ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Es probable que la presencia de los trabajadores extranjeros en las manifestaciones del 29-S no sea significativa. Si eso sucede no será debido a su escasa afiliación sindical, sino a que no se les reconoce como ciudadanos. No nos equivoquemos, el motivo inmediato de la huelga es laboral, pero la razón última de la protesta es el desmenuzamiento del bienestar social. Lo que se rechaza es un modelo de sociedad que entristece el futuro de los adultos y oscurece la vida de los jóvenes.
Lo cierto es que el grueso de los trabajadores extranjeros no percibe qué consecuencias va a tener la modificación de las reglas de juego en su mercado de trabajo. Su lugar en el ajedrez laboral ha sido el de peones desprotegidos. Han vivido entre la irregularidad, la temporalidad, el despido fácil y los horarios atípicos. Su desempleo es diez puntos mayor que el de los españoles, el 44% tienen un contrato temporal y al menos medio millón trabaja de modo informal. Se ocupan en sectores poco regulados y están dispersos por las pequeñas empresas agrícolas, de restauración, comercio, limpieza y servicio doméstico. Así se explica que no rebasen el 5% de los afiliados sindicales, aunque representen el 14% de la mano de obra. ¿En qué podría empeorar su situación?
Es razonable pensar que la extensión del deterioro laboral incrementará el rechazo de los nativos más vulnerables hacia los inmigrados. Los trabajadores españoles les reprochan que estén dispuestos a trabajar por menos, sin medidas de seguridad y con escasa experiencia en el oficio. Así que primero se enfrentarán los extranjeros legales con los indocumentados y, después, con los autóctonos menos cualificados. De modo que al foráneo le interesa apoyar el paro laboral para no alimentar la división de los que están abajo. Además, puede estropearse la convivencia con los lugareños y, puesto que la mayoría de los inmigrantes ya se ha decidido por el arraigo familiar, el sueldo directo pierde relevancia frente a la mengua de la protección social.
Si los trabajadores extranjeros no hacen la huelga no será porque no les importen los bienes públicos, la mejora de su capacitación, la siniestralidad laboral ni la regulación del sector. La explicación de su escasa implicación en la protesta reside en su exposición al despido, la irregularidad y la expulsión. En definitiva, en su injusta condición de no ciudadanos.
ANTONIO IZQUIERDO
Catedrático de Sociología
Recién hemos tenido noticia de una buena práctica y de un comportamiento punible. La primera se refiere a la recolección del arándano, y el segundo se corresponde con la recogida de la fresa. La una afecta a las temporeras inmigrantes alojadas decentemente, y el otro se ha cebado en los varones negros que malviven en chamizos de caña y plástico. Aquellas trabajan en condiciones dignas y estos lo hacen en régimen de esclavitud. El núcleo de la discriminación no es el rechazo cultural o la composición por género de los trabajadores, sino el tipo de empresario y su desprecio de la legalidad.
Las mujeres han llegado desde el exterior a través del contingente anual de inmigrantes, mientras que los hombres hace años que viven en España y, en su mayor parte, se hallan en una situación irregular. Dos preguntas surgen ante estos hechos. La primera indaga qué cabe hacer con los desempleados extranjeros que están aquí y en particular con los indocumentados. La segunda se cuestiona si conviene mantener los cupos anuales para temporeros foráneos en un periodo de crisis.
Respecto del primer asunto, es preciso extremar las sanciones sobre el empleo irregular que, además, imposibilita el arraigo laboral. Porque los empresarios se han servido de los trabajadores africanos desentendiéndose de sus condiciones de vida. Paralelamente hay que incentivar la movilidad geográfica y sectorial de los extranjeros desempleados, dado que es preferible tener un trabajo a caer en la marginación. Y, por último, es razonable la regularización de los inmigrantes que trabajan de modo intermitente y que han perdido su estatus legal. La producción institucional de irregulares es una de las características del modelo migratorio que necesitamos cambiar.
