CARLOS TAIBO
El regreso a El Aaiún de Aminatou Haidar es un triunfo para la causa del pueblo saharaui. Un triunfo empañado, eso sí, por la certificación de que Francia y España han preferido dar la espalda, una vez más, a un pueblo cuyos derechos han sido pisoteados a lo largo de más de tres decenios.
No olvidemos que si Francia ha renovado su apoyo a la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos, la posición española, aparentemente más comprometida, esconde dobleces sin cuento. En las últimas semanas, el ministro de Asuntos Exteriores ha subrayado incansable que la relación con Marruecos no estaba experimentando quiebra alguna. La vicepresidenta primera, por su parte, ha repetido una y otra vez que, en relación con el Sáhara, debía perfilarse un acuerdo que, mutuamente aceptado por las partes, contemplase la autodeterminación del pueblo saharaui.
Resumo al lector lo que lo anterior significa. Fernández de la Vega sabe, por lo pronto, que pedía un imposible: no habrá ningún acuerdo aceptado por las partes que incluya el ejercicio de la autodeterminación en el Sáhara. Y no lo habrá porque Marruecos, de siempre, se ha negado a acatar tal horizonte. Si la declaración de la vicepresidenta primera se convierte, entonces, en un lamentable brindis al sol, la del ministro Moratinos retrata bien a las claras lo que ocurre: como quiera que el Gobierno español no tiene intención alguna de romper un plato en su relación con Marruecos, sus declaraciones en defensa de los derechos humanos quedan en agua de borrajas. Importa mucho más el negocio marroquí de nuestros empresarios y el papel de escudo que la monarquía alauí ejerce frente a la inmigración ilegal y la expansión del islamismo radical que la defensa cabal de los derechos de un pueblo castigado y olvidado.
Si nada ha cambiado en la actitud de nuestros gobernantes, sí que lo ha hecho, en cambio, en la de una parte de la ciudadanía, de la mano de una inusitada reacción de solidaridad con Haidar y con su pueblo. Como bien recordaba el otro día un escritor, a buen seguro que han sido muchos, en estos días, los adolescentes que han preguntado a sus padres qué era eso del Sáhara Occidental. Más de uno, en fin, parece haber abierto los ojos ante las miserias que el Gobierno español muestra en este y en otros muchos terrenos. Las cosas tienen, con todo, otra cara. Ahí están, para testimoniarlo, profesores e intelectuales que han decidido que la autonomía dentro de Marruecos es la solución adecuada para el Sáhara; poco importa, al parecer, que esa autonomía se haya visto triturada por centenares de muertos, torturados y represaliados. Uno de esos intelectuales nos ha recordado, por cierto, que El Aaiún no es lo que era tres decenios atrás. Tampoco Varsovia era la misma en 1943… Cuando se echa una ojeada a los foros en la Red se descubre, en fin, que muchos ciudadanos sólo sienten desprecio ante lo que, en Lanzarote, ha hecho una mujer firme y valerosa.
De poco consuelo es, a estas alturas, certificar que lo del Sáhara no es, entre nosotros, sino un hito más en una política exterior miserable que remite a una Transición mal cerrada. Y es que nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes, sólo sacan pecho en defensa de los derechos cuando estos no ponen en un brete los intereses de la octava economía del mundo.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
RAMÓN COTARELO
Los curas vascos son una fuerza política en sí mismos. Casi una fuerza de la naturaleza, y su encaje en el conjunto de la Iglesia española de siempre ha sido problemático. Franco fusiló pocos curas, ya que el clero en general le era adicto pero, de los pocos que fusiló, casi todos fueron vascos.Únicamente el clero de Euskadi osó oponerse en conjunto a la dictadura, como se prueba por el famoso escrito de los 300 curas vascos en 1960 en defensa de su pueblo y en contra de las prácticas del régimen que, a su vez, abrió una “cárcel concordataria” en Zamora para curas de nuevo en gran medida nacionalistas vascos.
