FRANCISCO BALAGUER
Catedrático de Derecho Constitucional
Uno de los argumentos recurrentes que se plantearon contra la huelga del día 29 fue el de la imposibilidad de que el Gobierno siga otra política económica debido a la presión de los mercados y de la Unión Europea. Un razonamiento que –pese
a ser discutible– nos puede servir de base para una reflexión sobre el sentido democrático de la huelga y sobre la necesidad de plantearse medidas de protesta más allá de los escenarios estatales, en los que se mueven de manera casi exclusiva en la actualidad.
El argumento no sólo es discutible por lo que se refiere al margen del Gobierno para desarrollar otra política económica. También lo es por lo que atañe a la intervención de la Unión Europea. En realidad, el problema es que no hay políticas económicas europeas democráticamente acordadas que tengan que ser seguidas por todos los gobiernos de los estados miembros. Por ese motivo, los estados más poderosos han conseguido imponer sus planteamientos, basados en restricciones presupuestarias y recortes de los derechos laborales y sociales.
Es justamente el sometimiento de los gobiernos europeos a las presiones de los especuladores bursátiles lo que avala las medidas de protesta social. Unas medidas que se proyectan más allá de su significado laboral y social para convertirse en expresión ciudadana de resistencia frente al cambio drástico que se está produciendo en las reglas democráticas. Porque es preciso que, fuera de los espacios públicos estatales, ahora sometidos a oscuros intereses, se perciba que debe haber un límite a la voluntad arbitraria y voraz de los poderes económicos que se han impuesto en Europa. Un límite que, en última instancia, sólo la ciudadanía puede establecer.
Ahora bien, los sindicatos deberían reflexionar también sobre el limitado ámbito geográfico en el que las acciones de protesta se están desarrollando. Salvo contadas excepciones –con impacto limitado–, estas acciones se están planteando en un contexto estatal frente a problemas que tienen una dimensión supranacional. Esta variable supranacional debe ser considerada en el futuro para concertar acuerdos y programar acciones a nivel europeo que puedan resultar eficaces. Porque este es un partido que se puede y se debe jugar también en el campo estatal, pero que se está decidiendo en el terreno europeo.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
La reforma constitucional del pasado 12 de septiembre en Turquía ha sido saludada tanto por la Unión Europea como por EEUU, que la han calificado como un paso en la dirección correcta. Esta reforma supone un reequilibrio entre el poder legislativo y el judicial (entre otras medidas, el Parlamento elegirá un número de miembros de la Corte Constitucional), así como una limitación de los privilegios de los que disfrutaba la elite militar turca. Desde la oposición, el referéndum se presentó como un intento de minar el secularismo que debe presidir las instituciones del Estado y como una manifestación de la creciente religiosidad en el espacio público.
La mirada de los países occidentales sobre la evolución política de Turquía se ha resuelto tradicionalmente en la pugna entre islamismo y secularismo. Sin embargo, en esta ocasión el apoyo de los países occidentales al partido islamista Justicia y Desarrollo, en el poder desde 2002, y a su agenda de reformas parece estar cambiando la tradicional visión que se tiene de la política en los países de mayoría musulmana. Más allá de la interpretación de los resultados, lo que se planteaba en la consulta eran cuestiones que forman parte del normal debate político en los países occidentales, como el diseño del poder judicial y su sometimiento al control democrático o el poder e influencia del ejército en la arena política. También, y como ocurre en los países occidentales, la afiliación partidista pareció influir más que el conocimiento de la reforma en la orientación del voto.
El referéndum abre un camino de ulteriores reformas en las que el país ha de tomar importantes decisiones, como si avanzar hacia el presidencialismo o el parlamentarismo o encontrar una solución a la cuestión kurda. Este camino no está exento de dificultades. De un lado, los resultados muestran un espacio político dividido en el que un 58% de los votantes ha apoyado una reforma sobre la que se pronunció un amplio 77% del electorado. De otro lado, la estrategia de “ningún problema en política exterior” de Ankara parece difícilmente sostenible en un país en medio de distintos focos de tensión internacional como Irán, Chipre o el conflicto árabe-israelí.
