JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
No es el peso de la deuda pública el que pone en cuestión la credibilidad de la economía española. El porcentaje de la deuda pública en relación con el PIB apenas superaba en España el 50% al finalizar 2009, frente al 115% de Grecia e Italia, el 85% de Reino Unido… o el 73 y 78% de Alemania y Francia. ¿Es, entonces, el irresponsable sadismo de los mercados y las agencias de calificación el que está castigando sin base alguna a la economía española? No parece: las personas y entidades que operan en estos ámbitos tendrían que ser muy miopes para no vislumbrar, más allá de ese porcentaje, la situación tan difícil por la que atraviesa la economía española.
España cumplió a rajatabla las exigencias de Maastricht recortando su deuda pública hasta el 36% del PIB en 2007 y transmutando en superávit su antiguo déficit presupuestario. Para conseguirlo los gobiernos socialistas, primero, y populares, después, no dudaron en vender la mayoría de las empresas públicas, mostrando en ello un consenso digno de mejor causa. Como también en mantener la precariedad de los servicios públicos y de las prestaciones sociales, a la vez que promovían la inversión especulativo-suntuaria en inmuebles, infraestructuras y megaproyectos. Se saldaron así, incluso, las llamadas “joyas de la corona” (Argentaria, Telefónica, Endesa, Tabacalera y Repsol), haciendo que semejante adelgazamiento del Estado recorte hoy seriamente su margen de maniobra para combatir la crisis.
Pero lo más preocupante ahora no son las finanzas públicas, sino las privadas que las nutren. España, tras ser líder mundial del auge y del riesgo inmobiliario, lo es ahora del declive. Junto con la burbuja inmobiliaria se ha desinflado también la actividad económica, la recaudación de impuestos… y la función atractora de capitales que venía ejerciendo la economía española y posibilitando su creciente endeudamiento privado frente al exterior: este, que multiplica por cuatro al endeudamiento público, es el que más preocupa a los analistas internacionales y el que retrae la anterior afluencia de capitales y recorta las cotizaciones bursátiles e inmobiliarias. En este contexto, los continuos e infundados avisos de que ya salimos de la crisis, sin reconocer públicamente los verdaderos problemas, ni planificar seriamente la reconversión y el saneamiento de la economía española, sólo contribuyen a empañar su credibilidad.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
Más de un autor advirtió de los peligros que entrañaba la adopción de una moneda común –el euro– por un conglomerado heterogéneo de países. Se señaló que la moneda única se resquebrajaría en tiempos de crisis, porque la carencia de unidad política y de cohesión social dificultaría el consenso a la hora de acordar medidas para apoyarla. Desgraciadamente, la realidad ha empezado a dar la razón a estos pronósticos agoreros. Así lo atestiguan las enormes dificultades por las que ha atravesado la UE para acordar dar a Grecia un préstamo en varios plazos ¡al 5 %! de 80.000 millones de euros. Es decir, de una cantidad que no llega a suponer ni siquiera el 1 % del PIB de la eurozona y que se sitúa muy por debajo de la que el Estado español había puesto, sin apenas discusión, a disposición de la banca en forma de ayudas y avales. Este panorama lamentable arranca de ciertas lagunas de Maastricht sobre las que se levanta el euro.
El tratado de Maastricht y sus posteriores desarrollos hablan de cohesión, pero no prevén cómo asegurar la cohesión económica más elemental evitando la bancarrota de un país miembro. Un país soberano difícilmente puede suspender pagos al ser capaz de fabricar dinero a discreción, alimentando la inflación y la depreciación de su moneda y de sus deudas. Pero el hecho de que los países del euro no puedan recurrir a la inflación y a la devaluación de la moneda para aligerar sus deudas acentúa el peligro de que suspendan pagos, haciendo más flagrante la laguna antes indicada. Otras lagunas tienen que ver con esa mezcla de ingenuidad y permisividad que caracteriza la disciplina con la que se creía preservar de la insolvencia a los países de la eurozona. Pues, además de haberse relajado, esta disciplina se apoya en agregados formales del cuadro macroeconómico que soslayan el grueso de las prácticas especulativas que operan a su margen.
Se controla así la deuda pública, pero no la privada, mucho más voluminosa. Se vigila la inflación de los precios al consumo, pero se deja que los precios de los activos bursátiles e inmobiliarios vuelen formando burbujas especulativas… O se ignoran los inventos de la ingeniería financiera para maquillar balances y presupuestos dentro de la legalidad vigente. ¿Servirá la crisis actual para subsanar las lagunas indicadas haciendo de la UE un espacio más cooperativo y virtuoso, o para atizar en su seno la diáspora del sálvese quien pueda?
