CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
Los espacios económicos ya no están encerrados en fronteras administrativas. No obedecen a los perímetros que les marcan los límites administrativos, sean municipales, regionales o estatales. Y no es que no tengan lugares físicos, no es que la globalización los haya transformado en espacios virtuales sin nombre ni coordenadas. Los espacios económicos tienen sus lugares y sus confines pero estos dibujan contornos propios. Las macrorregiones son las más recientes.
En un mundo global, donde la información fluye de forma inmediata y las comunicaciones y los transportes permiten buenas conexiones en distintos medios de transporte, parecería que el lugar donde se ubican las actividades económicas fuera poco importante. Como si los avances tecnológicos en materia de comunicaciones e infraestructuras hubiesen igualado las oportunidades de los distintos lugares. Y que la pregunta de dónde se sitúan fuera cada vez menos pertinente.
Sin embargo, la realidad muestra todo lo contrario. Las actividades económicas, especialmente las más creativas e innovadoras, tienden a concentrarse en ciertos espacios básicamente urbanos. Eso no quiere decir que sea en ciudades aisladas, sino en ámbitos metropolitanos o regionales donde la presencia de una red de ciudades de distintos tamaños es fundamental. Unos ámbitos, las macrorregiones, que tienen capacidades formativas de alto nivel a través de sus universidades y que ofrecen accesibilidad en distintos medios de transporte. Donde la calidad de vida es un factor esencial y el tejido social es lo suficientemente denso para que puedan florecer nuevas ideas y conocimientos.
Sólo a modo de ejemplo, en EEUU más del 90% de toda la producción económica se concentra en las regiones metropolitanas o en las agrupaciones de estas, las macrorregiones.
La paradoja está en que en un momento en el que las infraestructuras y las nuevas tecnologías tienen el efecto óptico de diluir el factor lugar y parece que podamos crecer y avanzar unos aislados de los otros, aparece la fuerza de la concentración de las personas y de las actividades económicas. Y con ellas la importancia del lugar. Un territorio multinuclear y en red que permita multiplicar el potencial económico de las unidades aisladas. Es tarea de las administraciones reconocer estos factores cuando se encuentran en sus ámbitos adminitrativos y potenciarlos. Al contrario, si se intenta disgregarlos y dispersarlos, perdemos todos.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
A pesar de los recientes datos sobre la evolución del PIB de las economías europeas, ni los más optimistas se atreven a hablar del fin de la crisis. Quizás porque los datos de crecimiento no reflejan completamente una realidad, que está también caracterizada por factores como el aumento del empleo temporal, precisamente en aquellas economías consideradas lanzaderas de la recuperación: un incremento del 23,6% respecto a los niveles de marzo-abril de 2009 en Alemania y un 16% en Francia (Eurociett).
Los mercados de trabajo no se recuperan al mismo ritmo que el crecimiento del PIB. En febrero de este año, la tasa de desempleo de los trabajadores menores de 25 años alcanzó el 20% en la zona euro (Eurostat). En este contexto pudiera pensarse que la creación de empleo sea el tema principal de futuras citas electorales. Y aunque históricamente los partidos socialdemócratas se presuman como los más adaptados para competir en este escenario, la extrema derecha está consiguiendo mejores resultados en situaciones de alto
desempleo (sobre todo en países con mayores flujos migratorios a los que se responsabiliza de la situación).
Parece así que la extrema derecha ha sabido rentabilizar la cuestión del desempleo, accediendo a la competición partidista. Del otro lado, asistimos al desencuentro entre los movimientos extraparlamentarios de izquierda y los partidos socialdemócratas. La deriva extraparlamentaria de los movimientos de izquierdas puede deberse a una creciente desafección ante un debate parlamentario en el que cada vez existen menos diferencias entre socialdemócratas, conservadores y liberales. También puede deberse a que los movimientos extraparlamentarios de izquierda han encontrado otros canales de manifestación como es el caso, por ejemplo, de las formaciones que surgen con ocasión de las elecciones europeas.
La situación actual es la de un progresivo distanciamiento de los partidos socialdemócratas con unos movimientos extraparlamentarios de izquierda que no son persuadidos fácilmente con conceptos como el de flexiguridad, máxime cuando la puesta en práctica de los mismos requiere de una inversión pública cortocircuitada por los planes de contención del gasto. Así, la capacidad de incluir los movimientos extraparlamentarios de izquierda será un factor determinante en las fortunas electorales de los partidos socialdemócratas en Europa.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
El domingo 15 de agosto este diario publicó un extenso reportaje acerca del caos en el que se ha convertido nuestro sistema fiscal. Citaba, en primer lugar, un informe de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto algo que todos sospechábamos: que el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades es muy inferior (el 10%) al tipo nominal, situado ahora tras diversas rebajas en el 30% .
