestión poco eficaz que ha apostado por la concentración del fenómeno en un espacio muy reducido de la ciudad sin reconocer otros lugares urbanos, fuera y dentro de esta, como válidos. Se trata de percibir el centro histórico como un gran escaparate donde parece que no hay límites para los equipamientos turísticos. En definitiva, de no saber gestionar el éxito y dejar a la iniciativa privada aquello que tenía que tener un mayor liderazgo público.
Y de ahí el malestar de los vecinos, que ven cómo su espacio vital se reduce y se pierden sus referentes. Y de los ciudadanos, que se alejan de la parte más simbólica de la ciudad, arrasada por
el turismo de masas, convertida en monocultivo económico. Qué lástima.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
CARMEN MAGALLÓN
El 25 de noviembre fue instituido por Naciones Unidas como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para que en todo el mundo, al menos una vez al año, se tome en consideración este grave problema. En nuestro país, el trabajo de años de denuncia del movimiento feminista dio finalmente sus frutos y hoy contamos con instrumentos como la Ley Integral contra la Violencia de Género y un delegado del Gobierno responsable del tema. No obstante, los cambios son lentos, y a entender por qué lo son puede ayudar el modelo definido por el pionero de la investigación para la paz, Johan Galtung, que habla de tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural, identificables también en el caso de las mujeres.
La más patente, la violencia directa, se materializa en el maltrato, el acoso, las agresiones, y la muerte de tantas mujeres.
La violencia estructural contra ellas es un proceso en cuyo centro se halla la dominación. Se deriva del lugar que ocupan en el orden económico y de poder hegemónicos. El que la pobreza en el mundo tenga rostro de mujer es violencia estructural contra ellas. También lo es que el poder con mayúsculas esté sesgado a favor de los hombres. En la mayoría de los países, ellos son quienes ocupan los cargos importantes, las presidencias de los gobiernos, las jefaturas de las iglesias, los puestos dirigentes de las instituciones y corporaciones. También es violencia estructural, por lo que tiene de incremento de pobreza y de carga de trabajo añadida, el que la mayoría de las familias monoparentales con hijos pequeños o mayores dependientes caiga bajo la responsabilidad de una mujer.
Finalmente, la violencia cultural contra las mujeres, simbólica y persistente en el tiempo, es la que legitima las otras violencias, la directa y la estructural. Se halla en la mayoría de las creencias religiosas, en las que la deidad es masculina, en las ideas sobre la naturaleza de la mujer elaboradas por la filosofía y la ciencia, que la situaron en niveles más cercanos a los animales –la naturaleza– que al ser humano racional; en la literatura y el arte, en las que predominan las obras donde la mujer es objeto de la mirada, en vez de sujeto creativo y autónomo.
El modelo de Galtung facilita la comprensión de los flujos causales que se establecen entre los tres tipos de violencia. Estos flujos circulan en todas las direcciones, pero el principal es el que va de la violencia cultural a la violencia directa pasando por la estructural. La desvalorización simbólica de la mujer (violencia cultural) la abocó históricamente a un estatus de subordinación y exclusión (violencia estructural), y esta marginación y carencia de poder favoreció su conversión en objeto de abuso físico (violencia directa).
La lentitud del cambio puede explicarse por el carácter profundo de la raíz principal, simbólica-cultural, de esta violencia. Por eso la organización en estos días del Foro Internacional Juventud y Violencia de Género, dirigido a los jóvenes y centrado en los aspectos culturales y mediáticos, es un acierto reseñable.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
RAMÓN COTARELO
Prácticamente está todo dicho acerca de las consecuencias de una posible sentencia del Tribunal Constitucional sensiblemente restrictiva del Estatut, entendiendo por tal la que desvirtúe principios simbólicos o restrinja competencias estratégicas.
De un lado, casi todas las fuerzas políticas catalanas, excepción hecha del Partido Popular, Ciutadans y, con matices, Unió Democratica de Catalunya, preanuncian beligerancia en caso de una sentencia restrictiva; de otro, casi todas las fuerzas políticas españolas, pretendiendo despolitizar el conflicto, repiten que las sentencias de los tribunales se acatan y se cumplen. Pero es que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ordinario, sino un ente político y como tal –especialmente en este caso, en el que se ha dado todo tipo de episodios de fondo partidista– está sometido a los vaivenes políticos.
