Juan Francisco Martín Seco
Economista
A pesar de los esfuerzos realizados por la prensa griega para silenciar el suceso, la opinión pública de Europa se ha visto sobrecogida por el suicidio público del farmacéutico griego Dimitris Christoulas, de 77 años de edad, en la plaza Sintagma de Atenas. Este suicidio no es uno más de los muchos que ocurren en Grecia como consecuencia de la crisis. Tiene una importante dimensión política, porque así lo ha querido su autor suicidándose en público frente al Parlamento griego y dejando un escrito que es casi un manifiesto. “Dado que no tengo una edad que me permita responder activamente (aunque sería el primero en seguir a alguien que tomase un kalashnikov), no encuentro otro modo de reaccionar con dignidad que poner un fin decente a mi vida antes de comenzar a rebuscar en la basura para encontrar comida”.
Christoulas, en la nota, hace responsable al Gobierno de Papademos, al que califica de ocupación, de “aniquilar cualquier esperanza de supervivencia” y lanza un grito que pretende ser una profecía: “Creo que los jóvenes sin futuro algún día cogerán las armas y en la plaza Sintagma colgarán a los que traicionaron a la nación lo mismo que los italianos hicieron en 1945 con Mussolini”. A Papademos le dedica el epíteto de Tsolakoglu, en alusión al que fue primer ministro de Grecia en el Gobierno colaboracionista con los nazis durante la invasión de 1941.
Hace muchos años que los países europeos se han olvidado de las revoluciones a pesar de que su historia está jalonada de ellas, y de que lo que hoy consideramos más propio de la ideología y la cultura europeas hunde sus raíces en la Revolución Francesa. Fue la guillotina la que con todos sus excesos y desórdenes enterró el Antiguo Régimen y sembró el germen de las libertades y de la democracia. Las revoluciones nunca son limpias y suelen seguir la ley del péndulo, pero a menudo han sido elementos necesarios para el progreso y el avance de la historia.
La superación de las revoluciones en Europa fue fruto de un gran pacto entre las fuerzas políticas, económicas y sociales, dando lugar a lo que se ha dado en llamar Estado Social: sometimiento del poder económico al poder político democrático; asunción por el Estado de un fuerte protagonismo en las realidades económicas y en los mercados; un derecho laboral que protege al trabajador frente al puesto preeminente que el empresario disfruta a la hora de establecer las relaciones laborales; un sistema fiscal altamente progresivo que, junto con una extensa red de protección social, pretende corregir aunque sea parcialmente las injusticias y desequilibrios que genera el mercado en la distribución de la renta, etc. Este pacto inscrito en las constituciones europeas ahuyentó las revoluciones como cosa del pasado o bien propias de países tercermundistas o en desarrollo, América Latina, dictaduras en países árabes… Por cierto, que la llamada primavera árabe comenzó también por un suicidio de características muy similares al ocurrido estos días en Atenas.
Hoy podemos afirmar que ese gran pacto, origen del Estado Social, se ha roto y que desde hace años poco a poco se van desmantelando todos sus elementos; hasta el mismo concepto de democracia se nos escurre de las manos. Primero, la libre circulación de capitales y, más tarde, la Unión Monetaria han quitado el poder a los Estados nacionales, ámbitos en los que mejor o peor se asentaba el juego democrático, para otorgárselo a los mercados financieros –eufemismo que designa a los poderes económicos- o bien a las instituciones europeas, políticamente irresponsables y sobre las que los ciudadanos no ejercen ninguna influencia.