El contingente ha demostrado su utilidad para los trabajos de temporada y su inoperancia para la contratación estable. La gestión del cupo gana en eficacia cuando el compromiso empresarial perdura, lo que a su vez fortalece la autonomía económica de las trabajadoras inmigrantes. Esta práctica de codesarrollo demanda la coordinación de los empleadores de distintos cultivos y regiones para ofrecer mejoras en el alojamiento, la duración del trabajo y la formación de los temporeros. En este sentido, los cursos de salud reproductiva y la creación de cooperativas contribuyen al desarrollo demográfico y social de las comunidades de origen.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
Una gran ciudad sin metro no es una ciudad: es una pesadilla. Lo saben bien los madrileños, aquellos que lo usan y aquellos que no saben ni dónde está.
Más allá de la huelga y de las reivindicaciones de sus trabajadores, cuando una ciudad se queda sin metro, la ciudad conocida desaparece y emerge otra. En ella, los tiempos de recorrido se amplían, asoman objetos urbanos e incluso calles que hasta entonces no parecía que estuvieran allí. También se descubre que los transportes urbanos son una red compleja e interconectada, donde cada modo de transporte es fundamental para que todo funcione. Así, los que van siempre en coche se dan cuenta de la importancia de los que usan los medios públicos y les dejan a ellos más espacio y menos congestión. Ir andando se manifiesta como una pieza clave de nuestra cotidianidad y se examina lo mal o lo bien que están diseñadas las calles para los peatones. También se comprueba que los autobuses, piezas fundamentales del transporte público, nunca van a tener capacidad suficiente para absorber la demanda de una gran ciudad.
El metro es un medio de transporte urbano de finales del XIX. El primero se inauguró en Londres en 1863 y, desde entonces, toda ciudad que quiera convertirse en una gran ciudad, en metrópolis, tiene que tener transporte suburbano. Algunos incluso dirían que es el metro el que da categoría urbana a las ciudades del mundo. De hecho, en estos 150 años, no se ha dejado nunca de construir nuevos metros o ampliar sus recorridos. En algunas ciudades, los barrios están caracterizados por sus estaciones y dotan al espacio urbano de signos de identidad. En muchas periferias urbanas, cuando se les pregunta a sus habitantes de dónde son, sus referentes vecinales identitarios son los nombres y los lugares donde asoman las paradas del metro.
El Metro de Madrid que se inauguró en 1919 con apenas 3,5 km de recorrido y ocho estaciones, hoy tiene 284 km y casi 300 paradas. Sin embargo, la importancia del Metro no se mide en términos sólo cuantitativos. Los transportes subterráneos aportan categoría de gran urbe y permiten, sin exclusiones, que sus ciudadanos puedan ejercer su derecho a la ciudad: al trabajo, al ocio, al estudio.
En cualquier caso, aunque un día sin metro permite vivir la cotidianidad de otro modo, una ciudad sin metro deja de ser ciudad para convertirse en una pesadilla.
CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP)
En medio de la vorágine de la crisis que parece engullirlo todo, desde los puestos de trabajo hasta el ánimo colectivo, pasando por aspectos importantes del Estado del bienestar, reconforta ver que un grupo numeroso de asociaciones de vecinos, a las que une un nombre que denota un bien que valoran, “la Paz”, acaba de celebrar en Zaragoza su II Encuentro estatal. Llegaron de varias comunidades autónomas –son más de 70 las asociaciones que comparten este nombre– con el fin de preparar proyectos comunes, aprobar un manifiesto y pasar un día de convivencia, con música y comida.
Alguien puede pensar que se trata de un evento cotidiano, poco importante. Para mí es un ejemplo de dignidad popular, a subrayar con doble trazo, el que dan estos vecinos. Lo simboliza el canto a Mandela y la libertad que entona el coro del barrio anfitrión, con voces de todas las edades. Con el cinturón apretado, en el paro unos y con la hipoteca al cuello otros, viven el día a día alimentados por los valores de la unidad por abajo, la única en la que pueden apoyarse. Y, mientras los tiburones financieros siguen haciendo su agosto con sus redes de engaño, en las que quedan atrapados muchos sueños, ellos y ellas dan ejemplo de solidaridad. Pues, además del recibo de la luz o los transportes públicos, la corrupción y los destrozos del medio ambiente causados por un urbanismo especulador, les preocupa la inexistencia de paz en el mundo, el sitio de Gaza, los muertos y refugiados de Kirguizistán.