Durante la democracia, el clero de Euskadi, con sus obispos al frente (obispos de la casta de aquel monseñor Añoveros que también se las tuvo tiesas al dictador), ha venido manteniendo una actitud en el llamado “conflicto vasco” que lo incardina dentro del horizonte nacionalista. La derecha española ha criticado acerbamente esa posición, acusándola de tibieza frente al terrorismo cuando no de franca complicidad con los terroristas. Es la misma derecha que en numerosas ocasiones ha hecho causa común con la Iglesia española en cuestiones mundanas, desde la defensa de la familia tradicional supuestamente atacada por el reconocimiento de los derechos de los homosexuales hasta la oposición a la enseñanza de la ciudadanía, pasando por la reforma legislativa del aborto.
La política, como la naturaleza, tiene horror al vacío, y en el caso de la Iglesia, una institución que, sin demérito de su supuesto carácter divino, es radicalmente política, capaz de dar al César lo que es de Dios si cree que beneficia sus intereses del siglo, a mayor abundamiento. Si los párrocos guipuzcoanos han protestado contra el nombramiento de monseñor Munilla es porque este representa una orientación política ultraconservadora nacionalista española y su nombramiento, típicamente político, como todos los de obispos ya antes de las guerras de investiduras, responde a un cálculo estratégico episcopal y vaticano. Se trata de aprovechar el vacío de poder nacionalista en las instituciones vascas con el PNV en la oposición y el Gobierno de la comunidad autónoma en manos del PSE-EE, apoyado por el PP en una alianza de partidos nacional-españoles, para dar un giro conservador, incluso reaccionario y también nacional español, a la política diocesana de Guipúzcoa.
Ya es paradójico que la misma derecha española –que no ve nada reprobable en el hecho de concertar su acción política con la Iglesia católica incluso en manifestaciones y algarabías callejeras– sea quien critique que parte del clero vasco, la mayoría de los párrocos guipuzcoanos, adopte una actitud de trasfondo político en la línea del nacionalismo del PNV. Pero llega a lo sublime que, para justificar su crítica, se arrogue competencias dogmáticas sosteniendo, como hace la presidenta del Parlamento vasco, Arantza Quiroga, que monseñor Munilla dice “lo que dice la Iglesia”. De donde se sigue que los curas vascos que lo impugnan no dicen lo que dice la Iglesia o dicen lo que la Iglesia no dice, que es mucho decir.
Ramon Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
La agresión a Silvio Berlusconi en Milán ha generado una fuerte tormenta política en Italia. Sus seguidores han reaccionado con una virulencia extrema contra todos aquellos sectores que no habían manifestado previamente una adhesión inquebrantable al presidente del Consejo de Ministros. Ni siquiera se han librado algunos dirigentes de la derecha italiana que, pese a formar parte de la mayoría gubernamental, han mantenido un tono mínimamente crítico en los últimos tiempos en relación con algunos comportamientos e iniciativas de Berlusconi.
El grueso de los ataques, sin embargo, sigue teniendo un objetivo claro: la oposición, la judicatura y los medios de comunicación no controlados por Berlusconi. Se intenta trasladar a la opinión pública italiana la idea de que, detrás del perturbado que ha lanzado una estatuilla de la catedral de Milán a la cara del presidente del Consejo, están –de un modo u otro– esos sectores. En última instancia, las críticas a Berlusconi –se dice por sus partidarios– habrían creado el clima político que ha impulsado la agresión física. Es fácil de comprender el propósito de estas acusaciones: acallar el cuestionamiento público del presidente.
Como parte de la misma estrategia se ofrece ahora una beatífica visión de Berlusconi, como la que cerró el programa televisivo Porta a Porta de la noche del 15 de diciembre con la entrevista al fundador del Hospital San Raffaele de Milán: “Berlusconi ama a todos, también a sus enemigos”. Así pues, toda la agresividad que sus ministros y sus medios de comunicación están destilando no tendría nada que ver con la actitud del máximo responsable de esos medios y del propio Gobierno. Sin embargo, casi subliminalmente, se evidencia que la línea política de Berlusconi es la misma: el amor expresado a todos sus enemigos no es otra cosa que un intento de extender la responsabilidad de la agresión más allá del hombre que la perpetró.
El ataque al presidente del Consejo es totalmente inadmisible: la visión del rostro sangrante de Berlusconi repugna a cualquier conciencia cívica. Ante este tipo de acciones sólo cabe expresar la repulsa que todo acto de violencia merece. Ahora bien, esa agresión es la obra de una persona que lleva muchos años bajo tratamiento psiquiátrico. Por el contrario, la pretensión de colorearla políticamente es obra de responsables políticos y líderes mediáticos del más alto nivel (incluidos varios ministros del Gobierno Berlusconi) que son plenamente conscientes de lo que intentan conseguir con la burda manipulación de un hecho lamentable.
