CARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política
Pocas cuestiones reflejan mejor el derrotero del mundo en que nos movemos que la relativa a unas energías renovables que están en todos los labios. El sentido común más elemental dice que, comoquiera que asistimos al agotamiento de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos, es obligado escarbar en las posibilidades que ofrecen fuentes energéticas de carácter renovable y alternativo.
Si hasta aquí nada hay que oponer, conviene prestar atención, con todo, a dos manifestaciones del debate de las renovables que ilustran que no es oro todo lo que reluce.
La primera nos dice algo importante sobre el uso que nuestros gobernantes reservan a esas fuentes de energía, presentadas siempre, sin más, como un lucrativo negocio. Una y otra vez se nos recuerda que España es un líder mundial en lo que a renovables se refiere, circunstancia que por sí sola, y al parecer, debería permitir que en un terreno relevante la competitividad de la economía ganase muchos enteros. Importa subrayar lo que esa forma de argumentar arrastra en la trastienda: ni siquiera cuando están de por medio problemas gravísimos que afectan al planeta entero –así, el cambio climático y el encarecimiento inevitable del grueso de las materias primas energéticas que empleamos– deja de primar con descaro la lógica del negocio privado, que por definición atiende a la satisfacción de objetivos e intereses particulares.
Mayor relieve corresponde, aun así, a una segunda circunstancia: la percepción dominante –con reflejo palmario, de nuevo, en las miserias que abrazan nuestros gobernantes– parece entender que el despliegue de las energías renovables debe verificarse al servicio de la preservación del modo de vida hiperconsumista y despilfarrador al que hoy nos entregamos. Lo de menos es que ese proyecto sea literalmente irrealizable, toda vez que a duras penas puede imaginarse que esas fuentes de energía permitan atender a una demanda completamente desbocada. Lo realmente significativo es, antes bien, lo que se esconde, de forma dramática, por detrás de semejante apuesta. Porque, y al cabo, lo que se quiere evitar en todo momento es una reflexión previa sobre cuáles son nuestras necesidades y cuáles los instrumentos llamados a satisfacerlas. El debate sobre las renovables reclama antes, en otras palabras, una clarificación sobre cuál es el modelo de sociedad
–despilfarradora o austera, endilgada por la producción y el consumo o privilegiadora de otros valores– al que aquellas habrán de aplicarse.
Si hay que proponer un ejemplo al respecto, ninguno mejor que el que aporta la incipiente discusión sobre el coche eléctrico. Aunque es verdad que esa modalidad de vehículo, menos contaminante, resulta moderadamente preferible –sus partidarios prefieren rehuir la discusión relativa a las exigencias que se derivan de un oneroso proceso de fabricación– a los automóviles al uso, lo primero que tenemos que preguntarnos, mal que le pese a gobernantes y empresarios, es si realmente necesitamos tantos coches como gustan de hacernos creer.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Dime cuál es la proporción de inmigrantes en situación irregular y te diré en qué tipo de sociedad vives. En otras palabras: la tasa de irregularidad es un indicador del grado de cinismo social y de ineficacia política de un país. Y el padrón ha resultado ser un testigo incómodo que revela nuestros defectos y al que se quiere callar.
La batalla contra el empadronamiento es una lucha de intereses. Se ha desarrollado en dos fases, una silenciosa y otra ruidosa. El ataque al testigo comenzó en 2003, cuando se impuso la obligación a los inmigrantes extracomunitarios de renovar su inscripción cada dos años. En esa misma reforma, se propició el acceso de la policía a los datos de extranjeros. El padrón cambió su naturaleza y pasó de instrumento de recuento de población a cámara de vigilancia para controlar a los indocumentados. Aumentaron los requisitos para inscribirse tras la regularización de 2005 y estallaron públicamente las cortapisas en las elecciones municipales de 2007 cuando las formaciones políticas xenófobas alcanzaron representación local. La sobrecarga de los servicios sociales a resultas de la crisis ha supuesto el tiro de gracia.
Ciertamente, el empadronamiento no es un hecho aséptico. No lo es para los nativos ni para los inmigrantes. Unos y otros frecuentamos el empadronamiento por conveniencia. El padrón, como todo registro administrativo, da fe de las relaciones de poder en la vida social. Por eso, los gobiernos municipales empadronan y desempadronan echando mano de la calculadora económica y electoral.