Saben, lo han escrito en su manifiesto, que la paz no casa con las injusticias, que no hay paz sin desarrollo, sin derechos humanos, sin de-
sarme, sin una democracia auténtica. Saben que la paz exige una lucha enérgica para cambiar el estado de cosas actual, y que la injusticia no es como una tormenta, ya que erradicarla está en manos humanas. Necesitamos, dicen, unión e inteligencia colectiva, sin desánimo, pues en los tiempos difíciles pueden crecer los cambios necesarios.
Alivia pensar que también en las crisis la gente canta, come y se ama. ¿Por qué no habría de reseñarse, si es el aliento que aún puede mantenernos? En las páginas de este periódico, el escritor Saïd El Kadaoui, citaba recientemente al Premio Nobel de literatura Wole Soyinka para decir que ‘la dignidad es la otra cara de la libertad’. Y la libertad, seguramente porque nos hace reconocernos como humanos, siempre reconforta.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Nadie parece haber predicho la que, por acuerdo general, es la peor crisis del capitalismo desde 1929. Los expertos estaban demasiado ocupados tratando de comprender la mundialización y de beneficiarse de ella. Son los mismos expertos que, paradójicamente, formulan hoy las recetas de recuperación basadas en el principio de que la crisis la paguen los que más la sufren. Argumentaron que era necesario refundar el capitalismo, propósito incomprensible dicho por quienes lo gestionan, y añadieron que hay que acabar con el capitalismo de casino, concepto que tampoco es meridiano. Entre tanto, recetas de recuperación.
En realidad no hay escapes nacionales de la crisis porque la economía se ha mundializado. Otra paradoja: no es la clase obrera la que se ha internacionalizado; ha sido el capital. Con la globalización, que es económica y financiera, pero no jurídica ni política, el capital se ha independizado del poder de los estados que, sin embargo, siguen siendo las únicas instancias capaces de formular normas vinculantes, ya que el orden internacional carece de toda capacidad coactiva.
La única solución a una crisis planetaria es una instancia jurídica y política planetaria, perspectiva que ni se avizora en el horizonte. En el ínterin, allí en donde gobierna, la izquierda tiene que resignarse a gestionar los intereses del capital porque carece de poder para doblegarlo. En la izquierda de esta izquierda se aduce que el Gobierno se ha rendido ya del todo al capital y va a cargarse los restos del Estado del bienestar. Es paradójico que hoy defiendan el Estado del bienestar quienes ayer lo criticaban por ser un instrumento de desmovilización obrera. Y que la derecha salga diciendo que es el partido de los trabajadores ya es portentoso.
Penúltima paradoja: los sindicatos, hasta ahora dialogantes, se ven obligados a convocar una huelga general, arma decisiva de la clase obrera, a tres meses vista, como las letras de cambio. Porque, con más de cuatro millones de parados de ejército industrial de reserva, que decía Marx, no está la caja para dispendios. En tres meses puede haber pasado de todo. Que los sindicatos y los empresarios por fin se pongan de acuerdo o que el Gobierno, cediendo al PP, imponga el tijeretazo por decreto y también por ley aparte, con lo que, de aprobarse esta, la huelga general no se hará contra el Gobierno, sino contra el Parlamento.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
Los expertos reclaman la reforma del mercado de trabajo como base para frenar el crecimiento del desempleo”, concluía un medio especializado en economía, no ayer, sino en 1993. Sonaba entonces, como ahora, la misma letanía de “los expertos” recomendando la reforma laboral y el recorte del gasto público como “medidas urgentes para salir de la crisis” que aquejaba a la economía española tras el pinchazo de la primera burbuja inmobiliaria de la democracia y el rosario de megaproyectos improductivos vinculados a los festejos de 1992. Se urgía entonces, como ahora, a “flexibilizar el mercado laboral” para aumentar ¡no el paro, sino el empleo! Se planteaba seriamente si para conjurar la crisis y emplear a los parados “no sería necesario poner en la calle a medio millón de funcionarios” a fin de reducir el déficit presupuestario… Y se echaba en cara “el egoísmo de los que tienen empleo hacia los demás”, al no avenirse los sindicatos a rebajar los salarios y el coste del despido. Es decir, se trataba de igualar por abajo, empeorando las condiciones de contratación y retribución de los asalariados.
