Miguel Ángel Quintanilla Fisac
Director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología
Supongamos que la ciencia no fuera imprescindible para el mantenimiento de la máquina productiva en la economía actual. Y supongamos también que los recortes del gasto en ciencia no tuvieran efectos funestos a medio plazo. Aun así habría un poderoso argumento para alentar el gasto en investigación en tiempos de dura crisis: no por su valor potencial para la producción de nuevos objetos, ni tampoco por su valor estratégico, sino por su valor económico directo.
Imaginemos que, llevados por la necesidad de reducir el déficit público y de ahorrar dinero en actividades supuestamente poco productivas, decidiéramos dejar de gastar miles de millones (públicos y privados) en los deportes de masas. Sería una locura: el deporte no sólo es un bien cultural para la población y tiene efectos beneficiosos para otros sectores de la economía (salud, turismo, comercio, hostelería, etc.), sino que además es una actividad de valor económico por sí misma: genera servicios de gran valor añadido y hace que circulen enormes cantidades de dinero en inversiones, salarios y gastos de consumo. Por muy mal que fuera la economía, una sociedad sana no se podría permitir renunciar a un tipo de actividad de tanto valor.
Pues lo mismo pasa con la ciencia. Nos gusta saber cómo es el mundo, cuánta vida hay en el universo, cómo se comporta el planeta Tierra o cómo es la cara oculta de la Luna, y queremos encontrar la mejor forma de curar el cáncer, de acabar con el calentamiento global o con el hambre en el mundo. Todo esto nos interesa al menos casi tanto como nos interesan los resultados de la Liga de fútbol. Y gracias a ese interés hemos creado un conglomerado de actividades e infraestructuras científicas (universidades, laboratorios, satélites, plataformas espaciales…) que no tienen nada que envidiar a las del deporte de masas. Necesitamos mantener todo ese tinglado, no sólo porque de él depende nuestro futuro, ni porque de él dependa la capacidad innovadora en casi cualquier otro sector de la economía (incluido el de las actividades deportivas), sino porque la actividad científica mueve millones de puestos de trabajo y miles de millones de euros en torno a unos fines por los que deberíamos estar dispuestos a pagar.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Menos de dos meses ha tardado el catolicismo nacional en anunciar algunas de las decisiones que más ocultó antes de las elecciones. El encargo ha recaído en dos ministros devotos y afines a la línea intransigente de la jerarquía católica, el de Justicia y el de Educación, Cultura y Deportes. El objetivo es despojar a la sociedad de los logros alcanzados en materia de tolerancia, laicidad y respeto a los derechos de todos los ciudadanos. En una palabra, retroceder.
Las medidas anunciadas por ambos ministros pretenden realizar el anhelo repetidamente formulado por los obispos de cercenar (si no abolir por entero) la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo y eliminar la enseñanza de Educación para la Ciudadanía. Las españolas dejarán de poder abortar según voluntad propia y volverán a una situación de inseguridad jurídica con unos supuestos arbitrariamente interpretados. Y, además, se les dificultará el acceso a ciertos contraceptivos.
Los españoles no podrán acceder a la enseñanza de los valores propios de una cultura política democrática, pluralista y laica y tendrán que habérselas con otra, con otro contenido. Y ha de ser otro porque el nombre propuesto, Educación Cívica y Constitucional, es idéntico al que se quiere eliminar, Educación para la Ciudadanía. La variación, por tanto, estará en el contenido, y si este no coincide con el ya señalado, sólo podrá ser una formación del espíritu nacional y religioso, de hondas raíces nacionalcatólicas.
La justificación de las medidas es pintoresca. El ministro de Justicia dice que restringir el aborto es lo más progresista que ha hecho nunca, identificando regreso con progreso. El de Educación no tiene reparos en faltar a la verdad públicamente leyendo párrafos de un libro que jamás se ha utilizado en la enseñanza de Educación para la Ciudadanía con el fin de suprimirla. Según él, Educación para la Ciudadanía adoctrina, cuando no ignora que las materias docentes no adoctrinan sino que adoctrinan, si acaso, quienes las imparten. Y por eso se homologan (esto es, se autorizan) unos textos y no otros. Y por eso no está homologado el que el ministro cita. Y por eso lo cita, faltando a la verdad.
Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
Nadie mejor para explicar el significado de este vocablo inglés –que define un hallazgo fortuito– que el instructor de la causa contra Garzón por los pagos de Nueva York: buscando “prevaricación” ha encontrado “cohecho impropio”. Un hallazgo peculiar, si tenemos en cuenta que uno de los implicados en la Gürtel acaba de ser declarado inocente de ese delito. El Tribunal Supremo (TS) nos está acostumbrando a esta técnica: en el proceso contra Garzón por las escuchas, buscando proteger el derecho de defensa, ha creado zonas de impunidad en nuestro sistema jurídico (consejos editoriales de 10 y 26-03-2010). Para ello, ha realizado una interpretación del artículo 51.2 LOGP que impide al juez intervenir las comunicaciones entre los presos y sus abogados –salvo en los casos de terrorismo–, lo que sólo es aceptable si partimos de la absurda premisa de que no es posible la existencia de abogados corruptos.
En el proceso contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, cuya nulidad ha rechazado, es difícil saber qué busca el TS. Lo que sí sabemos es lo que está encontrando. En el ámbito internacional, un desprestigio terrible para una institución que no merecía ese descrédito. En el plano interno, la indignación creciente de amplios sectores de la ciudadanía. Por mucho que el TS quiera darle una apariencia jurídica a este proceso, estamos ante un ejercicio jurisdiccional de poder político. Lo que el TS va a decidir no afecta a la titularidad de un inmueble o a la validez de un contrato, sino a las convicciones de millones de personas dentro y fuera de España. Es comprensible que, por el modo en que se ha desarrollado el proceso, esté comprometiendo la legitimidad del TS y amplificando la dimensión simbólica de la figura de Garzón.
Así pues, el TS se está especializando en conseguir resultados inesperados. Para describir la situación, podemos recurrir a las palabras del instructor Varela, que le imputó a Garzón lo que, en realidad, se puede atribuir al TS: la sinrazón de unos procesos “cuya artificiosa incoación supone desconocer los principios esenciales del Estado de derecho”. Pase lo que pase con Garzón, en esta historia ya hay un perdedor: el Tribunal Supremo.
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Juan Francisco Martín Seco
Economista
Hasta ahora, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ocupaba el primer lugar en el ranking de emitir ese discurso conservador basado en ajustes y reformas regresivas, pero en la actualidad ha sido sobrepasado por Merkel y sus acólitos de la Unión Europea. La situación es tan clara que hasta la directora del FMI lo ha tenido que reconocer: la política que está aplicando Europa conduce inevitablemente a la recesión. Pocas son hoy las voces que no cuestionan la obsesión enfermiza de la canciller por la estabilidad presupuestaria y rara vez en la historia se dará un caso de cerrazón mental como el que están protagonizando los mandatarios europeos. Por más que los hechos demuestren lo contrario, ellos continúan apalancados en su política de ajustes y reformas sin querer aceptar que no sirven para corregir el déficit ni para infundir confianza en los mercados.
El objetivo de déficit se fija como un porcentaje del PIB, de modo que la recesión económica, que es lo que provoca la política seguida, no sólo va a incrementar el numerador, al disminuir la recaudación, sino que también va a disminuir el denominador (el PIB se reduce). Ello es lo que hace totalmente imposible que España –y supongo que otros muchos países– pueda cumplir el próximo año el objetivo marcado y lo que fuerza incluso a cuestionarse si no estaríamos más cerca de la consolidación fiscal en el caso de que la política aplicada desde hace dos años hubiera sido menos tensa y traumática.
La política de ajustes tampoco sirve, como se está comprobando, para lograr la confianza de los inversores, puesto que, para garantizar el reintegro de sus fondos, tanto o más importante que el cumplimiento puntual en un año de un guarismo mágico de déficit publico es la capacidad de un país de generar ingresos futuros. La enorme trampa en la que está inmersa la economía europea se hace patente cuando las agencias de calificación un día reducen la calificación de los países por sus desviaciones presupuestarias y al siguiente, por el paro y las malas previsiones económicas. Alguna vez, como en la última declaración de Standard & Poor’s, confiesan el motivo de fondo: los desequilibrios que la Unión Monetaria genera entre los países miembros.
