ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Arriesguemos ideas sobre el vaivén migratorio en tiempo de crisis. A qué obedece y quién lo protagoniza. Qué oportunidades nos brinda y cuáles nos cierra. Porque, según las estimaciones del INE sobre la evolución demográfica actual, el trasiego que aparece en 2009 tiene bastante fuste. Justo en el año en el que el desempleo extranjero ha crecido con más fuerza, los foráneos entraron y salieron de modo masivo. Eso sí, el poso que nos deja tanto movimiento, según parece, será muy escaso. En otras palabras: se han producido unos flujos formidables de entradas y salidas que han dejado un sedimento muy delgado.
Los cálculos dicen que, durante el último año, los flujos exteriores de ida y vuelta han sido abultados, pero la novedad reside en su relativo equilibrio. Nada menos que 450.000 entradas de extranjeros frente a 399.000 salidas. Estas cifras no incluyen a los inmigrantes y emigrantes españoles que también van y vienen. Pero, aunque las corrientes han sido de calibre grueso, lo que se ha desplomado ha sido el saldo neto. Entre 2002 y 2007 hemos cosechado saldos que superaban los 600.000 personas y, en sólo dos años, los hemos rebajado primero a 450.000 y por último a 50.000 personas.
Las altas de residencia llegaron a su cima en 2007 con más de 900.000 inscripciones y han caído a la mitad en 2009. Sin embargo queremos subrayar que las entradas –y ahora también las salidas– siguen teniendo una gran envergadura. Y, aunque disminuye, es muy notable el movimiento entre provincias y comunidades autónomas. Nada menos que 742.000 intercambios provinciales se estimaron el año pasado y casi 600.000 entre comunidades autónomas. ¿Todo este remolino externo e interno está agitando el fondo? ¿Altera la composición de la población foránea? Creemos que sí en el detalle porque los flujos se acoplan a la coyuntura de manera diversa según la nacionalidad y la antigüedad pero no en el conjunto.
Si en los flujos de entrada caben más mujeres, menores e inmigrantes no comunitarios, eso apuntaría hacia el arraigo. Porque el proyecto laboral y familiar de las mujeres está construido con más decisión. Por el contrario, si en las salidas resaltan los varones que estrenan residencia, eso significará que se van los trabajadores indocumentados y recientes con poca red de apoyo. Estaríamos en presencia de flujos de arrastre familiar y de ayuda laboral en un caso y de fuga de mano de obra sin anclajes en el otro. Unas son corrientes de afirmación vital y otras de frustración laboral. La hipótesis es que las mudanzas que ocurren en tiempo de tribulaciones son de naturaleza compleja y decidida.
Desde luego, sólo se trata de conjeturas esbozadas sobre una síntesis estadística. El seguimiento del movimiento real exige mejorar la coordinación entre los tres niveles de gobierno para distinguir dónde invertir en integración y dónde intervenir en el control. Pero es menester concluir que el padrón resulta crucial para que la acción pública se asiente sobre datos fiables y no sobre prejuicios. El resumen es claro: en la crisis no hay reposo migratorio sino movimientos de carácter diverso y de signo distinto.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Desde que Gaetano Mosca acuñara el concepto “clase política”, se ha manoseado tanto que parece inútil. Mosca designaba así a la elite del poder, una minoría que controla la política, por encima de los cambios de régimen, y que se perpetúa porque sabe renovarse. Una ojeada a la clase política española muestra que, en efecto, junto a las nuevas incorporaciones, mayoritarias, hay apellidos que forman parte de la elite del poder central o periférico desde el franquismo y hasta desde la República. En conjunto, sin embargo, esa clase goza de nulo prestigio ante la opinión pública, que lo más suave que suele decir de ella es que sólo se ocupa de sus asuntos y vive de espaldas a los ciudadanos.
Esta elite no hace justicia a las teóricos al estilo de Mosca, que veían en ella una minoría superior. Nadie, creo, está pidiendo que los gobernantes se ajusten a la sublime idea platónica de los filósofos reyes, pero, dado el respetable nivel cultural que afortunadamente ha alcanzado nuestra sociedad, asiste a los ciudadanos el derecho de exigir a sus políticos conductas no sólo éticamente irreprochables sino también cívicas, tolerantes y correctas.