Venir a pedir ahora acatamiento incondicional frente a las decisiones de un órgano que tiene fuertes déficits de legitimidad y que lo hagan precisamente aquellas fuerzas que más lo han maltratado no deja de ser un ejercicio de hipocresía o de cinismo. No debe olvidarse que la reforma en curso del Estatut se inició porque había un acuerdo general en que Catalunya debía acceder a mayores cotas de autogobierno por la vía legal tras el agotamiento del Estatut de Sau. Carece de sentido enfrentarse a la nueva redacción con un rasero puesto en el nivel de autogobierno del Estatut anterior cuando en otros estatutos se ha alzado sensiblemente.
Los catalanes hacen bien levantando la voz y con ella otras debieran hacerlo, empezando por la del partido del Gobierno, que comenzó la reforma estatutaria como un bravo San Jorge y quiere terminarla como un escurridizo Poncio Pilato. El PSC tiene que recordar a los magistrados de ese órgano político que es deber del Tribunal Constitucional –quizá hoy su último deber– atender al complejo equilibrio constitucional de la España de las autonomías y al autonómico de la España constitucional. Aunque no sea más que porque parte esencial del mérito en levantarlo fue de ese mismo Tribunal en tiempos mejores.
Las cosas han ido por donde han ido y el Tribunal Constitucional está muy tocado. Es bastante posible que sea preciso cambiarlo en profundidad –incluida la reforma constitucional– si se quiere que sobreviva a este tifón provocado porque el estatuto en reforma es el catalán, en el que se quiere hacer un escarmiento para mostrar al impertinente nacionalismo que el irredentismo tiene un límite infranqueable.
Carece de sentido provocar un enfrentamiento por asuntos que, en muy buena medida, son retóricos o tienen precedentes o, simplemente, están regulados de forma análoga en otros estatutos. Lo que podía faltarnos es que, tras años de escuchar que Catalunya estaba siendo objeto de trato privilegiado con agravio comparativo para los demás, nos encontráramos con que es objeto de un trato discriminatorio negativo con agravio comparativo para los catalanes por haber ido por la vía estrictamente legal de reforma del Estatut sin inventarse aventuras
soberanistas.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
CARLOS TAIBO
El vigésimo aniversario de la desaparición del Muro de Berlín nos ha dejado un alud de literatura que pretende rescatar lo que fueron aquellos acontecimientos. Apenas han visto la luz, sin embargo, análisis que permitan calibrar lo que supusieron los hechos de 1989. Pareciera como si, en la zozobra general en que estamos, optásemos por el relato historicista y pintoresco y nos alejásemos de cualquier suerte de reflexión que obligue a escarbar, en serio, en las causas de esa zozobra.
Las reflexiones del momento no han dejado hueco, por lo pronto, para una discusión vital: la que se pregunta por lo que fueron, al cabo, los sistemas de tipo soviético. Aún hoy son muchos los que viven de una doble ilusión óptica: por un lado, la que nace de la certeza de que esos sistemas eran realmente comunistas y, por el otro, la que da por descontado que con el hundimiento de la URSS el comunismo desapareció irremediablemente de la faz de la Tierra. Si lo primero es más que discutible –los sistemas de tipo soviético en modo alguno consiguieron trascender el universo histórico y social del capitalismo–, lo segundo se revela poco creíble en un planeta en el que, 20 años después, muchas de las ideas que el orden liberal creyó arrinconar para siempre reaparecen, bien es cierto que a menudo en orgullosa contestación de lo que fueron los regímenes del socialismo irreal.
En paralelo, sobran las razones para recelar del buen sentido de algunos de los pronósticos que se formularon en la estela de los hechos de 1989. El más sonado fue, claro, el que se refería a un eventual final de la historia de la mano de la incontestada entronización del orden liberal. Momento es este de reflexionar sobre la formidable aceleración de los ritmos que permite que hoy, sólo 20 años después, todas las certezas de entonces se hayan desvanecido. Con la globalización y el propio capitalismo en entredicho, el vértigo de los tiempos nos asalta e invita a abandonar cualquier certidumbre en lo que hace al rigor de las grandes tesis que nos han acompañado en los últimos cuatro lustros.
La efemérides de 1989 debería servir, por encima de todo, para acometer una reflexión sobre el singularísimo momento histórico en que nos encontramos. Aunque es verdad que, a diferencia de lo ocurrido 20 años atrás, el sistema hoy en crisis, el capitalismo, se beneficia de la ausencia, más allá de respetabilísimas elaboraciones teóricas, de fórmulas alternativas que den réplica a la triste realidad que arrastramos, su crisis despunta por doquier. Al margen de su incapacidad para acabar con la pobreza, la exclusión y la injusticia, cada vez se hace más evidente su vocación de agudizar los problemas medioambientales y de recursos que acosan al planeta.
