ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
El Mediterráneo es nuevamente el escenario de otro episodio del difícil equilibrio en Oriente Próximo. La travesía del barco Amalthea (o Al Amal), fletado por la Fundación Gaddafi para trasladar ayuda humanitaria a la franja de Gaza, y las incógnitas acerca de cómo alcanzará esa ayuda su destino, ejemplifica la creciente importancia del espacio mediterráneo en la definición de las relaciones internacionales. A partir de dos focos de tensión cada vez más interrelacionados, el conflicto árabe-israelí y el programa nuclear iraní, las principales potencias mundiales y regionales miden sus fuerzas. La importancia además del segundo foco de tensión está multiplicando la aparición de actores con influencia en la región. Actores que, como Brasil y Turquía, ya mostraron una posición diferenciada a la de EEUU, Rusia o China, al oponerse al establecimiento de sanciones económicas al Gobierno iraní. En la ruta, pues, del Amalthea y de futuras embarcaciones, cada vez hay más vientos que soplan en diferentes direcciones.
A pesar de la cercanía, los países europeos y la Unión Europea en su conjunto parecen desempeñar un papel cada vez menos destacado. La Unión por el Mediterráneo, la política europea de vecindad o la Alianza de Civilizaciones no están produciendo una alternativa a la interpretación que de los acontecimientos ofrece el apoyo de EEUU al Gobierno de Israel o su presión, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sobre el Gobierno iraní. O, más recientemente, el mayor protagonismo de Turquía como potencia regional.
De poco parece servir el que las aportaciones de los países de la Unión Europea representen más de la cuarta parte del presupuesto total de Naciones Unidas o generen más de la mitad de los fondos destinados a la cooperación internacional. La pérdida de influencia de la Unión Europea en el espacio mediterráneo es consecuencia de otras decisiones adoptadas en su acción exterior. Ensimismada en cómo reclutar el personal que integre el futuro Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la Unión Europea carece de una estrategia compartida y sus socios son incapaces individualmente de mantener una posición influyente en el contexto internacional. Mientras se debate la idoneidad de Turquía como futuro miembro de la Unión Europea o se discute la configuración de la diplomacia europea, el Mediterráneo es cada vez menos un Mare Nostrum.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Lo malo de profesar un optimismo trascendental es que las decepciones pueden ser enormes. El Gobierno, de manera bobalicona, había cifrado en la Presidencia rotatoria de Europa grandes perspectivas, de cara a presentar como triunfo en el interior el protagonismo exterior. El chasco, aun prescindiendo de anécdotas tales como la del “acontecimiento planetario”, ha sido notorio. Con todo, lo más patético es ese empeño con el que algunos miembros del Ejecutivo continúan insistiendo acerca del enorme éxito cosechado. Ello no tendría demasiada importancia si todo quedase en un mero acto de propaganda política. Pero no es así. Lo grave de la cuestión radica en que, con la finalidad de ensalzar el papel de la Presidencia española, presentan una imagen de Europa acicalada que no guarda relación alguna con la realidad.
Si algo ha quedado demostrado en estos seis meses es que las instituciones diseñadas en el Tratado de Lisboa no funcionan. La flamante alta representante exterior está missing y el presidente del Consejo ha asumido un discreto papel de comparsa. Una vez más, se ha demostrado que el único gobierno de la Unión es la voluntad de Alemania acompañada, si acaso, de Francia y de Reino Unido como corifeos.
Presentar el raquítico respaldo a Grecia o la creación de ese fondo virtual –virtual porque no existe en la realidad– de posibles rescates como un paso de gigante en el gobierno económico de Europa es estar ciego o, lo que es peor, no querer ver la realidad. Ninguna de esas cosas habría sido necesaria si el Banco Central Europeo no hubiese nacido perniquebrado por la voluntad de Alemania y tuviese –y las ejerciese– las competencias de un verdadero banco central.