Sin embargo el espectáculo de una clase política corroída por la corrupción, especialmente, aunque no sólo, en el orden local, cuestiona la capacidad de la democracia de defender el principio de legalidad y alimenta nostalgias autoritarias en los de siempre. Añádase que la calidad del debate público, viga maestra del sistema democrático, que adopta decisiones por deliberación, es ínfimo.
La actitud del principal partido de la oposición es intransigente, agresiva, muchas veces insultante y no pocas rayana en la injuria y la calumnia. El frecuente empleo de términos groseros y malsonantes –desde llamar “hijoputa” al adversario a afirmar que carece de padre conocido, por no mencionar gestos de vergonzosa zafiedad– dan una idea del nivel de los intervinientes que, más que patricios elitistas, parecen jayanes tabernarios.
Los topicazos, los prejuicios más bochornosos –aplicados por lo más retrógrado del país a las mujeres, los gays, los extranjeros y los oriundos de las nacionalidades llamadas “históricas”– están a la orden del día. Únicamente sobre este fondo de deterioro intelectual y bajura moral cabe entender que alguien quiera insultar a otro en público llamándolo “gallego”. ¿Por qué no “negro” o “judío” o “marica”?
El Gobierno mantiene un estilo más a la altura de la dignidad del debate político, pero flaquea en otro campo que dice muy poco de su solidez interna, claridad de ideas y determinación como elite política. En situaciones especialmente graves como la actual no es de extrañar que los gobernantes a veces titubeen. Pero es que en España, además, trasmiten una peligrosa imagen de desconcierto, con rectificaciones, desmentidos y desautorizaciones permanentes que no ayudan a consolidar la imagen del país ni permiten pensar que el Gobierno tenga firmemente empuñado el gobernalle de la nave del Estado y sepa a dónde va.
¿Qué país aspira a gobernar una clase política que ofrece este lamentable espectáculo en su conjunto?
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Resulta comprensible que Rodríguez Zapatero y otros jefes de Gobierno arremetan contra los mercados financieros. Que denuncien la enorme injusticia que significa que los estados hayan tenido que endeudarse fuertemente para arreglar el desaguisado originado por entidades financieras, grandes inversores y agencias de calificación, y que ahora sean estos mismos –agrupados en lo que eufemísticamente se llama “mercados”– los que acosen a los gobiernos y les obliguen a instrumentar políticas de ajuste que van a terminar pagando, como siempre, las clases populares y los trabajadores.
Resulta comprensible pero de una gran ingenuidad, porque, ¿dónde está escrito que la equidad y la ética sean los parámetros por los que se rija el poder económico? Aprobada la libre circulación de capitales y una vez que el poder político ha abdicado de su capacidad normativa, ¿cabe esperar otro comportamiento de los mercados financieros? Como en la fábula del escorpión y la rana, atribuida a Esopo, “está en su naturaleza”, hunden el aguijón en aquel que les ha ayudado e imponen las políticas de ajuste. Pero quizás, también como en la fábula, sus actuaciones pueden volverse en su contra. Instrumentar una política restrictiva cuando la recuperación no está consolidada va a generar un alargamiento de la crisis en el que todos saldremos perdiendo, aunque es verdad que sobre todo los trabajadores.
El discurso de los mercados es falaz y sectario porque, de existir un problema de solvencia, habría que buscar su origen en el endeudamiento exterior, que es tanto privado como público. Desde luego, en España, en mucha mayor medida privado que público. Endeudamiento generado por el comportamiento desastroso de las entidades financieras. Por ello resulta irritante que el gobernador del Banco de España se preocupe de las pensiones, del gasto público o del mercado laboral y no de reformar el sistema financiero. Son los desequilibrios en las balanzas de pagos
–originados por la entronización del liberalismo absoluto en los mercados financieros y en los de bienes y servicios– los que se encuentran como causa última de la crisis. En el plano internacional, entre EEUU y China y demás países asiáticos; en la Unión Monetaria Europea, entre Alemania y la mayoría de los otros países miembros.