Hay quienes piensan que no empadronar reducirá la irregularidad, pero se equivocan. La irregularidad tiene sus fuentes en el insuficiente control de las entradas y en el peso de la economía sumergida. Es el producto de la inefi-
cacia política y de la cultura del empleo sin contrato. De modo que el padrón y los derechos asociados no convierten a un sedentario boliviano en un trotamundos ni obligan al empresario a darlo de alta en la Seguridad Social.
De hecho, en la crisis apenas hay empadronamientos de venideros. Los flujos de trabajadores han disminuido y los que están decididos a quedarse no se van a ir. Ahora el empadronamiento es más fidedigno y dificultarlo no va a reducir el flujo exterior, pero sí que aumentará el volumen interior de residentes invisibles que trabajan de modo intermitente y sin contrato. Si cuaja esa política, la irregularidad se enquistará y ampliará.
Todo parece indicar que en la próxima Ley de Gobierno Local se obstaculizará la inscripción de los inmigrantes aplicando una cláusula de inhabitabilidad. Probablemente la politización del empadronamiento va a desfigurar la geografía inmigrante. No se apuntarán donde vivan y trabajen, sino donde los números cuadren. Tendremos hijos de padres ausentes que trabajarán en la economía sumergida cuyo empadronamiento no coincidirá con el domicilio real.
Defender el empadronamiento de todos los inmigrantes nos obliga a regular mejor los flujos y a reducir la economía oculta para disminuir la irregularidad. Si silenciamos al testigo nos italianizaremos.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Los últimos días hemos sido testigos de cómo los mercados apostaron en contra del euro. Podríamos preguntarnos el porqué. Aparentemente, carece de lógica. Por una parte, la crisis ha tenido su origen y causa en EEUU; por otra, la balanza de pagos de la Eurozona en su conjunto está prácticamente equilibrada, y el saldo neto de activos y pasivos frente al exterior es positivo. Nada que ver con la situación de EEUU, que presenta un enorme déficit, tanto público como exterior. Y, por último, el tipo de interés fijado por el BCE es superior al establecido por la Reserva Federal. ¿Por qué entonces los mercados prefieren el dólar al euro? La respuesta es muy simple. Detrás del dólar y respondiendo de esta divisa se encuentra un Estado, EEUU, lo que no ocurre con el euro. El problema no radica en la situación económica de Grecia, o en la de Portugal, Irlanda o España, sino en la forma y en los supuestos sobre los que se ha constituido la Unión Monetaria.
Se ha querido ver en las críticas al euro los intereses de ingleses y norteamericanos empeñados en garantizar la supremacía del dólar. Es posible que tales intereses existan, pero ello por sí solo no puede invalidar lo que de acertado pueda haber en tales críticas. Antes de su constitución, el proyecto despertaba serias dudas a todo aquel que hiciese un análisis desapasionado. Se carecía de antecedentes al respecto y los casos que presentaban algún parecido –dolarización en Argentina o el Sistema Monetario Europeo– se habían saldado con un absoluto fracaso, demostrando que sin una cierta unión política resulta imposible mantener dos monedas ligadas indefinidamente.
Se ha pensado erróneamente que por el simple hecho de que todos los países miembros estuviesen sometidos a la misma política monetaria se conseguiría una convergencia en las tasas de inflación. Una vez más, la tozuda realidad se ha impuesto indicando lo contrario, con lo que unos países han perdido competitividad frente a otros, ya que la UE carece de los mecanismos compensatorios que cualquier Estado posee para reequilibrar la situación desigual de sus regiones.
