JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Con gran algarada tanto mediática como política, hemos recibido estos días de atrás al viceprimer ministro chino. Nos recordaba al Míster Marshall de Berlanga. Es curioso lo que ocurre con China. Nuestras democracias occidentales –siempre tan estrictas cuando se trata de enjuiciar la posible falta de libertad de los regímenes populistas del Tercer Mundo– sufren una especie de amnesia al tratar con el país asiático cuyo régimen aglutina lo peor del comunista y del capitalista: falta de libertad con enormes desigualdades y la opresión más brutal en el orden social y laboral.
China acude como salvadora de las economías periféricas de Europa, dispuesta a comprar su deuda pública al igual que lo hace con la de EEUU. Habrá que evocar aquel epigrama de Juan de Iriarte: “El señor don Juan de Robres, con caridad sin igual, hizo este santo hospital… y también hizo los pobres”. China, con una competencia desleal, genera primero los déficits en los países y, más tarde, adquiere su deuda para que puedan continuar consumiendo productos chinos. El crecimiento del gigante asiático se basa en la técnica de empobrecer al vecino. No tiene más remedio que comprar dólares y euros si quiere que el yuan continúe infravalorado, lo que permite sus exportaciones; pero impide gastar las divisas obtenidas en el interior, de modo que la población china no puede beneficiarse. El consumo es tan sólo el 30% del producto interior bruto.
Lo desconcertante es que el resto de países le permitan instrumentar tal política y no apliquen, a su vez, frente a ella, políticas defensivas. La explicación hay que buscarla en los múltiples intereses económicos y empresariales que se mueven alrededor de China. Los empresarios quieren producir en China y en otros países similares, en los que los costes laborales son muy reducidos, y vender después los artículos en los países desarrollados. Ello incrementará sus beneficios y minorará la parte del producto que se dirige a los trabajadores. Tal aumento de la desigualdad por fuerza tiene que reducir el consumo, a no ser que se mantenga artificialmente a base de préstamos, lo que no puede prorrogarse indefinidamente. Los créditos de China no son la solución. Esta aparecerá cuando los países con superávits en sus balanzas de pagos, lejos de atesorar, gasten sus recursos y permitan que el tipo de cambio nominal coincida con el efectivo.
Juan Francisco Martín Seco es economista
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Hace apenas un año circuló un chascarrillo en los medios financieros. ¿Cuál es la diferencia entre Islandia e Irlanda? Una letra y seis meses. Lo de la letra estaba claro; lo de los seis meses remitía al plazo en el que se pensaba que el tigre celta iba a encontrarse en la misma triste situación que el país del norte. Entonces parecía una boutade exagerada, ya que no era previsible que se pudiera repetir el desastre económico de Islandia. No obstante, ambos países tenían un rasgo común: eran pequeños y tenían un sistema financiero desproporcionado para su tamaño.
La llamada mundialización ha dejado al descubierto su enorme mentira. Bajo sus principios, muchas entidades financieras se han transformado en gigantescas multinacionales; en algunos casos, sobrepasan en tamaño y en potencia económica a los estados en los que han surgido. Se afirma que en este nuevo orden las empresas no tienen nacionalidad, pero lo cierto es que, tan pronto ha surgido la crisis, han comenzado las banderas a agitarse y las entidades financieras a reclamar protección de sus estados. Sin embargo, algunas eran tan grandes y sus países tan pequeños que los arrastraron al abismo. Este ha sido el caso tanto de Islandia como de Irlanda.
En concreto, el llamado tigre celta asumió todos los principios del capitalismo liberal, lo que propició una burbuja especulativa de enormes proporciones que si bien generó durante unos años tasas de crecimiento espectaculares, lo hizo a expensas de un fuerte endeudamiento. Los bancos, totalmente liberalizados, se hipotecaron en el exterior para conceder préstamos irresponsables en el interior. El descenso del valor del suelo y de la vivienda los puso contra las cuerdas. El Gobierno irlandés adoptó la peor solución posible: respaldó totalmente a sus bancos, no sólo garantizando el 100% de los depósitos, sino todos los pasivos bancarios.
El resultado es que hoy Irlanda se encuentra en una situación peor que la de Islandia, país que hizo recaer parte del coste de la insolvencia sobre los acreedores extranjeros, impuso el control de capitales y devaluó su moneda. Nada de esto le está permitido hacer a Irlanda, ya que pertenece a la eurozona. Los sucesivos ajustes lo introducen en una espiral descendente sin que se vislumbre la salida y sin que los mercados se tranquilicen. Todo a cambio de que los otros estados miembros salven no al país, sino a sus entidades financieras.