Cuando las desigualdades alcanzan proporciones gigantescas, cuando los sueldos y las ganancias de aquellos que imponen los ajustes y la pobreza se sitúan en niveles obscenos, cuando el ciudadano tiene la percepción de que el poder político y el económico se entrelazan en impúdico contubernio, cuando las decisiones vienen dictadas por órganos y personas que nada tienen que ver con los procedimientos democráticos, ¿podemos extrañarnos de que surjan en Grecia posturas como la de Christoulas dispuestas a utilizar el suicidio como acto de protesta? A sus 77 años, según afirma, la única arma que le queda. Es más, ¿podemos sorprendernos incluso de que en algún momento estalle la violencia? Cuando los gobiernos y los sistemas políticos han perdido toda legitimidad democrática y se manifiestan de forma tiránica o como legados de poderes dictatoriales extranjeros las reacciones sociales son impredecibles. La historia nos enseña que de forma imprevista pueden pasar del suicidio a la guillotina.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
La Semana Santa deja una serie de imágenes que hablan del renacimiento del nacionalcatolicismo: Cospedal portando el crucifijo, los bravos legionarios haciendo lo propio con otro y con un solo brazo, un obispo arrojando los homosexuales a los fuegos del averno y el emblema de la División Azul en una procesión en Ciudad Real. Son los elementos icónicos, espectaculares, de un cambio profundo de espíritu. Porque Cospedal es presidenta de un gobierno autonómico y secretaria general del partido del gobierno, mientras que el obispo en cuestión soltó su diatriba homófoba en la radiotelevisión pública. Eso es el nacionalcatolicismo: la alianza y acción común de la derecha y la iglesia católica.
Pero si el gobierno y su partido hubieran querido estar en algún momento feliz del pasado reciamente español de alianza del trono y el altar, lo cierto es que el día siguiente al Domingo de Resurrección, hoy, lo espera la Europa del siglo XXI en la cual se juega su destino literalmente a cara o cruz. Los recortes, las duras medidas de ajuste cuya exposición se supeditó atolondradamente a un interés electoral tropezaron en un primer momento con el escepticismo de los mercados, lo que empujó escaleras abajo la bolsa y el Ibex. Pasado el fin de semana, con unas declaraciones dinamiteras de Sarkozy y Le Pen, la reacción de los mercados es imprevisible.
Con una prima de riesgo de 400 puntos, Rajoy tiene que escapar a toda costa de la atracción del torbellino griego con esa tendencia suya a dar respuesta a todas las exigencias de los mercados, lo que impulsa a estos a tensar más la cuerda, exigiendo nuevos recortes, cuyo efecto será exigir más recortes nuevos. Es decir, los mercados pueden estar jugando a provocar el rescate de España y no ayuda nada que algún funcionario de la UE vaya diciendo que España tiene un “problema de credibilidad”. Si al final Rajoy fracasa aplicando sus medidas allí donde él ya había vaticinado el fracaso de Zapatero, será su propio y exclusivo fracaso. El PP obtuvo mayoría absoluta en las elecciones y dispuso de cien días para aplicar sus medidas de salida de la crisis, pero perdió noventa empeñado en ganar unas elecciones autonómicas antes que en sacar el país adelante. Es de muy escasa responsabilidad. Y, para más bochorno, las ganó pero las perdió.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
“España es una gran nación”, acostumbraba a repetir Rajoy cuando era candidato al puesto que hoy ocupa. Pero una gran nación no se deja dictar el contenido de su política económica, ni sus gobernantes andan de cancillería en cancillería mendigando respaldo exterior. Una gran nación no está en todo momento a punto de ser intervenida por una u otra forma de coalición ajena, ni permite que otros juzguen sobre lo suficiente o insuficiente de sus medidas de gobierno, enviando censores a auditar sus cuentas.
A Rajoy le sucede lo que dice Rubalcaba, que no ha dicho una sola verdad en sus primeros cien días de gobierno. Parece un eco de la famosa expresión de que “los españoles merecen un gobierno que no les mienta”. Ciertamente, hay incumplimientos clamorosos: Rajoy y el PP en general afirmaron solemnemente durante la campaña que no subirían los impuestos, no abaratarían el despido y no concederían amnistía fiscal alguna a los defraudadores. Exactamente lo contrario de lo que han hecho en los tres casos. Por eso han fracasado en su intento de triunfar en Andalucía por mayoría absoluta, se han ganado una huelga general y tienen su frente mediático muy alterado y dividido entre defensores y críticos del gobierno.