Este discurso de la patronal y sus expertos invitados ha venido cayendo desde hace tiempo como una especie de “gota malaya” que, con su machacona insistencia, llega a erosionar lo mismo piedras que voluntades. Con ello, el discurso de los sindicatos y el ánimo de los trabajadores pasaron de ser reivindicativos a convertirse en meramente defensivos. Se acabó facilitando el despido, aumentando el trabajo precario y manteniendo el coste laboral por hora de trabajo en nuestro país por debajo de la Europa de los 27, todo ello siempre en aras de un hipotético pleno empleo. Y cuando el pinchazo de la nueva burbuja especulativa hundió la economía y elevó el paro a máximos históricos, se sigue recetando la misma medicina.
En 1993, como ahora, la reforma del mercado de trabajo eclipsó la del mercado inmobiliario que había ocasionado la crisis. Entonces pudo practicarse una huida hacia adelante devaluando la peseta en un 40%, saneando las cuentas del Estado a base de escatimar gastos sociales y vender empresas públicas… y espoleando nuevas prácticas especulativas con el apoyo del euro. La diferencia estriba en que esta huida no es hoy practicable y, sin corregir los vicios de origen, se nos invita a pagar los platos rotos de un aquelarre inmobiliario del que sólo algunos sacaron provecho.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
La propuesta o, más bien, amago de propuesta de un nuevo contrato para jóvenes, efectuada por la CEOE, me ha recordado de nuevo un comentario atribuido a Wernher Von Braun. Von Braun, director técnico del equipo de cohetes V-2 alemanes que cayeron en un número de 2.780 principalmente sobre Londres y Amberes en 1944 y 1945, fue años después director de un centro de la NASA. Preguntado entonces sobre su responsabilidad en la destrucción causada por los V-2, Von Braun contestó que él tenía responsabilidades sobre el departamento que hacía que los V-2 se elevaran, la responsabilidad sobre dónde caían residía en otro departamento.
La historia es probablemente apócrifa, pero ilustra el sinsentido al que puede llevar la falta de una visión de conjunto y la excesiva compartimentalización. De visión de conjunto, desde luego, carece la propuesta de contrato ultrabasura a la que asistimos hace pocos días. Relegar a los jóvenes a la precariedad y la falta de derechos es una pésima estrategia no ya en el largo plazo, sino en el medio. Una pésima estrategia desde el punto de vista del conjunto de la sociedad, pero también desde el punto de vista específico de los propios empresarios.
Porque los emprendedores tienen al menos un triple ámbito de intereses: por una parte, les conviene reducir los costes y, entre ellos, los laborales. Por otra parte, también les interesa disponer de una demanda suficiente para sus productos. Y, finalmente, los empresarios están interesados en incrementar la productividad y, por tanto, la mejora de la competitividad de sus empresas
Para ello, un elemento imprescindible es la mejora del capital humano con el que trabajan las compañías. Los dos primeros intereses entran en conflicto: a los empresarios les interesa que los trabajadores de otras empresas tengan salarios lo más altos posibles (para que puedan comprar sus productos), mientras que los trabajadores de su empresa tienen salarios lo más bajos posibles. El primer interés se contrapone, también, con el tercero: una fuerza de trabajo mal pagada y precaria es un pésimo punto de partida para incrementar la productividad y la
competitividad.
Al centrarse únicamente en la reducción de los costes laborales de un grupo de trabajadores tan estratégico como los más jóvenes, el amago de propuesta de la CEOE desatiende objetivos que también son relevantes desde posiciones estrictamente egoístas de los empresarios: ¿qué capacidad de demanda tiene un mercado de jóvenes que o son ni-nis o trabajan poco y en precario, que no pueden independizarse ni formar familias?
Sin necesidad siquiera de utilizar argumentos altruistas, la responsabilidad del empresariado queda seriamente en entredicho cuando se plantean propuestas cuyos efectos sólo son positivos para pocos y en el corto plazo. Esta crisis se ha agravado debido a una acumulación de comportamientos poco responsables (no hace falta volver a mencionar los eventos acaecidos en los mercados financieros); la dificultad de la situación actual no deja margen para más comportamientos irresponsables.
