CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
En el año 2000, la Comisión Mundial de Presas ratificó los graves impactos que las presas producen en la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos y en las poblaciones afectadas, millones de personas sin rostro obligadas a desplazarse en nombre de un progreso injusto e insostenible. Ese mismo año se llenaba la presa Urrá I sobre el río Sinú, en el Resguardo de los Embera Katío, en Colombia. Culminaba un proceso que, desde 1963, conllevó graves violaciones de los derechos humanos de este pueblo: desplazamientos por inundación de tierras, extinción del pescado en sus ríos, incremento de enfermedades tropicales, asesinatos, secuestros y decomiso de bienes por parte de los grupos armados ilegales (paramilitares y guerrilla) y del Ejército.
En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del pueblo Embera Katío y ordenó que se investigara y juzgara a los responsables de estas violaciones. Pero las medidas no llegan y el resguardo sigue en medio del fuego cruzado de intereses y actores armados. La Comisión Colombiana de Juristas y el informe A/HRC/15/34 de 2010, elaborado tras la visita del Relator Especial de Naciones Unidas, han dado cumplidos detalles de esta situación de indefensión.
La nueva amenaza es la construcción del megaproyecto Urrá II o Proyecto río Sinú, que inundaría 50.000 hectáreas de selva tropical y afectaría a tres de los ríos de los Embera. El Estado colombiano se comprometió a no construir Urrá II, pero no está claro que vaya a cumplir. Ahora que los focos mediáticos enfocan a Colombia por las elecciones presidenciales, organizaciones que hacen seguimiento de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en ese país llaman a la comunidad internacional a mirar más allá de la contienda electoral y a firmar una carta para el futuro presidente: www.seipaz.org.
En particular, reclaman atención y apoyo para la supervivencia de los Embera Katío, de su cultura y sus reivindicaciones. Básicamente, que se abandone la construcción de la presa Urrá II; que el Resguardo se declare zona de paz –con acompañamiento internacional y retirada de todos los grupos armados– y que el Gobierno de la nación vele por el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales de su población: el derecho a la vida, al territorio y la soberanía, a la seguridad alimentaria y a un medio ambiente sano.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Del 3 al 28 de mayo, delegaciones de 189 países asisten al desarrollo de los trabajos de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en la sede de la ONU, en Nueva York. Firmado en 1968, el TNP, cuyo régimen es prácticamente universal, pues ha sido firmado por 188 países, ha mantenido la división entre países poseedores –EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia y China, las cinco potencias que habían realizado explosiones nucleares antes de 1967– y no poseedores, a los que reconoce el derecho al uso pacífico de la energía nuclear.
Sabiéndose en el centro de las críticas por su programa de enriquecimiento de uranio, el iraní Ahmadineyad, único presidente presente en Nueva York, abogó en su discurso por la reforma del TNP, ya que, a su entender, ha fracasado en sus tres objetivos iniciales: el desarme nuclear, la no proliferación y el uso de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Un razonamiento no exento de base, ya que, en estos años, el TNP no logró impedir que otros cuatro países, India, Pakistán, Israel y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) pasaran a ser poseedores de armas nucleares situándose fuera del tratado.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y la sociedad civil coinciden en que el objetivo es un mundo sin armas nucleares. En el Foro de Alcaldes por la Paz, que fue fundado por el alcalde de Hiroshima bajo el lema: No amenacéis a nuestras ciudades con armas nucleares, y que hoy reúne a 3.880 ciudades, Ban Ki-moon volvió a presentar su plan de cinco puntos para el desarme nuclear, visible, verificable y basado en obligaciones legales.
Las ONG centran sus críticas en el mantenimiento de la política de disuasión por parte de los estados poseedores, que sólo ven peligro en que estas armas caigan “en manos peligrosas”, mientras ellos siguen concediéndoles una posición clave en sus estrategias de defensa y poder. Defienden la celebración de una Convención de Prohibición Total, un objetivo que para Jody Williams, impulsora de la campaña que logró la prohibición de las minas anti-persona, no es ni prematuro ni improbable –lo mismo decían del Tratado de Prohibición de Minas–. Lo que no está tan claro es que hoy exista esa voluntad crítica entre las poblaciones del mundo, algo que, de modo análogo a la necesidad de una masa crítica de combustible para lograr un arma nuclear, seguramente se precisa para lograr su prohibición.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
El frío mensaje que transmitió la cumbre sobre el clima de Copenhague parece haberse instalado en este largo invierno. La aspiración de conseguir un acuerdo vinculante entre los Estados queda hoy muy lejana. Pero más lejana, si cabe, está la apuesta por un nuevo modelo de desarrollo basado en una economía más ecológica.
