RAMÓN COTARELO
El acto del domingo en Madrid en defensa de la familia cristiana, preparado y escenificado por la Conferencia Episcopal Española y la organización ultra Camino Neocatecumenal, fue un peligroso alarde de intolerancia. Su discurso en defensa de una institución a la que nadie amenaza niega de plano la realidad contemporánea de unas sociedades abiertas y plurales. Su reducción de la familia a la cristiana, y esta a la versión restringida que propugna el integrismo católico vaticano actual no es compartida ni por la inmensa mayoría de los mismos cristianos al lado de la cual los miles de manifestantes del domingo no son prácticamente nada.
Sostener que el aborto y el divorcio constituyen un peligro para la familia cristiana tradicional da la espalda al hecho de que en las sociedades en que se admiten las dos prácticas, casi todas ellas de mayoría cristiana, la familia clásica no ha perdido terreno social en sentido estadístico alguno. Al decir que sólo es cristiana y familia la unión de un hombre y una mujer, el obispado español y sus amigos neocatecumenales se arrogan el derecho a negar aquel carácter a las uniones entre personas del mismo sexo, incluidas las que forman muchas parejas homosexuales que, pese a todo, se consideran cristianas y, por lo tanto, lo son, como bastantes curas anglicanos o como los obispos episcopalianos de New Hampshire, Gene Robinson, y de Los Ángeles, Mary D. Glasspool, gay él y lesbiana ella.
Decir que únicamente gracias a la familia cristiana así concebida siguen naciendo niños en Europa raya en el delirio por cuanto implica que los hijos de familias heterosexuales europeas no cristianas no son niños o no son europeos. Y, además, desconoce la realidad de las familias monoparentales con hijos, incluidas las mujeres solas madres por
diversos métodos, entre ellos el de la inseminación artificial como era el caso de la secretaria general del PP antes de contraer matrimonio.
Es obvio que sólo desde el fanatismo y la intolerancia más cerril puede predicarse en plaza pública tal cantidad de dislates y atentados contra los derechos de terceras personas. Porque este es el punto crucial de la cuestión: que así como las otras formas de familia no niegan el derecho de los católicos a formar las suyas según establezcan sus doctrinas y experiencias, la jerarquía española por medio del Vaticano sí niega a aquellas su derecho a la existencia.
Por fortuna, en la mayoría de las sociedades europeas rige el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. De no ser así ya estaríamos de vuelta a épocas de siniestras persecuciones. Y, por fortuna, también en España rige el principio de no confesionalidad del Estado que, reconoce y ampara a todas las religiones, no sólo a la católica; y el Estado es de Derecho, lo que quiere decir que también reconoce y protege todos los que la ley reconoce, por ejemplo el de los/las homosexuales a contraer matrimonio entre sí, a fundar familias y a tener hijos ya que estos no pueden ser monopolio de la forma de familia que se antoje al Vaticano, a monseñor Rouco y a los neocatecúmenos.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Muchos economistas, gestores y políticos tienen tendencia a pensar que manejando las variables económicas de un sistema social se consigue, de forma casi automática, cualquier resultado que se considere deseable. Por ejemplo: la abundancia de crédito genera inversión y anima el consumo, esto hace crecer el PIB y, como consecuencia, se genera empleo. Así que todo es muy sencillo: si nos preocupa el empleo, facilitemos dinero a los bancos para que aumente el crédito y esperemos los resultados. Con la crisis actual aparecen nuevas recetas, igualmente simples. Por ejemplo: en una economía basada en el conocimiento, la fuente más importante de la competitividad es la innovación, así que invirtamos en innovación y esperemos resultados.
El problema es que la innovación no es un proceso simple, cuyo flujo se pueda controlar en términos de variables económicas. Se parece más a un proceso de carácter social y cultural cuya gestión requiere intervenciones sistémicas complejas.
