CARME MIRALLES GUASCH
Preofesora de Geografía Urbana
De la película Las viudas de los jueves, de Marcelo Piñeyro, actualmente en cartel, me quedo con una escena. El coche sale del condominio cerrado, la urbanización de lujo donde viven sus protagonistas en Buenos Aires. La puerta, una parte de la valla que rodea toda la urbanización, se cierra y los espectadores se quedan dentro, visualizándola como una reja, encerrados dentro de una cárcel. Una cárcel de lujo, pero una cárcel al fin y al cabo.
Esta es una imagen que, en unos segundos, cuenta qué son en realidad estas urbanizaciones cerradas que tanto han proliferado en sociedades muy polarizadas, a modo de refugio de las clases altas. Es un fenómeno urbano que apareció a finales del siglo pasado, especialmente en Latinoamérica, que es menos conocido en Europa y que se está extendiendo en algunos países asiáticos, como China. Barrios de casas con jardín, con algunos servicios y equipamientos deportivos y sociales, donde sólo pueden entrar aquellos que viven allí y sus invitados. El espacio público se ha convertido en privado y, aunque tenga forma de calles y de plazas, no es accesible a toda la ciudadanía. Es un proceso de guetificación del espacio urbano promovido por las disparidades de renta y por la materialización y la instrumentalización del miedo, alentados por la planificación urbana privada y por la especulación inmobiliaria. Estas urbanizaciones están vinculadas estrechamente con el trazado de las autopistas metropolitanas y con grandes equipamientos como los shopping centers, los parques temáticos, etc, accesibles en coche y totalmente aislados de la ciudad tradicional.
Es una segregación espacial y social, ya que de lo que se trata es de convivir sólo entre iguales, entre personas del mismo grupo: los que tienen rentas, colores de piel, lenguajes similares, los que llevan a sus hijos a las mismas escuelas e incluso tienen oficios parecidos. Se trata de no ver al otro, al que es distinto, y, también y especialmente, de ser invisible al otro. Se trata de conseguir un estatus social a través de vivir aislado y encerrado, rodeado de los semejantes. Lo público desaparece, la sociedad pasa a ser tribal, la falta de convivencia genera miedo mutuo entre los grupos, y este pasa a ser un referente urbano.
Pero además, tal y como refleja la película, todo lo que vive encerrado, sin aire, se pudre. Un barrio cerrado es la antítesis de la ciudad, de la diversidad y la complejidad que esta aporta a nuestras vidas, unas vidas con aire.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
Conocemos ya con cierto detalle los problemas que ha generado un mercado poco regulado en el sistema sanitario de Estados Unidos. Quizás es menos conocido el efecto de malos diseños institucionales, donde se da un excesivo papel al mercado, sobre el sistema educativo norteamericano. Me refiero en particular al efecto que ha tenido la proliferación de procesos de evaluación generada por la ley de educación No Child Left Behind (2001) que impulsó la administración de George W. Bush.
A partir de la aplicación de la Ley se han multiplicado las evaluaciones externas que permiten conocer el nivel de competencias de los alumnos. Este tipo de evaluación, en principio, constituye un excelente sistema para que las escuelas rindan cuentas de sus actividades ante la administración y la sociedad. Sin embargo, en Estados Unidos, la dejación de funciones por parte del sector público ha permitido que el control de las reglas del juego sea ejercido por una serie de empresas que compiten entre sí para diseñar y aplicar las evaluaciones.
Se suele afirmar que quien tiene la vara de medir tiene el poder, en referencia a cómo el control de la evaluación determina, finalmente, el tipo de servicio que se presta. En Estados Unidos, la “vara de medir” finalmente la tienen las empresas privadas de evaluación. Y las propias necesidades de las empresas (esencialmente, ser competitivas mediante la reducción de costes) llevan a que las pruebas de las evaluaciones se hayan simplificado: las pruebas complejas, con más dificultad en la respuesta, son también pruebas caras, difíciles de diseñar y de corregir, que las empresas evitan a toda costa. Y la enseñanza en las escuelas finalmente acaba amoldándose a la vara de medir, extendiéndose lo que se denomina teaching to the test: el nivel baja y, además, se orienta, como en la cama de Procusto, al grupo de estudiantes con competencias intermedias. Es más, la actividad de los profesores pasa a centrarse en los estudiantes que pueden alcanzar el nivel mínimo aceptable con poco esfuerzo docente adicional.