El comportamiento en esta crisis de Grecia, Irlanda o España no ha sido muy distinto del de otros países, empezando por EEUU. La única diferencia radica en el corsé que ahoga a los primeros, que, además de no poder devaluar ni aplicar su propia política monetaria, tampoco pueden recibir ayudas de las instituciones de Europa (lo prohíbe el Tratado) ni del BCE. En EEUU parte del déficit y de las ayudas públicas han sido financiados por la liquidez emitida por la Reserva Federal. En Europa, no. Se ha dado la paradoja de que el BCE financiaba a los bancos y estos eran los que adquirían la deuda pública. Ante la situación creada, el presidente de la Comisión ha hablado de un gobierno económico europeo. Ciertamente es necesario, pero no hay gobierno posible si no cuenta con presupuesto y recursos propios. Sólo el que paga manda. Sin hacienda pública europea y sin mecanismos compensatorios, nunca habrá unión política, y sin unión política, difícilmente se podrá mantener la Unión Monetaria.
CARMEN MAGALLÓN
Doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Los dedos acusadores señalan de nuevo a Irán por continuar con un programa que parece encaminarse a la obtención del arma nuclear. La naturaleza inherentemente dual de la obtención de material fisil permite cierta ambigüedad, aunque la decisión de este país de incrementar el porcentaje de enriquecimiento de uranio cada vez deja menos espacio a la ambigüedad. Pero la vía de las sanciones, iniciada por Obama, es un parche para un problema cuyas raíces son más amplias y se anclan en las desastrosas políticas del pasado que fueron minando la autoridad del régimen de no proliferación. Entre otras violaciones de las obligaciones del Tratado de No Proliferación (TNP), Estados Unidos firmó un tratado con la India, que no ha firmado el TNP, para proporcionarle materiales y tecnología nuclear que le permitirán construir nuevas armas. Pakistán e Israel, ambos fuera del TNP, persiguen acuerdos similares.
Las sanciones a Irán tampoco cuentan con el consenso necesario. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Yang Jiechi, en su intervención en la reciente Conferencia de Seguridad de Munich (foro al que China asistía por primera vez), dejó bien claro que su país no las apoyaría y llamó a continuar en la vía del diálogo.
Irán es sólo un índice de un escenario general preocupante en el que mucho depende de lo que hagan los dos países poseedores del 90% de las armas nucleares, Estados Unidos y Rusia. Para la comisión internacional presidida por la japonesa Yoriko Kawaguchi y el australiano Gareth Evans, ex ministros de Asuntos Exteriores de sus países –que ha elaborado un informe explicitando los pasos necesarios para avanzar pragmáticamente hacia el desarme nuclear– la esperanza radica en que los dos grandes han declarado su disposición para avanzar hacia el desarme. Los resultados de las conversaciones reanudadas recientemente en Ginebra para renegociar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (en inglés, START), darán cuenta de si esa voluntad existe en la práctica.
Urge deslegitimar el arma nuclear y recuperar el consenso mundial. El convencimiento general de que eliminar las armas nucleares es una condición para la supervivencia colectiva está en precario. El arma nuclear fue deslegitimada desde la sabiduría individual de científicos, líderes culturales y religiosos, y desde el compromiso colectivo de organizaciones y movimientos sociales. Hoy, parte del problema es que entre la población de determinadas zonas del mundo cunde el apoyo a programas de obtención de esta bomba, seguramente porque su posesión sigue concediendo a un país un estatus privilegiado de poder en el mundo.
La encrucijada actual es lo suficientemente grave para que crezcan iniciativas diversas por el de-
sarme nuclear. Algunas, como la llamada Global Zero, presentada recientemente en París, están encabezada por líderes mundiales. Otras, como la llamada al bloqueo no-violento de la base de los Trident, en Aldermaston, Reino Unido, el próximo día 15, pueden ser el comienzo de la reactivación de una movilización ciudadana mundial, necesaria para que cunda la deslegitimación y se avance en el desarme.
JORGE CALERO
Catedrático deEconomía Aplicada
El actual debate sobre la edad de jubilación arranca de una propuesta del Gobierno que invierte una tendencia arraigada en las políticas sobre el mercado de trabajo en España, especialmente en tiempos de crisis. Me refiero a la “tradicional” contención de la población activa que sucesivos gobiernos han favorecido, por medio de dos mecanismos: por una parte, un trato muy permisivo con respecto a jubilaciones en algunos casos demasiado anticipadas y, por otra, la debilidad de las políticas que favorecen la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, específicamente a través del fomento de la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares.
Esta contención de la población activa ha sido un rasgo diferencial de las políticas laborales en España (y en otros países europeos meridionales). Su dudosa justificación se situaba en la necesidad de reducir la presión ejercida por el desempleo, que se ha movido casi siempre en cifras considerablemente mayores a la media europea.
Consecuencias de estas orientaciones son la distancia entre la edad legal y la edad real de jubilación (que está actualmente en los 63 años, pero había alcanzado los 62) y una reducida tasa de actividad femenina. Esta sólo se ha visto incrementada en los últimos años, para las generaciones más jóvenes, “gracias” a la presión de los precios de la vivienda (la necesidad de pagar la hipoteca) y a costa de una natalidad muy baja: no conviene olvidar que la tasa de fecundidad sigue en el 1,3. Todo ello por no hablar del enorme coste en términos personales para muchas mujeres y de la degradación de la calidad de vida familiar.
Probablemente resulte difícil la aplicación del retraso en la edad de jubilación; su idoneidad es, además, cuestionable. Sin embargo, la simple formulación de la propuesta indica que el Gobierno tiene presente la necesidad de revertir la política de contracción de la población activa y está dispuesto a asumir, hasta cierto punto, su coste en términos de crecimiento de las cifras de desempleo.
En esa línea, el Gobierno dispone de todo un abanico de medidas. Las más obvias se encaminan a retrasar la edad real de jubilación, acercándola algo más a la edad legal. Pero conviene también tener muy presente la potencialidad que ofrecen, en términos de incremento del número de cotizantes a la Seguridad Social, todo un conjunto de medidas que facilitan la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Mencionaré únicamente tres de ellas: en primer lugar, el incremento de los periodos de baja por maternidad y paternidad; en segundo lugar, la regulación de los horarios laborales con objeto de permitir una conciliación efectiva y no meramente formal entre la actividad laboral y familiar; y, en tercer lugar, el impulso de la oferta de plazas de educación infantil entre los cero y los seis años.
Si la continuidad de las pensiones pasa por el incremento de los periodos de cotización, en las carreras laborales de las mujeres existe una potencialidad que merece la pena tener muy en cuenta.
FRANCISCO BALAGUER CALEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
Tal y como se están desarrollando los acontecimientos, parece claro que hay algo de lo que no podrá quejarse el juez Garzón: no podrá decir que se ha lesionado el derecho que le corresponde (de acuerdo con lo que dispone el artículo 24.2 de la Constitución) “a un proceso público sin dilaciones indebidas”. Todo lo contrario, parece seguro que si es condenado (y suspendido en sus funciones por el CGPJ) lo será antes que los implicados en el caso Gürtel (si son condenados), cuya instrucción le correspondió inicialmente a él en un tiempo que nos parece ya muy lejano.
También podrá encontrar el juez algún consuelo en el hecho de que no va a ser la única persona procesada por intentar hacer su trabajo. Puede recordar el caso reciente del alcalde de Seseña. No deja de resultar chocante que quien intenta defender el interés general tenga que responder ante la Justicia mientras que no siempre se indagan los hechos que son objeto de denuncia pública o que –cuando se investigan– los procesos se prolonguen en el tiempo, sin que se vislumbre cuándo van a terminar.
Por otro lado –dicho sea también para efímero consuelo del magistrado– peor les fue, desde el punto de vista de sus derechos procesales, a los dos periodistas recientemente condenados por hechos que sucedieron en el año 2003. La sentencia no sólo llegó tarde sino que evidenció de nuevo una forma de proceder poco comprensible de la Justicia al actuar contra los que habían denunciado irregularidades, en lugar de investigar las irregularidades denunciadas.
Lo cierto es que últimamente hemos podido ver cómo se condena a nuestros periodistas por realizar su trabajo, se procesa a nuestros representantes democráticos por defender el interés público y se actúa contra nuestros jueces por atender a las legítimas peticiones de las personas que acuden a los tribunales en demanda de Justicia. Decisiones todas ellas que no se corresponden con la lógica constitucional propia de un Estado democrático de derecho.
En el caso de Garzón concurre, además, una circunstancia especialmente lamentable. Su posible condena, por haberse atrevido a iniciar un proceso contra los crímenes de la dictadura, pondrá en cuestión a nuestro país ante la comunidad jurídica internacional. El potencial simbólico que tiene la reciente personación de Falange no puede ser desdeñado, porque eleva un peldaño más la tensión que rodea a este proceso y evidencia, de nuevo, el carácter políticamente interesado de la querella y su nula sustancia jurídica.