Un ejemplo. En un periódico local de Salamanca aparece una noticia referida a un proyecto de investigación para encapsular células madre y controlar su liberación en el organismo. El proyecto es liderado por una joven ingeniera química, Eva Martín, investigadora contratada gracias al programa Ramón y Cajal. Un turista que pasaba por allí (literalmente) lee la noticia y se pone en contacto con la agencia regional que la había emitido (Agencia Dicyt: htpp://www.dicyt.es) y con la investigadora. El turista es un empresario brasileño que desea explorar las posibilidades de utilizar la técnica del encapsulado de fármacos para fabricar prendas de vestir que emitan sustancias hidratantes. Se produce el flechazo y al cabo de un tiempo (menos de dos años) tenemos una innovación en la empresa Golden Quimica de Brasil que incorpora una tecnología derivada de una investigación en una universidad española; y desde entonces continúa la colaboración entre la universidad y la empresa con nuevos proyectos.
¿Qué tipo de políticas habría que adoptar para maximizar las probabilidades de que se produzcan casos parecidos a este? Casi todas son políticas culturales en un sentido amplio. Para empezar, hay que facilitar que haya universidades competitivas con equipos de investigación activos, eficientes, jóvenes y audaces. Además hay que fomentar el interés de los jóvenes investigadores por la innovación. Pero no es suficiente: es preciso que las actividades científicas y tecnológicas de los pequeños grupos que trabajan en el último rincón del país tengan acceso a canales de información que les permitan llegar no sólo a colegas de todo el mundo, a través de revistas especializadas, sino también a las empresas y a los ciudadanos. Para ello es preciso que existan instrumentos que faciliten la difusión de esa información (oficinas de prensa, agencias de noticias científicas), y que los medios se interesen por la cultura científica que se genera cada día en decenas de laboratorios ubicados en su entorno inmediato.
Es, como se ve, algo más complicado que simplemente invertir en innovación: es política cultural, pero de cultura científica y de la innovación.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
JORGE CALERO
Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea, hizo público recientemente un informe que, con periodicidad anual, describe el estado y la evolución de la protección social en Europa. Los datos alcanzan únicamente el año 2006, debido a la dificultad de procesar y homogeneizar las cuentas públicas de protección social de 27 países. Con algunos matices y calificaciones, el principal mensaje que transmite el informe con respecto a España es que nuestro nivel de protección social, en términos de gasto público, sigue considerablemente por debajo de la media europea.
El resto de países de la Unión Europea sigue dejándonos atrás, por el momento, en el empeño de proteger a los ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”, como proponía, ya en 1942, el informe pionero del político William Beveridge en el Reino Unido. Veamos algunos indicadores. Si planteamos las comparaciones en términos de proporción del PIB, el esfuerzo presupuestario español era en 2006 del 20,9%, mientras que el del conjunto de países que componían la Unión Europea-15 se situaba en el 27,5%. Son 6,6 puntos porcentuales de diferencia, prácticamente la misma que existía en el año 2000 (entonces eran 6,5 puntos). Otra aproximación al nivel de protección social la proporciona el gasto per cápita en unidades de poder de compra; en 2006 en España se alcanzaba un nivel equivalente al 72,2% del gasto de la Unión Europea-15. Con este segundo indicador sí se puede detectar cierta convergencia de la protección social española con respecto a la europea, ya que en el año 2000 la misma proporción era del 63,8%.
Los años a los que se refiere el informe (2000 a 2006) corresponden a un periodo de crecimiento económico sostenido, que se prolongó un año más. Como hemos visto, tal contexto no se aprovechó suficientemente para paliar nuestro déficit en protección social. Como suele suceder, las últimas fases del crecimiento se utilizaron para legislar acerca de nuevos programas de gasto, que deberán ser implementados ya en una fase recesiva, en medio de severas restricciones presupuestarias. El ejemplo de la Ley de Dependencia, aprobada en 2006 (programa estrella de protección social del Gobierno socialista) es paradigmático en este sentido. Su aplicación se está llevando a cabo con enormes problemas presupuestarios, tanto de la administración central como de las autonómicas, que cofinancian (junto a los usuarios) el programa.