Las políticas de ajuste adoptadas, lejos de contribuir al gobierno económico, son la prueba palpable de que tal gobierno no existe y de que lo que prevalece es la dictadura germana sobre el resto de los países, que en el caso español lleva a la situación grotesca de que el Ejecutivo pase en dos días a defender todo lo contrario de lo que venía manteniendo. Un gobierno económico –político– en Europa exige con carácter previo la unión económica. Sólo la unión fiscal y presupuestaria podría legitimar que Europa imponga a los países miembros limitaciones en esta materia. Mientras los impuestos y los presupuestos continúen siendo nacionales, los Estados no pueden perder su soberanía presupuestaria.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de CIencia Política
Para acabar de no comprender lo que está ocurriendo llega el anuncio-amenaza de una posible reducción de la calificación de la deuda pública española. Moody’s, la única agencia que mantenía la máxima calificación para España, fundamenta su posible revisión en las dudas acerca de la capacidad de crecimiento de la economía española. El anuncio llega precisamente cuando el objetivo principal de los planes de ajuste era contener el déficit público y despejar así cualquier duda acerca de la solvencia de las economías nacionales. De esta manera, parece que cualquier decisión que adopte un gobierno, ya sea de estímulo de la economía o de ajuste para reducir el déficit público no tiene una valoración unánime. La aceleración del deterioro económico había obligado a varios países europeos a adoptar planes de ajuste que han sido ensalzados por las instituciones comunitarias y los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional). Estos planes son ahora los que amenazan la capacidad de crecimiento de los países y motivan la revisión de la calificación de la deuda pública.
En este contexto, no sorprende que el resultado de la última cumbre del G-20 haya sido que todo vale, ajuste o estímulo, y que los gobiernos adoptarán, individualmente, las medidas que más les convengan. En la Unión Europa ya conocemos que la reducción del déficit público es lo más conveniente, para todos. Incluso, para disipar cualquier duda, se ha planteado la necesidad de endurecer las sanciones a los gobiernos que no respeten este objetivo. Sanciones que podrían llegar a la pérdida del derecho de voto en el Consejo de la Unión Europea o la reducción de los fondos estructurales y de cohesión.
Pero detrás de esta sucesión de acontecimientos se esconde un fenómeno preocupante y que es el escaso control democrático de la política económica. Esta parece manejarse por unas reglas tan deterministas como desconocidas.
Y puesto que lo más importante parece ser la capacidad de los gobiernos por convencer a los mercados de su solvencia y conseguir financiación en las subastas de deuda pública, la pregunta que debemos hacernos es: ¿quiénes son los suscriptores de esa deuda pública? El conocimiento de quiénes son los acreedores de los países permitiría arrojar algo de luz acerca de esta valoración cambiante sobre la política económica a seguir y, al mismo tiempo, reequilibrar la relación entre política y economía.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de CienciaPolítica
Bélgica reemplazará a partir de hoy a España en la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Las presidencias rotatorias son fundamentalmente consideradas como una oportunidad de los gobiernos nacionales de trasladar sus prioridades a la agenda política del resto de países miembros. Bélgica, a pesar de comenzar la presidencia europea con un Gobierno en funciones, no parece querer dejar escapar esta oportunidad. Una oportunidad que pudiera tratarse, no obstante, de un regalo incómodo. En el contexto actual, la crisis económica ha catapultado los intereses nacionales por encima de cualquier proyecto común europeo, relativizando así el éxito de las presidencias rotatorias y favoreciendo la crítica interna a los gobiernos. De otro lado, la interinidad del Gobierno belga puede obligar a concentrar todos los esfuerzos en la coordinación de los representantes de las regiones belgas que pueden presidir las distintas formaciones del Consejo. Si esto ocurriera, quizás sea la política regional uno de los temas protagonistas en el escenario europeo de los próximos meses.
Sin embargo, la capacidad actual de los gobiernos nacionales de trasladar sus preferencias al plano europeo parece reducirse. Y ello no es sólo porque las presidencias rotatorias estén otorgando un mayor protagonismo a las nuevas figuras creadas por el Tratado de Lisboa, como el presidente permanente del Consejo Europeo. Tampoco es porque el mecanismo del trío presidencial establezca la necesidad de que los tres gobiernos que ocupen sucesivamente la presidencia rotatoria presenten un único programa.
Es, por el contrario, el mayor protagonismo que están reclamando las instituciones europeas ante unos gobiernos que miran fundamentalmente hacia dentro de sus fronteras lo que está alterando la capacidad de las presidencias rotatorias. El caso del Parlamento Europeo y su papel en el diseño del servicio europeo de acción exterior, o la negociación del acuerdo SWIFT sobre la transferencia de datos financieros, son ejemplos de ello. También en el Parlamento es donde se han escuchado las voces más críticas, como la de Cohn Bendit, sobre la gestión que de la crisis estaban haciendo los gobiernos nacionales y la Comisión Europea. Por ello, la alianza con estas “renovadas” instituciones europeas debiera ser el objetivo prioritario para que el Gobierno que ocupe la presidencia de turno no sea coronado con el dudoso honor de ser “presidente por un día”.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
Una vez más, un componente estructural del proceso de integración europea se está haciendo presente: la imputación a Europa de todos los males que se derivan de las medidas económicas que los gobernantes internos (oposición mayoritaria incluida, aunque vote en contra o se abstenga en el Parlamento) tienen que adoptar, debido a las “exigencias europeas”. La funcionalidad de Europa para diluir, mitigar y disolver el conflicto social interno ha sido una constante en sus más de cinco lustros de existencia como proyecto comunitario. Ya lo advertíamos hace más de un año (La imposible respuesta europea a la crisis, 9-4-2009) cuando poníamos en duda la capacidad de Europa para aportar una respuesta unitaria a la situación económica.
