ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
La cultura de la calidad está instalada en todos los terrenos imaginables relacionados con la sociedad del consumo. Las universidades no han podido escapar a esta especie de fiebre de la calidad, que suele medirse de acuerdo con complejas estadísticas, pese a que, como ya decía Mark Twain, hay tres clases de mentiras: La mentira, la maldita mentira y las estadísticas. Los indicadores de la calidad universitaria priman aspectos como el número de académicos galardonados con premios internacionales, el nivel de la investigación, la capacidad de los titulados para encontrar empleo, la proyección internacional o la ratio entre estudiantes y profesores.
De acuerdo con los estudios internaciones sobre la calidad, desde hace décadas las universidades esta-
dounidenses lideran de forma aplastante todos los ránkings, y son muy escasas las universidades europeas –principalmente británicas– que pertenecen a este selecto club. Estos estudios normalmente no tienen en cuenta el papel que las universidades desempeñan en el marco del Estado social.
El precio de la matrícula en las universidades estadounidenses, y especialmente en las más prestigiosas, es tan elevado que los alumnos con escaso poder económico no pueden acceder a sus aulas, salvo que sean deportistas de élite, obtengan un préstamo o tengan un expediente académico impecable –lo cual permite elevar el nivel académico de los titulados–. Asimismo, las universidades estadounidenses disfrutan de un elevado nivel de autonomía económica que les permite, gracias a los enormes ingresos que reciben, fichar a los académicos e investigadores más reputados en condiciones que no pueden ofrecer las universidades europeas. De forma opuesta, el modelo europeo concibe a la universidad como un servicio público que, entre otros factores, contribuye a erradicar las desigualdades sociales; por lo que, con independencia de su situación económica, y gracias a las subvenciones públicas, prácticamente cualquier alumno que acredite un nivel mínimo de conocimientos puede obtener un título universitario aunque a priori de menor calidad que los estadounidenses.
Así las cosas, sería de necios discutir la excelencia o la calidad científica de las universidades estadounidenses, o negar que desde hace varias décadas cuentan con los mejores claustros académicos, pero desde la perspectiva del Estado social, su liderazgo es muy discutible.
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
El informe de Naciones Unidas sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo para 2010 ha puesto sobre el tapete político internacional la situación de exclusión social y de extrema pobreza de este colectivo. Hasta aquí nada nuevo, ya que muchas de estas comunidades se localizan en países en desarrollo o subdesarrollados, pero lo que es sorprendente es que la calidad de vida y el grado de integración social de los pueblos indígenas también sea pésima en los países del denominado primer mundo. Los datos sobre la población indígena estadounidense son especialmente alarmantes, ya que pese a tratarse de la primera potencia económica mundial, sus pueblos indígenas viven muy por debajo del umbral de la pobreza, y ocupan los peores puestos en los ránkings sobre desempleo, ingresos per cápita, abandono escolar, riesgo de contraer enfermedades como la tuberculosis, suicidio o desnutrición infantil.
La integración social de la población nativa nunca ha ocupado un papel relevante en la agenda política estadounidense. Durante el periodo de conquista y colonización, millones de indígenas fueron esclavizados, perseguidos, confinados en reservas de escaso o nulo valor económico, privados de su dignidad y asesinados impunemente. Hasta finales del siglo XIX, este colectivo no pudo acceder a la ciudadanía estadounidense y, a cambio, tuvo que someterse a un profundo proceso de americanización que contribuyó a erradicar gran parte de sus tradiciones y cultura. En la actualidad, su presencia continúa siendo incómoda para la sociedad estadounidense, tal y como demuestra la ausencia de instituciones o de museos que expliquen desde la perspectiva indígena cómo se produjo la famosa conquista del Oeste, qué les ocurrió a los nativos que se negaron a vender sus tierras a Estados Unidos, o los motivos por los cuales los millones de indígenas que habitaban los actuales Estados Unidos cuando llegó el hombre blanco se redujeron a apenas 250.000 individuos a finales del siglo XIX.