En este contexto, la mirada de Occidente ha de seguir evaluando los resultados como algo más que una cuestión puramente religiosa en un país clave y que está contribuyendo al equilibrio geopolítico en la región.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Hasta ahora sabíamos que la ciencia social francesa o era republicana o se equivocaba. El principio constitucional de no discriminación por origen, raza o religión aconsejaba desestimar la etnia en el análisis de las poblaciones asentadas en Francia. Y a los investigadores que desempeñaban su trabajo en las instituciones públicas les convenía abrazar la ideología oficial. Claro está que la moralina se aplicaba según un doble rasero, porque las instituciones privadas sí que preguntaban en sus sondeos por el origen étnico. De este modo la igualdad era una doctrina pero no el resultado de una práctica.
Una nueva prueba de ese formalismo de la igualdad la acaba de proporcionar el Gobierno de Sarkozy mintiendo en tres idiomas: el de los despachos de la UE, el de la propaganda mediática y el usado en sus conciliábulos. Por cierto, también el Gobierno de Bucarest sabe de discriminación étnica, porque allí los gitanos nunca han sido respetados. Y en la cumbre de Bruselas hemos asistido a un coro de palabras altisonantes con el fin de camuflar la injusticia concreta, a saber: la expulsión de gitanos.
“No hablo de etnias sino de devolver a ciudadanos en situación irregular”, dijo el ministro de Inmigración. En realidad no importa en cuántos idiomas se mienta, porque el embrujo de las palabras ha sido histórica y repetidamente roto por los hechos. Precisamente por eso podemos aventurar que los mil gitanos que “voluntariamente” han sido repatriados volverán también por su propia voluntad a expatriarse y quizás con alguna compañía. Al fin y al cabo, algo saben sobre nomadismo.
Un temprano y esclarecedor testimonio contra los gitanos lo encontramos en el Diario de un burgués de París, escrito en 1427, y abundantes datos sobre la discriminación social y el racismo actual respecto de los “ciudadanos inmigrantes y sus hijos” aparecen en el libro La República y su diversidad, de Patrick Weil. En él se muestra que no hace falta ser extranjero, ni francés naturalizado, ni practicar otra religión para sufrir la discriminación social, territorial y racial. Basta con ver cuántos franceses de ultramar, católicos pero no blancos, encontramos como directivos de empresas privadas.
Las expulsiones de gitanos revelan la hipocresía del Gobierno francés. Se trata de una política racista que ahonda la división entre los perdedores de la crisis.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
Michelle Bachelet acaba de ser nombrada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, Secretaria General Adjunta de la nueva agencia ONU Mujeres, creada para impulsar con mayor eficacia las políticas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo. Hay que congratularse doblemente: por la creación de ONU Mujeres y porque una líder reconocida, con experiencia política y con sensibilidad ante el sufrimiento –pues ha vivido en su propia piel la persecución y el exilio–, sea su directora.
La nueva agencia englobará a las que hasta ahora se ocupaban de estos asuntos: la División para el Adelanto de la Mujer (DAW), el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), la Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género
(OSAGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). En español hubiera encontrado más acertado denominarla Mujeres ONU que ONU Mujeres, pues esta última denominación suena a estructura paralela, algo que va en contra de la voluntad de transversalidad de las políticas de género.
La creación de ONU Mujeres, dentro de la reforma de la ONU, responde a la necesidad de tomarse más en serio, también en el terreno internacional, la acción conjunta de los distintos países ante la gravedad de problemas como la feminización de la pobreza, la trata o la escandalosa cifra de violaciones y mujeres muertas, tanto en países en guerra como en países en paz. Esa conjunción internacional es necesaria también para afrontar la desigual situación de hombres y mujeres en relación con la posesión de bienes, empleo, salarios, educación o salud. Y, desde luego, para impulsar el empoderamiento femenino, mejorar el reparto de poder
y escuchar lo que las propias mujeres organizadas están proponiendo.
Como estructura de poder e influencia dentro de la ONU, se espera que posibilite una mejor coordinación de las políticas de género y un reparto de fondos más equitativo. Lo cierto es que su creación estaba siendo reclamada desde dentro y fuera de la organización para tener más peso en la toma de decisiones y lograr más eficacia en los objetivos. Ahora toca esperar que su existencia no sólo se note en el sistema de la ONU, sino sobre el terreno, en la mejora de las vidas de tanta gente que sufre.
ÓSCAR CELADOR ANGÓN
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
El reciente aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 será recordado por dos acontecimientos de cierta peculiaridad. Por una parte, el debate sobre la posibilidad de construir la Casa Córdoba
–un centro islámico con una mezquita– en las proximidades de la denominada zona cero. Y por otra, el protagonismo mediático que ha conseguido el pastor de una pequeña iglesia evangélica de Florida, gracias al anuncio de que planeaba quemar públicamente ejemplares del Corán si no se detenía la construcción del proyecto mencionado. Estos hechos están alimentado una auténtica ola de islamofobia, cuyos resultados todavía no son predecibles, pero que no por ello dejan de ser preocupantes.