Pese a ello, tanto el Tribunal Supremo como el CGPJ parecen decididos a avalar a los herederos más directos del franquismo convirtiendo a Garzón en la próxima víctima de la dictadura. Una posible condena de Garzón quizás saldara algunas cuentas pendientes. Pero, a cambio de la parca satisfacción que pueda proporcionar a quienes llevan años esperando ver pasar el cadáver de un enemigo, se llevaría por delante una buena parte de la confianza en la Justicia y de la credibilidad de nuestro sistema democrático.
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Los abusos sexuales a menores no pueden tener ningún tipo de cabida en una sociedad. Da igual quién sea el abusador, la víctima o las circunstancias de cada caso, la tolerancia debe ser cero. La repulsa hacia este tipo de actividades aumenta considerablemente cuando el pederasta tenía una relación de confianza con los menores o con sus familias, ya que esta situación indudablemente facilita la comisión del delito.
Pese a que la Iglesia católica viene sosteniendo que es víctima de una campaña malintencionada de desprestigio, desde finales de los años noventa no paran de aflorar denuncias contra sacerdotes y religiosos católicos que destapan casos de pederastia en seminarios, escuelas y orfanatos. Es más, cuando todavía algunos no habíamos olvidado el espectáculo deleznable de ver cómo varias diócesis estadounidenses pagaban cifras millonarias para conseguir acuerdos extrajudiciales –e incluso que muchas de ellas tuvieran que declararse en quiebra–,
el informe de la Comisión sobre Abusos a Menores irlandesa nos enseñó cuál es el alcance real del problema.
La respuesta de la Iglesia católica ante los casos de pederastia ha sido muy polémica. En la mayoría de los casos los superiores de los religiosos se limitaron a llamar la atención a los pederastas. En otros ordenaron su traslado a otros centros donde, la más de las veces, volvieron a cometer abusos. La actitud del resto de los miembros del clero que conocía los abusos también ha sido muy delicada, pues optaron por la indiferencia y el silencio. La posición institucional de la Iglesia tampoco está exenta de polémica ya que, si bien ha ordenado numerosas investigaciones internas, estas se realizaron decretando el secreto pontificio de las actuaciones en las que estuvieran involucrados sacerdotes y amenazaron con la pena de excomunión para aquellos que levantaran el secreto del sumario. El último eslabón de esta cadena de hechos dantesca lo encontramos en las recientes declaraciones del Papa Benedicto XVI, quien ha condenado públicamente y con dureza los casos de sacerdotes pederastas.
Ahora bien, ¿es suficiente con pedir perdón y lamentar los casos de pederastia? Puede que así sea en el reino de los cielos, donde el pecador que se arrepiente, confiesa y se aparta del pecado alcanzará misericordia. Decía Shakespeare que el sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a la tarea de reparar el daño hecho; pero en este caso el daño causado es irreparable, ya que estamos hablando de la inocencia y la dignidad de menores a los que se ha marcado de forma cruel y deplorable el desarrollo de su personalidad. Hay heridas que nunca se cierran, y que aunque sanen dejan cicatrices que puede que podamos ocultar a los demás, pero no a nosotros mismos. En el Estado de derecho, las disculpas, incluso las más sentidas, no tienen cabida para este tipo de atrocidades y las autoridades públicas tienen la obligación de investigar los hechos y de actuar, aplicando las penas a los criminales y a aquellos que encubrieron sus delitos. En otro caso, esta historia nunca se acabará.
CARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política
Si el derrotero de la revolución naranja ucraniana de un lustro atrás es el dato principal a la hora de evaluar qué han significado las políticas occidentales en una parte muy sensible de Europa, parece servida la conclusión de que esas políticas han sido un estrepitoso fracaso.
Y es que resulta inevitable recordar que los cinco años de presidencia de Víktor Yúschenko han sido una catástrofe en todos los terrenos. Si, por un lado, la economía ucraniana no ha acabado de levantar el vuelo, el panorama político se ha visto marcado indeleblemente por desencuentros y confrontaciones en un escenario en el que, el pasado otoño, el porcentaje de ucranianos que declaraban sentirse satisfechos con el camino asumido por su país no llegaba a un 7%.