El objetivo de las políticas expansionistas estadounidenses no fue exterminar sistemática y completamente a los indígenas, de ahí que no pueda hablarse técnicamente de un genocidio. Ahora bien, no parece
coherente, y además es hipócrita, que una nación que hace bandera de ser la tierra de las libertades todavía no haya sido capaz de integrar a su población nativa con la dignidad que este colectivo merece.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Sobre la reciente prohibición catalana de las corridas debe de haberse dicho todo. En lo esencial los argumentos se han blandido en el terreno del maltrato animal, por un lado, y en el concreto de las circunstancias de la
prohibición, por el otro. En cuanto al maltrato animal, el asunto es meridiano. La cuestión es averiguar si las bestias sienten o no. Basta con arrimar un ascua a cualquier animal y ver qué ocurre. Otra cosa es si además saben que sienten. Que lo digan los especialistas; pero sentir, sienten, sufren. Entonces, ¿hay derecho a infligir sufrimiento a un ser vivo, por diversión? Cierto que a esa diversión unos la llaman tradición; otros, arte; otros, cultura; otros, cumplimiento de los superiores designios humanos; y otros, conservación de especies en extinción. Monsergas. La respuesta a la pregunta es: no, no hay derecho a infligir dolor a un ser vivo si no es por necesidad de supervivencia.
Las circunstancias de la prohibición (en sede parlamentaria, en Catalunya, por iniciativa popular y el hecho de que se haya producido ahora) suscitan el segundo ramillete de argumentos generalmente en contra y que nos podríamos ahorrar si, admitiendo que no se debe infligir dolor por diversión, aceptáramos la sabiduría de la vieja máxima de “hágase el milagro y hágalo el diablo”, aunque parezca aquí inapropiada por razones obvias.
La visión circunstancial ha echado mano de la nación española, identificándola con las corridas de toros. Cuando la prohibición fue canaria nadie habló de atentado a las esencias de España. Pero con Catalunya hay un cambio, y quienes cambian y se ponen a insultar o a adoctrinar frenéticamente no reparan en que, al hacerlo, alimentan aquello que combaten: la idea de que Catalunya sea otra cosa. Por no hablar del escaso respeto mostrado a una decisión de un órgano legislativo en uso de sus competencias y en respuesta a una petición ciudadana.
El problema puede venir a continuación si otras comunidades se deciden a plantear la posibilidad de la prohibición en sus territorios. De suceder, es fácil que emerja una España dividida en dos, como siempre, entre partidarios y enemigos de las corridas. Dado que tenemos esa división por ser sociedad (al igual que los belgas, los italianos, los franceses, etc., tienen las suyas por sus motivos) y no por ser España, convendría apear esa obsesión de lesa patria y dejar de una vez España en paz.
MIGUEL ÁNGLE QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Teoría de la Ciencia
Las universidades públicas llevan años clamando por mejorar su financiación y, desde hace tiempo, existe un amplio consenso sobre la conveniencia de realizar un esfuerzo en este terreno. Una vez más, sin embargo, la oportunidad está a punto de perderse por culpa de la crisis económica y de las medidas de austeridad impuestas por las circunstancias. Algunos oportunistas inconscientes empiezan a pensar (y a decir) que el dinero que se gasta en algunos tipos de enseñanza y de investigación académica es un gasto superfluo, que debe sacrificarse en tiempos de austeridad. Pero, por otra parte, la mayoría estamos convencidos de que la salida de la crisis, cuando se produzca, favorecerá a los países que estén preparados para dar el salto a una economía productiva, basada en el conocimiento y la innovación, y esos serán sobre todo los que hayan sabido mantener activo el potencial de creatividad que se genera principalmente en las universidades y en los centros de I+D. ¿Qué tenemos que hacer para estar entre ellos?