En nuestro país la situación de los musulmanes también es muy delicada, tal y como se desprende de un reciente estudio que indica que el 53% de los españoles tiene una opinión desfavorable sobre este colectivo, y del hecho de que uno de sus principales problemas sea la dificultad para construir lugares de reunión para sus fines culturales y religiosos, pese a que, al igual que ocurre con la Casa Córdoba, su financiación sea privada.
La Ley Orgánica de Libertad Religiosa protege el derecho de las confesiones religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, pero en algunos supuestos este derecho es obstaculizado por el elevado nivel de discrecionalidad que los ayuntamientos tienen en este terreno. En unos casos, los alcaldes han cedido con excesiva facilidad ante las movilizaciones de los vecinos contrarias a la construcción de mezquitas, debido al temor de perder un puñado de votos en las elecciones locales; y en otros casos, como acaba de ocurrir en Lleida, se ha ordenado el cierre cautelar de una mezquita por exceso de ocupación, y este se produce, como es evidente, porque la comunidad musulmana carece de los espacios necesarios para la práctica de su culto religioso.
La posición de estos ayuntamientos obstaculiza el ejercicio de un derecho fundamental y obliga a los musulmanes a reunirse en lugares inapropiados y clandestinos, lo que promueve su marginación y siembra la sospecha sobre el objeto de sus reuniones. Se trata de una situación conocida por el Gobierno, y que se habría solucionado si este hubiera impulsado la tantas veces prometida reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que ignora en exceso las necesidades de las minorías.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
En estos días de vacaciones, yendo a la playa, descansando lejos de la residencia cotidiana o circulando por carreteras poco habituales, en las periferias de muchas ciudades y pueblos hemos podido observar un fenómeno común: urbanizaciones vacías. Construcciones de grupos de viviendas, de tipología diversa, unifamiliares o plurifamiliares, de distintas alturas, algunas con jardín y otras no, donde no vive nadie, o casi nadie. Algunas acabadas y otras a medio construir, que conviven con grúas y materiales de la construcción abandonados. No hay alumbrado y, la poca gente que vive allí no tiene servicios, ni siquiera nombres en sus calles (siempre que estas existan).
Es un paisaje de periferia urbana desolada, como si los operarios se hubiesen ido para regresar al día siguiente. Pero llevan meses sin aparecer. Son lugares abandonados que salpican las periferias de ciudades y pueblos. Es el paisaje del fin del boom inmobiliario, de fin de ciclo económico, de crisis. A los pocos que viven allí les parece inaudito que les hayan abandonado a su suerte, que a ellos les haya sucedido esto. Les prometieron zonas comerciales, equipamientos, buena red viaria y, en algunas de ellas, incluso algún lujo.
Es un fenómeno idéntico en otras latitudes donde la burbuja inmobiliaria estalló. Irlanda tiene más de 300.000 viviendas vacías, la mitad de su parque inmobiliario. Algunas zonas de California están pensando en demolerlas y en recalificar los terrenos como no urbanizables.
Porque el problema, más allá de las familias atrapadas en estos lugares desamparados, está en qué hacemos con estas urbanizaciones. ¿Quién asume la responsabilidad y el coste de estos espacios urbanizados, sin habitantes? Y ¿hasta cuándo pueden estar unas viviendas vacías o sin terminar sin que se deterioren y con ellas sus alrededores?
Las periferias de nuestras ciudades se merecen entornos más cuidados y paisajes más armónicos. Igual la solución es deconstruir y recalificar los terrenos como no urbanizables o incluso darles un uso agrícola o de espacio verde. Lo que no se puede permitir es que los entornos de nuestras ciudades parezcan antiguos poblados del far west donde sólo corren motas de polvo.
El fin del boom inmobiliario nos ha dejado secuelas periurbanas bien visibles donde no sólo puede actuar el tiempo.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
La crisis debiera servir para deshacer ciertos tópicos sobre inmigración y empleo, así como para cuestionar la teoría de la asimilación. Un reciente análisis del Observatorio Andaluz de las Migraciones (OPAM) resulta muy revelador al respecto.