Las contradicciones más flagrantes no impiden ver asimismo las menos aparatosas. Toda la acción de gobierno está llena de inconsecuencias, ambigüedades y falsedades. Por ejemplo: la subida de un uno por ciento de las pensiones, negada luego con el aumento del IRPF, se traduce en un descenso real de esas prestaciones. Y lo mismo sucede con los haberes de los funcionarios cuya congelación de hecho equivale a una reducción si aumentan, como hacen, las demás cargas.
Y en donde las cosas están claras es porque se ha decidido abiertamente por la negación, la regresión y el autoritarismo. El ministro de Justicia quiere impedir el ejercicio del derecho al aborto; la ministra de Sanidad restringir las opciones contraceptivas; el del Interior asimilar la violencia callejera al delito de terrorismo; el de Educación y Cultura reservar la educación a los pudientes y fomentar las corridas de toros para los demás; el de Medio Ambiente permitir que se edifique en las playas; el de industria llenar el país de centrales nucleares.
Siendo esta la tónica de su gobierno, se explica que Rajoy siga evitando las comparecencias públicas siempre que puede. Llegó a las elecciones del 20-N sin permitir preguntas en las ruedas de prensa y así continúa, silente y semioculto. No es de recibo que el presidente del gobierno escamotee su persona en el momento de presentar públicamente unos presupuestos que el ministro de Hacienda califica como los más duros de la democracia. Si el instante de anunciar a esta “gran nación” una época de penalidades y sacrificios no merece la presencia de quien ostenta la máxima autoridad y la mayor responsabilidad, es imposible saber cuándo lo hará. Si no es capaz de comparecer ante la opinión pública, a defender y explicar sus propuestas, no se ve cómo estas generarán la confianza que, según él, se restablecería en cuanto tomase el mando.
Consejo Editorial
La indignación social, la depresión económica y el empobrecimiento de la democracia en España se encuentran en una situación especialmente necesitada del ojo informativo, analítico y crítico de Público, y en general, de publicaciones que no se plieguen al pensamiento único. En estas circunstancias, el Consejo Editorial del diario Público (CEP) se ha visto sorprendido por la interrupción de la versión en papel del periódico y ha decidido sumar su voz a la del resto de los lectores, suscriptores y simpatizantes del diario.
Nuestro proyecto sigue siendo el originario de Público. Aquel que dio cabida a los lectores de la izquierda, sin preguntarles de dónde vienen sino a dónde quieren ir. Un proyecto, desarrollado en tiempo de crisis, en el que los editorialistas han sido libres de expresar sus análisis como en ninguna otra prensa comercial. Público ha sido un medio de formación de la opinión pública con una concepción nueva y dinámica que ha conectado con los valores de generaciones distintas y de corrientes de pensamiento progresistas. En cuatro años, Público llegó a ser el referente diario de la izquierda democrática.
La crisis económica y factores concomitantes han hecho imposible la continuidad del proyecto empresarial en su conjunto. Pero esperamos que el capital humano, informativo y político-cultural acumulado por el diario durante estos años no se dilapide, y que se consiga mantener la edición digital, Público.es que, con sus cinco millones de visitas, constituye una excelente base para acomodar el proyecto inicial a la comunicación en la era tecnológica. Mientras tanto, el CEP interrumpe su actividad ordinaria hasta que se aclare cuál es el destino de la cabecera y la web.