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
La crisis de Gobierno abierta con la dimisión, el pasado jueves, del primer ministro belga Yves Leterme, amenaza con convertirse en una crisis del sistema político. Tras fracasar los intentos de recomponer la coalición, formada por partidos francófonos y flamenco, la solución pasaría ahora por la celebración el próximo junio de elecciones legislativas anticipadas. Bélgica llegaría así a tiempo de formar un nuevo gobierno antes de ocupar la Presidencia rotatoria de la Unión Europea, a partir del próximo 1 de julio.
Sin embargo, la crisis actual es más profunda. Y ello no sólo por la dificultad de formar gobierno en breve plazo; tras las pasadas elecciones de 2007 se necesitaron hasta 9 meses para conseguirlo. Tampoco es debido a la inestabilidad de las coaliciones belgas de gobierno. El alcance de la crisis se muestra en la controversia que rodea el proyecto de ley sobre la segregación de la circunscripción electoral de Bruselas-Halle-Vilvoorde (BHL).
Se trata del único distrito electoral en el se mezclan las comunidades lingüísticas, ya que comprende tanto la región bilingüe de Bruselas como municipios monolingües flamencos. Es también el único caso en el que un ciudadano puede votar una candidatura que no se presente en su lugar de residencia, caso de la comunidad francófona residente en municipios neerlandeses y que vota por listas francófonas de Bruselas. La segregación de BHL en circunscripciones que reflejaran la división entre comunidades lingüísticas alteraría las actuales fortunas electorales de los partidos, tanto francófonos como flamencos, lo que acentúa el enfrentamiento.
Este jueves tendrá lugar un nuevo episodio de la crisis si los partidos flamencos someten a votación el proyecto de ley de segregación. La reacción esperada, por parte del grupo francófono, será invocar la suspensión de la tramitación parlamentaria por ser una ley que altera el equilibrio entre las comunidades lingüísticas. La suspensión de la tramitación parlamentaria abriría un nuevo proceso de negociación, en este caso, gubernamental. Y así vuelta a empezar, ya que la cuestión de la segregación de BHL no tiene visos de poder esquivarse, una vez que la Corte Constitucional declaró en 2003 su carácter inconstitucional. Por tanto, la celebración de elecciones, con la actual distribución de circunscripciones, no parece que pueda resolver la inestabilidad de las coaliciones de gobierno.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
La pasada semana se reunieron en Madrid los ministros de Educación de la Unión Europea con la intención de establecer posiciones comunes contra el abandono escolar prematuro y a favor del aumento de la escolarización en la educación superior. Es lógico que exista una preocupación en torno a ambas cuestiones, sobre todo si tenemos en cuenta la evolución en la última década de los indicadores educativos europeos.
En el año 2000, a raíz de la definición de la Estrategia de Lisboa, se fijaron cinco objetivos básicos de la educación europea para la década que concluyó en 2009. En términos de medias europeas, ninguno de ellos se ha alcanzado y en dos la situación al final del periodo es peor que al principio. En el caso español, resulta especialmente notable la dificultad para reducir el abandono prematuro (falta de continuidad en los estudios después de la ESO), que se sitúa en el 31,9% al final de la década, cuando en el año 2000 era menor (29,1%).
En un esfuerzo por seguir marcando las líneas estratégicas de la educación y la formación en Europa, el Consejo de la Unión Europea propuso en 2009 una nueva batería de objetivos educativos llamados Educación y Formación 2020, que acabarán de concretarse en junio. Estos nuevos objetivos se sitúan prácticamente en las mismas áreas que en la década anterior, aunque se da más énfasis a la ampliación de la educación superior y la educación infantil. Afortunadamente, en estas dos áreas España se sitúa en una posición muy ventajosa: cumple sobradamente el objetivo propuesto en educación infantil (escolarizar al 95% de los niños y niñas entre 4 y 6 años), debido a una expansión que desde 2002 ha sido apoyada por la gratuidad de este ciclo; prácticamente cumple el objetivo propuesto para la matriculación en educación superior, donde el objetivo se sitúa en el 40% y la posición actual es del 38,9%.