En primer lugar, certifica que nuestro mercado de trabajo practica la “preferencia nacional” de modo muy acusado. No sólo ofrece ventajas a los autóctonos sino que, además, diferencia a los inmigrantes según su origen nacional. La probabilidad de empleo de los nativos es mucho mayor que la de los foráneos y, entre estos, discrimina de más a menos a los africanos, después a los europeos no comunitarios y luego a los latinoamericanos. La buena noticia es que rumanos y búlgaros salen mejor parados de esta quema general. Esto último sugiere que la obtención del estatus comunitario ha protegido su ocupación y que la preferencia nacional acentúa la discriminación de los extracomunitarios.
En segundo lugar, se demuestra que, tanto antes como durante la crisis, los inmigrantes son más vulnerables al desempleo que los españoles. Su condición de extranjeros impera sobre la fuerza igualadora de la formación. En otras palabras, la discriminación nacional ha prevalecido sobre el “capital humano” que atesoran. Lo interesante es que las probabilidades de estar ocupadas de las mujeres rumanas y latinoamericanas se aproximan a las de las nativas, pero no en el caso de las mujeres africanas. En otras palabras, en el empleo femenino, las desventajas achacables a la edad y la educación se igualan, pero el rechazo étnico y cultural se impone.
El resultado más llamativo es el que cuestiona la teoría de la asimilación progresiva; es decir, aquella que confía en que la antigüedad de residencia neutralice la desventaja inicial de los inmigrantes. El hecho de llevar años viviendo en España no ha servido de escudo protector ante el paro. En sólo dos años, el crédito de la experiencia se ha esfumado. Así, un africano que tenga más de siete años de residencia tiene menos oportunidades de encontrar trabajo que un rumano o un latinoamericano que estén recién llegados.
Estos datos ciertamente no ignoran el impacto que tiene en la
actual tasa de paro de los inmigrantes, que asciende al 30%, su concentración en actividades precarias y poco cualificadas. Pero el análisis niega que el tiempo sea el remedio y desenmascara lo injusto de la preferencia nacional.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asistencia Humanitaria (OCHA) y organizaciones como Intermón-Oxfam están haciendo llamamientos a la solidaridad internacional para el envío urgente de ayuda a Pakistán. Con más de 170 millones de habitantes, la mayoría musulmanes, el país está viviendo una catástrofe humanitaria que ha sido calificada por Ban Ki Moon como un tsunami lento. Desde hace un mes, las lluvias torrenciales han inundado una extensión que abarca la quinta parte del país, hay más de 1.600 muertos y 20 millones de personas necesitan urgentemente agua potable, medicinas y albergue.
Mientras crece el sufrimiento debido a este desastre, otra sangría, la producida por atentados terroristas, continúa sembrando muertos. En el último, el pasado 1 de septiembre en Lahore, tres bombas causaban 18 muertos y 143 heridos en una procesión chiíta, rama del islam minoritaria en Pakistán, que es de mayoría sunita.
Pero no es en la compleja red de causas de estas violencias (sectarismo religioso, lucha de los talibanes por el poder y otras) donde quiero detenerme, sino en el hecho de que a diferencia de lo sucedido en otros casos de desastres naturales, en este, la ayuda internacional está llegando muy lentamente y las necesidades de los damnificados desbordan las capacidades de las agencias humanitarias. Un signo visible, en el caso de nuestro país, es que no se está viviendo esa efervescencia mediática, con llamamientos, apertura de cuentas bancarias por parte de ONG y movilización institucional.
Al hilo de estas diferencias, me pregunto: ¿Qué significan los pakistaníes para nosotros? ¿Los vemos como seres humanos, semejantes, que sufren? ¿Qué es lo que nos hace distanciarnos o reconocernos en el sufrimiento ajeno? ¿Por qué unas poblaciones generan más apoyo que otras? Preguntas que tienen relación con la que se hace Judith Butler ante la evidente diferencia en el tratamiento de unas muertes y otras: ¿Por qué unas vidas son más lloradas que otras?
En el caso de Pakistán, no creo que la falta de respuesta se deba a la voluntad de castigar a un país que ha gastado enormes cantidades de dinero en proveerse de bombas atómicas, ya que este no es un dato de conocimiento popular. ¿Es porque son musulmanes? ¿Es por las imágenes que se asocian con el país, generalmente de enfrentamientos y atentados terroristas? Mientras lo pensamos, afirmo: necesitan nuestra ayuda.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
Hace unos días, en Público, aparecía un reportaje sobre la bicicleta como medio alternativo de transporte. La noticia partía de un avance del Barómetro de la Bicicleta 2010 y el titular decía que unos dos millones y medio de españoles utilizan la bici a diario, especialmente en las grandes urbes. Las ciudades líderes son Barcelona, San Sebastián y Sevilla, y en el pelotón de cola está Madrid, que parece que no tiene interés en promocionar este medio de transporte.