El dato, además de escandaloso, es bien expresivo de la hipocresía de ciertos discursos formulados principalmente desde el sector empresarial que, basándose exclusivamente en el tipo nominal, afirman que en España el gravamen sobre sociedades es de los más altos de Europa. Lo cual no sólo es falso sino que se convierte en un sarcasmo si atendemos al tipo efectivo, es decir, al porcentaje que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios, ya que el cúmulo de deducciones y desgravaciones termina por vaciar de contenido el impuesto.
Especial mención merece el tratamiento fiscal dado a las empresas españolas para que hagan de nuevo las américas y obtengan pingües beneficios en el exterior, a menudo esquilmando a esos países y sin ningún beneficio para la sociedad española. Todo lo contrario, puesto que financian sus aventuras exteriores a cargo del erario público, que les permite desgravar sus intereses.
El mencionado reportaje citaba también otro informe, este de la Comisión Europea, censurando las reformas fiscales acometidas en España desde 1997 –yo diría que incluso desde antes– y origen en buena medida del elevado déficit que mantenemos en la actualidad. Bien es verdad que es una pena que la Comisión, en lugar de aplaudir, no hubiese hecho esas advertencias cuando los gobiernos del PP, tras arrasar con sucesivas reformas el sistema fiscal, no se cansaban de vocear esa patochada de que bajando los impuestos se recauda más –por cierto, que lo siguen diciendo–. O cuando el PSOE postmoderno afirmaba aquello de que bajar los impuestos es de izquierdas, al tiempo que continuaba la obra del PP reduciendo el tipo del Impuesto sobre Sociedades, permitiendo que las rentas de capital permaneciesen fuera de la tarifa general del IRPF, propiciando el fraude en las SICAV, disminuyendo el tipo marginal del IRPF o eliminando el Impuesto sobre el Patrimonio. El ministro de Fomento ha declarado que se pagan pocos impuestos en España. No generalicemos. Son algunos los que no los pagan.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
La afirmación de que la vida humana tiene un valor incalculable o infinito puede apoyarse en algún fundamento ético, pero se contradice con los procesos de decisión reales. No destinamos todos los recursos, continuamente, a preservar la vida; esto lo podemos afirmar al referirnos tanto al ámbito de las decisiones personales como al de las decisiones que toman empresas y administraciones.
En realidad, tomar decisiones personales y, también, del ámbito público, consiste en gestionar continuamente riesgos, decidir en última instancia qué valor le damos a la vida humana. Pensemos, por ejemplo, en el tumulto de la reciente Love Parade en Duisburgo. Es probable que el Ayuntamiento, como decisor colectivo, aceptara una reducción de los recursos dedicados a la seguridad con objeto de moderar los costes del evento. Comportamientos similares los estamos viendo cada vez con más frecuencia durante la crisis económica.
La crisis introduce cambios en la forma en que se gestionan los riesgos, cambios que finalmente se traducen en una valoración más baja de la vida humana. Por decirlo de un modo técnico, las personas y las organizaciones reducen su aversión al riesgo. Las cifras más recientes relativas a los accidentes laborales apuntan en ese sentido: en términos relativos, una vez descontado el efecto de la reducción de la actividad en determinados sectores, la siniestralidad laboral está repuntando. El énfasis en la contención de los costes y la dilución de la responsabilidad en un contexto corporativo “agitado” provocan que el mantenimiento y la seguridad desciendan en la lista de prioridades. Es posible, también, que el mayor estrés al que están sometidas muchas personas conduzca a que estas incurran en mayores riesgos.
Mientras dure la crisis podemos esperar, pues, una menor valoración, en las acciones del día a día, de la vida humana y, por tanto, un mayor riesgo de accidentes (pautas de actuación que nos acercan a las existentes en países menos desarrollados). Podemos esperar, pero también debemos evitarlas. Decir esto en el terreno de lo individual es casi un brindis al sol. Pero no lo es cuando nos referimos a las empresas y a las administraciones públicas, a las que debemos exigir, como trabajadores, como clientes y como contribuyentes, que no bajen la guardia con la crisis, que no reduzcan, en suma, el valor que le damos a la vida humana.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Parecía ser una tesis comúnmente aceptada que uno de los logros de la humanidad radica en la evolución positiva que poco a poco se ha venido produciendo, al menos en algunos países, en los derechos de los trabajadores. Cabría suponer que tal tendencia continuaría en paralelo con el incremento de la riqueza y el crecimiento económico. Pero he aquí que no. De hecho, hace ya 30 años que el proceso se ha invertido.