Lo que he expuesto es sólo un ejemplo más de cómo una confianza ingenua en el mercado (o, en su caso, un interés en proporcionar oportunidades de negocio) no proporciona, a menudo, una base sólida para la provisión de servicios que son cruciales en las trayectorias vitales de los ciudadanos.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
El Gobierno ha propuesto aplazar la edad de jubilación y ampliar el período para el cálculo de la pensión. Se ha basado en una proyección demográfica que estima que la fracción de las personas añosas crece mucho porque la velocidad a la que aumenta la longevidad es mayor que la de la fecundidad. Una sociedad envejecida produce pocos niños y muchos ancianos o, lo que es lo mismo, reseca el suelo y promete el cielo.
La proyección indica cuántos, pero no quiénes. Lo cierto es que vivirán en un escenario social de baja fecundidad que fragmenta las familias, el mercado que polariza los empleos y un Gobierno múltiple que reparte los costes. Son los tres gestores de la riqueza social que amplían o reducen las desigualdades entre y dentro de las generaciones. Si la productividad no supera el incremento de los octogenarios, las pensiones bajarán, y si aumentamos las cotizaciones a los treintañeros, seremos injustos. No es probable que disfruten de una vejez estupenda los jóvenes que se están viendo forzados a producir menos de lo que saben.
Nuestros padres vivieron en la sociedad industrial, pero nuestros hijos viven en la de la información. La primera se asentó sobre una familia amplia, hogares de ingreso único, trabajadores jóvenes y escasa cobertura pública. La sociedad postindustrial va asociada a familias cortas, trabajos breves, hogares con dos salarios y estados protectores. La actividad industrial se alimentaba de una demografía endógena, mientras que la economía del conocimiento lo hace con una exógena.
Cada modelo social demanda un sistema de pensiones y un arreglo generacional diferente porque produce nuevas necesidades y desigualdades.
Los obreros viven menos años que los directivos y, por eso, acortar su jubilación es injusto. Los que van a vivir más tiempo y consumir más sanidad y cuidados son las clases pudientes. Y en el futuro las mayores desigualdades se darán entre hogares universitarios y aquellos con pocos estudios. La educación abrirá un abismo en la trayectoria laboral y en la jubilación. La familia resultará insuficiente para todos y el mercado se comportará de manera miserable con unos y espléndido con otros. El Estado será decisivo para asegurar que no haya longevos indigentes ni niños analfabetos y para procurar que las cargas de la cuarta edad se repartan con justicia a hombros de generaciones desiguales.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Con la pretensión de justificar el que, a la hora de subir los impuestos, haya sido el IVA el elegido, ha retornado un argumento ya viejo pero no por eso menos falaz. Los inventores de la nueva progresía intentan convencernos de que la función redistributiva del Estado no debe realizarse mediante los ingresos sino únicamente a través del gasto público. Bien es verdad que al mismo tiempo –con la excusa del déficit, de Europa y la presión de los llamados “mercados”– va calando una concepción de los bienes y servicios sociales más bien raquítica, tendente a minimizarlos y dejarlos reducidos a los de extrema necesidad. Incluso se cuestiona de manera demagógica y tramposa la razón de por qué el Estado tiene que sufragar la educación o la sanidad de los ricos.
Es importante no confundir el Estado de beneficencia con el Estado social. El primero da por bueno el reparto de la renta que realiza el mercado, por lo que no se plantea la necesidad de ninguna actividad redistributiva y, en consecuencia, aboga por la eliminación de los impuestos progresivos. Eso sí, defiende, con una visión paternalista, la procedencia de contar con ciertas prestaciones básicas para aquellas capas de población más desfavorecidas. Se plantea como un problema de humanidad, de filantropía, de caridad si se quiere, pero no de justicia. El desenlace es evidente. Si los servicios públicos quedan destinados exclusivamente a los pobres, se irán deteriorando de forma progresiva, puesto que desaparecerá la presión social para mantener su calidad.
El Estado social, por el contrario, cuestiona el resultado distributivo del mercado, consciente de su radical inequidad y del efecto acumulativo que produce en la riqueza, acumulación que puede terminar por poner en peligro el sistema democrático y la propia actividad económica. La función redistributiva del Estado, y dentro de ella la imposición directa, se convierte así en un elemento esencial. Además, dado el enorme desequilibrio social creado por el mercado, se considera imprescindible que, al menos en determinadas prestaciones básicas como sanidad, educación, etc., el Estado garantice la igualdad. Los servicios públicos deben ser universales.
