Simplificada al máximo, la ecuación sobre cómo reducir el déficit presenta cuatro combinaciones posibles y un dilema para los gobiernos. Las combinaciones son el resultado de incrementar o reducir alternativamente impuestos y gasto público. El dilema supone que al intentar reducir el déficit mediante recortes del gasto público o la subida de impuestos se puede limitar el crecimiento al tener un efecto recesivo sobre la demanda agregada.

A pesar de ello, la combinación más extendida en la zona euro es la compuesta por una subida de impuestos y una reducción del gasto público. El diagnóstico generalizado, incluso por instituciones tan poco sospechosas de cuestionar el rigor fiscal como el Fondo Monetario Internacional, es que esta combinación puede agravar la situación económica al deprimir aún más el consumo privado. En palabras de su directora gerente, la reducción de la deuda pública es un maratón y no un sprint.

¿Qué elegir entonces? La alternativa menos mala en opinión de economistas como Alberto Alesina es evitar la subida de impuestos y concentrar la reducción del déficit exclusivamente en programas de adelgazamiento del gasto público. Tras revisar los programas de ajuste de los últimos 40 años en países de la OCDE, concluye que esa alternativa ha generado incluso crecimiento económico cuando se acompaña de un profundo proceso de liberalización. Además, se ha encontrado evidencia empírica de que los gobiernos que asumen esta tarea de reducción del gasto público no son castigados en las urnas más que aquellos que no realizan estos ajustes.

Pero esta receta tiene algún problema de causalidad. De manera que con los mismos resultados históricos se podría cambiar el sentido de la argumentación y señalar que la reducción del gasto público no impulsa el crecimiento, sino que este puede hacer reducir el gasto público debido, por ejemplo, a un menor peso de las transferencias sociales por desempleo. También, invirtiendo la causalidad, serían los gobiernos fuertes (léase tecnócratas, con mayoría parlamentaria, apoyo de los agentes sociales y económicos o con una oposición débil) aquellos que precisamente ponen en marcha estas medidas de austeridad. En definitiva, el ciclo virtuoso en economía es difícil de medir.

Un medio de comunicación no hostil a los sindicatos titulaba: “La plantilla de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) vota a favor de reventar el congreso estrella de Barcelona”, es decir, el congreso mundial de telefonía móvil a celebrar a final de mes. Quizá la palabra “reventar” parezca excesiva, pero es clara y transparente. No sabemos si eso sucederá, pero la hipótesis plantea con agudeza una de las perversidades de la actual crisis económica/financiera y sus consecuencias sociales. ¿Por qué?

Por un lado, los trabajadores afectados (los del metro y los autobuses) tienen motivos para protestar, y según la tradición, si consideran que no hay espíritu negociador, o ni siquiera interlocución, van a la huelga. Con ello, piensan, van a presionar a la otra parte –en este caso al ayuntamiento de la ciudad–, que considerará que cualquier concesión es poca con tal de evitar el desastre. Pero quien firma estas líneas recuerda una huelga de transporte público en Madrid hace menos de dos años, y en dos días la inmensa mayoría de madrileños de a pie estaban indignados con… los sindicatos, y alguno de los mayoritarios se apresuró a distanciarse de la huelga.

La trampa es esta, y la crisis actual incrementa más aun la distorsión óptica: la huelga tomará literalmente como rehenes a la totalidad de la población trabajadora de la ciudad, congresista de telefonía de más o de menos, y como tal la percibirá la gente y la repercutirán los medios de comunicación. Porque las huelgas de sectores en las que el instrumento para la presión no es “la otra parte”, sino la gente, ponen a los propios sindicatos en una situación imposible. Lo que el contexto de la Crisis (con mayúscula) aporta es “cuidado, Europa nos vigila, sino hacemos los deberes, etc.”, es decir, no hagan olas. Pero sin crisis o con menos crisis, lo cierto es que el uso de ese tipo de huelga se encuadra en un estado de opinión colectivo en el que sucesivas encuestas sitúan a los sindicatos en la parte baja de la valoración ciudadana, junto a los partidos políticos.

La historia es injusta: está convirtiendo a los sindicatos, y por extensión a los trabajadores que tienen un trabajo, en “sospechosos habituales”.