Con la misma firmeza con la que se debe repudiar la agresión a Berlusconi hay que rechazar los intentos, igualmente inaceptables, de presentarla bajo un color político concreto. Intentos que están orientados, en última instancia, a coaccionar a las personas o a los sectores que discrepan de los planteamientos de la víctima y a reducir el espacio del debate y de la crítica consustanciales a toda sociedad democrática.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
La palabra pigs, cerdos en inglés, ha servido, con cierta malicia y un poco de racismo, para designar a un grupo de países que, hasta el momento de la ampliación, ocupaban en la Unión Europea los últimos lugares en el ránking económico. El apelativo está compuesto por las iniciales, también en inglés, de Portugal, Italia, Grecia y España. El término cayó en desuso durante la época de bonanza económica y retorna de nuevo con fuerza en la actualidad, con la única diferencia de que ahora se sustituye Italia por Irlanda, aun cuando Italia no esté en condiciones de alejarse mucho del grupo.
Las agencias de calificación han situado las finanzas públicas de estos países en el punto de mira. Son las mismas agencias responsables en parte de la crisis y que dieron la máxima calificación al papel basura y a las empresas y a los bancos quebrados. No parecen, por lo tanto, muy legitimadas para conceder certificados de ningún tipo.
Uno de los efectos más negativos de la actual crisis es que el coste de los abusos, estafas, errores y ganancias indebidas de bancos, especuladores y empresas ha recaído sobre el sector público de todos los países. El déficit y la deuda de los estados se han disparado y, por supuesto, los de los pigs no constituyen una excepción; pero, precisamente por eso, porque este comportamiento se encuentra dentro de lo normal, no debería ser origen de preocupación especial.
El talón de Aquiles de estos países no se halla tanto en el sector público como en el endeudamiento exterior, tanto público como privado y, concretamente en España, mucho más en el privado que en el público. Nuestra deuda pública en porcentaje del PIB se sitúa muy por debajo de la de la mayoría de los países de la Unión Europea.
Grecia, Portugal, Irlanda y España tienen en común haber mantenido unas tasas de inflación muy superiores a la media de la Eurozona. Desde 1999, el incremento del IPC de todos ellos ha sido superior al 30%, mientras que el de Alemania se sitúa en el 17%. Todos han perdido competitividad frente al exterior, lo que ha propiciado que el déficit de la balanza por cuenta corriente haya alcanzado en ellos niveles alarmantes, con el consiguiente endeudamiento exterior.
Su pertenencia a la Unión Monetaria les impide devaluar y recobrar así la competitividad perdida y, lo que es aún peor, les obliga a seguir la misma política monetaria que países como Alemania u Holanda, con características e intereses bien distintos. La apreciación del euro frente al resto de monedas agrava su situación, que se puede hacer incluso más dramática si el BCE, en consonancia con los intereses y planteamientos de Alemania, de Holanda o de Austria, endurece las condiciones monetarias y la Comisión fuerza la reducción de los déficits públicos.
Por ello resultan tan injustas peroratas como las de algunos diarios europeos afirmando que de ninguna manera los contribuyentes de Alemania u Holanda van a estar dispuestos a ayudar a los países en dificultades. El verdadero problema radica en que se constituyó en su día una Unión Monetaria sin los mecanismos compensadores de cohesión y sin construir una mínima unión política.
Juan Francisco Martín Seco es economista
NÚRIA BOSCH
El impuesto sobre sucesiones y donaciones es uno de los impuestos más antiguos de los sistemas fiscales, pues ya existía en la época romana. No obstante, actualmente tiene un papel secundario en los sistemas fiscales modernos. Su recaudación representa alrededor del 0,2% del PIB tanto en los países de la OCDE como de la Unión Europea.
¿Tiene sentido exigir el impuesto? Desde el punto de vista de la equidad, se puede argumentar que el impuesto sobre sucesiones y donaciones grava una manifestación de capacidad económica. Con la misma fundamentación que justificamos que el impuesto sobre la renta grave la percepción de una renta salarial, se puede justificar el que se grave la percepción de una herencia al incrementar la capacidad económica de quien la percibe. Otro argumento a favor de la existencia del impuesto es su papel redistributivo. El impuesto puede ayudar a reducir las desigualdades sociales y económicas y a alcanzar una mayor igualdad de oportunidades entre los individuos. Por tanto, desde esta perspectiva el impuesto debe ser progresivo.
