Luis Matías López
El 14 de diciembre de 2008, el periodista iraquí Muntazer al Zaidi lanzó durante una conferencia de prensa en Bagdad sus dos zapatos contra George Bush al grito de “¡Éste es tu beso de despedida, perro!”. El presidente no fue alcanzado. Pese a ser Irak por entonces un país ocupado por más de 100.000 soldados norteamericanos, con un Gobierno casi títere y sometido a EE UU, la condena inicial a tres años por “asalto a un jefe de Estado” fue reducida a un año por “insulto a un líder extranjero”. Al Zaidi fue liberado tras cumplir sólo nueve meses de prisión, denunciando torturas durante el encarcelamiento y convertido en un héroe para buena parte de sus compatriotas.
El 22 de febrero de 2010, Hokman Joma, sirio de la minoría kurda en situación irregular en España, al grito de “¡Viva el Kurdistán, ladrón y asesino!”, lanzó un zapato contra el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuando salía del Ayuntamiento de Sevilla. Tampoco le alcanzó. Cuatro meses más tarde, fue condenado a tres años de cárcel y una
multa de 408 euros por un delito “contra la comunidad internacional en su modalidad de atentado”. Han pasado dos años largos y sigue en la cárcel, casi olvidado.
Los propios tribunales que se pronunciaron sobre el caso admitieron que la condena no guardaba proporción con el delito, pero que se veían obligados a imponer la pena mínima permitida por la ley. Quedaban dos opciones: la expulsión del país y el indulto. La primera fue rechazada por Joma, que alegó que su vida no valdría nada si era entregado a Siria,
pese a que a´ñun no se había producido el estallido de violencia que hoy desangra al país. La segunda, a la vista está, tampoco ha cuajado, y no es descabellado sospechar que en el Gobierno de Zapatero pesó menos la vocación humanitaria y el deseo de corregir un desajuste legal que el deseo de no molestar a Erdogan, su socio en la insustancial Alianza de las
Civilizaciones.
Según un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de hace un año, el 77,4% de los ciudadanos estaba poco o nada de acuerdo con la afirmación de que “la Justicia trata por igual a ricos o pobres”. El caso de Hokman Joma, resulta ilustrativo: juzgado y condenado con gran celeridad, sigue en la cárcel, en aplicación estricta de la ley y para descrédito de ésta.
Rajoy tiene la oportunidad de enmendar la plana a Zapatero y, de paso, con el indulto, ponerse una medalla de progresismo como la que se ha colgado al rebajar el sueldo a altos directivos de entidades financieras cuya desastrosa gestión, en la que la ley no halla por ciertos indicios de delito, ha exigido la aportación de cuantiosas ayudas públicas y ha contribuido a la ruina del país.
Cada día que Joma pasa en la cárcel es un gramo más en el platillo de la balanza del despropósito, y una prueba flagrante de que el zapato de un kurdo en España cuesta más caro que los dos de un iraquí en Bagdad.
Pere Vilanova
Catedrático de Ciencia Política
Esta pronunciada crisis internacional esta poniendo a prueba algunas de las principales variables de nuestros sistemas de gobierno y de paso –en ocasiones– nuestra capacidad de sorpresa. Es bien sabido que en dos años, en suelo europeo, la crisis ha confirmado la tendencia de que si hay elecciones, el electorado le endosa la factura de todos los males al Gobierno y lo manda a casa. Bueno, a la oposición. Las excepciones a esta regla han sido bien escasas, y se ha reforzado la tendencia de que, además, Europa se ha teñido de gobiernos conservadores, con partidos de centro derecha o de derecha sólidamente refrendados en las urnas. Pero la crisis también ha abierto variantes nuevas: la “vía italiana” al Gobierno técnico, sin que nadie en su sano juicio pueda echar de menos a Berlusconi. Tampoco sabemos muy bien por qué, dentro de los países más castigados, en algunos casos la resistencia social y en la calle puede llegar a cotas dramáticas (Grecia), y en otros con dificultades similares, las protestas tienen un perfil mucho más bajo o nulo (Irlanda, Portugal).