El Consejo sabe de la dificultad material que entraña acometer este u otro proyecto de similar naturaleza comercial y compromiso cívico, pero se hace eco del interés y de la movilización de los lectores para no darse, aún, por vencido. Sin Público, los mencionados sectores sociales, más activos, abiertos e igualitarios se quedan sin un diario que refleje sus preocupaciones y sus ideas, en un momento crucial de la historia de España y Europa, cuando la reacción está empeñada en devolver la sociedad a épocas pasadas. Sin Público, ¿quién nos librará del pensamiento único?
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
Director del Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología
No conozco ningún ministro de ningún gobierno de España, desde la instauración de la democracia, que haya conseguido, en tan poco tiempo, hacer tantas declaraciones desafortunadas como las que ha hecho el ministro de educación del actual gobierno de Rajoy.
Recién estrenado, ya anunció que desaparecía la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que sería sustituida por otra de Educación Cívica. ¿Puro virtuosismo léxico? No, una simple provocación, que torpemente pretendió justificar con engañifas.
También se ha apresurado a suspender los temarios que están estudiando miles de opositores a plazas de profesor en la escuela pública. No le gustaban al señor ministro los temas recientemente introducidos y decidió acabar con tanta modernidad: volvamos a los temarios de hace veinte años. Mucho mejor. ¿Un error, una imprudencia, una improvisación? No, una simple provocación.
Pero no es bastante. El ministro también ha decidido que el sistema de becas y préstamos para estudiantes debe ser revisado profundamente: menos becas a los pobres y más a los listos. ¿Nadie le ha explicado que sin un sistema público de ayudas para compensar las desigualdades sociales, no puede prosperar una sociedad moderna? ¿Otra ligereza de alguien acostumbrado a la banalidad de una tertulia? No, otra provocación.
Igual que la de negar la financiación de los campus de excelencia de las universidades. Sólo eran préstamos blandos, pero de ellos dependían importantes proyectos de mejora del sistema universitario público. Lo que pasa es que seguramente el señor ministro no lo sabe y, si lo sabe, le da igual.
Y la guinda, el otro día en el Parlamento. Contestando a una pregunta de la oposición, al señor ministro debió entrarle un calentón y acusó a los socialistas de ponerse del lado, no de los estudiantes que protestaban en Valencia contra los recortes en educación, sino del de los agitadores violentos. Y se quedó tan pancho. Hay quien pretende que pida disculpas por lo que ha dicho e incluso que tal ofensa a una fuerza política democrática se borre de las actas del Congreso. No estoy de acuerdo. Es mejor que quede constancia para la historia. De lo contrario dentro de unos años nadie creerá que hubo una vez en nuestro país un ministro como este, del que lo único que se puede esperar ya es que le cesen pronto.
Ramón Cotarelo
Catedrático de Ciencias Políticas
Ningún sondeo, ninguna encuesta daba un ardite por el PSOE en las elecciones andaluzas. Todos los vaticinios apuntaban a la “histórica” mayoría absoluta de la derecha. Que España se teñía por entero de azul se daba por descontado. Pero no fue así. El PSOE acusó el desgaste de los treinta años de gobierno ininterrumpido y la mala imagen de los EREs fraudulentos, pero resistió muy bien el ascenso del PP y, al final, quedó a un punto porcentual del adversario cuyo dirigente, Arenas, quizá comprenda ahora que la inveterada negativa de la derecha española a debatir abiertamente en televisión causa más daño que provecho. A su vez, IU duplicó el número de sus diputados en un enésimo relanzamiento gracias en buena medida a ese fondo de voto de izquierda trashumante entre la más radical y la más moderada.
La izquierda renace en Andalucía como el Ave Fénix después del invierno del PP en todo el país. Y lo hace porque, aunque todas las derechas del mundo afirman como disco rayado que “ya no hay diferencias entre la izquierda y la derecha”, ninguna sociedad humana civilizada puede estar sin una izquierda de gobierno o con posibilidades de gobernar. La izquierda alberga lo mejor de la capacidad crítica del ser humano, su inconformismo, su voluntad de cambio, regeneración y progreso, la oposición obstinada a la resignación, el fatalismo y la involución que representa la derecha. Hubiera sido trágico que en el año del 200 aniversario de las Cortes de Cádiz, los “serviles” de antaño y hogaño hubieran conquistado Andalucía.