En España, el Estado tiene cedido totalmente este impuesto a las comunidades autónomas, y estas, a su vez, tienen competencias normativas sobre el mismo, lo que les permite cambiar su configuración. La mayoría de comunidades autónomas lo han modificado para introducir rebajas fiscales, lo que hace que en muchas de ellas el impuesto sea inexistente para transmisiones entre parientes de línea directa. Catalunya era una de las pocas comunidades que quedaban sin reformarlo y en estos días ya se ha anunciado su reforma a la baja. Además se oyen voces que abogan por su total desaparición.
¿Son justas estas reformas? Un argumento a favor de la necesidad de reformar el impuesto es que este es muy progresivo y oneroso para los parientes más próximos, pero con tratos especiales (por ejemplo, en la transmisión de la empresa familiar) para colectivos muy sensibles al mismo, lo que provoca claras inequidades, recayendo primordialmente en las clases medias. Por ello, una racionalización del impuesto en la dirección de dar un trato más homogéneo a los bienes y de subir el mínimo exento parece necesaria, y lo situaría en la línea de los impuestos sobre sucesiones y donaciones de muchos países. Debería ser un impuesto para patrimonios de nivel alto. Asimismo, no parece que haya justificación para dar un trato distinto a los herederos en función del parentesco con el causante.
No obstante, hay un peligro con todas estas reformas a la baja llevadas a cabo por las comunidades autónomas, y es que el impuesto acabe desapareciendo por la competencia fiscal que se genera entre aquellas. Esto sucedió en Canadá y Australia, donde, al ser un impuesto descentralizado, los gobiernos subcentrales entraron en una competencia fiscal a la baja hasta su completa desaparición.
Si, como hemos visto, hay claros argumentos para mantener el impuesto –al menos para grandes fortunas–, el Estado debería impedir su desaparición, y exigir un nivel mínimo de gravamen por este impuesto, de forma que las comunidades autónomas no pudieran situarse por debajo.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda pública
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Recientemente la prestigiosa revista Nature dedicaba un editorial a España, haciéndose eco del malestar de la comunidad científica por los recortes que el Gobierno había previsto en los Presupuestos de 2010. Reconocía Nature que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero deslizaba una interpretación de la situación creada este año aludiendo a la escasa experiencia política de la actual responsable del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). Creo que el artículo de Nature no era ecuánime: adoptaba exclusivamente el punto de vista de la comunidad científica, no contemplaba elementos importantes del contexto social y económico en el que nos desenvolvemos los españoles y simplificaba hasta la caricatura la atribución de responsabilidades políticas.
Una Ley de Presupuestos tiene un difícil y complejo trámite desde que el Gobierno hace los primeros borradores hasta que se decantan las diferentes enmiendas parlamentarias. Al final de este proceso, en el que la ministra Cristina Garmendia se ha involucrado activamente en las negociaciones con los grupos parlamentarios, se ha conseguido incrementar las partidas de I+D en 150 millones de euros, garantizando la dotación de los programas esenciales del Plan Nacional (becas, contratos y proyectos) y un importante esfuerzo en las políticas de innovación. No es un resultado óptimo, pero es mucho mejor de lo que se podía temer cuando Nature publicó su editorial. El único problema grave que puede quedar por resolver para el próximo año es, en realidad, el del presupuesto de aquellos Organismos Públicos (OPI) de Investigación que no tienen reservas propias suficientes para capear el temporal.
La política tiene por lo menos dos tiempos diferentes: el de la gestión cotidiana y el de los proyectos a largo plazo. El MICINN lleva casi dos años agobiado por los problemas cotidianos. La propia creación del ministerio ya fue problemática: una decisión pensada para un ciclo expansivo de la economía, pero que se llevó a cabo en plena crisis, sin una sede adecuada, sin infraestructura administrativa suficiente y sin un diseño completo que, para empeorar las cosas, al cabo de poco más de un año se vio sometido a una fuerte convulsión, al retornar las competencias en política universitaria al Ministerio de Educación.