Juan Francisco Martín Seco es economista
FRANCISCO BALAGUER
Catedrático de Derecho Constitucional
Uno de los argumentos recurrentes que se plantearon contra la huelga del día 29 fue el de la imposibilidad de que el Gobierno siga otra política económica debido a la presión de los mercados y de la Unión Europea. Un razonamiento que –pese
a ser discutible– nos puede servir de base para una reflexión sobre el sentido democrático de la huelga y sobre la necesidad de plantearse medidas de protesta más allá de los escenarios estatales, en los que se mueven de manera casi exclusiva en la actualidad.
El argumento no sólo es discutible por lo que se refiere al margen del Gobierno para desarrollar otra política económica. También lo es por lo que atañe a la intervención de la Unión Europea. En realidad, el problema es que no hay políticas económicas europeas democráticamente acordadas que tengan que ser seguidas por todos los gobiernos de los estados miembros. Por ese motivo, los estados más poderosos han conseguido imponer sus planteamientos, basados en restricciones presupuestarias y recortes de los derechos laborales y sociales.
Es justamente el sometimiento de los gobiernos europeos a las presiones de los especuladores bursátiles lo que avala las medidas de protesta social. Unas medidas que se proyectan más allá de su significado laboral y social para convertirse en expresión ciudadana de resistencia frente al cambio drástico que se está produciendo en las reglas democráticas. Porque es preciso que, fuera de los espacios públicos estatales, ahora sometidos a oscuros intereses, se perciba que debe haber un límite a la voluntad arbitraria y voraz de los poderes económicos que se han impuesto en Europa. Un límite que, en última instancia, sólo la ciudadanía puede establecer.
Ahora bien, los sindicatos deberían reflexionar también sobre el limitado ámbito geográfico en el que las acciones de protesta se están desarrollando. Salvo contadas excepciones –con impacto limitado–, estas acciones se están planteando en un contexto estatal frente a problemas que tienen una dimensión supranacional. Esta variable supranacional debe ser considerada en el futuro para concertar acuerdos y programar acciones a nivel europeo que puedan resultar eficaces. Porque este es un partido que se puede y se debe jugar también en el campo estatal, pero que se está decidiendo en el terreno europeo.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
A lo largo de todos estos meses, distintos miembros del Gobierno han venido anunciando una subida de impuestos a los ricos (eran sus palabras), que compensase el enorme coste que están asumiendo los pensionistas y las clases populares. Bien es verdad que tras estas declaraciones aparecían enseguida otras realizadas también por integrantes del Gobierno afirmando que en ese momento no tocaba. A la vista de las medidas introducidas en la Ley de Presupuestos, parece que no va a tocar nunca, o quizá algo peor, porque se quiere dar a entender que se ha hecho lo que no se ha hecho. En cierta forma, constituye una tomadura de pelo.
Todo queda reducido, casi, a la creación de dos tramos más en la tarifa general del IRPF que, como bien indicaba este diario el sábado pasado, va a representar, por ejemplo, una subida de unos 300 euros al año para aquellos contribuyentes cuyos ingresos se sitúan alrededor de 150.000 euros anuales. He dicho mal, porque se trata tan sólo de aquellos contribuyentes que obtengan tales ingresos pero exclusivamente por rentas de trabajo, ya que las rentas de capital quedan fuera de la tarifa general y tributando únicamente al 21%.
Conviene recordar que en el diseño inicial, cuando se creó el IRPF en 1978, el tipo marginal máximo se situaba en el 65%. En los momentos actuales, tras las distintas reformas fiscales, alcanza tan sólo el 43%; por lo que la medida de elevarlo al 45% sería coherente, pero siempre que antes se hubiesen integrado de nuevo las rentas de capital en la tarifa general. De lo contrario, se genera todo tipo de paradojas e injusticias.
Se retocan las sicav, también para parecer que se ha hecho algo, pero van a poder seguir existiendo y, lo que es más grave, utilizándose con fraude de ley por las grandes fortunas y, además, blindadas a la inspección de Hacienda, sin que la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la que se ha dado la competencia sobre ellas tome ninguna medida.