Pero ahora entramos en una nueva variable: ¿qué harán los electores con Merkozy? Es cierto que le toca muy pronto a Sarkozy, y sólo a un año vista a Merkel. Al primero las encuestas le son desfavorables, podría verse sujeto a la tendencia general (el Gobierno, a la calle), pero con el peculiar sistema electoral francés a doble vuelta, no es seguro que la victoria del socialista Hollande sea tan obvia. Depende, por ejemplo, de la transferencia de votos de los electores cuyos candidatos se quedan por el camino, y sobre todo del Frente Nacional de Le Pen. Y Merkel, que ciertamente ha perdido varias elecciones regionales seguidas, no es seguro que tenga ante sí un adversario de talla, pues es mucho más popular en Alemania de lo que pensamos aquí fuera. Su problema a corto plazo es el desplome total de su obligado socio de Gobierno, el Partido Liberal. Queda por ver si las dos “locomotoras” de la Unión Europea (de hecho una y media: Francia no acaba de dar la talla) padecerán sus elecciones como el común de los demás mortales.
Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
Con las críticas a las resoluciones judiciales ocurre como con las críticas a la Constitución: nuestro ordenamiento jurídico las avala como algo inherente a la propia condición democrática del sistema. Buena prueba de ello son, en relación con la Carta Magna, la existencia de procedimientos de reforma que abren las posibilidades de cambio impulsadas por las críticas a los preceptos constitucionales. Es algo que ya sabemos desde Kelsen: los sistemas normativos dinámicos (como ocurre con el Derecho) no predeterminan los contenidos de sus normas fundamentales, sino tan sólo los procedimientos a través de los cuales se establecen esos contenidos.
Por lo que se refiere a las decisiones judiciales, son manifestación de esa apertura a la crítica instituciones tales como el voto particular, que hace posible la discrepancia interna con la resolución emitida y que incorpora el germen de formulaciones doctrinales diferentes en futuras sentencias o autos. También lo es el sistema de recursos, que permite plantear de nuevo ante otras instancias algunas de las cuestiones decididas. Esto vale igualmente para el Tribunal Supremo, mediante los recursos que se pueden promover ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Si esas opiniones discrepantes son posibles dentro del tribunal o pueden dar lugar a la interposición de recursos es porque también en el debate público se pueden exponer opiniones contrarias a las decisiones judiciales que, entre otras cosas, sean susceptibles de inspirar posteriores recursos o cambios legislativos que eviten situaciones percibidas como injustas por la sociedad. Estamos hablando, obviamente, de críticas razonadas y argumentadas como las que se han expuesto de manera reiterada en Público y en otros medios de comunicación, en España y en otros países, por juristas que han señalado las debilidades y contradicciones de las recientes decisiones de nuestro Tribunal Supremo en relación con el juez Garzón.
La legitimación de la Justicia en una sociedad democrática depende esencialmente de sus argumentos y sus razones. La Justicia de nuestra época ya no es sagrada.
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Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
Acaba de distribuirse el Informe de 2011 sobre la Evolución del Racismo y la Xenofobia en España. Es el análisis de la IV encuesta sobre “Actitudes hacia la inmigración” que levantó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en septiembre de 2010 por encargo del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). La muestra es extensa, pues está compuesta por 2.800 personas esparcidas por 283 municipios.
Dado que no hay elecciones a la vista es un buen momento para pensar en qué espacio se le concede a un partido político racista o xenófobo. La buena noticia es que siete de cada diez entrevistados le auguran poco o ningún éxito. Casi un 40% piensa que tendría poco que hacer y un 30% que no tendría nada que hacer. Pero, aparentemente, la mala noticia es que uno de cada cinco cree que tendría bastante o mucha acogida. En otras palabras, que tendría un éxito similar al de la Liga Norte en Italia, el Partido por la Libertad en Holanda o los Auténticos Fineses en Finlandia. Piense el lector que en los éxitos de estos partidos se mezclan reacciones nacionalistas y antieuropeas, islamofobia, hastío por los partidos tradicionales y también xenofobia. En síntesis, una amalgama de miedos.
Lo interesante es el perfil de ese 20% que le augura éxito a un partido racista. Se trata de adultos entre 30 y 50 años, profesionales medios, ideológicamente de izquierdas, no creyentes y de clase media alta. Los autores del informe constatan que esos rasgos no se corresponden con los atributos de los “reacios” a la inmigración que, más bien, son personas mayores, con escasos estudios y que se sitúan en la derecha ideológica. ¿Entonces, quiénes son estos “racistas”? Una explicación es la teoría del converso, y otra, es la teoría del sociólogo camuflado.