Más allá de lo anterior, con todo, dos datos permiten tomar el pulso a la condición contemporánea del capitalismo. El primero nos recuerda que, al calor de un proceso globalizador que ha apostado con claridad por la gestación de un paraíso fiscal de escala planetaria, en abierta ignorancia de cualquier razón de cariz humano, social o ecológico, se ha perfilado un caos de escala planetaria que ha escapado visiblemente del control y de los intereses de quienes pusieron en marcha el proceso correspondiente. El segundo subraya lo que por momentos se antoja evidente: la llamativa incapacidad del capitalismo de estas horas para dar satisfacción de sus propios objetivos.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
JORGE CALERO
Hace unos días el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Affordable Health Care for America Act (Ley de Sanidad Asequible). Un paso importante en la reforma sanitaria a la que se comprometió el presidente Obama en su programa electoral. En las próximas semanas el Senado debe elaborar su propia propuesta y negociar con el Congreso hasta alcanzar, en su caso, una redacción final para la ley.
La ley introduce reformas que podrían ser consideradas modestas desde el punto de vista de un observador europeo. Sin embargo, las enormes dificultades que ha conllevado su aprobación en el Congreso y la previsiblemente mayor dificultad que supondrá su aprobación en el Senado dejan claro que los avances introducidos en esta ley son los máximos admisibles en el contexto político e ideológico estadounidense. La muy comedida intervención pública en los mecanismos del mercado sanitario que plantea la ley ha provocado manifestaciones de ciudadanos a favor de la libertad de elección; en alguna pancarta se podía leer: “Ya tuvimos suficiente con el socialismo de la Unión Soviética”. Se han puesto en marcha, también, todos los mecanismos de lobby en defensa de la libre actuación de las empresas vinculadas al sector sanitario. Ya en 1994, acciones similares consiguieron bloquear la propuesta de reforma liderada por Hillary Clinton.
¿Y de qué modo pretende la ley distorsionar el libre funcionamiento de los mercados y erosionar la libertad de elección? Hasta ahora, la intervención pública se había limitado esencialmente a proporcionar un programa de seguro sanitario para las personas de mayor edad (Medicare) y para las personas con menos recursos económicos (Medicaid); en torno al 15% de la población no dispone de ningún seguro sanitario. La nueva ley introduce, en esencia, modificaciones en cuatro áreas.
Primero, en el área de la regulación, exigiendo que todos los ciudadanos obtengan un seguro sanitario. También, prohibiendo que las aseguradoras discriminen (privándoles del seguro o incrementando sus primas) a los clientes con problemas de salud.
Segundo, en el área del gasto, expandiendo el programa Medicaid para que cubra a ciudadanos con ingresos hasta el 150% del nivel de pobreza y, por otra parte, proporcionando un subsidio a las rentas menores para ayudar a pagar los seguros.
Tercero, en el área de la financiación, introduciendo un nuevo impuesto, con un tipo del 5,4%, sobre las personas con rentas superiores a medio millón de dólares (o las familias con rentas superiores a un millón de dólares).
En cuarto y último lugar, en el terreno de la provisión del aseguramiento, creando un plan de seguro gestionado por el sector público, que competirá con las aseguradoras privadas.
Son todas ellas reformas modestas y que pueden ayudar a mejorar un sistema ineficiente y muy poco equitativo. Pero las posiciones a favor de la libertad de elección hacen pasar estas consideraciones a un segundo plano. Son posiciones en las que se prioriza siempre la libertad de elección, a costa de todo lo demás. A costa, incluso, de la salud de buena parte de la población.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
En España, frente a un cierto casticismo que ha despreciado todo lo foráneo, se ha dado también permanentemente un papanatismo cosmopolita dispuesto siempre a traspasar los Pirineos e importar cualquier bagatela, seguro de haber encontrado la piedra filosofal. Viene esto a cuento del entusiasmo con el que se ha acogido –especialmente por el Gobierno, pero también por los sindicatos y la patronal– la idea de aplicar en nuestro país el denominado kurzarbeit alemán, es decir, la posibilidad de que una empresa en dificultades pueda, en lugar de reducir la plantilla, disminuir la jornada de un mayor número de trabajadores con minoración también del salario, que se complementa, en mayor o menor cuantía, a cargo del Estado vía seguro de desempleo.
Quizás lo primero que haya que afirmar es que tal procedimiento ni es novedoso ni es privativo de Alemania. Con distintas características, lo cual es lógico, lo tienen implantado casi todos los países: Francia, Italia, Austria, Bélgica, etc., incluso España. Porque he aquí lo incomprensible de tanto alborozo: una de las formas que pueden adoptar en nuestro país los expedientes de regulación de empleo (ERE) es la de reducción temporal de jornada.