Y, por supuesto, ni se habla de recuperar el Impuesto de Patrimonio, que constituye un instrumento fundamental para que los verdaderamente ricos contribuyan con las cantidades que han logrado eludir en otros impuestos. Tampoco se toca el Impuesto sobre Sociedades, aunque nada más fuera para que el tipo efectivo del 10% se acercase al nominal del 30%. En fin, que las clases acomodadas pueden seguir tranquilas.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
Desde hace pocos años, se ha incorporado al acervo de verdades políticas establecidas la idea de que los partidos de derechas no son penalizados por sus votantes por los casos de corrupción. Estadísticamente la afirmación es cierta, aunque siempre me ha dado la sensación de que el fenómeno se daba por descontado como una ley de la naturaleza o que se explicaba por medio de una supuesta falta de ética del votante de derechas. Los motivos para esta transigencia, sin embargo, están más bien en el ámbito de lo racional, de los intereses reales del votante característico de un partido de derechas. Siendo racional la respuesta del votante, podemos esperar que se mantenga a lo largo del tiempo si el entorno no cambia sustancialmente. Podemos también esperar que los partidos beneficiados por esa respuesta tomen buena nota y no sientan la necesidad de atajar la corrupción en sus filas. Todo ello conduce a que la derecha, en efecto, esté hoy por hoy condenada a la corrupción.
¿Qué motivos racionales dejan a un determinado tipo de votante indiferente ante la corrupción? Señalaré sólo tres de entre una lista bastante más extensa. Primero: ese votante defiende lo suyo al votar (sus recursos, sus rentas) pero no considera que el sector público, del que la corrupción detrae recursos, sea algo suyo. Siempre que sea posible, ese tipo de votante intentará huir de los servicios prestados directamente por el sector público (educación, sanidad, por ejemplo). Segundo, adicionalmente el votante al que me refiero no considera suyo algo que no contribuye a financiar de forma muy intensa: una presión fiscal baja, un sistema fiscal poco progresivo y amplias posibilidades para el fraude fiscal actúan en este sentido. Tercero, el votante considera que probablemente él caería en la corrupción de estar en una posición adecuada: al percibir al sector público como poco menos que un lastre para la economía y la sociedad, el saqueo aparece incluso como algo deseable.
Visto lo visto, ¿tiene realmente un partido como el PP incentivos para poner freno a la corrupción entre los suyos? Parece que no, que le puede ser rentable la actitud tibia que ha tenido hasta ahora. En su momento, Aznar pronunció la vana afirmación de que “el PP es incompatible con la corrupción”. Como desiderátum, podría no estar mal. La realidad, sin embargo, nos ha ido acercando al actual paraíso de imputados.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
El pasado mes de agosto se cumplió el tercer aniversario de la explosión del mercado de hipotecas de alto riesgo estadounidense que marcó el inicio de la crisis, lo que nos otorga ya cierta perspectiva. Al revisar lo ocurrido sorprende que la falta de un diagnóstico acertado de los problemas haya llevado en tan poco tiempo a un mismo gobierno a adoptar interpretaciones y tratamientos no sólo dispares, sino
contrapuestos.
La misma percepción que ha ofrecido el Gobierno de la crisis mudó desde su negación inicial y su paulatino reconocimiento, hasta subrayar su gravedad para imponer sacrificios, sin que por ello se dejara de anunciar la continua aparición de “brotes verdes” que prometían la salida de la misma. El hecho de que la banca española apenas se viera contaminada por las hipotecas subprime estadounidenses –porque se dedicaba a titulizar y vender las suyas propias– hizo cantar victoria antes de tiempo, al no advertir los inconvenientes que entrañaba esa ventaja. En vez de planificar la gestión de la crisis bancaria que se avecinaba, el Gobierno alardeó entonces de la fortaleza de la banca española, para cuestionarla de hecho a renglón seguido ofreciéndole cuantiosas e incondicionadas ayudas y, finalmente, un fondo millonario para reflotar las entidades en apuros. A la vez que, sin decirlo, se acabó acordando con la derecha abrir la puerta a la privatización de esos últimos residuos de banca pública que son las cajas de ahorros.
Mayores bandazos si cabe se observaron en los planteamientos de fondo del Gobierno que pasaron, del afán de paliar la crisis aumentado alegremente el gasto público y perdonando impuestos, a recortar con igual alegría gastos y aumentar impuestos. O también, defender a capa y espada el gasto social como antídoto contra la crisis, para cercenarlo después y promover reformas orientadas a rebajar retribuciones y derechos de los trabajadores y abaratar el despido. Ese mismo Gobierno pasó, en suma, de abrazar el keynesianismo a aplicar la ortodoxia liberal, atendiendo supuestas exigencias de la UE –a la sazón presidida por Zapatero– acentuando con ello la recesión y dañando la cohesión, al erosionar salarios y pensiones que se sitúan tan por debajo de la media comunitaria como los de Rumania, Grecia, Portugal…o España. Semejantes bandazos, sin un ápice de autocrítica, provocan el malestar de los trabajadores y perjudican las perspectivas electorales.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
El presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso, se enfrentó el pasado martes al primer debate sobre el Estado de la Unión. Su mensaje fue recibido por el Parlamento Europeo combinando una moderada aceptación (cuando Barroso criticó el racismo y señaló la necesidad de mejorar la coordinación económica y la supervisión financiera) con críticas por la falta de liderazgo de una Comisión desplazada por el directorio franco-alemán.