El tiempo del largo plazo es mucho más interesante para la política científica. Y cabe suponer que es el que se ha iniciado ahora con las destituciones y nombramientos que Garmendia ha llevado a cabo. El nuevo secretario de Estado, Felipe Pétriz, es un hombre de su confianza, con sobrada capacidad para el trabajo discreto y eficaz y para la negociación tenaz y el consenso. Tendrá en sus manos la responsabilidad de desatascar la Ley de la Ciencia, potenciar y coordinar la actividad investigadora de los OPI y las universidades, culminar la gestión eficiente y ágil del Plan Nacional y completar el equipo de la ministra en la nueva etapa que ahora se inicia, para diseñar el futuro del sistema de ciencia e innovación en España. Si lo hacen bien, todavía es posible que el año 2010 sea sólo un paréntesis y que al final salgamos de él con un sistema científico más ágil, más grande, más integrado y más comprometido con las necesidades de la sociedad.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
CARMEN MAGALLÓN
La determinación y valentía de Aminatou Haidar para llevar a cabo una acción no violenta tan potente como una huelga de hambre, con el dramatismo que impone la decisión de poner en juego la vida para defender el derecho a vivir en su tierra, ha puesto sobre la mesa un conflicto que lleva años en la sombra: la situación del Sáhara Occidental, el único territorio africano pendiente de descolonización.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, sancionados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración Universal aprobada el 10 de diciembre de 1948, ¿puede un Estado deportar a una persona sin su consentimiento? ¿Puede un Estado negar a alguien el derecho a vivir en su tierra? Con la mente y el corazón unidos a Aminatou, pienso en el viejo poema del tiempo de las dictaduras, aquel en el que Erich Fried escribió: “¿Aquí quién manda? El pueblo, naturalmente. Naturalmente el pueblo, pero ¿quién manda realmente?” Como Fried, pienso que el Estado, naturalmente, no puede negar a una persona el regreso a su casa. Pero, al igual que Fried, veo cómo algunos Estados lo hacen realmente, cómo lo hace Marruecos con Haidar. De fondo, el conflicto es de quién es la tierra a la que volver. Quién manda aquí.
Cuánta razón tenía Hannah Arendt cuando escribió que, a menudo, lo que impide el disfrute de los derechos humanos es la carencia de una comunidad de referencia, la abstracta desnudez de ser nada más que humano. Lo han comprobado los refugiados, los apátridas, los encerrados en los campos de exterminio. ¿Es el caso de Aminatou Haidar? ¿Quién ampara a los saharauis, además de ellos mismos?
La comunidad internacional tiene mecanismos para exigir a un Estado que asuma sus obligaciones. Puede buscar una salida inmediata a la situación de Aminatou y activar, estableciendo plazos, su compromiso con el Sáhara, el cumplimiento de las Resoluciones de Naciones Unidas.
A estas alturas de la historia, y más allá de la mejor o peor gestión de este episodio, este no es sólo un problema de España. Si hay un caso claro en el que tiene que implicarse la comunidad internacional, y dentro de ella quienes tienen capacidad para influir, es este; en particular, y dadas las relaciones e intereses que mantienen con Marruecos, son Estados Unidos, Francia, Argelia, España, y desde luego la Unión Europea, quienes han de actuar. No sólo porque la comunidad internacional es garante del cumplimiento de los derechos humanos frente al Estado, sino por una cuestión mucho más de fondo y con implicaciones graves: ¿alguien ha sopesado qué lección se extrae de la marginación de una lucha, la del Sáhara, que es pacífica, y qué se está promoviendo cuando la comunidad internacional sólo se moviliza ante quienes utilizan la acción terrorista?
Ante la posible muerte de Aminatou Haidar, que no se llevaría a nadie por delante, ¿qué van a hacer Francia, la UE o Estados Unidos, que tanto empeño ponen en otros conflictos, aireados con métodos sangrientos? Aminatou Haidar, la opción no violenta, ha de vivir: la comunidad internacional tiene que salvarla.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
CARME MIRALLES-GUASCH
Estos días se ha inaugurado en Barcelona y en Madrid una exposición sobre el trabajo que las asociaciones de vecinos han desarrollado en los últimos 40 años para mejorar sus barrios y, con ellos, toda la ciudad. El objetivo es reivindicar el
protagonismo, muchas veces ignorado, en la construcción de la ciudad actual y en la defensa de la democracia del movimiento vecinal.