El informe nos permite también identificar áreas de gasto en las que la situación española resulta especialmente deficitaria. Destacaré únicamente dos: por una parte, la correspondiente a “familia e infancia”, donde el gasto per cápita español supone sólo la mitad del europeo. Por otra parte, la correspondiente a “vivienda y exclusión social”, con un gasto per cápita español que equivale únicamente al 25,6% del europeo. Si queda camino por recorrer en todas las áreas de la protección social, son probablemente estas dos las que exijan un esfuerzo más importante en los próximos años. Aunque, probablemente, para ello haya que esperar a la próxima fase expansiva.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
CARMEN MAGALLÓN
Hoy se cumple un año del comienzo del ataque de Israel a Gaza. En aquellos 23 días de ataque, según el Centro Palestino para los Derechos Humanos, hubo 1.414 muertos y 5.300 heridos, más de un cuarto de ellos, niños y niñas; 13 israelíes murieron también. Veinte mil casas fueron total o parcialmente destruidas, e incluso escuelas, edificios de Naciones Unidas y hospitales fueron bombardeados.
Hoy, en Gaza, la vida sigue siendo muy dura. La población afronta el invierno sin que la reconstrucción haya sido posible debido al mantenimiento del bloqueo por parte de Israel, que impide la llegada de los materiales necesarios –madera de construcción, cemento o cristales para los edificios– bajo la alegación de que se utilizarán para agredirle. Las restricciones sobre las actividades agrícolas y de pesca tienen también graves repercusiones en la vida cotidiana.
El pasado octubre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sesión especial, aprobaba el informe sobre la “Situación de los Derechos Humanos en Palestina y otros territorios ocupados”, resultado de la misión de investigación llevada a cabo sobre el ataque a Gaza y sus consecuencias. Conocido por el nombre del jurista sudafricano que lo dirigió, Richard Goldstone, el informe recoge la existencia de hechos susceptibles de ser considerados crímenes de guerra.
En el párrafo 1891, el informe señala que “las pruebas obtenidas por la Misión demuestran que la destrucción de instalaciones de aprovisionamiento de alimentos, sistemas de saneamiento de agua, fábricas de hormigón y viviendas fue el resultado de una política deliberada y sistemática de las fuerzas armadas israelíes. Esta destrucción no se ocasionó porque esos objetivos presentaran una amenaza o una oportunidad militar, sino con el fin de hacer más difícil para la población civil la vida cotidiana y las condiciones de vida dignas”. Si ya de por sí cualquier guerra en la que mueren los combatientes es inhumana, ante la tendencia a colocar a la población civil en el objetivo, de tomarla como rehén de guerra, no habríamos de cejar en la reafirmación de la convicción y la denuncia de la perversión que supone este hecho, suceda donde suceda.
En el conflicto de Palestina-Israel, la reanudación de las conversaciones de paz está siendo torpedeada por la continuación de los asentamientos, y la división de los palestinos aleja la solución. Pero existe una responsabilidad común para la preservación de la vida cotidiana de la gente en condiciones de dignidad. Los países donantes son ahora remisos a la ayuda porque los fondos dedicados en el pasado en la reconstrucción de escuelas y hospitales fueron volatilizados por los misiles y las bombas. Habrá que buscar garantías internacionales para que no vuelva a suceder. Y plantar cara a Israel. No veo ningún líder capaz de hacerlo. Pero puede ejercer presión la sociedad civil del mundo. Un año más tarde, no podemos olvidar a Gaza, abandonando a su suerte a una población traumatizada por los ataques y por la incertidumbre del futuro. El bloqueo ha de ser levantado.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
NÚRIA BOSCH
Hace pocos días se aprobó en el Congreso la ley que regula la nueva financiación de las comunidades autónomas y la modificación de la LOFCA, que la adapta a aquella. El nuevo sistema de financiación autonómica ha de aplicarse este mismo año para que las ganancias que lleva puedan hacerse efectivas en 2009.
Aunque no todas las comunidades votaron a favor del nuevo modelo de financiación, todas ellas salen ganando con el cambio de sistema, ya que este les garantiza tener en el ejercicio 2009 los recursos que les hubiera proporcionado el antiguo modelo más una parte de los recursos adicionales que el Gobierno central ha inyectado en el sistema, unos 11.000 millones de euros. Los cuales se distribuyen entre las comunidades de forma gradual y en base a una serie de variables, siendo la de mayor peso el incremento de población experimentado entre 1999 y 2009.