En las reglas del sistema creado en Bretton Woods, la obligación de instrumentar medidas correctoras se imponía a los países con fuertes déficits en su balanza de pagos (fuese cual fuese el déficit público). Con toda lógica, Keynes propuso que la corrección se exigiese no sólo a los países deudores, sino también a los acreedores. La propuesta no prosperó, ya que fueron las tesis de EEUU, país entonces superavitario, las que prevalecieron, pero en los momentos actuales se debería retomar la propuesta dada su racionalidad. La culpa de los desequilibrios no es exclusivamente de EEUU, sino también de China y de los demás países asiáticos por la política cambiaria que aplican. La culpa no sólo es de Grecia, Portugal, Irlanda, España o Italia, sino también de Alemania, por su política económica excesivamente
restrictiva.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
Con ocasión de la acogida por España del primer preso de Guantánamo, quizás sea oportuno recordar algunos de los discursos del senador Obama, hoy presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, el relativo a la Patriot Act, de 15 de diciembre de 2005: “No tenemos que conformarnos con una legislación que sacrifique nuestras libertades o nuestra seguridad, podemos tener una legislación que garantice ambas cosas”; o el de 27 de septiembre de 2006 sobre el Habeas Corpus Amendment, en el que señalaba la paradoja de que los detenidos de Guantánamo no acusados por el Gobierno carecieran de las posibilidades de defensa de los acusados de graves crímenes. Con esos procedimientos –indicaba el senador–, una persona totalmente inocente puede ser retenida sin posibilidad de rebatir a la Administración y sin que tenga manera de probar su inocencia. Para el senador Obama, “restringir el derecho de cualquiera a impugnar su confinamiento por tiempo indefinido no nos proporcionará más seguridad. De hecho, existen evidencias recientes de que probablemente nos dará más inseguridad”.
La voluntad del presidente Obama de cerrar Guantánamo parece clara, pero lo cierto es que no ha encontrado, hasta ahora, el modo de superar las dificultades que está teniendo en su país para hacerlo. La cuestión, por otra parte, no consiste sólo en acabar con esta lacra para Estados Unidos y para el mundo, sino también en el modo en que la clausura se produce. El caso del primer preso que ha llegado a España es un buen ejemplo de lo que se puede y no se puede aceptar. Si, tal y como se ha afirmado en la prensa, no tiene causas pendientes y no está acusado de nada, ¿qué sentido tiene que no sea liberado? ¿Con qué fundamento constitucional se le va a prohibir abandonar España si lo estima oportuno?
Todos queremos el cierre de Guantánamo para acabar con el trato degradante e ilegal a que se ven sometidas las personas confinadas en esa prisión. Pero también porque quisiéramos pensar que forma parte de un pasado en vías de superación. Guantánamo es el símbolo de la iniquidad con la que actuó la Administración Bush, haciendo retroceder varios siglos a la humanidad en la conciencia penosamente adquirida de lo justo y lo injusto. Pero el cierre de la prisión no puede conducir a guantanamizar a países enteros, conduciendo a una limitación de las garantías procesales de los antiguos presos, contraria a los principios constitucionales que vinculan a los gobernantes que quieren colaborar con Obama. La solución a Guantánamo no es crear un Gran Guantánamo en cada país, en el que personas sobre las que no pesa acusación alguna se vean sometidas a restricciones en sus movimientos y no puedan traspasar las fronteras.
Nosotros hemos sufrido también el dolor y la rabia del 11-M y hemos sabido dar una respuesta digna al terrorismo, garantizando a la vez la libertad y la seguridad. Podemos ayudar a cerrar Guantánamo y contribuir a pasar esa triste página, pero nadie nos puede pedir que nos convirtamos en cómplices de la infamia.
ÓSCAR CELADOR
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Los 252 millones de euros que el Estado acaba de entregar a la Iglesia católica para financiar su sostenimiento son la consecuencia del pacto bochornoso al que llegaron el Gobierno y la jerarquía eclesiástica en 2006. Suponen una tomadura de pelo para los contribuyentes y un claro ataque a nuestro marco constitucional.