¿En qué consiste entonces la diferencia con Alemania? En que allí parece que se está usando con profusión y aquí en sectores muy contados, como el de automoción. ¿Cuál puede ser la causa de este comportamiento tan dispar de los empresarios en ambos países? Es posible que sea provechoso introducir en nuestro sistema algunas modificaciones, pero el problema principal no se encuentra ahí. La prueba es que este procedimiento se vino usando en España con mayor frecuencia hasta 1984, año en el que, al grito de “mayor flexibilidad”, los que hoy se quejan de la dualidad de nuestro mercado laboral modificaron el Estatuto de los Trabajadores introduciendo y extendiendo progresivamente múltiples clases de contratos temporales. Cuando se tiene la tercera parte de la población activa con contratos precarios y se puede ajustar la plantilla por un mecanismo tan simple como el de no renovar estos contratos, ¿por qué buscar otros mecanismos más complicados?
A la causa anterior vienen a sumarse las diferencias en el tejido productivo de ambos países. En Alemania, el sector industrial y la gran empresa ocupan un puesto bastante más relevante que en España. La mayor calificación de los trabajadores origina que los empresarios alemanes tengan más interés por la estabilidad de sus plantillas que los españoles.
Por ello resulta una ingenuidad pretender basar la menor tasa de paro del país germánico en el kurzarbeit. Se afirma que este sistema ha generado 450.000 parados menos, lo que no es en realidad exacto. Tan sólo se han sustituido por 1,1 millones de desempleados a tiempo parcial. Una cosa es distribuir el paro, y su coste, entre un sector mas amplio de la población, lo que puede ser conveniente, y otra muy distinta reducirlo. Hay que esperar que el objetivo del Gobierno no sea disminuir tan sólo las estadísticas, sino la realidad del desempleo.
Juan Francisco Martín Seco es economista
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
La libertad religiosa es una manifestación de la libertad de pensamiento o de conciencia que suele ser definida como la primera de las libertades públicas, por lo que ocupa un papel privilegiado en la mayoría de los textos constitucionales. Desde una perspectiva histórica, pero sobre todo muy recientemente, la Iglesia católica –que no es más que uno de los muchos usuarios de la libertad religiosa– está haciendo un uso de este derecho que merece el calificativo de manipulador o, cuando menos, de excesivamente parcial.
Hace sólo un par de meses, la Conferencia Episcopal denunció que el Congreso ponía en peligro la libertad religiosa, con ocasión del debate de una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, que pretendía reprobar al Papa por sus declaraciones sobre el uso del preservativo en su gira por el continente africano. En aquella ocasión, la Iglesia católica reprochó al Estado que este se saltara el muro imaginario que debe separar los asuntos civiles de los religiosos. Así las cosas, ¿cómo deben interpretarse las recientes declaraciones de los obispos, señalando que aquellos que promuevan o voten a favor de la reforma de la Ley del Aborto habrán cometido un pecado mortal y no podrán ser admitidos a la sagrada comunión? De acuerdo con la interpretación que la Iglesia católica hace del derecho de libertad religiosa, ella tiene el derecho de decirle a los parlamentarios –que han sido elegidos democráticamente por el pueblo– lo que tienen que votar, pero esos mismos parlamentarios no pueden pronunciarse sobre las actividades o el gobierno de una Iglesia, cuyo parecido con cualquier institución democrática no es más que una mera coincidencia.
Si un extraterrestre aterrizase en España y leyera las declaraciones de la Conferencia Episcopal, llegaría a dos sencillas conclusiones. Primero, Europa no es un continente de mayoría cristiana, ya que, exceptuando los casos de Malta y Andorra, que prohíben el aborto en cualquier supuesto, los demás países están gobernados por políticos que han sido elegidos por ciudadanos a los que parece no preocuparles que sus representantes pequen en su nombre. Y segundo, las elecciones que celebra periódicamente nuestro país deben ser una cuestión menor, pues, con independencia de lo que diga el programa que los políticos venden a la ciudadanía, parece que a priori una institución privada que no concurre a las elecciones puede intervenir en las decisiones legislativas.
En los procesos electorales, los políticos no suelen confesar cuáles son sus creencias religiosas, debido a que al electorado lo único que le importa es el compromiso de sus representantes con un programa, un proyecto o unas ideas. Los motivos por los que los parlamentarios pueden votar en contra de la reforma de la Ley del Aborto son tan numerosos como legítimos, pero alegar motivos de conciencia sería traicionar el espíritu del sistema democrático, ya que, y aunque parece que algunos todavía no se han dado cuenta, cuando los señores parlamentarios ejercen de tales, no se representan a sí mismos, sino al pueblo, que es donde reside la soberanía nacional.
Óscar Celador Angón es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