Estos recursos adicionales vendrán muy bien a las finanzas autonómicas, muy afectadas por la crisis económica. Sus efectos son bien conocidos: los ingresos autonómicos han disminuido substancialmente, principalmente por estar ligados algunos de sus impuestos a la actividad inmobiliaria. Además, el grueso de los gastos autonómicos por su naturaleza (educación, sanidad, servicios sociales, etc.) son claramente expansivos, lo que agrava la situación. Según cifras del Banco de España, la deuda de las autonomías desde septiembre de 2008 hasta septiembre de 2009 ha crecido un 33,2%. Este aumento puede ser visto con cierta alarma, pero a nivel global el endeudamiento de las comunidades autónomas en relación a su PIB no es todavía excesivo. Así, la deuda autonómica representa el 7,9% del PIB, siendo la Comunidad Valenciana la que ostenta mayor deuda en relación a su PIB (14,1%) y el País Vasco el que presenta un menor ratio (2,5%).
Es evidente que el nuevo modelo de financiación autonómica no puede solucionar totalmente la caída de ingresos debida a la crisis económica. No obstante, aquel goza de mecanismos que otorgan a las arcas autonómicas mayor estabilidad y solvencia que el sistema anterior.
En primer lugar, se incrementa la corresponsabilidad fiscal autonómica y la capacidad normativa para regular los tributos estatales cedidos. En segundo lugar, se corrigen en gran medida las diferencias de financiación por habitante que existían entre comunidades en el antiguo sistema, y que penalizaban a las que presentan una mayor capacidad fiscal. Y en tercer lugar, existen mecanismos de actualización periódica del modelo. Tanto de las variables relevantes en la distribución de recursos, que se actualizan anualmente, como de los elementos estructurales del modelo, que se hará quinquenalmente. Ello imposibilita que tenga lugar lo ocurrido en el sistema anterior, que para la distribución de los recursos todavía utilizaba la población de 1999 cuando, en los últimos años, esta había crecido de forma notable para muchas comunidades autónomas, lo que ha afectado en gran medida a su suficiencia financiera.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El PP ha presentado públicamente un código de buenas prácticas con el que pretende “establecer con precisión unas pautas de conducta a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización”. Puede resultar chocante que el partido que se ha visto afectado por los escándalos más graves de corrupción en los últimos tiempos sea precisamente el que se dota de un instrumento interno definido como “compromiso de autoexigencia” para evitar situaciones de este tipo. Sin embargo, es plenamente coherente con el espíritu de nuestra época: no tenemos más que pensar que los poderes públicos han dado grandes cantidades de dinero a las instituciones financieras que provocaron la crisis económica para que la resuelvan. Con ese mismo planteamiento, no se puede dudar de que el PP es el partido más indicado en la actualidad (como lo hubiera sido hace algunos años el PSOE) para hacer un código de buenas prácticas.
El código establece claramente, en el apartado 7 de su carta de compromisos, “la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales”. Incluye también en el apartado 5 de esa carta “el compromiso de actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez”. Teniendo en cuenta igualmente la reciente experiencia del caso Gürtel, el código incorpora unas reglas de contratación interna del partido indicando, entre otras cosas, que “las empresas proveedoras serán informadas de que no podrán realizar atenciones a favor de miembros del partido, advirtiéndolas de que quedarían excluidas de la contratación si contravinieran esta prohibición”.
La lectura del código nos evidencia que el PP ha identificado claramente los problemas y es consciente de la entidad de las corruptelas que se han generado dentro de ese partido con la trama Gürtel. El código es, desde esa perspectiva, una muestra de autocrítica en la que se reconoce que determinados comportamientos no son aceptables en la vida pública y deben dar lugar a una actuación contundente por parte de los partidos para depurar las responsabilidades políticas a que hubiere lugar. En otros términos: el PP parece haber adquirido conciencia de las malas prácticas que se han producido por parte de algunos dirigentes de ese partido y que deberían ser corregidas al resultar absolutamente reprobables.