Claro que no hay indicador mejor de la zozobra en todos los órdenes de la vida ucraniana que el hecho de que tampoco provocan ningún entusiasmo los dos dirigentes políticos que en los últimos años, y según las tesituras, han sido los rivales de Yúschenko: el recién elegido presidente Víktor Yanukóvich y la durante años primera ministra Yulia Timoshenko. Curioso se antoja, por cierto, el desencuentro permanente de unos responsables políticos –estos– que han aceptado con descaro, una y otra vez, buena parte de las propuestas de sus rivales. Ahí están, para demostrarlo, los coqueteos de Yanukóvich –adalid formal de un proyecto de acercamiento a Rusia– con la Unión Europea, como ahí están los acuerdos que, en el terreno de la energía, y con la complacencia de Putin, acabó por ultimar Timoshenko –sobre el papel, la representante señera de un programa manifiestamente prooccidental– con Moscú o el desdén con que la propia Timoshenko ha obsequiado en los últimos tiempos a una posible incorporación de Ucrania a la OTAN.
La explicación de lo anterior parece, por lo demás, sencilla: tras unos y otros, se hallan poderosos grupos empresariales que, como ha hecho Rusia en los últimos tiempos, prefieren depositar sus huevos en varios cestos y bien se guardan de marginar por completo a nadie. Tal vez esta circunstancia es explicación suficiente de por qué la mayoría de los ucranianos procuran guardar las distancias con respecto a todos sus dirigentes políticos, mientras la falta de esperanza con respecto al futuro lo inunda casi todo.
Si se trata de resumir con trazo grueso lo que ocurre en estas horas en Ucrania, nada más lógico que identificar dos contenciosos abiertos y sin expectativa de resolución. El primero es el que aporta la débil articulación de un país en el que perviven discrepancias agudas entre un occidente convertido en asiento fundamental del discurso nacionalista ucraniano y un oriente en el que las simpatías por Moscú no han remitido en los últimos dos decenios. El segundo lo configura, cómo no, la conflictiva ubicación del país, encajonado entre la Unión Europea y Rusia. Hay quien piensa que, al menos en lo que hace a este contencioso, Ucrania tiene una salida airosa: la de buscar el camino del no alineamiento en un mundo en el que, por lo demás, las tensiones no tienen, con toda evidencia, la magnitud que se registraba cuando EEUU y la URSS se hallaban inmersos en una aguda confrontación.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Que la guerra sea la continuación de la política por otros medios es archisabido; que la política sea la continuación de la guerra por otros medios, como dice Foucault, lo es mucho menos pero, a veces, igualmente cierto. Hay formas de hacer política que parecen sacadas de manuales militares de tierra arrasada. La oposición que practica el PP es de este tenor, con el inconveniente añadido de que su negativismo absoluto, su feroz intransigencia, el rechazo de todo entendimiento con el Gobierno en asuntos de relevancia externa a quien más perjudica es al país en su conjunto, a la nación, a esa España que los conservadores invocan en el interior cada vez que la menoscaban en el exterior.
Es posible que la acción del Gobierno ante la crisis haya sido espasmódica y falta de claridad y contundencia. También que Zapatero se haya echado en exceso a la derecha, asustado por las sombrías amenazas, o que no se haya echado suficientemente según los que atemorizan con ellas. Eso y más es posible, aunque no quepa negar que su tarea prioritaria es la solución de la crisis. Puede haber dado palos de ciego, pero los ha dado y ya habrá tiempo, cuando las aguas vuelvan a su cauce, de aquilatar qué ha sucedido, de establecer las responsabilidades respectivas y exigirlas en donde haga falta, especialmente en las elecciones.
Pero ahora mismo el país se enfrenta a algo parecido a una emergencia nacional. Las ironías del Financial Times sobre la “paranoia” del ministro Blanco no pueden ocultar el hecho de que la economía española lleva una semana sometida a brutales ataques especulativos en los mercados internacionales, de esos que, de haber sido otra la situación, habrían forzado una cadena de devaluaciones de la moneda, como sucedió en los años noventa. No existiendo hoy este recurso, los resultados son el alza de los tipos de interés, el encarecimiento en el servicio de la deuda y el consiguiente empobrecimiento de todos los españoles. Es decir, un mal objetivo para España en su conjunto.