Concretamente en España, desde que en 1980 se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, las organizaciones empresariales y fuerzas afines no han dejado de reclamar modificaciones en el mercado laboral. Todas, ciertamente, en la misma línea. Reforma tras reforma (paradójicamente todas aprobadas bajo un Gobierno socialista), con los argumentos más peregrinos, se han ido precarizando las condiciones laborales y reduciendo los derechos de los trabajadores. Siempre se parte de un hecho real, la enorme tasa de paro. En los años ochenta, con el objetivo, según se decía, de crear empleo, se fue propiciando todo tipo de contratos precarios hasta conseguir que España se situase a la cabeza de Europa en tasa de temporalidad y, ahora, los mismos que promovieron y votaron aquellas reformas argumentan que la temporalidad es muy alta, que el mercado es dual y que, para luchar contra el paro, es preciso abaratar el despido.
En todos los casos se parte de un mismo error, olvidar que no es en el mercado de trabajo donde se determina la cantidad de empleo, sino que son otras variables económicas, principalmente la demanda, las que lo fijan. Ningún empresario va a contratar a un solo trabajador si sus expectativas son pesimistas. En lo que sí intervienen sustancialmente las condiciones laborales es en la distribución de la renta, en cómo se reparte el coste en tiempos de crisis y en la velocidad con que este se transfiere a los trabajadores.
La reforma que en estos momentos se está discutiendo en las Cortes permite que a la menor dificultad económica, incluso la mera previsión de futuras pérdidas reales o imaginarias, las empresas puedan recurrir al despido y, además, de forma casi gratuita. Importa poco que en anteriores etapas se hayan obtenido fabulosas ganancias. Tradicionalmente se justificaba el beneficio de los empresarios por el riesgo que asumían. En la actualidad, se busca que el riesgo recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
Hay mucho de iluso en la veneración que suscita en Occidente el trepidante desarrollo económico registrado en China y otros países calificados de emergentes, pues esta especie de fascinación soslaya los enormes
daños territoriales, ecológicos y sociales que tal desarrollo acarrea. En su libro La actualidad de China (Crítica, 2009)
Poch-de-Feliu señala que dicha fascinación “no entiende el drama de quien llega tarde a un modelo ya caduco”. En efecto, el modelo de desarrollo que están siguiendo esos países es un modelo caduco, porque revive a una escala sin precedentes el modelo de capitalismo carbonífero caciquil y de trabajo precario que abandonaron hace tiempo los países cuna de la revolución industrial. Ese modelo entrañaba la explotación más descarnada y, por ende, el desprecio más absoluto hacia la naturaleza y hacia los seres humanos. Se establecieron así, en los países europeos de capitalismo maduro, regulaciones que permitieron proteger derechos y vidas humanas y conservar territorios y paisajes, mientras mantenían su capacidad de compra sobre el mundo.
La globalización imperante ha tenido una doble incidencia en ese proceso. Por una parte, ha desplazado hacia los países “emergentes” la producción industrial más exigente en energía, materiales y contaminación, ayudando a preservar en las antiguas metrópolis el medio ambiente y el elevado consumo de sus poblaciones sin tensiones inflacionistas. Por otra, esa globalización amenaza con echar por
tierra sus logros de civismo y convivencia en aras de una supuesta competitividad. No sólo compiten con ventaja los productos de los países emergentes, obtenidos con exigencias ambientales y salarios mucho más precarios, sino que legiones de inmigrantes buscan en las metrópolis mayores ingresos y libertades. Se fuerzan así tendencias a rebajar salarios, ayudas sociales y derechos de las propias poblaciones metropolitanas, amenazando con regresar hacia un abismo decimonónico que parecía superado.
Es grande la brecha que separa nuestros precarios mileuristas de los, en el mejor de los casos, cieneuristas de la emergente China… o diezeuristas de Bangladesh. Si con el pretexto de la crisis se pide frugalidad y esfuerzo a los ciudadanos, que sea para reforzar ese modelo de convivencia y solidaridad que habían ilustrado algunos países europeos y no para restaurar un modelo de explotación económica y de polarización social que parecía haber quedado atrás.