JORGE CALERO
Catedrático deEconomía Aplicada
El actual debate sobre la edad de jubilación arranca de una propuesta del Gobierno que invierte una tendencia arraigada en las políticas sobre el mercado de trabajo en España, especialmente en tiempos de crisis. Me refiero a la “tradicional” contención de la población activa que sucesivos gobiernos han favorecido, por medio de dos mecanismos: por una parte, un trato muy permisivo con respecto a jubilaciones en algunos casos demasiado anticipadas y, por otra, la debilidad de las políticas que favorecen la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, específicamente a través del fomento de la conciliación de las responsabilidades laborales y familiares.
Esta contención de la población activa ha sido un rasgo diferencial de las políticas laborales en España (y en otros países europeos meridionales). Su dudosa justificación se situaba en la necesidad de reducir la presión ejercida por el desempleo, que se ha movido casi siempre en cifras considerablemente mayores a la media europea.
Consecuencias de estas orientaciones son la distancia entre la edad legal y la edad real de jubilación (que está actualmente en los 63 años, pero había alcanzado los 62) y una reducida tasa de actividad femenina. Esta sólo se ha visto incrementada en los últimos años, para las generaciones más jóvenes, “gracias” a la presión de los precios de la vivienda (la necesidad de pagar la hipoteca) y a costa de una natalidad muy baja: no conviene olvidar que la tasa de fecundidad sigue en el 1,3. Todo ello por no hablar del enorme coste en términos personales para muchas mujeres y de la degradación de la calidad de vida familiar.
Probablemente resulte difícil la aplicación del retraso en la edad de jubilación; su idoneidad es, además, cuestionable. Sin embargo, la simple formulación de la propuesta indica que el Gobierno tiene presente la necesidad de revertir la política de contracción de la población activa y está dispuesto a asumir, hasta cierto punto, su coste en términos de crecimiento de las cifras de desempleo.
En esa línea, el Gobierno dispone de todo un abanico de medidas. Las más obvias se encaminan a retrasar la edad real de jubilación, acercándola algo más a la edad legal. Pero conviene también tener muy presente la potencialidad que ofrecen, en términos de incremento del número de cotizantes a la Seguridad Social, todo un conjunto de medidas que facilitan la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Mencionaré únicamente tres de ellas: en primer lugar, el incremento de los periodos de baja por maternidad y paternidad; en segundo lugar, la regulación de los horarios laborales con objeto de permitir una conciliación efectiva y no meramente formal entre la actividad laboral y familiar; y, en tercer lugar, el impulso de la oferta de plazas de educación infantil entre los cero y los seis años.
Si la continuidad de las pensiones pasa por el incremento de los periodos de cotización, en las carreras laborales de las mujeres existe una potencialidad que merece la pena tener muy en cuenta.
JORGE CALERO
Conocemos bien los estragos que causa el desempleo a las personas, las familias y las sociedades en el corto plazo. En una economía como la nuestra, con unos niveles de empleo especialmente sensibles en las crisis, hemos sido testigos de las dificultades económicas, los problemas psicológicos y las tensiones sociales ocasionadas por el paro. Sin embargo, no somos del todo conscientes de las repercusiones que puede tener el desempleo en el largo plazo; entre ellas se encuentran aspectos tan relevantes (tanto desde el punto de vista individual como desde el colectivo) como incrementos de la morbilidad, descensos de la esperanza de vida y erosión en la formación de capital humano. Quisiera apuntar algunas ideas en torno a este último aspecto, refiriéndome, sobre todo, a las consecuencias que puede tener, a lo largo de la vida activa, la dificultad de acceder a un primer empleo.
Hace más de un año, con la crisis ya suficientemente instalada, se planteó que un posible efecto colateral beneficioso de esta sería que los jóvenes se refugiarían en las aulas ante la dificultad de encontrar o mantener un empleo. ¿Ha sucedido realmente así? Si consideramos a los jóvenes entre 16 y 22 años, en 2006, en plena fase de crecimiento económico, el 61,6% de ellos realizaba estudios (datos de la Encuesta de Población Activa). En 2009, esta proporción había subido sólo de forma leve, hasta el 62,5%. La crisis sólo empuja ligeramente a los jóvenes hacia las aulas. Los empuja, con mucha más intensidad, hacia la calle o hacia sus casas: en la misma franja de edad, el porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan ha crecido desde un 10,6% en 2006 hasta un 17,6% en la actualidad, con algunas comunidades autónomas, como Andalucía, donde el porcentaje alcanza el 21%. Esta proporción de la población es muy similar en los hombres y en las mujeres.