La explicación de ese perfil tan a contracorriente es que no se trata de racistas. Lo más razonable es pensar que son personas informadas que responden a la encuesta no por ellos mismos, sino adoptando el papel de sociólogos camuflados que detectan un malestar latente. Porque ese no es el electorado de un partido racista en España, ni en proporción, ni por lo que hace a sus rasgos. No es racista ni racismo todo lo que parece.
Carme Miralles-Guasch
Profesora de Geografía Urbana
Por un lado nos dicen que el Ministerio de Fomento tiene un déficit heredado de 40.000 millones y por el otro que se tiene que reivindicar un túnel de 40 km en la zona central de los Pirineos que costará –según estimaciones, pues la ministra no se ha atrevido a dar una cifra– 6.000 millones. Las razones aluden a la simetría territorial como un valor universal: todos los territorios tienen que tener la misma proporción de infraestructuras. Sean estas viables o no, las necesiten o no y, además, da igual lo que cuesten, pues para construir sí parece que hay dinero o si no que pague Europa. Otra vez más de lo mismo, parece que ni las crisis pueden detener el mantra: la construcción por la construcción, la construcción sinónimo de riqueza y de crecimiento.
La geografía nos ha proporcionado dos pasos naturales para atravesar los Pirineos, uno en su parte mediterránea y otra en la atlántica. Y si la red de infraestructuras interior fuera lógica y se relacionara con los territorios más exportadores, estos dos pasos tendrían que proporcionar la suficiente capacidad para que todas nuestras exportaciones pudieran pasar de forma rápida hacia el resto de Europa. Esto es lo que nos tiene que proporcionar los pasos traspirenaicos y además con el esfuerzo económico de construcción mínimo. Y esto es lo que entendieron en Europa hace sólo unos meses, cuando la Comisión Europea ofreció ayuda para cinco proyectos ferroviarios españoles, como parte de la Red Básica transeuropea, que tienen el objetivo de conectar los principales polos productivos europeos. Ahora, unos meses después, España, un país serio, como le gusta decir al presidente del Gobierno, les dirá a los europeos que nosotros con dos pasos transfronterizos no tenemos suficiente, que queremos tres, aunque los dos primeros no los hayamos puesto aún en funcionamiento. Pues lo que nos importa es la simetría, el dibujo.
¿Qué cuánto vale y de dónde vamos a sacar el dinero?. Una nimiedad, podemos pedirlo a los mercados aunque nos pidan unos réditos impagables o mejor aún lo quitamos de las nóminas de los funcionarios, rebajamos la calidad de la sanidad pública y de la educación. Y si aun así no tenemos suficiente dinero siempre podemos rebajar las pensiones. En eso la simetría no cuenta.
Carmen Magallón
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Un grupo de organizaciones feministas de Málaga, entre las que está la Plataforma contra los Malos Tratos Violencia Cero, inició el movimiento marea violeta que se ha extendido por todo el país. El pasado día 10, bajo el lema “Ni un paso atrás en políticas de igualdad”, mujeres de más de 50 ciudades mostraron su “absoluto rechazo a todo retroceso y recorte en materia de igualdad entre mujeres y hombres” y reclamaron “el cumplimiento de todas las leyes que favorecen la igualdad y los derechos de las mujeres, incluida la Ley de Salud Sexual y Reproductiva”.
Si todos los recortes son preocupantes, estos lo son especialmente. Y también la discontinuidad de las políticas. Además del retroceso en derechos de las mujeres, que puede conllevar la modificación de las leyes existentes, pensemos en una de las derivaciones más nefastas de la histórica desigualdad entre los sexos: la violencia que viven tantas mujeres en su cotidianidad –más de 70 muertas el año pasado–. ¿Habremos de hablar de terrorismo contra las mujeres para que el problema se trate debidamente? Pues aun siendo asunto controvertido nadie se ha atrevido a dar pasos atrás en las políticas antiterroristas: los sucesivos gobiernos, para actuar con la continuidad y coherencia social que el problema merecía, dirigieron sus esfuerzos a lograr pactos entre las diversas fuerzas políticas. Por el contrario, vemos cómo las muertas por el machismo, y las políticas que han de enfrentarlas –a saber: las políticas de igualdad entre los sexos–, siguen siendo objeto de una lucha ideológica que no se compadece con la persistencia de las conductas y la letalidad de los hechos.