La muerte de dos extranjeros en centros de internamiento no ha prendido la alarma ciudadana. Lo cual sugiere que se ha producido un apagón migratorio. Es decir, una rebaja de la tensión y de la atención social en torno a la inmigración. Esta pérdida de relevancia pública, en medio de la crisis, se explica por tres motivos: el decaimiento institucional, la descentralización política y, por último, el síntoma del agujero estadístico.

El Gobierno ha disminuido el rango político de las migraciones y, si bien mantiene las competencias en el Ministerio de Trabajo, lo cierto es que ha empobrecido su estatus. La Secretaría de Estado es ahora una Secretaría General y las tres direcciones generales anteriores han quedado reducidas a una sola. Con esta base parece claro que serán los gobiernos autonómicos y municipales los que impulsarán distintas dinámicas de encaje social, participación cívica y respeto cultural. En suma, tendremos diferentes modelos de inserción.

El reglamento vigente descarga las competencias de integración en los niveles de gobierno más próximos a los ciudadanos. Ayuntamientos y autonomías se responsabilizan de los informes de arraigo y de los permisos iniciales de trabajo, de modo que son ellos los que van a diseñar los espacios de convivencia. Si el modelo de integración enaltece lo cotidiano sobre lo excepcional, se facilitarán la comunicación y el mestizaje, pero si se generaliza lo que sólo es un caso, entonces, la respuesta, cualquiera que fuere, se convertirá en un agravio comunitario.

Por fin, y dada la dificultad de coordinación y de cooperación de los gobiernos locales y regionales, hay riesgo de que empeore la calidad de los datos administrativos. Dificultar el empadronamiento ha sentado un mal precedente. Además, el coste económico de las estadísticas hará que algunas desaparezcan con el consiguiente apagón informativo a la hora de analizar cómo evoluciona su asentamiento. Llevamos dos años de intensas entradas y salidas así que urge saber quiénes se mueven y no sólo cuántos lo hacen. Porque ahora los indicadores más preciados serán los que midan los avances y retrocesos en la integración de las dos generaciones que ya constituyen esta sociedad.

El titular del Ministerio de Educación ha anunciado la intención del Gobierno de rediseñar la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, que pasará a denominarse Educación Cívica y Constitucional, para evitar el carácter polémico y el adoctrinamiento ideológico que, en su opinión, esta tiene.

La argumentación del ministro no es coherente por dos motivos. Primero, en 2009 el Tribunal Supremo estableció, por una amplia mayoría de 22 votos a favor y siete en contra, que los contenidos de la asignatura carecen de un carácter adoctrinador o proselitista y que, por lo tanto, no vulneran el derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que deseen. Y segundo, si al ministro realmente le preocupa la presencia en el currículo escolar de enseñanzas que puedan suponer el adoctrinamiento ideológico, no parece que sea lógico que muestre su recelo frente a una asignatura que el anterior Gobierno implantó para cumplir una recomendación del Consejo de Europa de 2002, y sin embargo no proponga la eliminación urgente de la clase de Religión, ya que esta tiene como objetivo precisamente adoctrinar al alumnado en los principios de una fe religiosa concreta.

Ahora bien, mucho me temo que, tanto en 2006 como ahora, el PP está utilizando la asignatura de Educación para la Ciudadanía como una cortina de humo para encubrir el auténtico calado de la reforma educativa que se propone realizar. Diversos líderes del PP y de la Iglesia católica llevan tiempo pidiendo recuperar una de las principales señas de identidad de la Ley de Calidad de la Educación que aprobó el Gobierno de Aznar en 2002, pero cuya ejecución fue paralizada por los posteriores gabinetes socialistas; y es que los centros privados financiados con fondos públicos, mayoritariamente católicos, puedan volver a seleccionar a su alumnos utilizando como filtro discriminatorio sus creencias. Por ahora, el experimento le ha salido bien al PP, ya que con sólo mencionar la transformación de una asignatura marginal, que se imparte sólo en dos cursos de la educación obligatoria, ha conseguido que su intención de reformar en profundidad el sistema educativo pase a un segundo plano.