JUAN FRANCISCO MARTIN SECO
Economista
Frente al optimismo del Gobierno español, según el cual todos los días estamos saliendo de la crisis, se sitúa la opinión de los analistas internacionales –especialmente los de EEUU– que no ven las cosas tan claras y no descartan la posibilidad de que una segunda depresión aceche en lontananza. El mismo Ben Bernanke, gobernador de la Reserva Federal, advirtió hace unos días del riesgo que existe de que se interrumpa la recuperación de la economía, tanto de la americana como de la global. Llegó a calificar como “inusualmente inciertas” las perspectivas, y es que son múltiples las señales que indican que, por mucho que se quiera, la tempestad no ha pasado.
Tales conjeturas no tienen por qué extrañarnos; en realidad, lo sorprendente sería lo contrario. Si en los inicios de la crisis los mandatarios internacionales parecían haber entendido la gravedad de la situación y todos los países se apresuraron a tomar medidas, estas, pasando el tiempo, han quedado reducidas al salvamento de los bancos con dinero público, porque hasta los parcos planes de estímulo fiscal que se adoptaron en el primer año se han desinflado en todas las latitudes, e incluso en alguna región, como Europa, se han transformado, bajo un brote de esquizofrenia, en ajustes durísimos. Da la impresión de que lo único que importaba era salvar las entidades financieras y que, una vez conseguido este objetivo, se retorna a las andadas con las prácticas más duras del neoliberalismo económico. Todo apunta a que se están cometiendo los mismos errores que en los años treinta.
Pero es que, además, se ha extendido un velo de silencio sobre los tímidos intentos que se habían realizado para identificar las verdaderas causas de la crisis: la globalización económica y financiera y, en Europa, la Unión Monetaria. Mientras persista la libre circulación de capitales y continúen los brutales desequilibrios en las cuentas exteriores de los países, mientras permanezca la Unión Monetaria con las actuales reglas y no se creen los adecuados mecanismos de compensación, será difícil que el fantasma de la depresión se aleje por completo. Los mismos planes de estímulo pueden resultar ineficaces. ¿Quién impedirá que los acometidos en EEUU, lejos de reactivar la economía americana, generen un mayor superávit de la balanza de pagos de China y un incremento de la deuda esta-
dounidense?
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
Con este mensaje, el filosofo francés Michel Féher trata de responder a la pregunta de por qué si la crisis económica es una consecuencia del liberalismo económico desmedido, los ciudadanos siguen eligiendo a políticos que apuestan, precisamente, por más liberalismo (véase el actual mapa político europeo). Este hecho pudiera deberse al desgaste de los partidos en el gobierno y a que la crisis económica haga preferir el cambio, sea este el que sea. Pero también se explica por la situación de la izquierda europea, huérfana de un proyecto más allá de la reducción del déficit público.
Precisamente para huir de este callejón sin salida, Féher plantea la necesidad de trasladar las conquistas sociales realizadas en el mercado laboral a los mercados financieros. Para ello, la izquierda ha de ganar un espacio que hasta ahora es monopolizado por el neoliberalismo: los criterios para valorar una empresa. La cotización de las empresas o, en general la valoración de cualquier empresa, no responde a ninguno de los criterios que definirían una economía ética y socialmente responsable. En Italia, el consejero delegado de Fiat, Sergio Marchionne, ha realizado la última apuesta: el mantenimiento de la producción en Italia pasa por un cambio en las relaciones sindicatos-patronal. De no producirse, Fiat podría abandonar el marco de la negociación colectiva y salir de la patronal italiana, Confindustria, creando así un peligroso precedente. Esta posición no ha tenido un efecto negativo en la evolución de la cotización bursátil de la empresa que, por el contrario, es presentada como ejemplo del poder económico de Italia, y que podría hacerse extensivo a empresas de cualquier otro país europeo.
Estos hechos reflejan que, mas allá de las criticas por la falta de regulación, o la imposibilidad de hacerla sin alterar el libre mercado, se ha perdido una herramienta poderosa que permitió las conquistas laborales: la identificación con el movimiento obrero, aunque no se formara parte de él. Hoy, por el contrario, nos sentimos más consumidores que trabajadores. Ello explica nuestras reacciones, y así que asuntos como el de Fiat se interpreten exclusivamente en clave nacional, o que la valoración de las empresas se refuercen con planes como el de Fiat o que, finalmente, más que hacer política consumamos política, sea esta la que sea.