Pero el código es, de momento, un repertorio de buenas teorías destinadas a limpiar la imagen pública del PP. Ahora bien, una vez elaborado y publicado, será también el espejo en el que el PP deberá mirarse para reconocerse como un partido limpio regido por buenas prácticas. Un espejo que seguirá ofreciendo una mala imagen a la sociedad mientras persista la radical incompatibilidad entre las normas de ese código y las conductas de algunos de sus responsables políticos, que siguen ejerciendo, pese a ello, funciones públicas.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
En Copenhague se ha iniciado la última etapa de un largo viaje cuyo destino final es recuperar el Edén, es decir, recuperar el dominio de la humanidad sobre el planeta Tierra, pero no para seguir esquilmándolo y explotándolo de forma despiadada, sino para cuidar de él, preservarlo de nuestros propios desmanes y hacerlo habitable para las generaciones futuras.
La cumbre del clima ha sido un fracaso para quienes iniciaron el viaje hace muchos años y esperaban llegar en Copenhague a la última estación. Pero entre ellos no estaban ni Estados Unidos ni muchos países en desarrollo, ni sobre todo los grandes países llamados emergentes. Ahora están. Es cierto que el acuerdo es débil, timorato y ambiguo, pero es la primera vez que estamos todos al pie de firma y que todas las naciones reconocen que hay que ponerse manos a la obra: limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, contener el calentamiento global en límites soportables y compensar a los países en desarrollo transfiriendo fondos y tecnología y establecer sistemas internacionales de información y seguimiento de emisiones.
Falta mucho por hacer, pero menos que antes de Copenhague. Y es cierto que las expectativas eran muy superiores, pero quizá no fueran tan realistas. Recordemos: todavía hay movimientos ideológicos y políticos que prefieren dar la espalda al conocimiento científico y ningunear el cambio climático. Pues bien, ninguno de los líderes políticos del mundo actual, todos ellos presentes en Copenhague, se ha permitido el lujo de alardear de posturas negacionistas. El negacionismo no vende, y ya no venderá más. A partir de ahora, los climatólogos podrán dedicarse a trabajar en vez de tener que emplear sus energías en pelear con charlatanes. Y es posible que las empresas de energía se dediquen a encontrar nuevos negocios con energías limpias, en vez de justificarse poniendo en duda la evidencia científica.
Es cierto también que la cumbre ha sido bastante caótica en términos organizativos. Si se invita a miles de representantes de la sociedad civil para que presionen a los gobernantes, luego no se les puede echar de la reunión con la excusa de que los gobernantes necesitan tranquilidad para llegar a acuerdos. La participación social es esencial para el progreso de la democracia mundial, pero nos falta mucho que aprender para hacer esto compatible con la gobernanza efectiva de la nave Tierra. También en esto Copenhague dejará huella: ha sido un experimento social del que podemos aprender cómo hacer las cosas un poco mejor la próxima vez.
Por lo demás, es hora también de que los europeos nos sintamos orgullosos, a pesar del desaire final que nuestros gobernantes han sufrido. En términos prácticos, todo el movimiento mundial contra el cambio climático está siendo liderado, en gran parte, por Europa. Aunque creo que con ello sólo estamos haciendo lo debido: pagar la deuda contraída con el resto del mundo por haber utilizado de forma tan desaforada los recursos de la ciencia y la tecnología para esquilmar el planeta. Unos recursos que ahora debemos poner a disposición de todo el mundo para hacer el viaje de vuelta al paraíso perdido.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
CARME MIRALLES-GUASCH
El paisaje, desde hace unos pocos años y entre las disciplinas que analizan el territorio (el urbanismo, la arquitectura, la geografía, la ingeniería, etc.), es un término que reúne un creciente consenso internacional y que en Europa tiene un protagonismo en aumento, garantizado por el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en febrero de 2008, del que Sevilla alojará la coordinadora técnica de la red europea de entes locales para su
aplicación.