Óscar Celador
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
El último Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el objeto de controlar que las administraciones cumplan sus presupuestos económicos y no superen los objetivos de déficit público. El texto, en clara sintonía con las directrices comunitarias, prevé la imposición de duras sanciones económicas para las administraciones incumplidoras, pero no dedica una especial atención al tipo y al grado de responsabilidad que podrá exigirse a los gobernantes que gestionen de forma negligente la hacienda pública.
Nuestro ordenamiento jurídico permite a nuestros gobernantes gestionar los recursos públicos con excesiva libertad, tal y como se deduce del hecho de que numerosas administraciones se encuentren en quiebra técnica debido exclusivamente a la ausencia de celo de sus gestores. En el mejor de los casos, porque no siempre ocurre así, el gobernante cuya mala gestión es castigada en las urnas asume lo que se conoce como responsabilidad política, que consiste en que el sujeto que ha arruinado la hacienda pública condenando a sus conciudadanos y a las futuras generaciones a pagar deudas millonarias, se va a su casa de rositas, cuando no a disfrutar de un puesto en el consejo de administración de alguna empresa pública o privada.
Así las cosas, parece evidente la necesidad de articular mecanismos que permitan controlar eficazmente a nuestros gobernantes, de forma que, por una parte, al igual que ocurre en los países de nuestro entorno europeo, los ciudadanos puedan acceder a los archivos y registros oficiales sin justificar su petición, para conocer en qué y con quién se gastan sus impuestos sus gobernantes; y por otra, la única manera de acabar con la impunidad con la que operan nuestros gestores públicos es poder exigirles responsabilidad penal y civil cuando despilfarren el dinero público. De esta manera, los regidores públicos no pagarían con tanta alegría cifras millonarias en campañas de imagen institucional, se reducirían las habituales desviaciones presupuestarias de los contratos de obras públicas, habría menos aeropuertos sin aviones y sin sentido, y así un largo etcétera.
Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
Estos días se extiende la noticia de que los españoles emigran. Y la idea que está fraguando es la de que se marchan los mejores, de lo cual no hay evidencia concluyente, aunque sí anecdótica. En definitiva, es probable, pero no está confirmado. Por el contrario existe la doctrina, según la cual, los inmigrantes que han venido han sido los peores de cada casa nacional. Y sobre esta ideología tan aceptada sí que tenemos datos estadísticos, aquilatados a lo largo de una década, que la desmienten. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), más de la mitad de los inmigrantes no comunitarios (54%) tienen estudios medios, una cuarta parte primarios, el 17% universitario y un 4% son analfabetos. Pero la construcción social del inmigrante sin estudios se mantiene firme como una piedra que aplasta y, como mínimo, retrasa su ascenso social.
Las estadísticas son fugaces y los prejuicios contumaces. Por eso los datos registrados por la EPA o por la Encuesta Nacional de Inmigración (ENI) no pueden con la propaganda ni con el prejuicio. Un prejuicio tanto más inexacto cuanto que se extiende sobre todos los inmigrantes y, en el mejor de los supuestos, sobre todos aquellos que tienen una misma nacionalidad, sin distinción de sexo, edad o clase social. Aún cuando sabemos muy bien que la nacionalidad no nos hace iguales, en nada de lo que realmente importa en la vida, ni a los inmigrantes ni a los nativos. Así que al estigma educativo se suma el velo de la nacionalidad.
El caso es que la imagen de las pateras ha sido sustituida por la de la fuga de cerebros. Y ninguna de las dos figuras abarca el grueso de los flujos de entrada o salida. En realidad, las llegadas en cayuco nunca representaron más del 5% de las entradas anuales y, también tenemos noticias que niegan que todos los desembarcados fueran analfabetos. Lo mismo recalqué en el anterior editorial, pero respecto de las recientes salidas de “españoles”, que suman el 12% y que pueden incluir a inmigrantes de origen extranjero que han adquirido la nacionalidad española. La conclusión es que la migración imaginada (la emigración y la inmigración) antes que un dato fiable es una construcción políticamente interesada.
Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
La absolución de Francisco Camps en relación con el delito de cohecho impropio podría ser una buena noticia para él mismo y para su partido. También podría serlo para el Estado de derecho, porque una declaración de inocencia que se corresponda con la realidad de los hechos debería ser –más allá de las diferencias políticas o de la valoración que se pueda hacer de las acciones que han dado lugar al proceso– una satisfacción para todo el mundo.
La sentencia absolutoria, sin embargo, además de no ser firme, no parece que pueda ser objeto de celebración especial por nadie. Dos de las personas que estaban imputadas en el proceso reconocieron ya su culpabilidad, así que no tienen nada que celebrar: han sido condenados por los mismos hechos que ahora permiten absolver a los otros dos acusados, uno de los cuales –por cierto– había dado ya todos los pasos para reconocer su culpabilidad a falta de la firma final que no se produjo.
El partido de Camps tampoco tendrá mucho que celebrar, porque su absolución le genera nuevos problemas. La responsabilidad política de Camps no tiene que ver sólo con la valoración de los hechos que se le atribuyen en cuanto punibles, sino también con la relajación moral que su comportamiento generó en una comunidad autónoma que está actualmente en bancarrota. Las conversaciones telefónicas entre los implicados en la trama y las que tuvieron lugar con Camps y con su entorno personal son lo suficientemente expresivas de un modo de hacer política que hoy resulta inaceptable para el propio Partido Popular, a tenor de las declaraciones de austeridad de sus dirigentes y de sus pretensiones de penalizar las desviaciones de los ajustes presupuestarios. Por esos y otros motivos, Camps tampoco tendrá mucho que celebrar.
¿Y quienes creíamos en el Estado de derecho, en la verdad y en la Justicia? ¿Qué podemos celebrar de este veredicto? ¿Qué podemos celebrar de la derrota de la razón que supone este resultado, conjugado con el enjuiciamiento simultáneo del juez que se atrevió a destapar el escándalo Gürtel? Absolutamente nada. Cuando la verdad y la justicia siguen caminos diferentes, nadie tiene nada que celebrar.
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Pere Vilanova
Catedrático de Ciencia Política
La iniciativa escocesa de convocar un referéndum para otoño de 2014 parece insólita, a día de hoy, pero no. El fair play británico da para eso y mucho más, puesto que el primer ministro de Reino Unido dio su acuerdo en términos sorprendentes: que se haga cuanto antes, que la pregunta sea única y relativa a la independencia, y se pueda responder ‘sí’ o ‘no’. Vale la pena mirar de cerca este curioso envite.
En primer lugar, un referéndum, por definición, ha de consistir en una única pregunta, unívoca en su significado, y la respuesta ha de tener dos opciones: sí o no. Bien, tiene dos más, igualmente democráticas: abstenerse o votar en blanco. Un referéndum cuya pregunta pueda “deconstruirse” en varias respuestas o que tenga supuestos implícitos es un fraude ante el electorado.
En segundo lugar, el convocante, el Partido Nacional Escocés (SNP en sus siglas en inglés), sabe muy bien que tiene mayoría clara, pero sólo en elecciones regionales/autonómicas, mientras que en elecciones generales siempre queda en minoría, puesto que el voto de los partidos británicos (laboristas y liberal demócratas) suma bastante más de la mitad del cómputo global, y con una tasa de participación superior a las elecciones regionales. Las encuestas (en su día eso cuenta cero comparado con los votos reales) confirman ese dato: quiere la independencia menos del 38% del total.
En tercer lugar, con buen sentido, el líder escocés Salmond acepta algo obvio: el voto se haría sobre el censo electoral actual (los ciudadanos censados en Escocia), sin pretender excluir a los “no escoceses”, ni incluir a todo escocés “de origen” de cualquier rincón del planeta: ius soli frente a ius sanguinis (ello es radicalmente más democrático). Y acepta igualmente que sea la comisión electoral oficial la que gestione el proceso, en aras a la transparencia del resultado. En el trasfondo del asunto: al final, es un tema a negociar entre las dos partes que en su día, en 1707, firmaron el Acta de Unión por la cual dos reinos, Escocia e Inglaterra, formaron Gran Bretaña. Lo de Reino Unido vino después y es otra historia. Política y negociación, y es interesante que no sea el Foro de Davos quien decida.