Las previsiones acerca del incremento de la población privada de acceso a agua potable, unos 3.000 millones de personas en 2025, la progresiva sustitución de cultivos por la producción de combustibles o la reducción de la biodiversidad no son elementos que se estén considerando en el diseño de la estrategia que nos saque de la crisis. El cambio de modelo energético no es previsible cuando entre 800 y 1.000 plantas de carbón se encuentran en planificación o construcción y cuando el carbón puede convertirse en la fuente de energía de mayor crecimiento, como reacción a un eventual incremento de los precios del petróleo y el gas natural. Y es que la crisis económica actual convierte cualquier ejercicio de prospectiva en algo insustancial, y cualquier acción política, en utópica.
Podemos decir entonces que, si bien somos cada vez más conscientes y responsables del problema, esto no es suficiente para desarrollar un modelo de economía ecológica. Y no es por falta de proyectos. DESERTEC es uno de ellos. Mediante la construcción de una red de centrales termosolares, parques eólicos y otras fuentes de energía renovables en el Norte de África y Oriente Medio, este proyecto pretende abastecer, en 2050, el 15% de la demanda energética de Europa, así como dos tercios de la demanda de los países del Norte de África y Oriente Medio. Se trata de un proyecto que exige la cooperación de un buen número de países en el arco mediterráneo y que está siendo emulado en el área del Pacífico. Como señala Gerhard Knies, presidente de DESERTEC, los desiertos reciben en seis horas tanta energía solar como el consumo de toda la humanidad en un año.
Sin embargo, cuando este mensaje se traduce en cifras –unos 400.000 millones de euros–, las dudas sobre su viabilidad económica lo condenan a la utopía. No obstante, para saber lo que esta cifra representa, debemos considerar otros factores adicionales, como la desigual distribución de la riqueza que ocasiona el modelo energético basado en el petróleo. Según estimaciones del McKinsey Global Institute, los valores extranjeros en posesión de los países del Golfo alcanzaron los 1,9 billones de dólares a finales de 2006, lo que supone aproximadamente el PIB conjunto de Brasil e India. A nadie escapa, con lo que estamos aprendiendo de esta crisis, el potencial impacto que tienen estos fondos en los mercados internacionales.
Por ello el desarrollo de un modelo energético alternativo no es una opción que se deba evaluar exclusivamente a partir de la inversión económica inicial. La capacidad de las energías renovables para articular nuevos ejes de cooperación entre países debiera ser también parte del estudio de viabilidad. Las bases de una economía ecológica dependen, pues, del mayor protagonismo de estas fuentes de energía en la política exterior de los estados, y no tanto del compromiso internacional por luchar contra el cambio climático en un futuro más o menos lejano.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
La democracia, con su tendencia a la polifonía, aunque haya voces que desentonan, muestra la complejidad de ciertos problemas que no se despachan con recetas simples. Así se ve en los tres que más preocupan hoy: la política hidráulica –de recia antigüedad en esta tierra de secarrales–, la inmigración (Vic) y la energía nuclear (Yebra, Ascó) –ambos de estricta novedad–.
Los tres son enrevesados, con efectos contradictorios, suscitan reacciones viscerales en quienes los padecen directamente, sobre todo en coyuntura de crisis, y se enquistan en conflictos que sólo se resolverán, si se resuelven, mediante el debate razonado, propio de una democracia deliberante. Para eso, sin embargo, los interlocutores han de tener sus posiciones claras. Y no es el caso.
El Gobierno y su partido vacilan y se dividen al abordar estas cuestiones. En lo nuclear, su actitud pragmática hoy contrasta con las promesas electorales de ayer, de un ingenuo negativismo; la inmigración hace que dos ministros (Blanco y Rubalcaba) se contradigan de medio a medio, y la cuestión del agua enfrenta a sus organizaciones territoriales.