No está mal pagar la sanidad o la educación a las clases altas: incluso es conveniente, con tal de que al mismo tiempo tengan que contribuir fuertemente por renta, patrimonio y sucesiones.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
No es algo nuevo, pero la crisis lo hace más evidente: la mayor parte de la ciudadanía está bastante alejada de los conocimientos básicos sobre el entorno económico y financiero. No me refiero tanto a los conocimientos académicos como a aquellos más inmediatos que permiten una buena interrelación con el entorno habitual personal. Esta ignorancia tan generalizada incrementa los riesgos que sufren a lo largo de la vida muchas personas. Desde el punto de vista agregado, dificulta, además, la consecución de una sociedad democrática madura y responsable.
Una mínima atención a los comentarios cotidianos indica que para grupos muy amplios no están ni mucho menos claros conceptos como el tipo de interés, la cotización social o una deducción de un impuesto, por poner sólo algunos ejemplos. Más allá de la deformación profesional que me puede llevar a considerar esta ignorancia como problemática, parece claro que un ciudadano que no sepa nada de las oscilaciones del tipo de interés probablemente acabará teniendo dificultades con su hipoteca o será presa (más) fácil para alguna entidad financiera. Otro ejemplo: en los últimos años de crecimiento económico, hasta 2008, uno veía con estupor cómo la posibilidad de un cambio de ciclo era descartada progresivamente por el conocimiento popular. Las consecuencias personales y sociales que ello ha tenido aparecen ahora claras.
Las causas de esta falta de formación y madurez económica son complejas. Todavía, para muchos, la rancia división entre ciencias y letras empuja a considerar ajeno todo aquello en lo que aparece un número. En otros, ha acabado de hacer mella la información económica, tantos años demasiado centrada en la bolsa y alejada de los intereses reales de las personas.
Las entidades financieras, con su publicidad a menudo más que enrevesada, no han contribuido a mejorar el panorama. En la educación obligatoria, no se ha considerado una competencia básica, por ahora, la vinculada a la relación con el entorno económico. En fin, todo empuja a que para muchos ciudadanos (iba a decir para el ciudadano medio y quizás no sea una exageración) el entorno económico, el más inmediato y el más general, sea un arcano.
Esta situación es campo abonado para diferentes tipos de charlatanes mediáticos, divulgadores de explicaciones facilonas y de ideología. El público los acoge con el interés que despiertan los gurús. Los medios de comunicación les conceden sus quince minutos de fama y, a veces, bastantes minutos más. Los suficientes para que puedan vender sus libros divulgativos, que suelen sumir más en la confusión a quienes se exponen a ellos. Una raza específica de charlatán mediático está constituida por el charlatán neoliberal, que tiene un gancho mediático muy potente: sus recomendaciones sobre el desmantelamiento del sector público son potentes y fáciles de entender, aunque sean inverosímiles. Hasta que los ciudadanos tengan un mejor conocimiento sobre su entorno económico, las situaciones de abuso y manipulación ideológica seguirán siendo frecuentes.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Obama quizás haya pensado que había sido un bonito regalo de Navidad. El Senado norteamericano ha dado luz verde a la reforma sanitaria. Bien es verdad que con notables recortes sobre el diseño original; pero mejor es eso que nada y Obama, además de soñador, es pragmático. A pesar de los pesares, el salto es gigantesco y en el camino ha tenido que librar múltiples obstáculos. La oposición del Partido Republicano ha sido frontal, el descontento dentro de los demócratas notorio, y –sobre todo– encarnizada la batalla presentada por el lobby de la industria farmacéutica, las compañías aseguradoras y el sector sanitario, que han promovido en la opinión pública una gigantesca campaña en contra de la reforma hasta el extremo de erosionar de forma significativa la popularidad del presidente.
Los datos son de sobra conocidos. Una de las lacras históricas de la política norteamericana estriba en carecer de un sistema sanitario universal. A pesar de ser uno de los países que más recursos dedica a esta finalidad (un 19% del PIB, el doble que la media de la OCDE), un 15% de la población (47 millones de norteamericanos) no disfruta de prestación sanitaria alguna y una parte importante del resto cuenta únicamente con una cobertura parcial e incompleta. Aunque el Estado aporta mediante los dos sistemas –Medicaid y Medicare– casi la mitad de los recursos, la gestión es en su totalidad privada. Y es precisamente en esta gestión privada donde puede radicar el problema.