La Iglesia ha utilizado el eslogan “marcar la casilla no cuesta nada y, sin embargo, rinde mucho”, pese a que es sabido que nada en esta vida es gratis. Lo más acertado hubiera sido decir que cuesta poco si el dinero que la Iglesia ingresa por esta vía se compara, por ejemplo, con los millones de euros que reciben las escuelas concertadas católicas, o los que el Estado dedica para pagar el sueldo de los profesores de religión, los capellanes católicos que prestan sus servicios en hospitales, prisiones o fuerzas armadas, o para la conservación del patrimonio histórico y artístico en posesión de la Iglesia. Todo ello sin tener en cuenta que la Iglesia católica está exenta del pago de casi todos los impuestos previstos en nuestro sistema tributario. La Iglesia católica ha utilizado el señuelo de las ONG católicas, como Cáritas o Manos Unidas, que también son financiadas por el Estado mediante la casilla del IRPF destinadas a otros fines de interés social, o a través de subvenciones y aportaciones estatales directas, para pedir a los españoles que financien el salario de su clero.
El sistema de financiación de la Iglesia católica lesiona directamente tres artículos de la Constitución.
El hecho de que el Estado contribuya al sostenimiento de una confesión religiosa es incongruente con el mandato constitucional de que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Asimismo, los poderes públicos ignoran el principio constitucional de igualdad y no discriminación por motivos religiosos, al permitir que los católicos puedan financiar a su Iglesia con el dinero de todos; ya que aquellos que ponen la cruz en la casilla destinada a la Iglesia católica en su declaración del IRPF no pagan un impuesto extraordinario, como ocurre en Alemania, sino que Hacienda resta a los ingresos públicos totales una parte de ingresos del IRPF.
Y por último, el modelo de financiación de la Iglesia católica vulnera la obligación de que todos los españoles contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad; pues aquellos que ponen la cruz en la casilla del IRPF destinada a la Iglesia contribuyen a los gastos generales con un 0,7% menos que los demás.
Nadie discute el enorme valor que tiene la labor social de la Iglesia, y especialmente en estos tiempos de crisis; de ahí que el Estado, al igual que hace con las entidades benéficas no católicas, subvencione sus actividades y haya diseñado una política fiscal que propicia que reciban donaciones privadas.
Ahora bien, lo que es muy discutible, y además es inconstitucional, es que el sostenimiento del clero católico se sufrague a costa de la Hacienda pública.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
La agenda de las políticas contra la crisis económica ha sufrido una muy poco sutil variación en los últimos meses. Los medios de comunicación, los partidos políticos y los gobiernos han ido desplazando la discusión.
Inicialmente, la agenda incorporaba propuestas innovadoras y más o menos cercanas a un “cambio de modelo” de crecimiento. En los últimos meses hemos asistido a un retorno a la ortodoxia, con pocos matices.
A este proceso de creación de hegemonía no son ajenos determinados organismos internacionales ni, tampoco, ciertos medios de comunicación anglosajones de gran influencia (influencia potenciada por el seguidismo que caracteriza a algunos medios más cercanos).
En nuestro país aparecen varios ejemplos de la agenda anti-crisis “inicial” en la Ley de Economía Sostenible, cuyo anteproyecto se aprobó hace tres meses. Resulta ilustrativo que, incluso antes de la aprobación definitiva y el desarrollo de la Ley, algunas de sus medidas suenen poco actuales. Y digo “suenen” porque probablemente tengan tanta utilidad ahora como cuando se aprobó el anteproyecto, pero la deriva política y de opinión las ha conducido a una obsolescencia mediática. Obsolescencia programada, podríamos decir. Porque, con la debida cautela para no caer en ninguna teoría conspirativa, se aprecia cierta coordinación en el proceso.
Para resumir muy sucintamente el cambio al que me refiero, podríamos decir que la agenda reconstituida vuelve a situar al sector público, tanto sus regulaciones como su déficit y deuda, como los sospechosos habituales. Dejaron de serlo por poco tiempo.
El mercado de trabajo no deja de recibir la atención convencional en la agenda reconstituida: se demanda mayor flexibilidad (para despedir) y contención adicional de los salarios. Junto a estas medidas, aparece, como siempre, la exigencia de restringir el chocolate del loro: por ejemplo, los sueldos de altos cargos, que ni son muchos ni tienen en su mayoría sueldos realmente altos.