El caso de la oposición conservadora es mucho más grave. Su discurso es un guirigay, un galimatías. El problema del agua llevará la inquina interna a los tribunales si el presidente popular de Murcia cumple su amenaza de denunciar a la secretaria general de su propio partido. El cementerio que para sí desea Yebra puede ser el de la carrera política de dicha secretaria si se obstina en ejercer una potestad disciplinaria que no posee en exclusiva. La inmigración provoca enfrentamientos dialécticos entre un sector más restrictivo y otro más permisivo del partido, ambos pendientes de su rentabilidad electoral.
Es el caso que ese desconcierto en el Partido Popular no puede resolverse por un pronunciamiento de autoridad, como es querencia de la formación, porque quien ha de ejercerla carece de ella, dada su incapacidad para entender la complejidad de las cuestiones. En el asunto de los cementerios nucleares, Rajoy dice no tener formada una opinión, lo que es asombroso en quien preside un partido inequívocamente pronuclear. En el del agua tampoco tiene criterio o sólo él lo sabe. Su insólita propuesta de reconocer a los inmigrantes ilegales el derecho a la educación y a la sanidad sin necesidad de empadronarlos, por su mera condición humana, ignora que ya los tienen por residentes, no por empadronados. El padrón, mero registro estadístico, no genera derechos, pero separar estos de aquel sí provoca dificultades administrativas innecesarias. En resumen: el presidente del PP no tiene nada que decir o, si lo dice, no sabe de qué habla.
Así las cosas, la deliberación es imposible. Afortunadamente hay más interlocutores en la sociedad civil, en especial en los medios de comunicación. Es necesario que estos aporten argumentos contrastados que ayuden a la clase política a salir de su marasmo, sobre todo los digitales, en los que hay tanta participación ciudadana. Claro que, para ello, convendría que algunos mitigaran su carácter partidista, porque no sirve de nada.
CARMEN MAGALLÓN
Como suele suceder en las campañas destinadas a sacar a la luz problemas estructurales graves, la que se desarrolló estos días bajo el lema: “¡Rebélate contra la pobreza!”, corre el riesgo de ser rápidamente olvidada. Las organizaciones agrupadas en la Alianza Española contra la Pobreza seguirán tratando de documentar y presionar para buscar remedio a las carencias de los mil millones de personas que viven con menos de un dólar al día: falta de alimentos, agua, vivienda, educación, acceso a medicamentos, en fin, los mínimos necesarios para una vida digna de un ser humano. Pero si no asumimos a fondo que quienes viven o más bien mueren por estas carencias están sufriendo una violencia de carácter estructural que exige medidas del mismo rango, el problema se irá agravando.
En el mundo no falta dinero, ni alimentos, ni agua, ni medicamentos, ni otros bienes necesarios. Lo que falta es una distribución más equitativa de los mismos. Y tampoco es que el problema sea tan complicado que no haya salidas viables. Lo que faltan son decisiones políticas. Y para que estas decisiones estructurales se tomen se necesita un compromiso, estructural también, de la ciudadanía. Si materialmente es posible, si hay salidas y propuestas sobre la mesa y si estas apuntan a la eliminación de la desigualdad, habrá que asumir actitudes de fondo que las fuercen: rebelarse
contra la pobreza tiene como corolario rebelarse contra la riqueza.
¿Qué podemos hacer? Pues, en nuestra sociedad, además de salir a la calle a favor de una causa, las personas tenemos dos tipos de poder: uno es el voto y otro la gestión de nuestro poco o mucho dinero: la opción de tener la nómina en un lugar u otro –esta ciertamente sólo en manos de quienes tienen trabajo y salario–, de comprar o no comprar, o de comprar unas cosas u otras. Con el voto podemos elegir o no a quienes toman las decisiones, exigir que cada programa electoral incluya un balance de las acciones y decisiones tomadas para disminuir la pobreza, en nuestro entorno y en el mundo; y las propuestas de futuro si resultan elegidos. Con el dinero podemos quitar la nómina de los bancos que exhiban comportamientos escandalosos –del tipo de alguno que hemos conocido recientemente–, y podemos dirigir nuestras compras hacia productos fabricados bajo ciertas condiciones: política de empleo justa, respeto por el medio ambiente y poblaciones desprotegidas, etc. No son ideas nuevas. Las decisiones, grupales e individuales, que responden a la idea de “no con mi dinero” están ya funcionando. Pero falta generalizarlas.