Pero el cambio de la divisa unida en la diversidad por el lema dividida en la adversidad (Consejo Editorial del 9-5-2009) no ha impedido a la Unión conseguir sus objetivos estratégicos. Todo lo contrario, el método original de la integración sigue funcionando, y de él forma parte la desunión europea como un factor de corrección de la Unión Europea institucionalizada. Una Europa fuerte e integrada sería también, necesariamente, una organización democrática a la que la ciudadanía podría dirigirse para exigirle una política económica que hiciera compatible la salida de la crisis con el mantenimiento de los derechos sociales. Si existiera realmente un espacio público europeo en el que el conflicto social se resolviera mediante soluciones de alcance europeo a los problemas económicos actuales, la ciudadanía tendría una oportunidad para luchar por sus derechos.
Esa oportunidad no la tiene ahora porque se aportan soluciones en cada país previamente decididas por los estados en las instituciones europeas. Este es un ejemplo claro de la incidencia negativa del déficit democrático de la Unión Europea en el espacio público interno. La ciudadanía carece de capacidad para orientar las decisiones económicas en los procesos democráticos internos porque esas decisiones tienen una dimensión europea. Pero tampoco puede adoptarlas a nivel europeo, porque los estados –unos más que otros, ciertamente– son los únicos con capacidad de hacerlo. De ese modo, la Desunión Europea sigue siendo funcional a los estados y a los grandes intereses económicos que propugnan los ajustes laborales y los recortes en derechos sociales.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Resulta frecuente que la prensa se refiera a Alemania como la locomotora de Europa. Quizás lo fue en algún momento, pero, desde luego, no ahora. En la actualidad, más bien habría que calificarla de furgón de cola y, además, cargado hasta el techo de lastre. Durante los últimos años, Alemania ha practicado claramente una estrategia deflacionista con una débil demanda, fruto de la reducción salarial y del empeoramiento de las condiciones sociales. Son las exportaciones, es decir, la demanda de los otros países, las que están tirando de la economía germana, y son países como Grecia, Portugal, España o Irlanda, incluso Italia, los que han sido forzados a convertirse en locomotoras, a remolcar el carro, y algunos de ellos se están quedando famélicos en el intento.
Alemania se ha beneficiado más que ningún país de la Unión Europea, de la Unión Monetaria y de la imposibilidad de devaluar que esta impone al resto de los países miembros y que les impide recuperar la competitividad perdida. Ahora son Grecia, Portugal o España, pero si estos países no estuvieran en el euro, las dificultades irían a parar a Italia o incluso a Francia. Alemania se está transformando en un vampiro cuyo superávit se alimenta del déficit de las otras naciones. China se queja del déficit exterior americano y le exige que lo corrija, quizás sin ser consciente de que su posibilidad de crecer depende de que ese déficit se mantenga. Lo mismo cabe afirmar de Alemania. Obliga a los otros estados a medidas severísimas para que equilibren sus cuentas sin percatarse de que son esos desequilibrios los que permiten su crecimiento.
Merkel acaba de presentar un ajuste muy duro que acentuará, más si cabe, la política deflacionista de Alemania y lastrará la capacidad de reactivación de la economía de la eurozona, y de toda Europa, e introducirá aún mayores obstáculos en el funcionamiento de la Unión Monetaria. Los primeros y principales perjudicados son los trabajadores de todos los países, incluyendo a los alemanes, que tendrán que soportar estas políticas de ajuste que, al suponer una cascada de deflación competitiva, no conducen a ninguna parte. Cada ajuste en un país exigirá otro en el país vecino y así hasta el infinito, sin que los
desequilibrios se corrijan. Parecía que habíamos aprendido la lección de los errores cometidos en los años treinta, pero no es así. Estamos condenados a repetirlos.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
Quién es el culpable de la crisis económica? La respuesta a esta pregunta determina quién debe ser el responsable de pagar el coste de la recuperación. Una respuesta que es cada vez más urgente por los sacrificios que exigen los planes nacionales de reducción del déficit público. Necesitamos un culpable porque si no, aumentarán los reproches entre los que sucesivamente deban hacer frente al coste de la recuperación. La dificultar de contestar estriba en la duración de la crisis y en su constante mutación de crisis financiera a crisis de la economía real y nuevamente a crisis financiera, aumentando la probabilidad de un ciclo económico en forma de W con episodios de recuperación seguidos de nuevas crisis.