Cada vez se habla menos de la necesaria regulación del mercado financiero y del impulso a la productividad a través de la formación de capital humano y de I+D+i. La eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental también están en discreta retirada del foco de atención. Cuando se señala con el dedo al déficit público y a la deuda ya nos vamos olvidando de que en buena medida provienen de las sucesivas inyecciones de recursos públicos necesarias para que no se desplomara el sistema financiero.
Parece claro, y así se viene ya señalando, que las recetas de las que oímos hablar cada vez más están impulsadas justamente por los mismos intereses que han provocado la crisis financiera. No deberíamos aceptar de forma acrítica este cambio de agenda, esta hegemonía que finalmente nos conduce a una desactivación de las posibilidades de cambio real que podían entreverse (aunque fuera con cierto esfuerzo de voluntad) al principio de la crisis.
CARMEN MAGALLÓN
Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
La ignorancia siempre ha sido muy atrevida. Si además es una ignorancia que trata de descalificar aspectos de la política de igualdad relacionados con la construcción del conocimiento, el atrevimiento tiene rango de provocación. No hay espacio suficiente en el periódico para poder contestar al exabrupto que supone tildar de despilfarro el apoyo a los estudios que toman como sistema de referencia las vidas de las mujeres. Me refiero al comentario aparecido en un medio escrito en el que se afirma que “el Ministerio de Igualdad de Bibiana Aído, a través del Instituto de la Mujer, continúa dilapidando cientos de miles de euros destinados a la ‘realización de investigaciones relacionadas con estudios feministas, de las mujeres y del género’”.
¿Acaso sin estos estudios hubiéramos llegado a saber, entre otros muchos ejemplos, que el infarto de miocardio no tiene los mismos síntomas en hombres y mujeres? Pues no hubiera sido fácil, habida cuenta de los abundantes precedentes en los que sucedió algo similar a lo acontecido con la teoría sobre el desarrollo moral del niño, de
Kohlberg. Este psicólogo utilizó una muestra de 84 niños varones, a los que él y sus colaboradores siguieron durante 20 años. Las conclusiones se universalizaron. Al aplicar la escala a las niñas, se encontraba que estas obtenían puntuaciones más bajas, lo que llevaba a concluir que eran menos maduras en comparación con los niños de su edad. Carol Gilligan investigó con niñas y descubrió que las formas de razonamiento de ellas eran diferentes, lo que le llevó a cuestionar la universalidad de unos resultados ¡extraídos con una muestra sesgada!
En el siglo XXI ya no se puede ignorar que algunos grupos sociales fueron ignorados y/o maltratados por la tradición científica. Lo fueron los pertenecientes a culturas diferentes a la del hombre occidental y lo fueron las mujeres. Las preguntas a investigar, los métodos, las conclusiones, adolecieron de una mirada parcial y sesgada. Algunas ciencias, sobre todo la biología y las ciencias médicas, definieron la naturaleza de las mujeres de un modo cargado de prejuicios. Algo que todavía se arrastra hoy y que toca seguir corrigiendo.
Puesto que las concepciones y teorías científicas influyen en nuestra salud, en la forma de vivir, de ver el mundo, de relacionarnos… es importante preguntarse si son tan neutras como dicen ser, y si no es así darlo a conocer. Tras siglos de androcentrismo y sexismo, no es extraño que haya que mirar con sospecha cómo se estudian las enfermedades, cómo se interpreta la acción de las hormonas, qué se dice del cerebro de unos y otras, preguntarse por la validez de algunas afirmaciones de la ciencia, desvelar sus sesgos. No es extraño, sino necesario, preguntarse, en suma, qué y cómo se investiga.
Tomar las experiencias de las mujeres como fuente, nueva, de recursos teóricos y empíricos, ha ampliado el conocimiento, y lo ha mejorado. Y mientras esta corriente no se incorpore a la corriente principal como es debido, pese a todas las ignorancias y pese a todas las resistencias, habrá que seguir apoyándola.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista o estadístico
Qué ha ocurrido con la alardeada fortaleza de la economía española para que llegara a ponerse en duda su solvencia, incluyéndola entre los países europeos con más problemas? ¿Se trata de un complot internacional contra España que ha obligando a nuestro presidente a salir al quite? ¿No es la economía esa ciencia cuantitativa que –se supone– permite diagnosticar inequívocamente la situación de países y empresas?