Todo sin menoscabo de las concretas peticiones realizadas por la Alianza al Gobierno español, entre ellas, que en los foros internacionales promueva el control de los mercados financieros y la desaparición de los paraísos fiscales; que revise en profundidad las políticas comerciales, agrícolas, migratorias, de igualdad de género y medioambiental; y que cumpla el Pacto de Estado, asumido por el Gobierno y todos los partidos políticos, de alcanzar el 0,7% al final de la legislatura.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Núria Bosch
Recientemente, el gobierno francés ha anunciado que aplicará a partir del 2010 un impuesto sobre las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) procedentes del uso de petróleo, gas y carbón. El impuesto recaerá tanto sobre ciudadanos como empresas. En concreto, se pagarán 17 euros por tonelada de dióxido de carbono que se emita, lo que puede venir a representar el pago de cuatro céntimos por litro de gasolina. Asimismo, se tiene el objetivo de compensar a particulares y empresas con rebajas fiscales o cheques verdes. Francia sigue el ejemplo de otros países, como Suecia, que implantó dicho impuesto en 1991 y hoy grava la tonelada de CO2 a más de 100 euros. Finlandia, Dinamarca y Eslovenia también aplican impuestos similares.
Estas mediadas vuelven a poner sobre la mesa la oportunidad de realizar una reforma fiscal verde. En España no la ha habido, y los impuestos medioambientales se han desarrollado básicamente a nivel autonómico por diversas razones: entre otras, por la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas; porque es un campo donde éstas han podido ejercer su poder tributario sin entrar en conflicto con el poder tributario estatal; y por su escasa visibilidad al ser impuestos indirectos. El resultado de su aplicación ofrece experiencias positivas y negativas, aunque hay que reconocer su escaso poder recaudatorio y su débil vinculo ambiental en algunos casos. Los impuestos verdes tienen sus defensores y sus detractores. Muchas veces se ven como meros instrumentos recaudatorios, y no se perciben claramente sus incentivos. No obstante sus defensores, se basan en la cuestión del doble dividendo. Supongamos que una reforma fiscal verde establece impuestos medioambientales a cambio de la reducción de otros impuestos que generan pérdidas de eficiencia, como la renta o el IVA, manteniendo constante la recaudación. Ello puede ocasionar dos beneficios o dividendos: una mejora ambiental y, a la vez, un sistema fiscal menos distorsionador del funcionamiento de los mercados de bienes y factores productivos.
Faltan estudios que analicen los efectos de los impuestos ambientales: su efectividad ambiental, su eficiencia económica, su impacto distributivo sobre la renta y la producción, el empleo, la competitividad y la localización industrial. Con todo, algunos estudios realizados por académicos españoles concluyen que los impuestos ambientales, introducidos al margen de una reforma fiscal verde con la única finalidad de regular el medio ambiente, ocasionan costes en términos de empleo y del PIB. En cambio, la simulación de una reforma fiscal verde en España que implantara un impuesto sobre las emisiones de CO2 y redujera simultáneamente las cotizaciones sociales empresariales, promocionaría buenos dividendos tanto en términos medioambientales como de empleo y del PIB, siendo poco significativos sus efectos distributivos. Por tanto, es tarea futura, tanto de los expertos en materia fiscal como de los políticos, el considerar seriamente una reforma fiscal verde en España en aras a reducir el efecto invernadero y cumplir con los compromisos de Kioto.
Catedrática de Hacienda Pública
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
Steven Chu, Premio Nobel de Física y profesor en Stanford, solía plantear en clase sencillos problemas de física aplicada como este: “Si sustituyéramos todas las lámparas incandescentes de los semáforos de la ciudad de San Francisco por diodos LED de bajo consumo, ¿cuántos dólares ahorraríamos en la factura eléctrica de la ciudad?”. Una buena pregunta. Por cosas así supongo que es por lo que Obama le nombró ministro de Energía en su Gabinete.