La mayoría de las universidades españolas han emprendido en los últimos años dos tipos de reformas que van en la buena dirección. Por una parte, se ha puesto en marcha un ambicioso programa de reforma de las titulaciones de grado y posgrado, vinculado al llamado proceso de Bolonia. Por otra parte, muchas universidades se han involucrado en ambiciosos proyectos de inversión en infraestructuras científicas, en colaboración casi siempre con otras entidades públicas y privadas. Ambos tipos de iniciativas requieren apoyo financiero. Pero en tiempos de crisis hay que establecer prioridades.
Pues bien, la parte más esencial de las reformas de la enseñanza universitaria vinculadas al proceso de Bolonia se puede hacer adoptando medidas organizativas que tienen un coste muy bajo, aunque puedan lograr una gran repercusión. Sería un desastre que la falta de recursos económicos se usara como excusa para justificar la desidia, la indecisión o la irresponsabilidad en la implementación de unas reformas factibles y absolutamente necesarias. Asumido esto, los recursos que estén disponibles para mejorar la financiación universitaria deberían enfocarse prioritariamente a salvar los grandes proyectos de creación de infraestructuras, como los parques científicos y tecnológicos y los institutos de investigación, y a dotar a las universidades de recursos humanos más dedicados a la investigación de vanguardia en todas las áreas de la ciencia.
ÓSCAR CELADOR
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
La historia de España no puede entenderse sin tener en cuenta el papel que las creencias y las convicciones han
desempeñado en su cultura y modelo político, algunas veces para bien, pero muchas otras para justificar la discordia y los conflictos entre hermanos.
Uno de estos casos es el que acaba de acontecer en Granada con ocasión de la exposición denominada Circus Christi, compuesta por 14 fotografías que ilustran la interpretación que su autor hace del Nuevo Testamento. Los protagonistas de las fotografías son homosexuales, mujeres liberales y traficantes de drogas, y a través de las mismas se recrea la vida de Jesucristo. El contexto elegido para la exposición ha sido la Universidad de Granada, un foro caracterizado por la libertad académica, que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. La reacción de un sector de la sociedad civil, primero amenazando directamente al autor de la exposición y, después, manifestando su profundo malestar por lo que consideran un ataque contra sus convicciones personales, ha servido para que finalmente la Universidad haya clausurado la exposición por motivos de seguridad.
La exposición fotográfica objeto de debate es una manifestación del derecho, protegido en nuestra Carta Magna, a la libertad de expresión y a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. También dice la Constitución que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa, pero debe realizarse respetando los derechos y libertades fundamentales de los demás y, entre ellos, su derecho a la libertad religiosa. El equilibro entre ambos bienes jurídicos (la libertad artística y la religiosa) es muy delicado y exige que las partes sean tolerantes y hagan uso de cierta dosis de sentido común.
La exhibición puede no ser del agrado de muchos creyentes, e incluso que algunos la perciban como un ataque a sus convicciones, y probablemente por ese motivo se celebró en una sala de exposiciones de acceso libre. Ahora bien, aquellos que se sienten ofendidos deberían tener en cuenta que existen numerosas manifestaciones de sus legítimas creencias que pueden desagradar a los que no las comparten como, por ejemplo, las imágenes y el espectáculo que acompaña a las procesiones de Semana Santa, con la diferencia de que estas se desenvuelven en espacios públicos.
La convivencia y la paz social sólo es factible en un contexto de respeto mutuo, donde el dicho de Voltaire de que no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo, sea una realidad. Los poderes públicos tienen la obligación de salvaguardar el pluralismo ideológico y religioso, y al clausurar la exposición se ha creado un precedente muy delicado, que esperemos que no sirva para que en el futuro, al igual que se hacía en otras épocas que pensábamos que estaban felizmente superadas, haya que someter las manifestaciones artísticas a la censura previa para evitar herir la susceptibilidad de aquellos que estos días han dado un ejemplo tan grande de fanatismo e intolerancia.