Si algo ha dejado patente el sistema sanitario norteamericano es lo infundado de la supremacía del sector privado sobre el público a la hora de administrar determinados servicios. Someter la asistencia sanitaria a la lógica del mercado y del máximo beneficio puede, sin duda, llenar los bolsillos de algunos colectivos, pero resulta ineficaz en la asignación de los recursos para conseguir la primera finalidad: mantener la salud de la población. Fijándonos tan sólo en los últimos años, desde 2001, las primas de seguros han crecido un 78%, mientras que el incremento de los salarios se ha limitado al 19%. El coste de asegurar anualmente a una familia media en Estados Unidos puede situarse alrededor de 6.000 euros. Todo ello debería servir de aviso a países como España, con una sanidad pública bastante aceptable, para desechar tentaciones privatizadoras como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La nueva reforma pretende evitar una de las principales corruptelas que el sistema permitía y, así, impide que las compañías puedan rechazar a un paciente por condiciones médicas preexistentes, o bien que puedan subir las cuotas a aquellos asegurados que contraigan una enfermedad grave. Sin embargo, el cedazo del Senado no ha permitido la creación de un seguro público que compitiera con las aseguradoras privadas. La gestión seguirá siendo privada en su conjunto y resultará, por tanto, muy difícil que los precios se reduzcan y –con toda probabilidad– el coste de la reforma recaerá sobre los contribuyentes, lejos de financiarse mediante la reducción de márgenes de las empresas privadas y de los profesionales.
JORGE CALERO
Hace unos días el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Affordable Health Care for America Act (Ley de Sanidad Asequible). Un paso importante en la reforma sanitaria a la que se comprometió el presidente Obama en su programa electoral. En las próximas semanas el Senado debe elaborar su propia propuesta y negociar con el Congreso hasta alcanzar, en su caso, una redacción final para la ley.
La ley introduce reformas que podrían ser consideradas modestas desde el punto de vista de un observador europeo. Sin embargo, las enormes dificultades que ha conllevado su aprobación en el Congreso y la previsiblemente mayor dificultad que supondrá su aprobación en el Senado dejan claro que los avances introducidos en esta ley son los máximos admisibles en el contexto político e ideológico estadounidense. La muy comedida intervención pública en los mecanismos del mercado sanitario que plantea la ley ha provocado manifestaciones de ciudadanos a favor de la libertad de elección; en alguna pancarta se podía leer: “Ya tuvimos suficiente con el socialismo de la Unión Soviética”. Se han puesto en marcha, también, todos los mecanismos de lobby en defensa de la libre actuación de las empresas vinculadas al sector sanitario. Ya en 1994, acciones similares consiguieron bloquear la propuesta de reforma liderada por Hillary Clinton.
¿Y de qué modo pretende la ley distorsionar el libre funcionamiento de los mercados y erosionar la libertad de elección? Hasta ahora, la intervención pública se había limitado esencialmente a proporcionar un programa de seguro sanitario para las personas de mayor edad (Medicare) y para las personas con menos recursos económicos (Medicaid); en torno al 15% de la población no dispone de ningún seguro sanitario. La nueva ley introduce, en esencia, modificaciones en cuatro áreas.
Primero, en el área de la regulación, exigiendo que todos los ciudadanos obtengan un seguro sanitario. También, prohibiendo que las aseguradoras discriminen (privándoles del seguro o incrementando sus primas) a los clientes con problemas de salud.
Segundo, en el área del gasto, expandiendo el programa Medicaid para que cubra a ciudadanos con ingresos hasta el 150% del nivel de pobreza y, por otra parte, proporcionando un subsidio a las rentas menores para ayudar a pagar los seguros.
Tercero, en el área de la financiación, introduciendo un nuevo impuesto, con un tipo del 5,4%, sobre las personas con rentas superiores a medio millón de dólares (o las familias con rentas superiores a un millón de dólares).
En cuarto y último lugar, en el terreno de la provisión del aseguramiento, creando un plan de seguro gestionado por el sector público, que competirá con las aseguradoras privadas.