Marea violeta se rebela ante este retroceso e incoherencia social, denunciando la reducción de los presupuestos destinados a la igualdad; el desmantelamiento de los institutos de la mujer, la eliminación de subvenciones para los centros municipales de orientación, asesorías jurídicas, casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, y tantos otros servicios. Lo nefasto de las priorizaciones económicas y las batallas ideológicas de sabor patriarcal es que, como sucede en otras geografías y culturas, siempre se acaban librando a costa del cuerpo y la vida de las mujeres.
Óscar Celador
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
La Conferencia Episcopal ha anunciado que el Estado debe entregarle 248,3 millones de euros, gracias a la indicación que en ese sentido hicieron los contribuyentes en la declaración de la renta de 2011. La jerarquía católica ha destacado con cierto regocijo dos datos, que el número de declarantes que marcaron su casilla en la declaración del IRPF de 2011 se ha incrementado en casi 200.000 personas con respecto a 2010, y que este año recibirá menos dinero que el año pasado porque se han reducido los ingresos del Estado vía IRPF. Sin embargo, la jerarquía católica ha olvidado destacar otros dos datos que son muy relevantes, y es que el dinero que recibe por esta vía no proviene del bolsillo de los católicos sino del de todos los españoles pues deriva de un impuesto; y que sólo el 35,71% de los declarantes señalaron su casilla o, lo que es lo mismo, que casi el 65% de los declarantes ha decidido no financiarle.
Algunas explicaciones de esta estadística podrían ser que la mayoría de los contribuyentes prefieren que el Estado se gaste sus impuestos en cosas más importantes; o bien que a los españoles no les gusta que les engañen diciéndoles que con una parte de sus impuestos pueden financiar la obra social de la Iglesia católica, cuando en realidad se dedican a pagar el salario del clero. Tampoco han faltado los dirigentes políticos despistados que han denunciado que la financiación de la Iglesia católica es ordenada por un concordato o un tratado internacional, cuando esta es la consecuencia del acuerdo al que llegaron un Gobierno socialista y la Iglesia católica en 2006, que se plasmó en la Ley de Presupuestos Generales para 2007.
Así las cosas, puede que la Iglesia católica esté frotándose las manos ya que, pese a que sus líderes descalificaron en numerosas ocasiones al anterior Gobierno, este le concedió el mejor modelo de financiación del que ha disfrutado en democracia, y desde luego el actual Gobierno no parece que vaya a tocar este asunto. Sin embargo, la financiación con dinero público de la Iglesia católica también puede tener otra lectura: ¿qué mérito tiene una Iglesia que ha de ser financiada por el Estado porque sus teóricos fieles no la quieren financiar?
Jorge Calero
Catedrático de Economía Aplicada
Hace unos días, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Wert, anunció la intención del Gobierno de reformar el sistema de becas y ayudas, al menos en el nivel de la educación superior, con objeto de vincularlas al rendimiento académico del alumno. Expuso, como una crítica al sistema actual, que “un alumno de Secundaria con una nota de un cinco puede acceder a una beca universitaria”.
En mi opinión, una reforma en esa línea supondría una involución muy considerable en un instrumento especialmente sensible de la política educativa. El Gobierno debería considerar cuidadosamente sus nefastas implicaciones en dos campos: primero, en el de la igualdad de oportunidades, que debería ser crucial también para quien (supuestamente) valora la meritocracia como un buen pilar de la legitimidad social. Y, segundo, en el de las necesidades de formación de capital humano que tienen las sociedades avanzadas.
Algo importante que debería tenerse en cuenta antes de implementar una reforma de este tipo es que ya existen controles del rendimiento académico a la hora de obtener y mantener una beca. Estos controles no exigen la “excelencia” a la que parece apuntar el ministro Wert: efectivamente, con aprobar es suficiente. Algo que no debería sorprender en un sistema que busca remover barreras económicas que dificultan el acceso a una universidad que ya es de masas. Recordemos que el objetivo de la Unión Europea para 2020 en este campo, ya cumplido en el caso español, consiste en que al menos un 40% de la población entre 30 y 34 años haya obtenido una titulación de educación superior. Hacer compatible la democratización del acceso que exige esa educación superior de masas con criterios muy basados en la “excelencia” parece inviable. Más juicioso parecería dar énfasis a las becas en la Educación Secundaria postobli-
gatoria (Bachillerato y ciclos formativos de grado medio), tomando como ejemplo el programa Beca 6000 de la Junta de Andalucía.