El hecho de que se descubriera que el déficit presupuestario griego era más del doble del que se venía diciendo, o de que al ser intervenida Caja Castilla-La Mancha se le descubrieran cuantiosas pérdidas cuando declaraba un notable beneficio, muestra que los diagnósticos económicos distan mucho de ser inequívocos. Pues, si bien existe una disciplina –la metrología– que se ocupa de velar por el rigor de las medidas de la verdadera ciencia cuantitativa, no hay metrología económica alguna que acote los márgenes de error de los agregados contables utilizados por el análisis económico. Lo cual abre la puerta a estimaciones impunemente insolventes, sesgadas y hasta intencionadamente manipuladas. En este contexto es normal que no haya un diagnóstico inequívoco sobre la solvencia de la economía española.
Como se hizo ver por el Gobierno, la situación de la economía española no tiene nada de alarmante si se enjuicia atendiendo a la importancia del déficit presupuestario y de la deuda pública con relación al PIB. Pero no es la deuda pública sino la privada la que plantea interrogantes en España. Pues el riesgo de la economía española tiene que ver con la distinta calidad de los activos y pasivos generados durante el auge: mientras el valor de sus sobredimensionados activos inmobiliarios se derrumba con el pinchazo de la burbuja, sus pasivos exigibles se mantienen, planteando problemas de liquidez y de solvencia.
El hecho de que se hayan devaluado los activos de las empresas inmobiliarias, que estaban valorados en 385.000 millones de euros en sus balances a 31-12-08, cuando el crédito otorgado por las instituciones financieras a estas empresas ascendía a 324.000 millones de euros en septiembre de 2009, nos muestra un sector al borde de la quiebra.
Es difícil saber hasta cuándo las instituciones financieras podrán seguir sosteniendo al sector inmobiliario sin que se vean arrastradas en su caída. El gran pacto de silencio de todo lo relacionado con estas cuestiones va unido al empeño de las empresas de tasación, dependientes de cajas y bancos, en minimizar la caída de los precios inmobiliarios. Se ha divulgado a bombo y platillo que el índice oficial de precios de la vivienda elaborado a partir de esas tasaciones sólo había caído un 10% y que ya parecía tocar fondo, mientras se silenciaba que el índice de precios elaborado por Fotocasa, a partir de los anuncios, acumula una caída del 20% y sigue cayendo. Y la caída de los precios de mercado se sitúa por encima de la de los anuncios, como señalan las agencias y evidencian las subastas inmobiliarias.
Es obvio que el oscurantismo y la confusión sobre temas tan claves dilatan innecesariamente situaciones de ajuste, dando pie a males mayores.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
La cacería contra el juez Garzón disfrazada de procedimiento legal persigue tres objetivos relacionados entre sí pero de muy distinto alcance.
El de menos, a fuer de sabido y tradicional, es que se trate de la acostumbrada exhibición del pecado nacional de la envidia. Cuanto más independiente, auténtico, original o brillante sea alguien, más se empeñará la caterva de mediocres –empezando por los de su oficio– en silenciarlo y acabarlo. Gentes sin el menor relieve profesional o humano recurrirán a triquiñuelas de rábula en un procedimiento por razón de la persona a ver si acaban con quien, teniendo sus defectos, como todo ser humano, ha mostrado una audacia, integridad, agudeza de juicio y sentido de la justicia que se celebran allende pero no aquende las fronteras.
De mayor alcance es el hecho de que en esta persecución personal aparezca la larga mano del PP, que considera ahora que el breve paso del juez por el PSOE lo inhabilita para cuanto emprenda sin que adujera tal circunstancia cuando aquel instruía el caso GAL y la militancia estaba más reciente. Que Trillo, precisamente el ex ministro del Yak-42, acuse de prevaricación a Garzón prueba que no se trata sólo del juez por el juez sino de encontrar un pretexto para pedir la anulación de lo actuado en el caso Gürtel, muestra evidente del maridaje entre la delincuencia y la política de partido.