Son todas ellas reformas modestas y que pueden ayudar a mejorar un sistema ineficiente y muy poco equitativo. Pero las posiciones a favor de la libertad de elección hacen pasar estas consideraciones a un segundo plano. Son posiciones en las que se prioriza siempre la libertad de elección, a costa de todo lo demás. A costa, incluso, de la salud de buena parte de la población.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
FRANCISCO BALAGUER
Una de las novedades más significativas del nuevo sistema de financiación autonómica es la aportación de recursos adicionales por el Estado con la finalidad de que la ciudadanía tenga garantizada la igualdad básica en los servicios públicos fundamentales. Además de las dotaciones para sanidad, educación y servicios sociales, se han incluido también fondos específicos para la aplicación de la Ley de Dependencia. Está previsto que el 80% de los recursos del sistema se destinen a la realización del principio de solidaridad, garantizando igual financiación para los servicios públicos fundamentales.
Los recursos adicionales aportados por el Estado se distribuirán de acuerdo con diversas variables. Así, una de las preocupaciones esenciales del nuevo sistema es incorporar a la financiación los aumentos de población de los últimos años y, por ese motivo, una parte importante de los recursos adicionales que el Estado aporta se distribuirán inicialmente atendiendo a ese criterio (teniendo en cuenta el período 1999-2009). Otros recursos adicionales del Estado se distribuirán en el año 2009 atendiendo a otras variables, entre las que destaca el peso relativo de la población potencialmente dependiente y del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación.
En el año 2010, la distribución de los recursos adicionales aportados por el Estado tendrá en cuenta también el peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación. A diferencia de otras partidas, que se han visto sometidas a reducciones, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 ha incrementado en un 36,5% los fondos previstos para la aplicación de la Ley de Dependencia. Un aumento sustancial, pero todavía insuficiente en relación con muchas comunidades autónomas que tienen dificultades para aplicar la ley (aunque en Canarias, Baleares y Murcia parece que los medios económicos actuales cubren sobradamente las necesidades financieras de la comunidad autonóma por este concepto).
La incorporación de esta partida específica para la aplicación de la Ley de Dependencia ha permitido visualizar el tratamiento tan diferente que esta ley está teniendo en las diversas comunidades autónomas. Sorprende especialmente –de acuerdo con los datos que incorpora el Acuerdo para la Reforma del Sistema de Financiación– el número tan bajo de personas reconocidas como dependientes con derecho a prestación en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. Estas autonomías han sido superadas por otras con menos población, incluidas algunas gobernadas por el Partido Popular (por ejemplo, Castilla y León supera a la Comunitat Valenciana, pese a tener prácticamente la mitad de población). Estas diferencias evidencian la preocupación real que los responsables de algunas comunidades autónomas tienen por el bienestar de su ciudadanía, más allá de declaraciones retóricas con las que intentan esconder sus luchas internas por el poder o su relación con tramas de corrupción que han financiado lujosos vestuarios.
Francisco Balaguer es catedrático de Derecho Constitucional
CARMEN MAGALLÓN
Como suele suceder en las campañas destinadas a sacar a la luz problemas estructurales graves, la que se desarrolló estos días bajo el lema: “¡Rebélate contra la pobreza!”, corre el riesgo de ser rápidamente olvidada. Las organizaciones agrupadas en la Alianza Española contra la Pobreza seguirán tratando de documentar y presionar para buscar remedio a las carencias de los mil millones de personas que viven con menos de un dólar al día: falta de alimentos, agua, vivienda, educación, acceso a medicamentos, en fin, los mínimos necesarios para una vida digna de un ser humano. Pero si no asumimos a fondo que quienes viven o más bien mueren por estas carencias están sufriendo una violencia de carácter estructural que exige medidas del mismo rango, el problema se irá agravando.
En el mundo no falta dinero, ni alimentos, ni agua, ni medicamentos, ni otros bienes necesarios. Lo que falta es una distribución más equitativa de los mismos. Y tampoco es que el problema sea tan complicado que no haya salidas viables. Lo que faltan son decisiones políticas. Y para que estas decisiones estructurales se tomen se necesita un compromiso, estructural también, de la ciudadanía. Si materialmente es posible, si hay salidas y propuestas sobre la mesa y si estas apuntan a la eliminación de la desigualdad, habrá que asumir actitudes de fondo que las fuercen: rebelarse
contra la pobreza tiene como corolario rebelarse contra la riqueza.