Así, de la imprudencia de los operadores financieros hemos pasado a acusar a los gobiernos por su falta de rigor en el control de las cuentas públicas y en generar un déficit público insostenible. En el futuro próximo, nuevamente, nos encontraremos con casos en los que se les exija a los gobiernos responsabilidad por adoptar unas medidas de austeridad que condicionarán el crecimiento futuro.
Una respuesta parece llegar de la Comisión Europea y de su iniciativa por aplicar el principio de “quien contamina paga” al ámbito económico. Este principio de la política medioambiental justifica la imposición sobre aquellas actividades que generan un riesgo medioambiental. En su versión económica, el principio supondría que aquellos actores económicos, bancos y entidades financieras, que por su actividad asumen operaciones de riesgo vengan a soportar un impuesto, que financiaría una ulterior reparación del perjuicio provocado. La propuesta de la Comisión del pasado miércoles deja, no obstante, diversos aspectos por definir como si la imposición se debe realizar sobre los beneficios o sobre los recursos de las entidades o si la recaudación debe servir para crear un fondo a nivel nacional o europeo.
En cualquier caso, se apunta a una posible respuesta que se basa no en buscar el culpable inmediato sino el responsable último. La concreción de esta medida, a nivel europeo, es urgente de cara a la próxima reunión del G20 a finales de junio. De ello dependerá el que comencemos a pensar que la salida de la crisis depende tanto de la coordinación de las políticas económicas nacionales como de la corresponsabilidad en la asunción de los riesgos que genera toda actividad económica.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Dicen que si usted debe 200.000 euros a un banco, tiene un problema; pero si debe 500 millones, el problema lo tiene el banco. Así debieron de discurrir la mayoría de los países latinoamericanos cuando decidieron independizarse del Fondo Monetario Internacional (FMI), y así tendrían que haber pensado países como Grecia, España o Portugal antes de aceptar los durísimos ajustes que les han impuesto. Durante muchos años los países en vías de desarrollo han estado bajo la dictadura del FMI, que les forzaba a políticas inclementes como condición para prestarles los recursos precisos, recursos que iban íntegramente a cancelar deudas externas. Servían para salvar a los bancos acreedores mientras los países afectados se hundían más y más en el abismo. La conciencia de que el remedio era peor que la enfermedad llevó a estos a rechazar la ayuda del Fondo, de tal manera que la institución se quedó sin clientes. La paradoja es que con la crisis ha resucitado y que ahora sus absurdos mandatos se dirigen a algunos países europeos.
Hay que remontarse más de 30 años atrás para encontrar una situación parecida. ¿Qué ha ocurrido? No es que, como algunos afirman bobaliconamente, estos países no hayan hecho sus deberes: el déficit y la deuda pública de, por ejemplo, Gran Bretaña son superiores a los de España, y sin embargo Londres no ha sufrido ataques especulativos. El problema es de toda la eurozona, puesto que se trata de defender a la Unión Monetaria, cuya coherencia es la que está en cuestión y cuyos principales beneficiarios son Alemania y Holanda.
Es injusto, por tanto, que sean estos últimos estados los que, para que se instrumenten conjuntamente planes de salvamento que van en buena medida en beneficio de sus propios bancos, impongan a los otros miembros ajustes salvajes que acabarán hundiendo sus economías y, desde luego, no solucionarán el problema del euro. Y es indigno que los gobernantes de países como España hayan aceptado un trato tan humillante, hayan renunciado a la propia soberanía y se dispongan a hacer la política que les imponen desde el exterior, totalmente contraria, por otra parte, a los intereses nacionales. La Unión Europea, empujada por Alemania, se equivoca. La solución de sus problemas no radica en disciplinar, como pretende, las finanzas de los Estados miembros. Debe comenzar más bien por dotarse de instrumentos para controlar a los mercados y a las entidades financieras.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
Los recortes de gasto aprobados por el Gobierno culminan la progresiva supeditación de las decisiones políticas a los dictados elitistas de la ideología económica dominante, aunque den al traste con los pretendidos signos de recuperación. El camino seguido para invertir la interpretación y las promesas iniciales del Gobierno, que defendían el gasto social como antídoto contra la crisis, ha sido el siguiente.