Pero el Ave Fénix no solamente resucita sino que, además, tiene que emprender el vuelo. A partir del domingo pasado, Andalucía es el faro que ilumina al resto de la izquierda en España y, mientras en Europa siga mandando la reacción, también fuera de ella. Y eso debiera notarse de inmediato. ¿Cómo? Con dos medidas urgentes que la ciudadanía progresista del país está esperando. La primera, el anuncio conjunto de conversaciones del PSOE e IU para formar un gobierno que obligue al PSOE a abandonar sus proclividades neoliberales y a echarse más a la izquierda como le pide su propio electorado, y que fuerce a IU a abandonar su maximalismo y fajarse en un gobierno reformista radical. Trabajo no va a faltar a ambos porque, además de ser el contrapeso a la política de desmantelamiento del Estado del bienestar y ataque a los derechos de los trabajadores del PP, tendrá que regenerar la vida pública andaluza, corrompida por prácticas clientelistas que se han ido depositando con los años. Los electores no entenderían que el gobierno andaluz de izquierda no fuera adalid en transparencia, diálogo, interacción y participación ciudadanas, política 2.0, en fin, lo contrario de lo que hace la derecha, si bien no de lo que predica.
La segunda medida urgente es una extrapolación de los resultados de Andalucía a Extremadura. No sería de recibo que la misma mayoría que permite gobernar en Andalucía a favor de una salida de izquierda a la crisis, malviva en una situación de oposición e, incluso, ambigua y vergonzosa cooperación con la derecha en Extremadura. Una moción de censura en esta comunidad debe hacer que su gobierno refleje la mayoría de izquierda que hay en la sociedad. Recuérdese, pues muchas veces se olvida interesadamente, que fueron los votantes extremeños quienes dieron tres diputados a IU, no sus militantes y que nadie consultó a esos votantes a la hora de permitir un gobierno de la derecha.
José Antonio Griñán merece párrafo aparte por haber tenido el acierto de celebrar las elecciones cuando tocaba y no precipitarse, como hizo Zapatero en su día, en una decisión errónea que hubiera extendido la reconquista “nacional” (en el peor sentido del término) también a Andalucía.
Luis Matías López
El 14 de diciembre de 2008, el periodista iraquí Muntazer al Zaidi lanzó durante una conferencia de prensa en Bagdad sus dos zapatos contra George Bush al grito de “¡Éste es tu beso de despedida, perro!”. El presidente no fue alcanzado. Pese a ser Irak por entonces un país ocupado por más de 100.000 soldados norteamericanos, con un Gobierno casi títere y sometido a EE UU, la condena inicial a tres años por “asalto a un jefe de Estado” fue reducida a un año por “insulto a un líder extranjero”. Al Zaidi fue liberado tras cumplir sólo nueve meses de prisión, denunciando torturas durante el encarcelamiento y convertido en un héroe para buena parte de sus compatriotas.
El 22 de febrero de 2010, Hokman Joma, sirio de la minoría kurda en situación irregular en España, al grito de “¡Viva el Kurdistán, ladrón y asesino!”, lanzó un zapato contra el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, cuando salía del Ayuntamiento de Sevilla. Tampoco le alcanzó. Cuatro meses más tarde, fue condenado a tres años de cárcel y una
multa de 408 euros por un delito “contra la comunidad internacional en su modalidad de atentado”. Han pasado dos años largos y sigue en la cárcel, casi olvidado.