¿Qué podemos hacer? Pues, en nuestra sociedad, además de salir a la calle a favor de una causa, las personas tenemos dos tipos de poder: uno es el voto y otro la gestión de nuestro poco o mucho dinero: la opción de tener la nómina en un lugar u otro –esta ciertamente sólo en manos de quienes tienen trabajo y salario–, de comprar o no comprar, o de comprar unas cosas u otras. Con el voto podemos elegir o no a quienes toman las decisiones, exigir que cada programa electoral incluya un balance de las acciones y decisiones tomadas para disminuir la pobreza, en nuestro entorno y en el mundo; y las propuestas de futuro si resultan elegidos. Con el dinero podemos quitar la nómina de los bancos que exhiban comportamientos escandalosos –del tipo de alguno que hemos conocido recientemente–, y podemos dirigir nuestras compras hacia productos fabricados bajo ciertas condiciones: política de empleo justa, respeto por el medio ambiente y poblaciones desprotegidas, etc. No son ideas nuevas. Las decisiones, grupales e individuales, que responden a la idea de “no con mi dinero” están ya funcionando. Pero falta generalizarlas.
Todo sin menoscabo de las concretas peticiones realizadas por la Alianza al Gobierno español, entre ellas, que en los foros internacionales promueva el control de los mercados financieros y la desaparición de los paraísos fiscales; que revise en profundidad las políticas comerciales, agrícolas, migratorias, de igualdad de género y medioambiental; y que cumpla el Pacto de Estado, asumido por el Gobierno y todos los partidos políticos, de alcanzar el 0,7% al final de la legislatura.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Óscar Celador Angón
Una de las fórmulas que suelen utilizarse para explicar a los estudiantes cómo funciona el Estado social es plantearles dos cuestiones. Primero se les pregunta si son partidarios de que el Estado incremente el importe de las pensiones más bajas, a lo cual suelen responder afirmativamente; y a continuación si estarían dispuestos a pagar un impuesto para que la subida de las pensiones sea factible, el resultado normalmente es que la solidaridad se reduce en proporción al importe que se les proponga. La lección es sencilla, y es que cuando un Gobierno adopta decisiones en materia de pensiones lo que está haciendo es gestionar nuestros impuestos de una determinada manera, pero al final quienes financiamos sus decisiones somos los contribuyentes.
En este contexto debe interpretarse la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha denegado la pensión de viudedad a una mujer, pese a que esta convivió con su pareja durante 18 años y se casó con él un mes antes del fallecimiento, porque la viuda no cumple los requisitos necesarios para tener derecho a la prestación.
En 2007, la Ley General de la Seguridad Social fue modificada para reconocer a las parejas de hecho el derecho a percibir una pensión de viudedad cuando, además de cumplir los requisitos establecidos para los matrimonios –que deben tener una duración mínima de un año–, sus miembros acrediten una convivencia estable durante al menos cinco años mediante documento público o su inscripción en alguno de los registros habilitados con esta finalidad. De esta manera, nuestro país se colocó a la vanguardia de Europa en el reconocimiento de derechos a las parejas de hecho, con independencia del sexo de sus integrantes, en el terreno del derecho de familia.
Las reglas del juego son claras y precisas, y pretenden acotar los beneficiarios del sistema de pensiones para que este sea sostenible a todos aquellos que trasmitan al Estado su deseo de constituirse como pareja, bien a través de la institución matrimonial, bien mediante su configuración como pareja de hecho. La idea de fondo que inspiró esta regulación fue ampliar lo máximo posible el abanico de posibilidades para canalizar las relaciones de pareja bajo el paraguas del Estado, pero al mismo tiempo que la relación tuviera seguridad jurídica para evitar situaciones fraudulentas.
En este caso, y pese a lo generoso que es el sistema de pensiones de viudedad en cuanto a sus potenciales beneficiarios, la pareja optó legítimamente por no inscribir su relación en el registro pertinente, y en consecuencia renunció tácitamente a utilizar los mecanismos que el Estado de derecho ha previsto para el disfrute de determinados beneficios. Es cierto que la pareja convivió durante un número de años superior al que duran muchas relaciones matrimoniales o de hecho registradas, que sin embargo generan pensiones de viudedad, lo que puede indicar que se ha discriminado a la viuda; pero sería injusto permitir que aquellos que optan libre y voluntariamente por
excluir sus relaciones de pareja del sistema jurídico, después puedan servirse de sus bondades.
Óscar Celador Angón profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas.