En estas circunstancias no es de recibo proseguir la política de confrontación y división internas que sólo debilita al país, sino que el sentido común manda cerrar filas en defensa de los intereses colectivos. Por eso es tan edificante la actitud de CiU que, sin renunciar a sus posiciones propias, muestra encomiables formas democráticas invocando los intereses del Estado para proponer un pacto de todos en interés general. Es una cuestión de formas esencial. Y por eso también es tan deplorable la actitud del PP, que ignora que se puede mantener una oposición dura sin menoscabo del entendimiento básico en los grandes asuntos de los que depende la estabilidad del país.
La última estratagema de González Pons de cargar exclusivamente a la cuenta del presidente del Gobierno la responsabilidad por las turbulencias externas –de sustituir la nación por la figura de Zapatero– es doblemente inepta, porque magnifica a la persona al identificarla con el Estado, como si fuera Luis XIV, y porque menosprecia al Estado al reducirlo a la contingencia de una persona. Cuestión de formas.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Hay muchas razones para desear que no instalen un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en el patio trasero de tu casa. Por ejemplo, prefieres dedicar tu patio a cultivar flores. Así que, si estás en esa situación, es comprensible que prefieras que tus concejales no se apunten a la carrera por conseguir el ATC, por la misma razón que te opondrías a la instalación de una batería de aerogeneradores: no quieres que te alteren el entorno. Y si lo hacen, tienes derecho a negociar compensaciones. También puedes oponerte al almacén de residuos porque crees que es altamente peligroso, o simplemente porque eres antinuclear. Las tres opciones son legítimas, aunque la más racional es la primera (sopesar las compensaciones, con información adecuada). La segunda se basa en información, en mi opinión, errónea; y la tercera es inconsistente: si eres antinuclear deberías ayudar a resolver el problema del almacenamiento de residuos.
Estas reflexiones deben haber sido muy comunes entre los vecinos de los municipios que se han planteado presentar su candidatura para acoger el ATC. Todos los que han participado en el proceso merecen respeto. En esto España ha mejorado mucho. Durante años ha sido imposible dar una respuesta adecuada al problema del almacenamiento de los residuos de las centrales nucleares y en cambio ahora, por primera vez, se vislumbra una solución eficiente, segura y consensuada. Sin embargo, aún quedan rastros de irracionalidad en el proceso de decisión colectiva sobre estos temas.
En primer lugar, hay un conflicto entre la política de compensaciones económicas y la gestión correcta de la información científica para hacerla accesible a los ciudadanos. Ciertamente las compensaciones pueden ayudar a que se tomen decisiones con criterios racionales. Pero también contribuyen a complicar la situación. El argumento más obvio reza así: a falta de otra información, si las compensaciones son tan altas debe ser que el riesgo que se asume es muy serio. Sin embargo, esto no es cierto: la probabilidad de que el ATC cause la muerte de una persona por contaminación radiactiva es, sin duda, menor que la de que esa persona muera atropellada por un tractor agrícola. La importancia de las compensaciones no tiene nada que ver con la gravedad del riesgo real, sino con el riesgo imaginado, que es muy alto precisamente porque no se utiliza de forma adecuada la información científica relevante.
En segundo lugar, resulta impresentable la frivolidad con la que casi todas las fuerzas políticas han afrontado este proceso. Partidos que defienden la energía nuclear amenazan a sus ediles si participan en un concurso abierto que esos mismos partidos reclamaron que se pusiera en marcha. Presidentes de comunidad autónoma, relevantes personalidades del partido gobernante, que podrían alardear de estar contribuyendo a solventar un problema importante para toda España, aducen ahora cuotas de solidaridad territorial (solidaridad ¿frente a qué?) para escurrir el bulto.
Tenemos derecho a rechazar un ATC en nuestro patio trasero, pero por favor, que sea sin hipocresía, con buenas maneras, información adecuada y razones dignas.