Salvando las distancias, entre nosotros, desde que el ministro de Industria tomó posesión de su cargo, no ha parado de adoptar iniciativas para concienciar a todo el mundo de la importancia del ahorro en el consumo de energía. Se presentó en el Congreso sin corbata para reivindicar un uso moderado del aire acondicionado. Ha puesto en marcha una llamativa campaña para introducir en dos años dos bombillas de bajo consumo en cada hogar español y está cumpliendo cabalmente el compromiso europeo de eliminar las bombillas incandescentes (este mes las de 100 vatios ya han dejado de venderse).
La pregunta es: con estas medidas del ministro de Industria, ¿cuánto podemos ahorrarnos en energía eléctrica? Un cálculo aproximado: si se sustituyen 44 millones de bombillas (2 por hogar) de 100 vatios por otras tantas de bajo consumo, y suponiendo una media de cuatro horas diarias de uso por bombilla, se ahorrarán anualmente casi 5.000 gigavatios hora de energía eléctrica y se dejarán de emitir a la atmósfera más de tres millones de toneladas de CO2. Esto equivale a un ahorro aproximado de 500 millones de euros, a la retirada de la circulación de casi medio millón de vehículos o a la plantación de un bosque de más de 300.000 hectáreas. A Miguel Sebastián no se le puede premiar haciéndole ministro, porque ya lo es. Pero por lo menos se le podría reconocer el carácter innovador de sus iniciativas.
Se supone que las tecnologías eficientes y rentables terminan imponiéndose en el mercado por la propia fuerza de los hechos. Pero esto no siempre es así. Los estudiosos de los procesos de innovación saben que, además de la eficiencia intrínseca de una tecnología y de su rentabilidad económica, hay otros factores esenciales que rigen su evolución. Entre ellos están las modas y otros factores sociales, pero también las decisiones políticas. La tecnología aeroespacial actual es hija de decisiones políticas tomadas en plena Guerra Fría. Y una de las mayores innovaciones en la tecnología del trasporte de la historia de España, la apuesta por el tren de alta velocidad, fue una especie de capricho andaluz, de finales de los ochenta, que algún día deberíamos agradecer a los dirigentes políticos de entonces.
La ciencia es el motor de las sociedades actuales, basadas en el conocimiento. Pero el motor necesita combustible y sobre todo necesita gente que lo arranque, lo cuide y lo mantenga en marcha. Sin esa gente la luz de la ciencia no iluminaría nuestras casas o, de hacerlo, sólo lo haría con lámparas incandescentes, como las inventadas por Edison hace más de un siglo, que despilfarran energía y a la larga nos obligarían a vivir de nuevo en las sombras de la ignorancia y del calentamiento global.
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Miguel Ángel Quintanilla Fisac
James Lovelock es un científico mundialmente conocido por ser el autor de la hipótesis Gaia (nombre de la diosa que personificaba la Tierra en la mitología griega). Popularmente es más conocido aún por ser una de las grandes personalidades de la cultura verde que defiende la energía nuclear y el uso de las tecnologías más avanzadas como una forma eficaz de garantizar la supervivencia de la especie humana ante el cambio climático.
Los calores que padecemos en este mes de agosto pueden ser una buena excusa para echar una ojeada, de la mano de este sabio inconformista, por una de las fronteras más apasionantes e inciertas de la cultura científica actual. El contenido esencial de la hipótesis Gaia consiste en considerar la Tierra (incluyendo las rocas, los océanos, el aire y los seres vivos) como un sistema que se autorregula de forma que, a la larga, logra mantenerse en las condiciones más favorables para la continuidad de la vida. Durante años esta teoría ha sido ignorada y después atacada por la ciencia oficial. En la actualidad, el apoyo de otros científicos famosos, como Linn Margulis, y la celebración de varias conferencias mundiales sobre el tema han contribuido a perfilar los rasgos científicos de la teoría y a liberarla de la literatura fantástica, y algo mística, que la acompañó (y la perjudicó) desde el principio.