ANTONIO IZQUIERDO
Economista
Es el primero, de los últimos diez años, en el que la natalidad extranjera ha disminuido en cantidad. Aun así, uno de cada cuatro alumbramientos habidos en España se debe al aporte inmigrante. El peso de estos nacimientos en el total de nacidos duplica la proporción de los inmigrantes extranjeros en el conjunto de la población. En el futuro, el rostro de los españoles será multirracial.
Las cifras que dan cuenta de la contribución extranjera a la natalidad son las que siguen: el número de nacidos se ha cuadriplicado pasando de 30.000 en 2000 a 125.000 en 2008, aunque, en el último año, el alza se ha quebrado. No obstante, los 118.000 nacidos durante 2009 suponen el 24% del total de alumbramientos. La primera pregunta es si esa encumbrada proporción es el resultado de su alta fecundidad o el reflejo de nuestra baja productividad, por así decirlo. Y la segunda cuestión nos lleva a indagar cuál es el grado de mixtura que origina esa natalidad foránea.
Empecemos por reflexionar acerca de la intensidad de la reproducción extranjera. Lo primero que resalta es su evolución a la baja, desde los 2 hijos en 2001 hasta el 1,7 que es el valor actual. Es verdad que el nivel de la fecundidad coyuntural de las extranjeras es diferente según el continente y la nacionalidad, pero en su conjunto no alcanza para el reemplazo de una madre por una hija, lo cual refleja una energía procreadora acorde al contexto en el que viven. En realidad, las africanas tienen más de 3 hijos por mujer, mientras que latinoamericanas y europeas rondan el 1,5 con claras diferencias según país y región. En resumen, su pauta de fecundidad y el tamaño familiar se aclimatan porque ahora y aquí, en lo tocante a la reproducción, todos somos parcos.
La huella del mestizaje es significativa. Si bien la mayoría de los nacimientos (64%) proceden de dos progenitores extranjeros (no necesariamente de la misma etnia y país), no es menos cierto que el resto tienen paternidad o maternidad española. Los datos precisan que 75.000 nacimientos proceden de pareja extranjera, otros 26.000 de padre español y madre extranjera y los 17.000 que quedan tienen padre extranjero. La conclusión es que el comportamiento fecundo de los extranjeros se adapta con prontitud a las condiciones materiales sin que ello exprese una convergencia cultural del ideal reproductivo.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
Aveces la excesiva iluminación de una fachada impide ver los interiores en penumbra. Es lo que ocurre con las deslumbrantes pruebas de resistencia de la banca española que, en vez de subrayar, soslayan sus puntos débiles. Este alarde mediático no disipará las dudas que frenan la afluencia de capitales hacia la economía española, ni disolverá
el endeudamiento exterior de la banca que motiva la sequía de créditos.
Los test de resistencia aplicados confirman que tanto la banca europea como la española ocupan posiciones sólidas en lo que concierne a sus ratios de capitalización formal. El problema de la banca española no arranca de no haber provisionado bien los riesgos, sino de haberlos concentrado en el sector inmobiliario desoyendo las advertencias sobre el peligro que entraña la exposición de diversas entidades a un mismo riesgo. La exposición de la banca española al sector inmobiliario acabó siendo superior a la de todos los otros países de nuestro entorno, incluido EEUU, como informó el Banco de Pagos Internacionales en 2007. El problema actual estriba en que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria afecta por diversos caminos a la salud del negocio bancario y hace depender los juicios sobre la solvencia de la banca de los criterios de valoración de los activos inmobiliarios y sus derivados. Por ejemplo, la comprometida solvencia de las cajas no sólo resulta del aumento de la morosidad y los impagos, sino de la pérdida de valor de sus activos y participaciones asociadas al negocio inmobiliario o a proyectos ruinosos vinculados al mismo, como los parques temáticos… o el aeropuerto privado de Ciudad Real.
La forma en la que se valoran los activos inmobiliarios en los balances es una cuestión clave cuya opacidad persiste a pesar de los test de resistencia de la banca. El hecho de que, a diferencia de la bolsa, el mercado inmobiliario no disponga de una estadística de los precios a los que efectivamente se realizan las transacciones, sino de precios de tasación que muestran una sospechosa aversión a la baja, contribuye a mantener esa opacidad. Las pruebas de estrés soslayan esta oscura situación para atribuir en el peor de los pronósticos una caída total del precio de la vivienda del 28%, cuando las propias entidades financieras e inmobiliarias vienen ofreciendo rebajas superiores a esa cifra. Por favor, menos complacencia y más modestia y transparencia a la hora de encarar los problemas.