Lo más importante es el aspecto general, en el que la figura del juez mismo resulta ya del todo irrelevante porque de lo que se trata es de que los herederos ideológicos del franquismo, con la ayuda de magistrados de análoga orientación doctrinal, hagan en su persona un escarmiento para todos aquellos que crean que pueden ya por fin aclararse las responsabilidades de cada cual en los crímenes de la dictadura.
La Transición fue mansa con el franquismo y no depuró los aparatos represivos de su régimen. Al contrario, los amnistió. En sus puestos siguieron los torturadores de la Brigada Político-Social y los farsantes del Tribunal de Orden Público, que condenaban a largas penas de cárcel por delitos consistentes en ejercitar derechos fundamentales reconocidos en cualquier otro lugar, como los de asociación o expresión, por no hablar de los tribunales militares que mandaban fusilar por lo mismo. Al ver que, contra lo que cabía esperar, la democracia no los represaliaba, se crecieron y de ahí vienen los grupos parapoliciales, del Batallón Vasco Español (BVE) a los GAL, y esos jueces cuyas decisiones tratan de resucitar y legitimar la memoria de un régimen delictivo al que juraron lealtad.
Si quienes han iniciado, admitido e investigado esta agresión al juez Garzón siguen adelante con su empeño habrán blindado la iniquidad histórica de aquella dictadura cuya sórdida herencia mancillará la legitimidad de origen de la democracia, cosa que no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Y habrán conseguido también que, a los 35 años de la muerte del tirano, sus víctimas sigan en las fosas comunes de la ignominia después de que, como al campesino de la parábola de Kafka, se les cierren las puertas de la ley y la justicia.
ÓSCAR CELADOR
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
La historia de España no puede entenderse sin tener en cuenta el papel que las creencias y las convicciones han
desempeñado en su cultura y modelo político, algunas veces para bien, pero muchas otras para justificar la discordia y los conflictos entre hermanos.
Uno de estos casos es el que acaba de acontecer en Granada con ocasión de la exposición denominada Circus Christi, compuesta por 14 fotografías que ilustran la interpretación que su autor hace del Nuevo Testamento. Los protagonistas de las fotografías son homosexuales, mujeres liberales y traficantes de drogas, y a través de las mismas se recrea la vida de Jesucristo. El contexto elegido para la exposición ha sido la Universidad de Granada, un foro caracterizado por la libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. La reacción de un sector de la sociedad civil, primero amenazando directamente al autor de la exposición y, después, manifestando su profundo malestar por lo que consideran un ataque contra sus convicciones personales, ha servido para que finalmente la Universidad haya clausurado la exposición por motivos de seguridad.
La exposición fotográfica objeto de debate es una manifestación del derecho, protegido en nuestra Carta Magna, a la libertad de expresión y a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. También dice la Constitución que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, pero debe realizarse respetando los derechos y libertades fundamentales de los demás y, entre ellos, su derecho a la libertad religiosa. El equilibro entre ambos bienes jurídicos (la libertad artística y la religiosa) es muy delicado y exige que las partes sean tolerantes y hagan uso de cierta dosis de sentido común.
La exhibición puede no ser del agrado de muchos creyentes, e incluso que algunos la perciban como un ataque a sus convicciones, y probablemente por ese motivo se celebró en una sala de exposiciones de acceso libre. Ahora bien, aquellos que se sienten ofendidos deberían tener en cuenta que existen numerosas manifestaciones de sus legítimas creencias que pueden desagradar a los que no las comparten como, por ejemplo, las imágenes y el espectáculo que acompaña a las procesiones de Semana Santa, con la diferencia de que estas se desenvuelven en espacios públicos.
La convivencia y la paz social sólo es factible en un contexto de respeto mutuo, donde el dicho de Voltaire de que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, sea una realidad. Los poderes públicos tienen la obligación de salvaguardar el pluralismo ideológico y religioso, y al clausurar la exposición se ha creado un precedente muy delicado, que esperemos que no sirva para que en el futuro, al igual que se hacía en otras épocas que pensábamos que estaban felizmente superadas, haya que someter las manifestaciones artísticas a la censura previa para evitar herir la susceptibilidad de aquellos que estos días han dado un ejemplo tan grande de fanatismo e intolerancia.