En su último libro (The Vanishing Face of Gaia. A final Warning) Lovelock se propone hacer un balance de Gaia en su contexto científico más riguroso, y lanzar “un último aviso”. Lovelock no desprecia las voces de alarma y los esfuerzos de algunos gobiernos por reducir las emisiones de CO2 y detener el calentamiento global promoviendo el uso de energías alternativas (aunque considera que la energía nuclear es imprescindible y que la única energía renovable que tiene un futuro prometedor es la solar térmica). Pero está convencido de que ya es demasiado tarde para eso. Lo que deberíamos estar haciendo, en su opinión, es prepararnos para lo inevitable: la Tierra entrará en un largo periodo cálido y la vida humana sólo podrá desarrollarse en las zonas más templadas que se salven del crecimiento de los mares y del calentamiento excesivo.
Para sobrevivir en esas condiciones, necesitaremos toda la ciencia y la tecnología de que podamos disponer. Pero, además, tendremos que cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos y aceptar que lo importante es Gaia, ese sistema con vida propia, del que nosotros sólo somos una parte accidental. Un nuevo mundo será entonces posible. Aunque, por el momento, apenas hemos empezado a imaginarlo y sin embargo ya sospechamos que puede ser tarde para ayudar a
construirlo.
Claro que siempre nos queda el consuelo de pensar que en un mundo más cálido, como el de este mes de agosto, también se puede disfrutar de la vida, sobre todo si podemos desplazarnos cómodamente a la playa o al campo y utilizar artilugios tan poco ecológicos como el aire acondicionado. Quizá no alcancemos ya a disfrutar de un futuro verde, pero podríamos ayudar a que algunos disfruten, dentro de unos años, de un largo verano azul.
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
CARME MIRALLES GUASCH
La Estrategia Española de movilidad sostenible que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de abril es una hoja de ruta que marca los objetivos y las directrices generales que permitirán un cambio de modelo en los transportes en España, de manera que estos sistemas se rijan por criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. Tiene el objetivo de reducir el consumo energético y las emisiones a través de disminuir el uso del vehículo privado a favor del transporte público, con especial atención al modo ferroviario.
Una Estrategia de esta importancia tiene que inspirar la ley de economía sostenible que anunció el presidente en el Debate del Estado de la Nación de mediados de mayo. Esta ley está dirigida a renovar el modelo de crecimiento de la economía española a partir de tres estrategias complementarias. Sostenible a nivel económico significa elevar los niveles de competitividad, lo que requiere elevar la economía del conocimiento y la innovación. Sostenible a nivel social implica estabilidad en el empleo, igualdad de oportunidades y cohesión social. Y, por último, sostenible a nivel medioambiental significa encarnar un modelo de crecimiento que cumpla con los objetivos europeos en energía y lucha contra el cambio climático.
En este momento estamos en una etapa de transición del paradigma conceptual, del frame, que dicen los norteamericanos. Estamos abandonando la modernidad y el crecimiento ilimitado para adoptar la sostenibilidad y los límites materiales del desarrollo. Esta etapa de cambio también es un periodo de desconcierto y de contradicciones, ya que se anuncian con grandes palabras nuevos criterios pero se siguen con políticas de vieja tradición.
Es decir, se apuesta por una movilidad sostenible y, por lo tanto, por impulsar políticas que promuevan el traspaso de los modos de transporte más contaminantes a los menos, de los privados a los públicos, de los viarios a los ferroviarios y, a la vez, se están subvencionando la compra de automóviles y de motocicletas. Todo ello acompañado de una disminución de las partidas que impulsan la economía del conocimiento y la investigación, pilares de la sostenibilidad. Estas contradicciones refuerzan la etapa de transición en la que estamos y que se tienen que visualizar si queremos avanzar.
Se propone una directriz –de movilidad sostenible– y una ley –de economía sostenible– que intentan poner las bases para un nuevo modelo de movilidad (y con él de territorio) y un nuevo crecimiento de la economía española, sin embargo, lo que sorprende es que, a pesar de su calado y su impacto a medio y largo plazo, no hayan propiciado más debate público y mediático.
No se pueden cambiar los modelos sin razones y contra razones, sin polémica, sin conocimiento e investigación. Somos un país de debates epidérmicos, donde cuesta entablar diálogos en profundidad, donde se ensalzan las criticas pero no se escuchan las opiniones. A no ser que no nos creamos los cambios o que nos den miedo.
Profesora de Geografía Urbana