Día tras día tenemos más evidencias cotidianas y medibles del cambio climático e incluso algunos de los negacionistas han admitido que estaban equivocados y que el fenómeno no sólo es real sino que está provocado por las actividades humanas. Además, sabemos que los transportes mecánicos emiten más de un tercio de los gases que producen este cambio. Es imprescindible abordar el uso de la bicicleta en nuestros desplazamientos cotidianos desde la óptica de las emisiones de CO2.
La pregunta tiene que ser cuántas toneladas de carbono emitirían estos más de dos millones de usuarios cotidianos de la bicicleta si utilizaran otro medio de transporte, especialmente el coche privado, que es el causante de la mayor parte de las emisiones. En una ciudad con diez millones de viajes diarios, con una cuota del 4% de usuarios de la bici, el ahorro en emisiones de CO2 sería de unas 60 toneladas por año, equivalente a un
millón de euros en el mercado de carbono mundial.
¿Se imaginan, pues, que las ciudades, igual que las empresas por los acuerdos en el Protocolo de Kioto, organizaran un mercado global de emisiones de gases de efecto invernadero y tuvieran cuotas de emisiones? ¿Y que estas fueran valoradas y evaluadas según la contribución que sus medios de transporte urbanos, públicos o privados, viarios o ferroviarios, en el cambio climático? ¿Que se penalizara a las ciudades con mayores cuotas de utilización de transporte más contaminante en relación a su población y al volumen de los viajes realizados?
En este escenario, el uso de la bicicleta en la ciudad como uno de los medios no contaminantes, no sería una opción voluntaria de ciertos ayuntamientos y de algunos de sus ciudadanos. Al contrario. Adecuar la ciudad y su espacio viario a los ciclistas y utilizar las bicis en los viajes cotidianos sería una obligación. No es que el planeta dependa de ello, De ello dependemos nosotros.
MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
Una prestigiosa revista médica de Estados Unidos (Annals of Internal Medicine; 23 de agosto: http://www.annals.org) acaba de anunciar la publicación de un estudio realizado por investigadores españoles (Gema Rodríguez-Trigo y otros) sobre los efectos que la participación en la limpieza del chapapote del Prestige tuvo para la salud de un grupo de pescadores de Galicia. La investigación se centró en 501 pescadores que habían participado en las tareas de limpieza comparando su estado de salud, dos años después, con el de otros 177 que no habían participado. Los resultados más notables se obtienen comparando los subgrupos de no fumadores. El estudio señala, entre los no fumadores que estuvieron expuestos al chapapote, un aumento significativo de afecciones respiratorias y de algunos marcadores de posibles lesiones pulmonares, así como de algunas alteraciones cromosómicas en linfocitos. Como los autores advierten, estos resultados no permiten obtener conclusiones clínicas, ni pueden generalizarse a otras poblaciones. ¿Qué consecuencias se pueden derivar entonces del estudio?
Los propios autores expresan clara y sabiamente sus conclusiones. Con los datos disponibles no se puede predecir cómo va a evolucionar la salud de los trabajadores y voluntarios que participan en la limpieza de vertidos de petróleo; pero hay motivos suficientes para pensar que pueden aumentar los problemas respiratorios y el riesgo de contraer cáncer. Por consiguiente, es preciso establecer programas de seguimiento, estudio y atención a los posibles afectados a largo plazo. En el caso del Prestige, el plan ya está en marcha.
Junto con el artículo, la revista publica el editorial “Lecciones para el estudio de los efectos del vertido de petróleo sobre la salud”. En él se señala la importancia de la contribución de los investigadores españoles, que puede servir de referencia en EEUU, donde las autoridades se enfrentan ahora, a propósito del desastre del Golfo de México, a problemas parecidos a los que aquí tuvimos que afrontar.
Pasan los años y seguimos extrayendo lecciones del Prestige. Ahora debemos recordar una más: para poder responder adecuadamente a estas catástrofes, es preciso alentar la investigación rigurosa, independiente y sistemática sobre sus efectos, no sólo en economía y medio ambiente, sino también en la salud y a largo plazo. Pero lo de 2002… Nunca Mais.