En un momento en el que se extiende el convencimiento de que lo peor de la crisis ha pasado, el debate se centró en la capacidad de las instituciones europeas para diseñar una hoja de ruta que fuera más allá de exigir el mantenimiento de los planes de ajuste y la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones. En definitiva, se trataba (y se trata) de dilucidar si hay un proyecto europeo o sólo la recuperación de algunas economías, la alemana fundamentalmente.
Para responder a esta pregunta, los mensajes de mayor coordinación y supervisión de la actividad bancaria y de los mercados financieros ya no son suficientes. Ante la necesidad de encontrar un nuevo modelo económico, los gobiernos nacionales disponen cada vez de menos recursos, no sólo por los planes de contención del gasto público, sino también por el agotamiento de los sistemas tributarios nacionales y la menor recaudación. Esta situación se explica, en parte, porque en ausencia de un sistema fiscal
europeo, los gobiernos nacionales compiten por atraer capital reduciendo la imposición sobre este y compensándolo con una mayor presión sobre las rentas del trabajo, menos móvil y más fácil de someter a tributación. Sin embargo, factores cíclicos como la crisis económica, o permanentes, como el envejecimiento de la población, cuestionan la sostenibilidad de la estrategia de los gobiernos de hacer descansar el sistema impositivo sobre las rentas del trabajo.
El desarrollo de un sistema fiscal europeo resulta así necesario para equilibrar la imposición sobre los distintos tipos de rentas y hacer creíble un modelo europeo de desarrollo. Un sistema fiscal europeo no significa la supresión de la soberanía fiscal nacional ni la duplicación de figuras impositivas sino, en primer lugar, definir qué servicios públicos se financiarán, qué bienes públicos se protegerán o, en definitiva, qué modelo social y económico se prefiere. Por eso se esperaba (y se espera) más de la Comisión Barroso.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
Desde posiciones liberales se da énfasis al efecto que tienen las crisis económicas sobre la “destrucción creativa”. En las crisis se intensifica el proceso de selección por el cual sobreviven sólo las actividades y empresas más aptas, las más eficientes. Este proceso de depuración contribuye finalmente al progreso de la economía en el capitalismo. No viene mal, entonces, una crisis económica de vez en cuando y, en todo caso, la propia crisis establece las condiciones para el paso a un nuevo ciclo de crecimiento.
Pero la realidad no se ajusta completamente a esa visión idealizada. A menudo las crisis generan procesos que, más que contribuir a la recuperación, la dificultan extraordinariamente. Estos procesos hacen que, de hecho, sepamos cuándo empieza una crisis pero no sepamos ni siquiera aproximadamente cuándo acabará. Quiero proponer, casi como una metáfora, el Dust Bowl, una catástrofe de enormes dimensiones que tuvo lugar en Estados Unidos durante los años 1934 a 1938 y que es relativamente poco conocida. El Dust Bowl, caracterizado por continuas tormentas de arena que arrasaron buena parte de los estados de Oklahoma, Texas, Kansas y Colorado, provocó la ruina, la migración de centenares de miles de personas y la desaparición de pueblos, pequeñas ciudades y miles de granjas. Estuvo causado por una conjunción de motivos económicos y climáticos que confluyeron en la erosión de enormes cantidades de terreno antes cultivado. Fue la sobreproducción hasta 1929, coincidiendo con precios muy elevados del grano, y el cese de la producción, a partir de 1929, combinado esto con años de sequía, lo que causó que las columnas de polvo llegaran hasta la costa este y, más allá, hasta bien entrado el Atlántico.
Por muy pesimista que se sea, resulta difícil imaginar un efecto colateral de la crisis actual de una magnitud tan inquietante como el Dust Bowl. Sin embargo, la metáfora llama la atención sobre otros efectos colaterales que sí pueden producirse y reducir las posibilidades de crecimiento en el futuro. Se podría poner una diversidad de ejemplos, pero mencionaré aquí únicamente cómo la crisis está afectando a una generación de jóvenes que, sin suficiente formación, no está incorporándose al mercado de trabajo y que tendrá grandes dificultades para hacerlo adecuadamente a lo largo de su vida. No toda la destrucción que se produce en la crisis es creativa.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Ha sido recientemente noticia que el Producto Interior Bruto (PIB) de China ha sobrepasado al de Japón, arrebatándole de ese modo el título de segunda potencia económica mundial. Regirse exclusivamente por el crecimiento del PIB para medir la prosperidad económica de un país es cometer un craso error. Se suele dar por supuesto que el crecimiento siempre es bueno y que, además, repercutirá en mayor o menor medida en todos los ciudadanos.