Alfonso Egea de Haro
Profesor de Ciencia Política
Decía David Anisi que la economía, más que una ciencia o arte, era un conjunto de medios más o menos sofisticados en el combate ideológico por el poder. Advertía también del uso extensivo del término mercado para referirnos a cualquier problema social. Desde el mercado de las telecomunicaciones al de la energía pasando por el del trabajo. A estos se le suma, cada vez con mayor insistencia, el de los servicios públicos. Una vez calificados como mercado, el siguiente paso es la búsqueda de la eficiencia. Flexibilidad, reestructuración, redimensionamiento, uso responsable, copago… son términos que completan el diagnóstico y amenazan con la única solución posible para mantener el funcionamiento de estos mercados.
Este discurso es sugestivo. La calidad de vida y la posición del ciudadano está amenazada no tanto por la precariedad laboral, el retroceso de los servicios sociales o la falta de desarrollo de nuevos sectores del Estado del bienestar, cuanto por un mal funcionamiento del mercado en todos estos sectores. La pérdida de capacidad adquisitiva no es tanto por el nivel de los salarios que deben mantener, en cualquier caso, la competitividad, sino por un deficiente funcionamiento de los mercados, que han provocado un aumento excesivo de los precios. Para contener estos, ya se sabe, liberalización y reducción de la dimensión del sector público. Lo importante pasa a ser garantizar que todos tengan la capacidad de acceder al mercado (y no los recursos disponibles).
Pero el acceso al mercado no es gratis para el ciudadano. A los conocidos impuestos directos e indirectos se suman al menos otros dos. El primero es el que se deriva de las formas (copago o tasas) para (re)financiar los servicios públicos en función de su uso. Esta doble imposición aumenta la percepción de ineficiencia y la búsqueda de proveedores alternativos. El segundo es consecuencia del anterior y es el mayor precio al que estamos dispuestos a pagar el servicio en el mercado. Para, posteriormente, en base a estos precios altos que castigan nuestro nivel de vida dar un nuevo giro de tuerca. Este sistema de vasos comunicantes (imposición 3.0) permite un control de los ritmos a los que nos muestran los problemas y nos sugieren las soluciones.
Carmen Magallón
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Del 1 al 11 de febrero se va a llevar a cabo en Perú la Marcha nacional en defensa del Agua y de la Vida para sacar a la luz los graves problemas que crecen por todo el país derivados de la actividad de las empresas mineras extractoras, petroleras y megaproyectos hídricos. Aunque los conflictos son muchos, el desencadenante es la larga disputa que mantiene Cajamarca y que enfrenta a comunidades indígenas, campesinos y ciudadanía de la región con las multinacionales mineras canadienses que explotan el oro a cielo abierto. En este departamento, la empresa Yanacocha, cuyo socio mayoritario es la canadiense Newmont, explota el tajo minero más importante de Latinoamérica. Ubicado en plena cordillera andina, a casi 5.000 metros de altura, en él se extrae oro utilizando cianuro y grandes cantidades de agua.
Si pensamos que obtener un gramo de oro exige remover una media de una tonelada de roca, comprenderemos que Yanacocha haya alterado radicalmente el paisaje andino y haya acabado con las fuentes naturales de agua. La contaminación del agua es una de las principales causas de mortalidad en los países más pobres y en Perú, el principal foco de contaminantes tóxicos es la minería a cielo abierto. En Cajamarca, ha habido varios episodios de mortandad masiva de peces y se han disparado los casos de enfermedades respiratorias, diarreas, dermatitis, conjuntivitis y otras dolencias. Y es que las enormes balsas que almacenan las aguas residuales, aún impermeabilizadas, no impiden que a veces haya fugas, por lo que fuentes y ríos están contaminados con cianuro y metales pesados.
Las inversiones privadas fueron en principio bien recibidas, bajo promesas de trabajo y desarrollo, pero 15 años después la zona es más pobre de lo que era antes. Las empresas mineras siguen privilegiadas por las leyes de Fujimori: sólo deben aportar el 1% de sus ingresos. Ante las protestas, la respuesta ha venido siendo la represión, no sólo de la Policía, sino de la compañía privada de seguridad de la empresa. Por eso, es importante que esta marcha esté acompañada por una comisión internacional de observación, respaldada por movimientos y organizaciones de derechos humanos. Y que nos hagamos eco de sus informes.