Primero se atribuyó la crisis a los excesos especulativos del capitalismo y se prometió controlarlos para evitar que volvieran a producirse. Pero, en vez de hacerlo, se utilizaron alegremente los recursos del Estado para apoyar a la banca y a las empresas. Como resultado de ello, repuntaron las inversiones especulativas e improductivas y los beneficios de bancos y empresas, a la vez que aumentaban el déficit y el endeudamiento del Estado, sin que llegara a recuperarse la actividad económica ni a disminuir el paro. Entonces, los poderes económicos financieros urgieron al Estado a reducir el déficit y la deuda, no a costa de las empresas y bancos que se beneficiaron de las ayudas, sino a base de recortar sueldos de funcionarios y gastos sociales y de congelar pensiones cuando se prevé un aumento de la inflación. Además, se pretende realizar una reforma que recorte costes salariales y derechos laborales en aras de la mayor productividad de la economía española. Se da a entender, así, que son los excesivos salarios, gastos sociales y pensiones los que lastran la economía española.
Todo esto se afirma con aplomo en contra de la evidencia más elemental. Se silencia que tanto el salario medio anual, como el coste laboral por hora de trabajo y el gasto social, se sitúan en España bien por debajo, no sólo de la Europa de los 15, sino también de la Europa de los 27. Se oculta que la pensión media es en España sólo el 55% de la percibida en la Europa de los 15 y el 65% de la Europa de los 27. Pues el coste salarial, el gasto social y las pensiones, no sólo vienen a ser en España cerca de la mitad que en Alemania o Francia, sino que se sitúan incluso por debajo de los de Grecia. En este contexto miserable, con tal de no importunar a los poderosos, el Gobierno pretende apretar las tuercas a los más débiles, siguiendo los dictados más obtusos e impopulares de las fuerzas económicas, que recomiendan hacer sacrificios humanos para aplacar la ira de los dioses del mercado.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
Puede la crisis económica paralizar el proceso de ampliación de la Unión Europea? Son varios los países candidatos a entrar en la Unión (Turquía, Croacia, Antigua República Yugoslava de Macedonia), y otros potenciales (Islandia o los países de los Balcanes occidentales). En algunos casos, como Islandia, la entrada en la UE está ligada a la necesidad de afrontar con mayores garantías los vaivenes de los mercados financieros internacionales; en otros, a impulsar procesos internos de transformación política o a la normalización de las relaciones con los países vecinos. En todos los casos, la pertenencia a la UE supone disponer de una malla de seguridad.
Esta visión parece no haber sido alterada por la titubeante respuesta europea ante la crisis económica. Se piensa que está en el interés de la Unión la activación de la malla de seguridad, ya que la debilidad de una parte del sistema se transmite al conjunto, o también porque el sistema es tan débil como lo es su parte más débil. No obstante, la activación de esa malla lleva aparejada la imposición de drásticos planes de reducción del déficit y la deuda pública, así como la intervención de terceros acreedores (caso del Fondo Monetario Internacional). Este esquema se viene repitiendo desde hace más de un año, primero en alguno de los nuevos socios del Este y de los países bálticos y ahora en los países periféricos del sur de Europa.
Pero si la crisis económica no parece estar minando la voluntad de los países aspirantes a entrar en la UE, sí que está transformando el escenario interno para decidir sobre la futura ampliación. Primero, por la urgencia de las cuestiones económicas sobre las de carácter político. Segundo, por los posibles cambios en la influencia que puedan tener actores claves en el proceso de ampliación, como Grecia (con relación a la entrada de Turquía y de la Antigua República Yugoslava de Macedonia). Tercero, por el auge de los partidos nacionalistas tanto a nivel nacional como europeo, y que no tienen entre sus prioridades la ampliación de la UE. Cuarto, por el desarrollo de una Europa dual integrada por un núcleo de países alrededor del euro, cada vez más integrado, y por un segundo círculo más amplio de países alejado de la toma de decisiones. El resultado de esta transformación es cuanto menos incierto para los posibles nuevos socios comunitarios. Mientras tanto, el núcleo económico podría crecer con la incorporación de Estonia en 2011, tal y como ha recomendado la Comisión Europea.