La exposición, la misma en las dos ciudades y en la red, repasa los distintos ámbitos donde se ha centrado la reivindicación vecinal: servicios públicos, vivienda, urbanismo, cultura, transportes, derechos de las mujeres, fortalecimiento de la democracia, etc. Cada eje temático está subdividido en las distintas demandas y reivindicaciones que las asociaciones de las dos ciudades han llevado a cabo a lo largo de estos años. Desde la colocación de un semáforo hasta la erradicación del chabolismo, desde las reclamaciones al derecho al descanso hasta la creación de las Mujeres vecinales en Madrid. Desde las fiestas populares hasta el deporte de base. Todas y cada una comentadas y enmarcadas históricamente y acompañadas de un reportaje fotográfico que las visualiza.
También se detallan sobre el mapa de cada ciudad las acciones concretas que, barrio a barrio, calle a calle, han conseguido variar lo que estaba previsto desde las administraciones públicas. Es lo que han definido como “acciones vecinales” que han cambiado la ciudad, que han trasformado Madrid y Barcelona. La remodelación de la plaza de la Luna, la construcción de equipamientos públicos en los cuarteles de Daoiz y Velarde, la llegada del metro a La Elipa o la defensa de la sanidad pública y del Severo Ochoa son algunas de las muchas acciones vecinales marcadas sobre el mapa de Madrid. La lucha contra las basuras y la aluminosis de El Polvorín, el centro cívico de la Farinera en el barrio del Clot, de la Masía Torrellobeta en Noubarris y de la casa Golferichs en el Ensanche son algunas de las que se detallan en Barcelona. Todas ellas, las casi 200 acciones, forman parte de nuestro paisaje urbano y cotidiano y no estarían allí sin el trabajo, el esfuerzo y la solidaridad de muchos hombres y mujeres que, a lo largo de estos años, se han comprometido con la ciudad y con sus ciudadanos.
Pero, además, y tal como subrayan sus organizadores, la exposición reivindica el paralelismo en la historia urbana reciente de las problemáticas y reivindicaciones urbanas de Barcelona y Madrid. Y aunque los modelos de crecimiento urbano de las dos ciudades y la organización municipal son distintos y la participación ciudadana diferente, en el transcurso de estas cuatro décadas los vecinos y las vecinas han sido protagonistas de la transformación de su ciudad. Un protagonismo que en su acción y estrategias cotidianas las une y las libera de enfrentamientos y rivalidades estériles.
Hay que agradecer el trabajo y el esfuerzo anónimo de todos estos años y felicitar la iniciativa de la muestra. No es una muestra nostálgica, al contrario, las ciudades de futuro requieren de las acciones vecinales.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Parece que son malos tiempos para los símbolos religiosos, pues cuando parece que todavía algunos no han digerido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que prohíbe la exhibición de crucifijos en las escuelas públicas, un referéndum celebrado en Suiza acaba de decidir que las mezquitas que se construyan en el futuro no podrán tener minaretes. A primera vista ambas decisiones versan sobre la misma temática; sin embargo, tanto por sus fundamentos como por sus consecuencias, se encuentran en las antípodas. En el primer caso se prohíbe que en los espacios tutelados por los poderes públicos, a los que asisten obligados menores en pleno proceso de formación de su conciencia, se lesione la libertad religiosa; mientras que en el segundo supuesto se discrimina y se obstaculiza que una minoría pueda ejercer su derecho de libertad religiosa.
Los partidos políticos de ultraderecha suizos han sido los promotores del referéndum popular, y han vendido su proyecto como una forma de luchar contra la supuesta islamización del país, en el marco de un discurso electoralista xenófobo propiciado por el deseo de Suiza de proteger su mercado laboral de la afluencia de trabajadores extranjeros. Suiza era considerada como una nación tolerante, en la cual, pese a que residen aproximadamente 400.000 musulmanes, no existen conflictos religiosos o evidencias de extremismo islámico. El resultado del referéndum será anulado con toda probabilidad por el TEDH, ya que vulnera la libertad de conciencia y la prohibición de discriminación garantizada por el convenio europeo; pero además tendrá consecuencias negativas en la integración social de la minoría musulmana y puede generar extremismos y radicalismos indeseados que, hasta ahora, no existían en Suiza.
El cometido de los minaretes es facilitar que los musulmanes oigan las llamadas a la oración, pero en Suiza, al igual que en la mayoría de los países europeos, esta práctica no es factible al amparo de la legislación sobre ruido y contaminación acústica, y su altura debe respetar la normativa urbanística. Por este motivo, no tiene sentido prohibir que las mezquitas tengan minaretes, como tampoco lo tendría prohibir que las Iglesias cristinas tuviesen campanarios.
La democracia es mucho más que un modelo político en el cual las mayorías toman las decisiones, con independencia de que estas sean parlamentarias o ciudadanas. Los modelos políticos democráticos se soportan en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, que conforman un contenido de mínimos a partir de los cuales los Estados regulan la convivencia de sus ciudadanos. De ahí que el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales no pueda estar sujeto a una votación popular. Sin embargo, la mayoría ha hablado, y ha decidido que una minoría no pueda ejercer plenamente su derecho a la libertad religiosa, pero ignora que la misma legitimidad que hoy esgrimen podría ser utilizada el día de mañana para derribar los campanarios de las Iglesias, y puede que entonces se escuchen las voces que hoy callan para reivindicar la libertad religiosa.
Óscar Celador Angón es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
RAMÓN COTARELO
La penosa situación en que se encuentra España en el caso de la refugiada de hecho Aminatou Haidar, en huelga de hambre desde el pasado 16 de noviembre en el aeropuerto de Lanzarote, tiene causas mediatas e inmediatas. Las mediatas proceden del vergonzoso abandono del Sáhara en 1975 y los más de 35 años posteriores en que España ha seguido haciendo dejación de sus deberes morales frente a la población saharaui, reconociéndole de boquilla un derecho de autodeterminación que niega de forma activa en la práctica y sacrificándola a una razón de Estado de entendimiento con Marruecos que jamás ha sido tan sinrazón como está siéndolo ahora.
Las causas inmediatas proceden de la cadena de disparates administrativos y legales que han llevado a España a admitir en su suelo a una persona prácticamente secuestrada por las autoridades de su país sin que nadie se explique cómo haya podido suceder tal cosa. Esta situación convierte de hecho a nuestro país en cómplice de la ilegalidad y el atropello de los derechos humanos más elementales perpetrados por el Reino de Marruecos en la persona de esta mujer que, con su entereza moral, simboliza hoy a los ojos del mundo el derecho de autodeterminación de su pueblo.
Frente al ejemplo de la dignidad de esta activista saharahui –que recuerda la grandeza espiritual de un Gandhi en una situación similar y salvando las distancias–, el comportamiento de España hasta la fecha –recurriendo a engañifas y tratando de encontrar ambiguas soluciones diplomáticas de dudoso valor moral– puede acabar convirtiendo a nuestro país no sólo en cómplice del atropello, que ya lo es, sino en ejecutor último del criminal designio marroquí si, llevando su claudicación al límite, decide alimentar por la fuerza a la pacifista en abuso de poder y violación de su clara y expresa voluntad en sentido contrario.
La actitud de Aminatou Haidar cuenta hoy sin duda con la simpatía y el apoyo de la opinión pública española y mundial porque siempre el valor moral y la dignidad de las personas, sobre todo cuando encarnan la causa de sus pueblos, frente a la brutal sinrazón de los Estados y sus aparatos represivos ocupan un alto lugar en el corazón de los seres humanos.
España tiene, pues, una ocasión de oro de enmendar sus yerros, los pasados y los presentes, si abandona su lamentable afán de congraciarse con la tiranía marroquí (que, en el colmo de la desfachatez, despoja arbitrariamente a una persona de la ciudadanía que, sin embargo, le forzó a aceptar en contra de su voluntad). El Ejecutivo debe erigirse en valedor de los derechos de la activista saharaui sin imponerle ninguna decisión que ella no quiera libremente aceptar; debe reconocer el derecho de asilo de Haidar como perseguida que es en su propio país ocupado ilegalmente por otro; y debe defender su causa frente a Marruecos en todos los foros internacionales y, junto a ella, la del derecho de autodeterminación del pueblo saharahui, al que un día hace más de 30 años abandonó vergonzosamente.
Si eso no se hace así, el país entero sabrá que en esto, al menos, el presidente del Gobierno le ha fallado.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