La crisis que en estos momentos está atravesando España es un buen ejemplo de lo contrario. Aproximadamente durante 12 años, nuestro país ha presentado altas tasas de crecimiento, de manera que se hablaba del milagro español; pues bien, ese milagro está deviniendo en catástrofe. En primer lugar, esas tasas de crecimiento se lograron con un fuerte incremento de la población, con lo que la renta media, aún cuando creció, no lo hizo al mismo ritmo que el PIB; a lo que hay que añadir que la distribución de la renta evolucionó a favor del excedente empresarial y en contra de los salarios, de tal forma que estos apenas han mantenido el poder adquisitivo. Pero es que, además, el crecimiento de estos años se ha conseguido a base de generar enormes desequilibrios que se están pagando muy caros desde 2007. Aquel crecimiento, al que se dedicaban entusiastas parabienes, ha ocasionado graves daños a la mayoría de la población, ya que no se beneficiaron de él en su momento y les está generando considerables perjuicios en la actualidad.
China puede haberse convertido en la segunda potencia económica mundial; pero cuando ponemos en relación su PIB con la población, nos encontramos con que la renta per cápita es diez veces inferior a la de Japón, que ocupa el puesto 103 en la clasificación internacional entre Angola y El Salvador y, lo que es peor, que será uno de los países en los que la que desigualdad sea mayor y las condiciones laborales y sociales más penosas. Todo ello con un régimen comunista que mantiene en lo político una dictadura de hierro. Por otra parte, su crecimiento, basado en aumentar las exportaciones mediante un tipo de cambio irreal, unas condiciones laborales infrahumanas y en limitar las importaciones y el consumo, no puede perdurar indefinidamente. ¿Cuál es el motivo de que se hable de China con tanta admiración? ¿No será que es el modelo económico al que quieren que converjamos?
JOSÉ MANUEL NAREDO
Catedrático de Derecho Constitucional
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha puesto contra las cuerdas a los inversores y promotores del ladrillo al recortar sus ingresos y activos patrimoniales, sin que se redujeran en consonancia sus obligaciones de pago. Esta situación acabó amenazando a la banca al acarrear el aumento de la morosidad y los impagos, a la vez que la caída de los precios de los inmuebles devaluaba las propias garantías hipotecarias. ¿Cuáles son las perspectivas?
Dos factores atizan la polémica sobre la evolución de los precios y las valoraciones inmobiliarias. Una, que la caída de ambas daña la salud de influyentes entidades inmobiliarias y financieras. Otra, que no existe información solvente de los precios a los que efectivamente se realizan las transacciones inmobiliarias. Tradicionalmente se han venido confundiendo los precios de mercado de la vivienda con los precios estimados que le atribuyen las empresas de tasación, recogidos en el índice que elabora el Ministerio de Vivienda (MV). Un reciente informe del Banco de España confirma la elevada concentración de las empresas tasadoras y su fuerte dependencia de entidades de crédito interesadas en suavizar la caída de los precios inmobiliarios. No parece casualidad que el mencionado índice oficial rebaje a la mitad la caída de los precios de la vivienda observada en los anuncios. En efecto, mientras el índice de precios de los anuncios de Fotocasa acumula ya una caída del
21,8 %, el índice del MV apenas acumulaba una del 10,7 % en el segundo semestre de 2010. Como en momentos de crisis aumentan las rebajas que sesgan la caída de los precios de mercado por debajo de la de los anuncios, cabe concluir que el índice oficial de precios de la vivienda tiende a minimizar dicha caída.
En lo tocante a las perspectivas, se han venido anunciando a bombo y platillo atisbos de estabilización y repunte de los precios de la vivienda. Sin embargo, se ha silenciado que los precios han reactivado su caída con la constelación de medidas depresivas que se han venido aplicando. En efecto, el índice de precios de los anuncios de julio marca ya seis meses seguidos de caídas intermensuales. Al mismo tiempo, como muchas de las subastas de inmuebles quedaban desiertas por el elevado precio de salida, Metrovacesa ha empezado a hacer subastas a la baja… No. No parece que los precios inmobiliarios hayan tocado suelo, por mucho empeño que se ponga en anunciarlo.