El paisaje intenta definir aquellos lugares que, de una forma más o menos intensa y con más o menos elegancia y arrogancia, han sido transformados por el hombre a través del tiempo. Es lo que la novelista Marguerite Yourcenar definía como “el tiempo, ese gran escultor”, pero aquí la escultura es nuestro paisaje. Y este admite ritmos de modelaje extensos y pausados o periodos temporales rápidos y concretos.
El paisaje es un entorno que puede estar urbanizado o ser agrícola; que linda con el mar o es montañoso; que se encuentra en el centro de una ciudad o forma parte de las periferias metropolitanas. Puede tener una amplia perspectiva y alcanzar el horizonte o estar replegado en enormes bloques de hormigón. También son los lugares donde hemos creado alguna relación emocional, los que recordamos de nuestra niñez, de la universidad donde estudiamos o del polígono industrial en que aprendimos un oficio. El paisaje toma todas las formas y no siempre es agraciado. Al contrario, en muchos lugares de nuestro planeta aparecen espacios grotescos, desproporcionados, mal diseñados, sin ningún elemento que ofrezca calidad visual.
Hoy el paisaje es una línea de trabajo y de análisis en muchas universidades europeas y españolas. Y, al ser un concepto complejo, transversal y reciente, requiere de habilidades y conocimientos interdisciplinarios, que nos hagan percibir nuestro entorno en su conjunto y no como la suma aleatoria de infraestructuras, viviendas, parques o espacios agrícolas. Fragmentos diseminados por unos técnicos que sólo se ven a sí mismos. También influye, aunque de forma sutil, en agendas políticas y en decisiones técnicas.
Porque el paisaje, siendo un elemento cultural que se proyecta en el territorio, define a nuestros países y regiones, como la gastronomía o la lengua. Existen lugares de mirada placentera, donde se percibe armonía y bienestar visual. Otras, en cambio, producen desazón y desequilibrio. Sensaciones que nada tienen que ver con lo que se ha clasificado como urbano o rural, de naturaleza o de infraestructura, sino con la ética y con la estética.
Quizá esta nueva etapa, iniciada por una crisis financiera y de modelo de desarrollo, nos permita introducir nuevos enfoques donde el paisaje, que nos da bienestar visual y emocional, tenga su lugar. Y nos permita que las aulas universitarias formen técnicos que sepan darle su valor y encuentren sus lógicas para que los ciudadanos recuperemos la capacidad de diálogo con el entorno y, de ahí, sepamos dibujar un futuro sin las monstruosidades que unos y otros estamos haciendo.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
JORGE CALERO
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, expuso hace unas semanas que en este mes de diciembre podría conocerse si es posible alcanzar un pacto educativo que incorpore a partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones. Se trataría de un acuerdo orientado a definir la educación como una “cuestión de Estado” en el que se definirían una serie de líneas básicas no susceptibles de ser alteradas por los gobiernos cambiantes. Es decir, convertir a la educación en España en justo lo contrario de lo que ha sido hasta ahora. Un primer intento, en el mes de septiembre, resultó infructuoso, pero al menos actualmente el posible acuerdo está en la agenda política. No es poco, teniendo en cuenta de dónde venimos.
¿Por qué resulta deseable (más bien, indispensable) un pacto educativo? El sistema educativo ha sido empleado como arena del conflicto político e ideológico en demasiadas ocasiones. Este proceder ha minado la legitimidad de diversas reformas y a menudo ha trivializado esfuerzos bien dirigidos. Algo que puede resistir un sistema educativo consolidado, eficaz y equitativo, pero que ha acabado por erosionar el nuestro. Se han provocado demasiados escepticismos y resistencias. Todo ello, cuando los retos pendientes son trascendentes; se ha dicho esto tan a menudo que ya parece formar parte de la retórica que rodea a la educación. Pero no se debe olvidar que en los próximos años nuestra competitividad, ya severamente amenazada, va a depender de la cantidad y la calidad de nuestro capital humano. Y al pacto pueden incorporarse diversos elementos positivos en ese sentido.