El sarampión, cuya incidencia en los últimos años había pasado a ser insignificante en España, rebrotó en 2011 con casi 2.000 casos, algunos de ellos con complicaciones muy severas. La causa: un creciente número de padres no vacunan a sus hijos. Los enormes logros de las campañas públicas de vacunación, que han conseguido erradicar enfermedades como la viruela o, casi, la poliomielitis, están en riesgo por esas decisiones paternas.

Puede haber al menos tres razones que expliquen la falta de vacunación. Primera, una actitud fanática, como la de algunos seguidores de determinadas iglesias y sectas. Ese fanatismo (quizás, en este caso, mezclado con ciertos intereses económicos) ha llevado, incluso, a la publicación de investigaciones fraudulentas que asociaban la vacuna del sarampión con una mayor incidencia del autismo. Me refiero al artículo de Wakefield (et al.) de 1998 en The Lancet. Una investigación posterior, dirigida por el Consejo General Médico británico, concluyó que los resultados del artículo procedían de una manipulación deliberada y The Lancet publicó 12 años después una retractación. Una convicción personal de Wakefield estaba detrás del fraude. Segunda, un alto nivel de desinformación y/o tratamiento irracional de la información. Esta es frecuente en los grupos socialmente excluidos, pero quizás en la misma categoría se pueden encuadrar algunas corrientes alternativas. Valga un ejemplo: padres que organizan “fiestas del sarampión”, destinadas a inmunizar “naturalmente” a los niños y niñas, incurriendo, simultáneamente, en un riesgo de complicaciones no controlado. Y tercera, un comportamiento oportunista, la típica conducta free rider, con la cual algunos padres se aprovechan de que el resto de niños están vacunados, lo que genera una protección a los suyos sin necesidad de vacunarse.

En los tres casos que he comentado parece claro que sólo la intervención decidida del sector público puede solventar el problema, reforzando la aplicación universal de determinadas vacunas. El fanatismo, la ignorancia y el oportunismo y, frecuentemente, su mezcla en proporciones diversas, no pueden poner en juego avances que han hecho retroceder el sufrimiento y la muerte de forma muy significativa.

Del 2 al 5 de febrero, ha tenido lugar la Conferencia de Seguridad de Múnich, un foro anual que va por la edición 48, en el que se dan cita ministros y parlamentarios, militares de alto rango, científicos y representantes de los medios de comunicación. Los temas del programa, señalados como los más relevantes en relación con la seguridad global, son un índice de cómo el sistema de poder internacional configura la realidad, sus dinámicas y sus tensiones. Y eso no tanto por los que incluye como por los que deja fuera, elección que muestra una priorización marcada por el poder. Así, se ha hablado de ciberseguridad pero no de soberanía alimentaria; de la iniciativa Global Zero sobre reducción de armas nucleares, pero no del comercio de armas ligeras que produce mayor número de muertes en el mundo. También se ha hablado de construir confianza, por supuesto mirando a Rusia, pues de nuevo soplan aires de guerra fría. Y se ha lanzado la propuesta de construir una comunidad de seguridad Euro-Atlántica, tomando buena nota del ascenso de Asia y de la desestabilización que está produciendo la crisis financiera internacional.

Mientras, la población siria que busca un cambio en su país está siendo masacrada, y China y Rusia han vetado una resolución del Consejo de Seguridad, propuesta por la Liga Árabe, que proponía la cesión del poder del presidente Bashar al Asad a un Gobierno de unidad que convocara unas elecciones democráticas. En el fondo de la negativa rusa, se ha escrito en Múnich, no está sólo la tradicional alianza y la venta de armas de Rusia a Siria, sino el enfado por lo sucedido en Libia, donde la OTAN sobrepasó el mandato de Naciones Unidas. Y también el miedo a que la rebelión democrática alcance a su propia casa.

Las intervenciones militares no protegen a la población, pues los muertos continúan. Pero la inacción tampoco. Claro que la confianza no se construirá si, en los hechos, siguen primando los intereses de las élites. En cuanto al Consejo de Seguridad, lo ha dicho en Múnich Kenneth Roth, director de Human Rights Watch: necesita nuevas normas que impidan los vetos cuando se trate de crímenes contra la humanidad.