Durante el periodo de creación de empleo –que empezó a mediados de la década de los noventa y concluyó en 2007–, el mercado de trabajo aceptaba a jóvenes con bajo nivel de cualificación, que conseguían con relativa facilidad un primer empleo. A costa, claro está, de una tasa elevadísima de abandono prematuro del sistema educativo. Pero al menos existía un primer empleo, hito importantísimo en las trayectorias personales, y cuyos efectos se prolongan a lo largo de toda la vida activa. En ese primer empleo los jóvenes pueden (podían) adquirir conocimientos y actitudes que resultarán cruciales para insertarse en el mundo del trabajo y, por tanto, en el mundo adulto.
En buena medida, el primer empleo, complementado con una buena formación en el puesto de trabajo, puede ser un aceptable sustituto de la educación reglada. Incluso en el peor de los casos, tan frecuente, en los que el primer empleo exige una cualificación muy reducida y no va asociado a un recorrido profesional claro, proporciona un cierto margen para el desarrollo personal y laboral. En la actualidad estas potencialidades del primer empleo han dejado de existir para un grupo numerosos de jóvenes. Los efectos a largo plazo de esta carencia se proyectarán ineludiblemente en el futuro.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
ANTONIO IZQUIERDO
El jueves se aprobó una ley placebo sobre la inmigración a propuesta del Gobierno y mejorada por el Parlamento. Ciertamente, la norma no modifica el modelo inmigratorio; su misión parece ser la de aplacar el mal humor que destilan los españoles en los sondeos. Se cree que ese estado de ánimo es el que determina el voto. Si fuera ese el fundamento del cambio legislativo hay que decir que no era necesario, porque hace dos años que las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas registran que la fiebre ha bajado y que hoy estamos al nivel de 2001. Debemos reconocer que el discurso
del Gobierno ha enfriado el acaloramiento público. Pero sólo en la piel.
Si la expresión pública de recelo disminuye, ¿es, acaso, porque somos diferentes los españoles o sólo lo aparentamos? Pues lo común es que con la crisis se tapen menos las vergüenzas racistas. Esa crecida del sentimiento antiinmigrante en época de dificultades ha quedado repetidamente acreditada allende nuestras fronteras. ¿Estamos en presencia de una particularidad celtibérica?
Está claro que los últimos barómetros del CIS reflejan esa mengua de la preocupación por la presencia inmigrante en su doble plano nacional y personal. El agobio ha caído entre 2007 y 2009 del 35% al 19% en el ámbito público y del 12% al 6% en la agenda privada. Por lo visto, la inmigración de países terceros constituye para los ricos un problema nacional y, para los pobres, uno personal. Claro está que las clases acomodadas extraen beneficios de este tipo de inmigrantes que, sin embargo, sólo se integrarán de verdad con los españoles de su misma clase social, es decir, con los nativos que están abajo.
Los datos enseñan que en los periodos de bonanza económica las percepciones se desmaterializan y la repulsión se ceba en lo simbólico. En otras palabras, se regatea con los derechos a cambio de la sumisión en las costumbres. Al contrario de lo que sucede en los tiempos de infortunio, cuando el rechazo se “laboraliza” y socializa. En la prosperidad se enfatizan la diferencia religiosa y los hábitos visibles, mientras que en la escasez lo que repele es su presencia en el trabajo y en la escuela pública. En verdad nunca se ha aceptado que los inmigrantes más vulnerables ejerzan la igualdad de derechos, sino que se les reconocían porque no los consumaban. Lo que ocurre es que, en la crisis, el rechazo se amplia en ámbitos públicos. Ahora abarca desde el trabajo hasta el ambulatorio y, además, se extiende por las clases medias.
No vivimos en una sociedad de intercambios sociales. En realidad hay poco canje de experiencias entre nativos e inmigrantes y, cuando se dan, no necesariamente conducen al aprecio. Los estudios cualitativos muestran que las relaciones mutuas escasean y que en las plazas públicas se mira pero no se habla. Daré sólo un ejemplo: los latinoamericanos aparecen en las encuestas como los preferidos, pero son los más detestados por su presencia en los parques. Sin duda el mejor vecino es el que no se ve. Queremos inmigrantes imaginarios.
Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología
