ÓSCAR CELADOR
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Es lógico y comprensible que los familiares de las víctimas de algunos delitos reclamen a los poderes públicos la implantación de penas como la cadena perpetua; pero es inaceptable que los políticos hagan la misma propuesta con una frivolidad y falta de rigor notable, especialmente cuando su implantación no es factible porque colisiona con el mandato constitucional de que las penas privativas de libertad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social.
En este contexto, y probablemente para aportar al debate fundamentos más sólidos, también se ha defendido la implantación de la cadena perpetua pero sujeta a revisión, tal y como han hecho otros países de nuestro entorno europeo. Esta posición ignora dos cosas. Primero, en países como Francia o Alemania este tipo de condenas pueden ser revisadas y conmutadas por la libertad condicional cuando los reclusos han cumplido 15 años de internamiento, por lo que en la práctica es muy excepcional que los condenados sean recluidos a perpetuidad. Y segundo, la última reforma del Código Penal amplió las penas privativas de libertad hasta los 40 años para los delitos más graves y ordenó su cumplimento integro. En otras palabras, nuestra legislación penal es más dura y rigurosa que la de muchos de los países que establecen la cadena perpetua revisable.
Las sanciones que los ordenamientos jurídicos prevén para la comisión de delitos tienen una triple finalidad: punitiva, coercitiva y educativa. La imposición de una pena pretende disuadir a los individuos de que comentan delitos, así como aprovechar el tiempo que dura la condena privativa de libertad para que el delincuente comprenda los perjuicios que su actividad ha generado a la sociedad, y prepararlo para su reinserción una vez cumplido su castigo. La cadena perpetua carece de finalidad educativa y su carácter disuasorio es muy discutible. El internamiento a perpetuidad supone que el condenado no volverá a disfrutar de libertad, lo que hace inviable y carente de sentido educarle para que se integre en una sociedad de la que ha sido desterrado de por vida.
Asimismo, la cadena perpetua no tiene un carácter exclusivamente disuasorio; es más, en algunos casos, tal y como demuestran numerosos estudios científicos, su implantación explica la comisión de algunos delitos. Imaginemos que los delitos de violación o de asesinato fueran castigados con la cadena perpetua. Desde el punto de vista del reproche penal, a los delincuentes que cometan estos delitos les saldría gratis asesinar a la víctima de la violación o a los potenciales testigos del homicidio, toda vez que la tentación de cometer los nuevos delitos se vería incentivada por el hecho de eliminar pruebas o testigos de la comisión del delito principal.
La sociedad demanda una protección eficaz frente a la delincuencia, de ahí que los actores políticos tengan la obligación de trabajar en este sentido, pero para que este debate sea fructífero es necesario que se acompañe de propuestas soportadas en razonamientos sólidos, serios y rigurosos. Es lo mínimo que se merecen las familias de las víctimas.
NÚRIA BOSCH
Catedrática de Hacienda Pública
El gasto que realizan los municipios españoles representa aproximadamente el 11% del total del gasto público español. Si a este porcentaje le añadimos el gasto de las demás administraciones locales (diputaciones, áreas metropolitanas, comarcas, etc.), la cifra llega al 13%. Este porcentaje es más pequeño que en otros países también con tres niveles de gobierno (central, autonómico o intermedio, y local) como España. En Suiza, el peso del gasto local sobre el total de gasto público es de un 22%; en Canadá, del 16%, y en Estados Unidos, del 26%.
Otras diferencias entre los gobiernos locales españoles y los de estos países derivan de la tipología del gasto. En lo referente al gasto social, España tiene una estructura de gasto local en la que tanto en sanidad como en protección social y, especialmente, en educación se encuentra por debajo de la media de los países de la OCDE. Así, el gasto local en educación representa un 4% del gasto público total de los gobiernos locales españoles. En cambio, en Canadá y Estados Unidos se eleva a más del 40% del gasto local; en Suiza, al 23%, y el gasto local medio en educación de la Unión Europea de los quince también supera el 20%.
La estructura del gasto social que llevan a cabo los municipios españoles de media es la siguiente: seguridad y protección social (46,1%), educación (26,5%), promoción social (19,8%) y sanidad (7,6%). Ahora bien, el análisis de dicho gasto por comunidades autónomas evidencia una gran disparidad y heterogeneidad en los resultados, tanto en cuanto a su magnitud como en la composición del mismo. Destacan dos grupos de comunidades, por situarse en las posiciones más extremas. Entre las comunidades con un mayor gasto social municipal están Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura. En situación opuesta, es decir, entre las comunidades con un menor gasto social municipal figuran Castilla-León, Cantabria, Aragón y La Rioja. Las posibles explicaciones a estos comportamientos tan dispares entre autonomías pueden proceder de las distintas necesidades de gasto, distintas preferencias, distintos costes de provisión, distinto tamaño poblacional, distinto nivel de cobertura de estos gastos por parte de otras administraciones, etc.
No obstante, aunque el sector público local español es más raquítico que en los países mencionados y su gasto social es menor, es de destacar que una parte importante del gasto social que los gobiernos locales realizan corresponde a servicios que no están obligados a proveerlos por ley, sino que los prestan para dar respuesta a las necesidades que van emergiendo. Por tanto, los gobiernos locales españoles destacan por la importancia que tienen para los ciudadanos en la satisfacción de su demanda de servicios públicos.
En definitiva, junto a la tan demandada y necesaria reforma de la financiación local, es necesario también revisar su nivel competencial. Primero, para equiparar a nuestros gobiernos locales en materia de competencias a los países de nuestro entorno y, segundo, para equiparar su marco de financiación a la cuantía y naturaleza de las servicios que prestan.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Así la llaman. Tengo la fotografía delante y les aseguro que es una familia insólita. En ella puede verse que está formada por 27 miembros, todos ellos jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea, a los que ahora se unen el presidente, Herman Van Rompuy y la jefa de la diplomacia, Catherine Ashton. ¿Que qué tiene de rara o de novedosa? En realidad, de novedosa tiene poco, porque esta foto viene siendo así desde que se conformó la UE. Pero rara sí que es. Sobre todo cuando se mira sin las gafas de una normalidad que de normal no tiene nada, aunque de tan repetida lo parezca. ¿O no es en sí raro que esta extensa familia esté formada por 25 hombres y dos mujeres?
Desde la perspectiva de la representación simbólica y de la carga de autoridad asociada al poder, esta imagen desplegada a lo ancho de una página del periódico es demoledora. Desde la perspectiva de la realidad que subyace, nos dice que los partidos realmente existentes siguen sin presentar candidatas cuando llega el momento de elegir a la máxima autoridad del Estado y que los altos liderazgos femeninos, en vez de apoyarse, son torpedeados.
¿Cómo va a entusiasmar esta Europa en la que los discursos son igualitarios pero el poder no? Sí, es cierto que las mujeres están llegando a puestos que antes no tenían, que existe Angela Merkel y que aquí, en nuestro país, incluso tenemos un Gobierno paritario. Pero les aseguro que, si hay un mecanismo que subsiste en el día a día, es el que funciona para proporcionar a los hombres un escalón más alto cuando una mujer llega al que ellos ocupaban antes. Si ella llega a jefa, se crea para él la figura de director general y, si ellas llegan a ministras, ellos ocuparán ¡ocupan! las jefaturas de Gobierno. Conozco a muchas a las que este tipo de constatación les provoca una desa-
fección automática. Son aquellas que, cuando las invitan a asistir a un acto conformado por un panel de todo-hombres-blancos-
occidentales-de clase media, les viene a la mente una respuesta parecida, en su sentimiento y su tono, a la que dio León Felipe en París cuando le preguntaron sobre España tras la Guerra Civil: “Las cosas de España no interesan, monsieur”, todo en francés, claro.
¿Tiene esto importancia? Pues sí, la tiene. Porque, además de la justicia incumplida, los discursos vacíos y un más de lo mismo, existe el riesgo de que se instauren mundos paralelos, con el pensamiento y la acción de ellas, por un lado, y el de ellos, por otro. El mundo de los hombres bienpensantes a favor de la igualdad integradora con reserva del poder, y el de las mujeres que no aceptan que su legado y su inteligencia sean subordinados, y que desde sus nuevos lugares sociales, tienen, no obstante, la tentación de rendirse ante la tozudez de los hechos y de retirarse a un interior inexpugnable.
¿De verdad quieren contar con las mujeres para construir Europa? Pues no nos ofrezcan el espectáculo de este poder sexuado. No nos muestren fotografías tan obscenas, no nos llamen a participar en ritos intelectuales sesgados en el fondo y la forma, ni nos inviten a escuchar a quienes llevamos siglos escuchando. Y sí, desde luego que sí, también hay muchos hombres machacados.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
La democracia en España exige aprender dos idiomas como mínimo y a los españoles nos duele el bilingüismo. Por un lado están las generaciones crecidas en el franquismo, que dominan el lenguaje autoritario, y por el otro las nacidas en la democracia, que apenas balbucean el nuevo idioma. Necesitamos, entonces, desarrollar el debate público como un medio para entendernos y asentar la democracia. Esa cultura consiste en valorar el ejercicio del pluralismo, aceptar que la sociedad civil participa e influye y lograr que los partidos políticos se escuchen y acuerden.
Pensemos en el debate parlamentario sobre la Ley de Extranjería, que constituye un ejemplo de ese vacío cultural. El amplio desacuerdo de las fuerzas políticas se produjo por el empeño del Gobierno en aprobar una reforma que en su sustancia ofrece “menos de lo mismo”. La construcción de un acuerdo marco requiere evaluar los resultados del actual modelo inmigratorio, discutir los pilares de otro escenario más acorde con su calado social y trazar el camino para transitar del primero al segundo.
Lo más significativo es que todos los grupos políticos presentaron enmiendas a la ley que ponen las bases del nuevo escenario, pero no estuvieron dispuestos a aprender unos de otros. La izquierda puso el acento en la participación política de la inmigración consolidada, el derecho de voto y la reforma del Código Civil para la naturalización. Las aportaciones de CiU y del PNV se centraron en los pilares institucionales y en los requisitos sociales de la integración. El PP ofreció discutir la selección de los inmigrantes y la distribución de competencias en la Administración General del Estado. Mientras que el PSOE señaló la importancia de encajar las expectativas de los inmigrantes con el entramado social del lugar donde se instalan. Todo lo cual se resume en un modelo complejo de flujos y en discernir aquello que afianza el compromiso de los inmigrantes con el futuro del lugar donde viven.
El primer escollo para cualquier acuerdo en esta materia está en que los partidos políticos hacen un análisis superficial de los resultados electorales en zonas de alta concentración inmigrante. Su razonamiento elude el examen de las flaquezas que presenta su organización en esos lugares. Tampoco se desarrolla una reflexión rigurosa acerca de cuáles son las bases de la ideología negativa sobre la inmigración que heredamos del franquismo. Pese a ello, hubo zonas de alta densidad migratoria donde el electorado emitió un voto de integración que el continuismo político, poco a poco, va mermando.
Es cierto que el debate público sobre inmigración rebasa la discusión partidista de la ley. Pide repensar los cuatro pilares del sistema inmigratorio, es decir, los fundamentos de nuestra percepción sobre la inmigración, el modelo complejo de flujos y de gestión del trabajo y las variantes en los procesos de integración en cada contexto receptor. Y ese debate nos obliga hoy a desenmascarar la ideología del “chivo expiatorio” reconociendo que los inmigrantes no han sido los culpables de la crisis, sino los más golpeados.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
En un momento en el que demandamos más Europa y en el que la presidimos, es importante poner en la agenda política el eje mediterráneo. Un eje articulado a través de un corredor ferroviario que una Algeciras con la frontera francesa y, desde ella, al resto de Europa, conectando Murcia, Valencia y Catalunya. Una línea ferroviaria que permita el paso de trenes de pasajeros y de mercancías, y que esté bien conectada con los puertos de este litoral.
Esta reivindicación histórica de la zona del litoral occidental español requiere reconocer que Europa se está construyendo, desde un punto de vista territorial, en ejes que articulan redes. Y a la vez demanda la superación de viejas tradiciones peninsulares.
A lo largo de las últimas décadas, Europa ha sido interpretada a través de distintos conceptos espaciales, cada uno de los cuales era una representación política de ella misma. Desde el ya superado centro-periferia de los setenta hasta una representación en red de comienzos del siglo XXI, con el objetivo de entender el creciente grado de complejidad en el que se producen las relaciones espaciales en la Unión Europea.
En este sentido, buena parte de las iniciativas comunitarias tendentes a favorecer el aumento de esta complejidad y de reducir los desequilibrios territoriales están dirigidas a responder a unas realidades funcionales que en ocasiones superan las fronteras de los propios Estados y se integran en las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE), reconocidas ya en el Tratado de Maastricht de 1992 y en el resto de tratados y de otros textos básicos, siempre con el objetivo de incrementar la cohesión económica y social de la Unión.
Así aparecen los ejes de Hamburgo a Copenhague, de Londres a París y Bruselas por túnel o de Lisboa a Madrid. Sin embargo, el eje mediterráneo, a pesar de tener las condiciones y los apoyos institucionales, aún hoy no forma parte del Plan de RTE como eje prioritario.
Y aquí entra la segunda variable, la de superar esas viejas tradiciones peninsulares que desde hace decenios diseñan las infraestructuras peninsulares desde una percepción demasiado capitalina, que ve España como una rueda donde las infraestructuras son sus radios y que tiene un único centro. Es lo que tan claramente expuso Aznar en su toma de posesión en el año 2000, cuando dijo que la alta velocidad ferroviaria tendría como objetivo unir Madrid a las capitales de provincia. El concepto político, expresado a través de las infraestructuras, era nítido: había una gran ciudad y el resto eran pequeñas capitales provinciales cuyo único interés era su relación con Madrid, ninguneando la riqueza urbana del país y, por supuesto, rechazando la importancia de fortalecer nuestras conexiones con Europa.
Tal y como dijo el ministro de Fomento, José Blanco, es necesario presionar a la Comisión Europea para que se incluya este eje como prioritario en los planes de las redes transeuropeas, para que España sea también más Europa. Una Europa en red donde las distintas ciudades se conviertan en nodos de una unión más cohesionada y fortalecida.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
La democracia, con su tendencia a la polifonía, aunque haya voces que desentonan, muestra la complejidad de ciertos problemas que no se despachan con recetas simples. Así se ve en los tres que más preocupan hoy: la política hidráulica –de recia antigüedad en esta tierra de secarrales–, la inmigración (Vic) y la energía nuclear (Yebra, Ascó) –ambos de estricta novedad–.
Los tres son enrevesados, con efectos contradictorios, suscitan reacciones viscerales en quienes los padecen directamente, sobre todo en coyuntura de crisis, y se enquistan en conflictos que sólo se resolverán, si se resuelven, mediante el debate razonado, propio de una democracia deliberante. Para eso, sin embargo, los interlocutores han de tener sus posiciones claras. Y no es el caso.
El Gobierno y su partido vacilan y se dividen al abordar estas cuestiones. En lo nuclear, su actitud pragmática hoy contrasta con las promesas electorales de ayer, de un ingenuo negativismo; la inmigración hace que dos ministros (Blanco y Rubalcaba) se contradigan de medio a medio, y la cuestión del agua enfrenta a sus organizaciones territoriales.
El caso de la oposición conservadora es mucho más grave. Su discurso es un guirigay, un galimatías. El problema del agua llevará la inquina interna a los tribunales si el presidente popular de Murcia cumple su amenaza de denunciar a la secretaria general de su propio partido. El cementerio que para sí desea Yebra puede ser el de la carrera política de dicha secretaria si se obstina en ejercer una potestad disciplinaria que no posee en exclusiva. La inmigración provoca enfrentamientos dialécticos entre un sector más restrictivo y otro más permisivo del partido, ambos pendientes de su rentabilidad electoral.
Es el caso que ese desconcierto en el Partido Popular no puede resolverse por un pronunciamiento de autoridad, como es querencia de la formación, porque quien ha de ejercerla carece de ella, dada su incapacidad para entender la complejidad de las cuestiones. En el asunto de los cementerios nucleares, Rajoy dice no tener formada una opinión, lo que es asombroso en quien preside un partido inequívocamente pronuclear. En el del agua tampoco tiene criterio o sólo él lo sabe. Su insólita propuesta de reconocer a los inmigrantes ilegales el derecho a la educación y a la sanidad sin necesidad de empadronarlos, por su mera condición humana, ignora que ya los tienen por residentes, no por empadronados. El padrón, mero registro estadístico, no genera derechos, pero separar estos de aquel sí provoca dificultades administrativas innecesarias. En resumen: el presidente del PP no tiene nada que decir o, si lo dice, no sabe de qué habla.
Así las cosas, la deliberación es imposible. Afortunadamente hay más interlocutores en la sociedad civil, en especial en los medios de comunicación. Es necesario que estos aporten argumentos contrastados que ayuden a la clase política a salir de su marasmo, sobre todo los digitales, en los que hay tanta participación ciudadana. Claro que, para ello, convendría que algunos mitigaran su carácter partidista, porque no sirve de nada.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Hace unos días, un pequeño país llamado Islandia saltó de nuevo a la actualidad europea. Su presidente se había negado a refrendar el acuerdo suscrito por su Gobierno con el Reino Unido y Holanda y decidió someterlo a referéndum. Según el compromiso aprobado, Islandia tiene que abonar a ambos países 4.000 millones de euros a 15 años y al 5,5% de interés, lo que repercute aproximadamente con unos 12.000 euros en cada uno de los contribuyentes. El motivo radica en la quiebra de Icesave, banco online filial de Landsbanki –uno de los tres grandes bancos islandeses–, que se había dedicado a operar en Europa, especialmente en Gran Bretaña y Holanda. Los gobiernos de estos países tuvieron que indemnizar a los depositantes y ahora exigen a la isla del norte el pago de la deuda.
En los diez últimos años, Islandia fue el paradigma del laissez faire y llevó los principios del neoliberalismo económico al extremo: desregulación, libre circulación de capitales, privatizaciones, carencia de supervisión y control. La banca islandesa se embarcó en una descomunal expansión exterior comprando toda clase de activos financieros. Los tres grandes bancos, Glitnir, Landsbanki y Kaupthing, se declararon en quiebra; entre los tres habían acumulado una deuda de 60.000 millones de euros. Tuvieron que ser nacionalizados. El resultado ha sido terrorífico para la economía de ese país. Para percatarse de la gravedad del problema hay que considerar que Islandia es un país muy pequeño, con 300.000 habitantes y un PIB anual de 14.000 millones de euros. Es decir, que la deuda de su sistema financiero supera en cuatro veces su PIB anual.
Islandia se ha convertido en la manifestación más gráfica de las contradicciones y desatinos que componen eso que llamamos globalización. Entre las incoherencias, no es menor la de defender que los bancos y las empresas son internacionales, pero considerarlos nacionales tan pronto comienza la crisis; e incoherencia es también la desproporción que se da en algunos países pequeños entre las dimensiones del Estado y sus entidades financieras, de un gran tamaño y de las que difícilmente van a poder responder. Existe un hecho que, aunque evidente, se nos había olvidado: que el negocio bancario precisa del respaldo y de la credibilidad del Estado para subsistir. Hay estados, sin embargo, a los que, como a Islandia, les resulta difícil, por su tamaño, conceder tal garantía sin verse ellos mismos en graves dificultades.
La situación actual de Islandia es dramática. Se calcula que cada contribuyente se va a tener que hacer cargo de una deuda de 60.000 euros. Ante la gravedad de la crisis, el Parlamento ha pedido el ingreso en la Unión Europea. El mundo empresarial contempla con avidez la posibilidad de pertenecer a la Unión Monetaria. Su actual ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson, que en el pasado, desde la oposición, calificaba de espejismo la anterior etapa, no está tan seguro de que el euro sea una buena idea. Se pregunta cuál sería la situación del país si en estos momentos no hubiesen podido devaluar y practicar una política de control de cambios.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
El pasado día 18 el PP presentó su documento “Propuestas del PP para un pacto por la reforma y mejora de la educación en España”. En él se exponen, de una forma rigurosa, una serie de políticas y medidas en el marco del proceso de negociación del pacto educativo impulsado por el ministro de Educación. Pese al mencionado rigor y detalle, el texto dista de ser una buena aportación para la negociación de un pacto. En lugar de un documento de mínimos, a partir del cual seguir negociando, el PP ha desplegado su “artillería ideológica” de costumbre, sin separarse apenas de su programa electoral.
Ya en las formas de la presentación se pudo detectar cierta unilateralidad, una falta de adecuación a la corrección que se espera en la negociación de un pacto. El contenido no defrauda: la flexibilidad aparece, pero en dosis homeopáticas. Antes de entrar en detalles sobre el contenido expondré cuáles creo que son los motivos de la falta de flexibilidad. El primero, trivial, tiene que ver con los intereses electorales. “Si funciona, no lo arregles”, se debe de pensar, con más o menos acierto, en el seno del PP. Si con las medidas propuestas antes y propuestas ahora se considera que se maximizan los votos, ¿para qué cambiarlas? El segundo motivo es más insidioso. Se trata de que en el PP se asumen (incluso, probablemente, de buena fe) como verdades universales cuestiones que únicamente son aceptadas universalmente desde sus posiciones. Cito a continuación un fragmento del texto que me llamó especialmente la atención y que da buenas pistas: “Los resultados de las investigaciones, prestigiosos informes internacionales y la propia racionalidad de las cosas (sic) coinciden en señalar que…”. ¿Cuál es “la propia racionalidad de las cosas”? Más allá del exotismo de la expresión, sus consecuencias son destacables: cuando se piensa que una idea está respaldada por “la propia racionalidad de las cosas” difícilmente se va a considerar la posibilidad de cambiarla.
Para evitar la injusticia mencionaré dos aspectos en los que el documento sí introduce cambios o, al menos, matices, con respecto a posiciones anteriores. Me refiero, por una parte, a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ahora el PP renuncia a eliminar, aunque propone reformar en profundidad. Y, por otra, al énfasis en una evaluación de los centros que tome en consideración el nivel sociocultural de los usuarios y sus familias y no simplemente los resultados de los alumnos “en crudo”. Este avance conceptual merece ser reconocido.
El refuerzo del mérito y el esfuerzo, la ampliación de la libertad de elección de las familias, la autonomía de los centros, son ámbitos ya conocidos donde el documento sólo avanza anecdóticamente. La reducción de la ESO en un año (y la extensión consiguiente del Bachillerato) es únicamente una muy limitada reelaboración de los itinerarios ya implantados por el PP en la LOCE de 2002 y en el que siempre se ha insistido desde posiciones conservadoras. En conjunto, demasiada rigidez para un empeño tan trascendental como es el pacto educativo.
CARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política
Tiene sentido examinar, siquiera sólo sea de forma somera, cuál ha sido la relación de la izquierda occidental con el Estado de Israel desde el nacimiento de este en 1947-1948. Subrayemos, por lo pronto, que en inicio esa izquierda acogió con los brazos abiertos el triunfo del proyecto sionista en Palestina. Al respecto fueron decisivos, sin duda, tanto el recuerdo de lo que supuso el Holocausto como la instalación en Israel de un modelo socializante al calor, ante todo, de los kibbutzim. No se olvide, en paralelo, que en aquellos mismos años la Unión Soviética coqueteaba, también, con el Estado recién nacido.
Las cosas empezaron a cambiar en 1956 cuando, al amparo de la crisis de Suez, se hizo evidente que Israel no era un motor de cambios saludables en región tan conflictiva como Oriente Próximo, sino, antes bien, una punta de lanza, y bien afilada, de tramadas estrategias al servicio de las grandes potencias capitalistas. De resultas, llegó a su fin la luna de miel entre la izquierda occidental e Israel. A estas alturas no es preciso agregar, claro, que lo que sucedió en los decenios siguientes vino a sellar semejante ruptura. Con Israel convertido en un mamporrero regional que hacía el trabajo sucio de Estados Unidos y mantenía a raya a quienes, en el mundo árabe, se atrevían a sacar la cabeza, era difícil encontrar disculpas para la conducta de los dirigentes sionistas.
Es verdad, con todo, y demos un paso más, que con el paso del tiempo la izquierda occidental fue abandonando la que había sido durante decenios su propuesta principal en lo que hace al conflicto palestino-israelí: un Estado laico y aconfesional en el que judíos y árabes, hebreos, musulmanes y cristianos, conviviesen en paz. El violento derrotero de los acontecimientos vino a asentar de su parte, infelizmente, un franco acatamiento de la tesis de los dos Estados, uno palestino y otro israelí, como solución cabal al conflicto que nos ocupa. Importa subrayar lo que semejante opción suponía: la aceptación de facto de un Estado de carácter orgullosamente étnico, Israel, nacido de una impresentable operación de apropiación colonial acompañada de acciones de limpieza étnica.
La corriente dominante de pensamiento sostiene que, a estas alturas, el proyecto de un Estado común en Palestina carece de viabilidad en un escenario de confrontación y desencuentro. En realidad, lo que resulta inviable es la preservación del statu quo o, en su caso, una mera reforma cosmética de este que permita perfilar un Estado palestino claramente sometido a cortapisas de su soberanía. Sobran las razones, en otras palabras, para argumentar que la voluntad de porfiar en las soluciones, más aparentes que reales, que hoy se ofrecen en Palestina, no anuncia para el futuro sino nuevos sinsabores o, lo que es lo mismo, la reaparición del callejón sin salida en que nos encontramos. Claro es que la opción por un único Estado debería implicar, por fuerza, que las potencias occidentales tomen cartas en el doble asunto de poner fin a la lógica colonial que ha guiado a Israel y de resarcir al pueblo palestino por lo padecido a lo largo de seis decenios. En cualquier caso, y a tono con el título del magnífico libro de José Durán Velasco que se interesa por estas cosas, bueno será que empecemos a abrazar, también en Palestina, una visión no estatolátrica.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
Se ha criticado la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a los sin papeles apelando a razones altruistas o humanitarias, pero no se ha dicho que el propio interés de la población aconseja generalizar el empadronamiento. Me parece muy bien que se argumente a favor del reconocimiento universal de derechos humanos que deben primar sobre las circunstancias administrativas en las que se encuentre cada persona. Como también, que se defienda el derecho a la cobertura sanitaria gratuita de todos los residentes, cualquiera que sean sus papeles, su situación laboral o tributaria, en nombre de la solidaridad y de la cohesión social más elementales. Pero también debería de subrayarse que es del interés de la población oriunda de toda la vida estar bien informada de lo que ocurre en su país y atender y controlar bien la situación sanitaria del mismo, para lo que la inscripción padronal es una pieza clave.
La estimación del saldo migratorio a partir de las variaciones residenciales del padrón, realizada por el INE, es la única que ha venido informando razonablemente sobre el panorama migratorio en nuestro país, dado que la vieja serie de emigración asistida ha minimizado las entradas que masivamente se producían al margen de esta asistencia. Así, gracias al Padrón Municipal, el INE ha podido realizar con cierta solvencia el cálculo de la población residente y del saldo migratorio, al ir mejorando la estimación de las salidas, que aparecen infravaloradas en ese registro administrativo por la desidia en darse de baja de las personas que cambian de residencia. Se obtiene así una serie homogénea de datos del fenómeno migratorio que resulta imprescindible para articular con conocimiento de causa las políticas. Esta serie cuantifica la función atractora de población del resto del mundo que ha venido ejerciendo la economía española durante el pasado auge y, lo que es más importante, la dramática caída del saldo migratorio observado como consecuencia de la crisis y no tanto del éxito de los acuerdos para contener la inmigración en los países de origen, como sugería nuestro ministro del Interior. Pues hay que subrayar que la caída del saldo migratorio en 2009 no resulta tanto de la reducción de las entradas de población como, también y sobre todo, del aumento de las salidas. Las entradas registradas en 2009 rondan todavía las 480.000 personas, pero se ven compensadas por salidas cifradas en cerca de 400.000. Aunque el saldo migratorio sea pequeño, la entrada de medio millón de personas que tratan de acomodarse y trabajar en España plantea importantes demandas asociadas (de servicios de acogida, de integración social y laboral, etc.) que hay que conocer y dimensionar para el bien de la población.
Es evidente que si los inmigrantes se inscriben en el Padrón es porque ganan ciertos derechos, como la cobertura sanitaria. Negar este derecho sería dejar a toda la población expuesta a los peligros derivados de la precariedad y el descontrol sanitario de los inmigrantes. Y negar el derecho a empadronarse a los sin papeles es reflejo de una mentalidad tan oscurantista y xenófoba que tira piedras contra
su propio país.