El mensaje que estos objetivos transmiten a España es, por tanto, sencillo. Hemos tenido una “década perdida” para el abandono prematuro; las políticas aplicadas no han sido lo suficientemente eficaces como para revertir el efecto de varios factores que han empujado a los jóvenes fuera de las aulas. Los costes de perder otra década serían cada vez más difíciles de asumir, tanto en términos de productividad como de cohesión social.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
La Unión Europea, bajo la presión de Alemania, está impulsando una política económica suicida. Retornar al Pacto de Estabilidad y forzar duros planes de ajuste, cuando la economía está lejos de reactivarse, lo único que va a conseguir es prolongar e incluso agravar la crisis, y con ello retardar la consecución del equilibrio presupuestario. La recesión económica es la principal y, en muchos casos, única causa de los déficits públicos. Resulta inexplicable que los países europeos que componen la Unión Monetaria estén cediendo al chantaje de los mercados cuando, como conjunto, pueden resistir perfectamente cualquier movimiento especulativo. Por otra parte, no les vendría mal a las economías de estos países la depreciación del euro.
Merkel, revestida de un enorme fariseísmo, se ha erigido en juez del resto de miembros, amenazando con la expulsión del euro o con la imposición de una dura disciplina presupuestaria. Habría que recordar a la canciller que fue Alemania la que inventó la contabilidad creativa y la primera que incumplió el Pacto de Estabilidad sin sufrir por ello sanción alguna. Pero es que, además, el problema no radica en los déficits públicos, sino en los desequilibrios de las balanzas de pagos, cuya responsabilidad, como en cualquier discusión, recae siempre en las dos partes: el exceso de consumo de algunos países no podría producirse sin el exceso de ahorro en otros.
El modelo alemán propicia la deflación interior y basa su crecimiento en las exportaciones. Resulta a todas luces hipócrita que Merkel fustigue a otros países miembros por sus déficits cuando son precisamente estos déficits los que están permitiendo su superávit y, por ende, su crecimiento. Gran parte de la deuda de Grecia se encuentra en manos de los banqueros alemanes, por lo que el problema de ese país, de existir, es también problema alemán. De ahí que sea difícil de entender la postura cicatera de Alemania arrastrando al Eurogrupo a un acuerdo tan raquítico como el tomado la pasada semana en el Consejo Europeo. El ridículo de la Eurozona es notable, al permitir que uno de sus miembros se vea obligado a pedir ayuda al FMI, lo que no ocurría desde hace muchos lustros, y que los apoyos internos queden a voluntad de cada uno de los estados, sin que los países acreedores se hayan comprometido a nada. Tan sólo la quijotesca España que, como deudora, está, más que para prestar, para que le presten.
ALFONSO EGEA DE HARO
Profesor de Ciencia Política
El cada vez menor interés de la ciudadanía por la política coincide con la percepción popular de que la política interfiere cada vez más en otras esferas, como los medios de comunicación, la justicia o la identidad cultural. Se produce así la paradoja de que, cuando mayor debiera ser el control democrático de los gobernantes, menor es la participación de los ciudadanos en las elecciones.
Las elecciones regionales que se celebran este mes en Italia y hoy en Francia son buena prueba de ello. Estas elecciones servirán para expresar el voto de protesta contra dos de los líderes más empeñados en cultivar la popularidad como ideario político, Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi. En ambos casos, los resultados electorales apuntan a un fortalecimiento de los partidos de centro izquierda, pero también de formaciones que, como el Frente Nacional de Le Pen (11,42% de los votos en la primera ronda) o la Liga Norte de Bossi, fundan su discurso en el rechazo al extranjero. En el caso de la Liga, además, su participación en la coalición de Gobierno puede amortiguar los efectos del voto de protesta.
Es cierto que estos comicios ofrecen una lectura complementaria. Los resultados de la primera vuelta en las elecciones francesas han constatado cómo la abstención supera el 50%, lo que convertiría a esta en la primera fuerza política del país. En Italia, que celebra elecciones regionales los próximos 28 y 29 de marzo, las previsiones apuntan igualmente a un alto nivel de abstención. Según la encuesta realizada por SGW, si bien el 58% de los entrevistados son contrarios a la abstención por incumplir un deber cívico, hasta un 51%, entre 18 y 34 años, mantiene que es una forma legítima de objeción de conciencia ante la actual clase política.
El abstencionismo es tanto un reflejo de la apatía de los ciudadanos por la política como, sobre todo, una manifestación consciente del descontento hacia la clase política. Sin embargo, la visibilidad de esta segunda opción es muy reducida y no genera una disminución del número de representantes a elegir. Por el contrario, el abstencionismo suele ser rentabilizado por los partidos políticos al permitirles justificar la pérdida de votos y confiar una victoria futura a la movilización de su electorado. Sería deseable entonces que en estas asambleas regionales los nuevos representantes se interrogasen sobre las medidas a adoptar para reducir el abstencionismo.