A medida que la crisis económica fue mudando en depresión, se fue apagando la voluntad de nuestros gobernantes de corregir el statu quo financiero que la motivó. Durante la crisis de principios de los setenta había más voluntad de cambiar el sistema monetario internacional que ahora, que sufrimos una crisis mucho más grave, fruto de la descontrolada creación de liquidez y de la desregulación financiera que dicho sistema ha propiciado. Se hablaba entonces de cambiar el sistema vigente, gobernado por el dólar, para dar paso a otro más neutral, que sometiera a todos los países a las mismas reglas de financiación y controlara la creación de liquidez atendiendo al interés general. Sin embargo, el dólar sigue mandando, y las reuniones del G-20 celebradas tras el inicio de la crisis, en vez de abrir camino hacia un nuevo sistema monetario internacional más justo, trataron de revitalizar el antiguo. Y en vez de controlar consensuadamente la creación monetaria, EEUU optó unilateralmente por acrecentarla para acometer millonarias operaciones de estímulo y salvamento. Y esta es la hora en la que ni la UE, ensimismada en la defensa del euro, ni los países BRIC (Brasil, Rusia, India y China), beneficiados por la subida especulativa de las materias primas alimentada por la trepidante creación de liquidez, llegaron a plantear cambios profundos.

Además, ni siquiera han llegado a puerto las promesas más tímidas manifestadas en las primeras reuniones del G-20 de mejorar la regulación y la vigilancia de las entidades y los mercados financieros. Estas promesas apuntaban, sobre todo, a controlar o desactivar los “fondos especulativos de importancia sistémica”, las operaciones bancarias realizadas “fuera de balance” o “en la sombra” (shadow banking) para escapar a la normativa, y los “paraísos fiscales”. Pero los paraísos fiscales siguen funcionando y dos recientes informes del Banco de Pagos Internacionales indican que la expansión de los productos financieros derivados y de la banca en la sombra se han multiplicado enormemente a lo largo de 2011. La opción está clara: o se modifican las reglas del juego, o seguirá imperando un sistema que induce cada vez más a transformar prosperidad en bancarrota, a base de encadenar burbujas especulativas.

Me da más miedo el ministro Miguel Arias Cañete que la ola de frío siberiano de estos días”, decía un twitt de un joven geógrafo, que me parece del todo oportuno. El ministro anunció en el Congreso 66 medidas que, en materia de medioambiente, pretenden enmendar la totalidad de la legislatura ambiental. Por tierra, mar y aire, esto sería un resumen de lo que pretende cambiar: ley de costas, de calidad del aire, de la biodiversidad, las emisiones de CO², etc. Pero de todo ello lo más preocupante es el nuevo plan hidrológico del agua que quiere llevar a cabo porque es lo más peligroso en términos ambientales, sociales y territoriales.

Hagamos un poco de memoria. En 2001 se aprobó el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno de Aznar, cuando Jaume Matas era ministro de Medio Ambiente. El principal objetivo era el trasvase del Ebro hacia tierras valencianas, se tenía que reforzar el modelo de crecimiento especulativo que abanderaba la Comunidad Valenciana. Y para ello se promulgaron leyes urbanísticas que favorecían la especulación inmobiliaria y la construcción masiva, con los resultados que ya sabemos y que ahora estamos pagando con creces. Pero con poner a disposición de los especuladores todo el suelo disponible no era suficiente, el modelo requería de agua y esta estaba en el Ebro. Fácil: la llevamos, y con ello engrosamos las cuentas de las empresas constructoras y presumimos de solidaridad entre territorios.

El revuelo que se armó fue considerable; manifestaciones masivas en muchas ciudades españolas, declaraciones en contra de expertos y académicos. Incluso Europa expresó su disgusto. El proyecto afectó a gobiernos locales y autonómicos, y muchos cambiaron de color. Sin embargo el PP, con su mayoría absoluta, hizo, en la campaña electoral de 2004, un amago de inauguración de los primeros movimientos de tierra del trasvase.

El trasvase de 2001 y las intenciones del ministro Cañete forman parte de una misma estrategia geopolítica que tiene como objetivo la especulación territorial. Ahondar en un modelo de desarrollo que es caduco, que sólo beneficia a unos pocos y empobrece a la mayoría. Antaño se concentraba en el Levante español, ahora tenemos que estar alerta de dónde ponen las rayas en el mapa.