Los propios tribunales que se pronunciaron sobre el caso admitieron que la condena no guardaba proporción con el delito, pero que se veían obligados a imponer la pena mínima permitida por la ley. Quedaban dos opciones: la expulsión del país y el indulto. La primera fue rechazada por Joma, que alegó que su vida no valdría nada si era entregado a Siria,
pese a que a´ñun no se había producido el estallido de violencia que hoy desangra al país. La segunda, a la vista está, tampoco ha cuajado, y no es descabellado sospechar que en el Gobierno de Zapatero pesó menos la vocación humanitaria y el deseo de corregir un desajuste legal que el deseo de no molestar a Erdogan, su socio en la insustancial Alianza de las
Civilizaciones.
Según un informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de hace un año, el 77,4% de los ciudadanos estaba poco o nada de acuerdo con la afirmación de que “la Justicia trata por igual a ricos o pobres”. El caso de Hokman Joma, resulta ilustrativo: juzgado y condenado con gran celeridad, sigue en la cárcel, en aplicación estricta de la ley y para descrédito de ésta.
Rajoy tiene la oportunidad de enmendar la plana a Zapatero y, de paso, con el indulto, ponerse una medalla de progresismo como la que se ha colgado al rebajar el sueldo a altos directivos de entidades financieras cuya desastrosa gestión, en la que la ley no halla por ciertos indicios de delito, ha exigido la aportación de cuantiosas ayudas públicas y ha contribuido a la ruina del país.
Cada día que Joma pasa en la cárcel es un gramo más en el platillo de la balanza del despropósito, y una prueba flagrante de que el zapato de un kurdo en España cuesta más caro que los dos de un iraquí en Bagdad.
Pere Vilanova
Catedrático de Ciencia Política
Esta pronunciada crisis internacional esta poniendo a prueba algunas de las principales variables de nuestros sistemas de gobierno y de paso –en ocasiones– nuestra capacidad de sorpresa. Es bien sabido que en dos años, en suelo europeo, la crisis ha confirmado la tendencia de que si hay elecciones, el electorado le endosa la factura de todos los males al Gobierno y lo manda a casa. Bueno, a la oposición. Las excepciones a esta regla han sido bien escasas, y se ha reforzado la tendencia de que, además, Europa se ha teñido de gobiernos conservadores, con partidos de centro derecha o de derecha sólidamente refrendados en las urnas. Pero la crisis también ha abierto variantes nuevas: la “vía italiana” al Gobierno técnico, sin que nadie en su sano juicio pueda echar de menos a Berlusconi. Tampoco sabemos muy bien por qué, dentro de los países más castigados, en algunos casos la resistencia social y en la calle puede llegar a cotas dramáticas (Grecia), y en otros con dificultades similares, las protestas tienen un perfil mucho más bajo o nulo (Irlanda, Portugal).
Pero ahora entramos en una nueva variable: ¿qué harán los electores con Merkozy? Es cierto que le toca muy pronto a Sarkozy, y sólo a un año vista a Merkel. Al primero las encuestas le son desfavorables, podría verse sujeto a la tendencia general (el Gobierno, a la calle), pero con el peculiar sistema electoral francés a doble vuelta, no es seguro que la victoria del socialista Hollande sea tan obvia. Depende, por ejemplo, de la transferencia de votos de los electores cuyos candidatos se quedan por el camino, y sobre todo del Frente Nacional de Le Pen. Y Merkel, que ciertamente ha perdido varias elecciones regionales seguidas, no es seguro que tenga ante sí un adversario de talla, pues es mucho más popular en Alemania de lo que pensamos aquí fuera. Su problema a corto plazo es el desplome total de su obligado socio de Gobierno, el Partido Liberal. Queda por ver si las dos “locomotoras” de la Unión Europea (de hecho una y media: Francia no acaba de dar la talla) padecerán sus elecciones como el común de los demás mortales.