Me refiero a cuestiones como la estabilidad legislativa, con la que se pretende que el proyecto educativo pueda madurar más allá del ciclo electoral. También la estabilidad presupuestaria, que podría formularse como el establecimiento de un suelo de gasto público en educación, aplicable también a las diferentes comunidades autónomas (que en la actualidad efectúan esfuerzos presupuestarios muy diversos en el ámbito de la educación). Al pacto deberían también incorporarse elementos que permitan reforzar la posición de los docentes. Otros dos elementos que se han considerado son más controvertidos que los anteriores. En primer lugar, la ampliación de la autonomía de los centros educativos, con objeto de que estos puedan adecuar sus procesos al tipo de usuario y a las iniciativas de sus maestros y maestras. En segundo lugar, la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 18 años, que fue apuntada por el ministro como una “reflexión”, reflexión que, a mi juicio, debe ser tenida muy en cuenta, ya que se adecuaría bien a una estrategia general de mejora de la productividad en el largo plazo que ya están aplicando otros países.
Lo razonable sería no dejar pasar esta oportunidad. Pero los partidos políticos pactarán o no en función de cómo perciban sus costes y beneficios en la operación. Sería deseable, pues, que lleguen a percibir que la falta de colaboración en las negociaciones de un pacto puede tener un coste electoral suficientemente importante.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
JOSÉ MANUEL NAREDO
En los últimos tiempos hemos oído que la economía española necesita reformas estructurales que la ayuden a salir de la crisis. Pero cuando ese clamor favorable a las reformas se concreta, sólo una acostumbra a proclamarse con unanimidad: la reforma del mercado de trabajo. Atendiendo a las noticias de prensa, esta fue la principal recomendación que hizo el presidente del Banco Central Europeo en su visita a España, remachada, además, por el gobernador del Banco de España y el presidente de la patronal. Parece como si se trataran de ocultar las más graves irresponsabilidades y debilidades empresariales, financieras o inmobiliarias que provocaron la crisis mirando para otro lado, hacia ese chivo expiatorio del mercado de trabajo.
Merece la pena recordar que el salario medio y el coste laboral por hora trabajada se sitúan en España muy por debajo, no ya de la media de la UE de los 15, sino también de la media de la UE ampliada de los 27 países. Porque la evolución de los salarios en España arrastra todavía la enorme pérdida de poder adquisitivo que sufrieron con la inflación y la represión de la posguerra, que se recuperó durante el tardo-franquismo, para moderarse de nuevo con los pactos de la democracia y con el reciente aumento del trabajo precario. Por lo tanto, puestos a buscar responsabilidades, no son los modestos costes salariales los que han venido lastrando la competitividad y haciendo tan deficitaria la balanza comercial en nuestro país, sino la escasa productividad y vocación exportadora de las empresas. En este contexto –y con una tasa de paro que dobla a la de los países de nuestro entorno– parece una broma de mal gusto hablar de que hay que flexibilizar el mercado de trabajo, abaratar el despido o desvincular la evolución de los salarios de la del coste de la vida, para hacer que el coste laboral caiga todavía más por debajo de la media europea a la vez que se da rienda suelta a las inversiones especulativas y/o improductivas engrasadas con dinero público, atentando contra la convergencia de ingresos y la cohesión social.
En suma, que se habla de reforma laboral pero se silencia lo que de verdad motiva la baja productividad y capacidad exportadora de la economía española. Pues se hace la vista gorda sobre la responsabilidad que tiene el contexto socio-institucional que ha venido primando operaciones especulativas y “pelotazos inmobiliarios” y, como consecuencia, un empresariado más preocupado de cuidar sus relaciones que de orientar bien sus inversiones hacia la eficiencia de los procesos y la calidad de los productos. El propio presidente de la patronal viene a ejemplificar este tipo de empresariado cuyo éxito pecuniario no es fruto de producciones, sino de relaciones que facilitan pingües operaciones, privatizaciones y contratas que poco tienen que ver con la épica del “empresario innovador”, la competitividad y las mejoras.
Mientras tanto, se silencian las reformas pendientes de la economía española que van, desde las relacionadas con esos dos protagonistas de la crisis que son el ladrillo y las finanzas… hasta las ligadas a la agricultura, el agua o el territorio.
José Manuel Naredo es economista y estadístico