El cambio de criterios hacia una supuesta búsqueda de la “excelencia” supone una involución hacia los objetivos que tenía el sistema de becas antes de la reforma que, en 1983, estableció el modelo actual. Una involución cargada de un elitismo que nuestra educación superior ya no se puede permitir.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La dureza con que la troika está tratando a Grecia al aplazar al lunes la decisión sobre la segunda parte del rescate se justifica echando mano de la experiencia. Se observa que los griegos se resisten a aplicar las medidas necesarias, más bien al contrario, las orillan o simplemente las falsean. Es decir, según este criterio, “no son de fiar”.
Algo parecido pasa con España. Las contradicciones y las ambigüedades del Gobierno acerca de la exacta magnitud del déficit explican que se difundiera el rumor de que había inflado su cuantía para apuntarse un falso triunfo al reducirlo. La Comisión Europea ha mostrado que España incumple seis de diez indicadores macroeconómicos que apuntan a desequilibrios “excesivos” que todo el mundo conoce: la balanza por cuenta corriente, las posiciones netas de inversiones internacionales, la cuota del mercado exportador, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo. Y, en esas condiciones, toda dilación es peligrosa, cuando no suicida. Siempre desde la perspectiva neoliberal, que es la única que se aplica.
La Comisión no quiere dejar un respiro al Gobierno, del que sospecha que pueda incurrir en marrullerías al estilo griego. Tampoco está dispuesta a renegociar una relajación del objetivo de reducción del déficit del 4,4% del PIB para 2012, ya que esta cantidad es la única real entre la confusión de las otras.
Es comprensible que el ministro de Hacienda sea reacio a presentar unas cuentas públicas que sin duda serán dolorosas. Pero no puede olvidarse que la crisis de la deuda soberana es una crisis de confianza y, aunque España haya salido bien parada en los recientes mercados de la deuda, esa situación puede cambiar de la noche a la mañana. Basta con que se difunda la noticia de que el Gobierno no presentará los presupuestos hasta fines de marzo, en una situación de incertidumbre que puede provocar una nueva escalada de ataques especulativos contra la deuda española y poner al país en una situación “griega”.
La táctica de no especificar las verdaderas intenciones y mantener la confusión en cuanto a las medidas previstas suele dar buen resultado cuando se está en la oposición, pero puede ser catastrófica cuando se está en el Gobierno.
Juan Francisco Martín Seco
Economista
El Gobierno anuncia que va a limitar las retribuciones de los ejecutivos de las entidades financieras que han recibido o van a recibir ayudas públicas. Resulta curioso que después de siete años de Gobierno socialista hayamos tenido que esperar a que el PP alcance el poder para que se acometa tal medida. Bien es verdad que a muchos les gustaría ver limitado su sueldo en esa cuantía, 600.000 euros al año, cien millones de las antiguas pesetas. Es un claro indicador de lo que ingresan aquellos a los que no se les limitan sus haberes porque en teoría no reciben ayudas públicas, ejecutivos, consejeros, etc., del resto de las entidades financieras y grandes empresas. Digo en teoría porque hay muchas formas de que los recursos públicos se orienten al sector privado. Guindos ha afirmado reiteradamente que la reforma financiera que propone no utilizará dinero de los contribuyentes, y basa su afirmación en que no va a afectar al déficit público, pero una cosa es el déficit con su casuística talmúdica de Bruselas y otra, muy distinta, la deuda y el tesoro público.
¿De dónde va a salir la ampliación del capital del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y su endeudamiento?, ¿se va a recuperar este dinero?, ¿acaso no constituye una ayuda a todas las entidades financieras haber implantado un tipo reducido en el IVA a la vivienda? Su finalidad no es abaratar el precio de las casas –no se ha reducido la carga fiscal para las de segunda mano–, sino facilitar que las entidades financieras vendan las que tienen en stock. ¿Y no constituye una ayuda pública, y de enorme envergadura, el régimen fiscal del que disfrutan las entidades que han invertido en el extranjero, hasta el punto de que muchas de ellas apenas contribuyen por el Impuesto de Sociedades? Todo lo que afecta a estas empresas es un asunto público. Ciertos sueldos son impúdicos, tanto si reciben, como si no, sus empresas ayudas directas. No hay mercado ni ley económica que pueda justificarlos. Una sociedad que los permite es una sociedad enferma. Se dirá que al ser compañías privadas, el Gobierno no puede limitarlos. Sí que puede, sólo necesita, por ejemplo, establecer en estos escalones de renta del IRPF un tipo marginal tan alto como sea preciso.