Francisco Balaguer
Catedrático de Derecho Constitucional
Con las críticas a las resoluciones judiciales ocurre como con las críticas a la Constitución: nuestro ordenamiento jurídico las avala como algo inherente a la propia condición democrática del sistema. Buena prueba de ello son, en relación con la Carta Magna, la existencia de procedimientos de reforma que abren las posibilidades de cambio impulsadas por las críticas a los preceptos constitucionales. Es algo que ya sabemos desde Kelsen: los sistemas normativos dinámicos (como ocurre con el Derecho) no predeterminan los contenidos de sus normas fundamentales, sino tan sólo los procedimientos a través de los cuales se establecen esos contenidos.
Por lo que se refiere a las decisiones judiciales, son manifestación de esa apertura a la crítica instituciones tales como el voto particular, que hace posible la discrepancia interna con la resolución emitida y que incorpora el germen de formulaciones doctrinales diferentes en futuras sentencias o autos. También lo es el sistema de recursos, que permite plantear de nuevo ante otras instancias algunas de las cuestiones decididas. Esto vale igualmente para el Tribunal Supremo, mediante los recursos que se pueden promover ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Si esas opiniones discrepantes son posibles dentro del tribunal o pueden dar lugar a la interposición de recursos es porque también en el debate público se pueden exponer opiniones contrarias a las decisiones judiciales que, entre otras cosas, sean susceptibles de inspirar posteriores recursos o cambios legislativos que eviten situaciones percibidas como injustas por la sociedad. Estamos hablando, obviamente, de críticas razonadas y argumentadas como las que se han expuesto de manera reiterada en Público y en otros medios de comunicación, en España y en otros países, por juristas que han señalado las debilidades y contradicciones de las recientes decisiones de nuestro Tribunal Supremo en relación con el juez Garzón.
La legitimación de la Justicia en una sociedad democrática depende esencialmente de sus argumentos y sus razones. La Justicia de nuestra época ya no es sagrada.
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Antonio Izquierdo
Catedrático de Sociología
Acaba de distribuirse el Informe de 2011 sobre la Evolución del Racismo y la Xenofobia en España. Es el análisis de la IV encuesta sobre “Actitudes hacia la inmigración” que levantó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en septiembre de 2010 por encargo del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). La muestra es extensa, pues está compuesta por 2.800 personas esparcidas por 283 municipios.
Dado que no hay elecciones a la vista es un buen momento para pensar en qué espacio se le concede a un partido político racista o xenófobo. La buena noticia es que siete de cada diez entrevistados le auguran poco o ningún éxito. Casi un 40% piensa que tendría poco que hacer y un 30% que no tendría nada que hacer. Pero, aparentemente, la mala noticia es que uno de cada cinco cree que tendría bastante o mucha acogida. En otras palabras, que tendría un éxito similar al de la Liga Norte en Italia, el Partido por la Libertad en Holanda o los Auténticos Fineses en Finlandia. Piense el lector que en los éxitos de estos partidos se mezclan reacciones nacionalistas y antieuropeas, islamofobia, hastío por los partidos tradicionales y también xenofobia. En síntesis, una amalgama de miedos.
Lo interesante es el perfil de ese 20% que le augura éxito a un partido racista. Se trata de adultos entre 30 y 50 años, profesionales medios, ideológicamente de izquierdas, no creyentes y de clase media alta. Los autores del informe constatan que esos rasgos no se corresponden con los atributos de los “reacios” a la inmigración que, más bien, son personas mayores, con escasos estudios y que se sitúan en la derecha ideológica. ¿Entonces, quiénes son estos “racistas”? Una explicación es la teoría del converso, y otra, es la teoría del sociólogo camuflado.
La explicación de ese perfil tan a contracorriente es que no se trata de racistas. Lo más razonable es pensar que son personas informadas que responden a la encuesta no por ellos mismos, sino adoptando el papel de sociólogos camuflados que detectan un malestar latente. Porque ese no es el electorado de un partido racista en España, ni en proporción, ni por lo que hace a sus rasgos. No es racista ni racismo todo lo que parece.