Hay más dudas que certezas sobre la peor matanza en Egipto desde la revolución que derrocó hace un año al dictador Mubarak, pero los sucesos del estadio de Port Said reflejan el campo de minas de la transición a la democracia. Pese a unas elecciones relativamente limpias, está lejos de alcanzarse el objetivo de la revuelta de Tahrir, que inspiró movimientos similares en el mundo árabe y alentó a indignados como los del 15-M.

El Ejército, teórico garante del cambio, conserva escandalosos privilegios, el monopolio de la violencia, la impunidad para torturar y detener de forma arbitraria y el abuso de los juicios militares. Su pasividad y la de la Policía en el estadio, las denuncias de encerrona para vengar la hostilidad con la Junta de los seguidores del club Al Ahly, y el precedente de la matanza de coptos en octubre alientan la sospecha de que lo ocurrido, más que un estallido incontrolado, fue fruto de una conspiración en toda regla.

La masacre, y los disturbios y la represión subsiguientes, desacreditan el mensaje “o nosotros o el caos” de los militares, responsables últimos del caos. Los manifestantes reclaman que rindan cuentas los responsables directos de lo ocurrido, el titular de Interior, el primer ministro y la propia Junta. Es un clamor la exigencia de que el Ejército, al que se identifica con un antiguo régimen, vuelva a los cuarteles. Sin embargo, hay mucha distancia entre el espíritu de Tahrir y el Egipto profundo, ya que los comicios dieron a los islamistas tres de cada cuatro escaños (¡un 2% para mujeres!). Los revolucionarios están más cerca de las democracias laicas occidentales que de modelos inspirados en la sharía y, aunque los Hermanos Musulmanes no propugnen una república islámica y los radicales salafistas escondan sus garras, es obvio que la confesionalidad tiñe la acción política islamista. La Hermandad también exige responsabilidades, pero su principal interés podría ser un pacto de no agresión con los uniformados que se haría más visible en la próxima elaboración de una Constitución y la elección de presidente.

Así, quienes ganaron en Tahrir la batalla contra la dictadura pueden perder la guerra por construir un Egipto más libre y justo. Si la calle no lo impide.

Supongamos que la ciencia no fuera imprescindible para el mantenimiento de la máquina productiva en la economía actual. Y supongamos también que los recortes del gasto en ciencia no tuvieran efectos funestos a medio plazo. Aun así habría un poderoso argumento para alentar el gasto en investigación en tiempos de dura crisis: no por su valor potencial para la producción de nuevos objetos, ni tampoco por su valor estratégico, sino por su valor económico directo.

Imaginemos que, llevados por la necesidad de reducir el déficit público y de ahorrar dinero en actividades supuestamente poco productivas, decidiéramos dejar de gastar miles de millones (públicos y privados) en los deportes de masas. Sería una locura: el deporte no sólo es un bien cultural para la población y tiene efectos beneficiosos para otros sectores de la economía (salud, turismo, comercio, hostelería, etc.), sino que además es una actividad de valor económico por sí misma: genera servicios de gran valor añadido y hace que circulen enormes cantidades de dinero en inversiones, salarios y gastos de consumo. Por muy mal que fuera la economía, una sociedad sana no se podría permitir renunciar a un tipo de actividad de tanto valor.

Pues lo mismo pasa con la ciencia. Nos gusta saber cómo es el mundo, cuánta vida hay en el universo, cómo se comporta el planeta Tierra o cómo es la cara oculta de la Luna, y queremos encontrar la mejor forma de curar el cáncer, de acabar con el calentamiento global o con el hambre en el mundo. Todo esto nos interesa al menos casi tanto como nos interesan los resultados de la Liga de fútbol. Y gracias a ese interés hemos creado un conglomerado de actividades e infraestructuras científicas (universidades, laboratorios, satélites, plataformas espaciales…) que no tienen nada que envidiar a las del deporte de masas. Necesitamos mantener todo ese tinglado, no sólo porque de él depende nuestro futuro, ni porque de él dependa la capacidad innovadora en casi cualquier otro sector de la economía (incluido el de las actividades deportivas), sino porque la actividad científica mueve millones de puestos de trabajo y miles de millones de euros en torno a unos fines por los que deberíamos estar dispuestos a pagar.