CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
Una de las noticias más repetidas a lo largo de todo el invierno fueron las fuertes lluvias caídas en Andalucía. El temporal no dio tregua a este territorio y lo excepcional no fue sólo la cantidad caída, sino su frecuencia. Ha llovido mucho y lo ha hecho sobre una tierra mojada que no podía retener más cantidad de agua, lo que ha provocado crecidas de ríos e inundaciones. Hace unos días, 70 de los 84 embalses andaluces habían abierto el grifo y estaban desembalsando agua.
Las lluvias torrenciales aparecen periódicamente en todo el litoral mediterráneo. De hecho, las tres comunidades autónomas con mayor riesgo de inundaciones son Andalucía (22,5%), Valencia (19,6%) y Catalunya (18,6%), aunque el hecho de que ocurran espaciadas en el tiempo hace que apenas se recuerde cuándo sucedieron por última vez.
Sin embargo, estos fenómenos climáticos desmedidos se están dando cada vez con mayor frecuencia. De hecho, los expertos en cambio climático vienen transmitiendo dos mensajes: un incremento de la temperatura media del planeta y, en consecuencia, un aumento de la frecuencia de los episodios climatológicos extremos: más y mayor intensidad de los temporales y de las correspondientes inundaciones que pueden producirse por el desbordamiento de los ríos, como el del Guadalquivir, o por anegamiento de los puntos bajos del territorio.
Estos nuevos patrones de lluvia requieren nuevas adaptaciones a las realidades que parece que se avecinan. Y adaptar significa, entre otras cosas, gestionar conjuntamente el agua y la ordenación del territorio. Especialmente en aquellas zonas potencialmente inundables. Unas zonas que deben ser evaluadas según el riesgo de inundación a través de los Mapas de Peligrosidad y de los Planes de Gestión del Riesgo.
En estos espacios, donde existe un riesgo creciente de inundación y hay bases infundadas de peligrosidad, no se puede construir y se tienen que gestionar con sensatez y sentido común, pero con la máxima seriedad, aquellos lugares que ya están construidos. Porque, aunque la percepción del riesgo es siempre difusa y se diluye en el tiempo, este existe y parece que aumentará.
Ahora más que nunca es necesario delimitar con precisión las zonas donde no se puede urbanizar y además hacer cumplir esta prohibición con planes de protección y planes urbanísticos que protejan a los ciudadanos de riesgos anunciados y evitables.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
En un momento en el que las administraciones públicas buscan estrategias para acomodar sus gastos a sus menguantes ingresos, es oportuno hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto le cuesta al erario público mantener las calles, conservar la red de aguas y de saneamiento, el alumbrado público, la urbanización, la limpieza o el transporte? Esta cuestión depende del modelo urbano que se haya optado en el municipio. El coste de mantener el espacio público en condiciones aceptables obedece a cuestiones de índole urbanística y, especialmente, a la densidad urbana.
En los últimos años, en muchas ciudades se ha optado por construir urbanizaciones de carácter disperso, caracterizadas por la producción de espacios residenciales de baja densidad y con tipologías de vivienda de tipo unifamiliar. Los conjuntos de casas aisladas y adosadas muestran el alcance de un paisaje residencial ajeno a los procesos urbanizadores de antaño, definidos por la contigüidad y su carácter compacto.
En muchas ocasiones, esta expansión residencial de baja densidad selecciona lugares en función de la accesibilidad a la red de autopistas y a la alta velocidad ferroviaria, especialmente en las estaciones intermedias del recorrido. Además, lo hace en unas proporciones hasta ahora desconocidas en España y no sólo como segunda residencia, sino como vivienda principal. De hecho, en los últimos diez años, estas zonas residenciales han llegado a representar en muchas ciudades más del 50% de las nuevas construcciones.
Sin embargo, el problema de estas tipologías urbanas de baja densidad aparece cuando las construcciones están terminadas y sus nuevos habitantes ya viven en ellas. Es entonces cuando el municipio empieza a ser realmente consciente de los costes públicos que supone mantener sus calles y plazas, ya que estos pueden ser mucho más altos respecto a las calles de densidades medias y de urbanización compacta. Así, por ejemplo, el mantenimiento de la red de aguas y del alcantarillado se duplica, y el mantenimiento de la urbanización y de la limpieza se cuadriplica. Unos costes diferenciales que difícilmente repercuten en la misma proporción a los vecinos de estas viviendas y que tienen un coste vivienda/año siete veces mayor en baja densidad que en un bloque de viviendas.
Los modelos urbanos, que son opciones elegidas por los gobiernos municipales y se aprueban en pleno, repercuten directamente en los presupuestos municipales y, más concretamente, en los gastos corrientes y obligados por ley. Sin embargo, al iniciar una nueva promoción de viviendas, en muy pocas ocasiones se contabiliza el aumento de estos gastos corrientes que tendrá que sufragar el erario público en relación al aumento de ingresos, que en bajas densidades siempre es menor.
En una época en la que los presupuestos públicos son cada vez más difíciles de nivelar, especialmente los de las administraciones locales, es imprescindible pensar qué modelo de ciudad se prefiere y cómo se va a sufragar. Pensar en todo el ciclo y no sólo en los beneficios a corto plazo forma parte de la nueva economía.
ÓSCAR CELADOR
Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
Uno de los grandes males que azota nuestra política es la corrupción urbanística, y los desmanes de algunos gobiernos municipales han jugado un papel capital en este contexto. El urbanismo desaforado no ha discriminado entre ideologías, ya que, cuando se habla de convenios, recalificaciones, contratos o adjudicaciones urbanísticas, ningún partido político puede decir aquello de que el que sea inocente que tire la primera piedra. Algunas confesiones religiosas se han beneficiado de la discrecionalidad administrativa, ya que gracias a la misma han conseguido que los ayuntamientos les cedan patrimonio de titularidad pública para fines privados.
Los ayuntamientos pueden entregar suelo o terrenos a las confesiones religiosas utilizando el paraguas del interés general sin tener que dar prácticamente ninguna explicación al respecto. Esto explica por qué Madrid es la única comunidad autónoma en la que existen más centros educativos de titularidad privada –en su mayoría escuelas concertadas con ideario católico– que públicos. La privatización del servicio educativo ha sido factible gracias a la connivencia entre el Gobierno regional y aquellos municipios que han cedido parcelas de suelo destinadas a fines educativos a empresas privadas, con las que posteriormente el Gobierno autonómico ha concertado el servicio educativo. De esta manera, en el suelo público se han construido escuelas que pertenecen a una empresa privada pero que son financiadas con fondos públicos.
La situación de los solares públicos destinados al culto religioso es igual de preocupante. Las confesiones religiosas pueden conseguir suelo para construir sus lugares de culto de diferentes maneras, bien mediante una cesión discrecional de suelo municipal o la concesión del derecho de superficie sobre dicho suelo, bien mediante una permuta, o bien comprando directamente el solar en el mercado inmobiliario. Sin embargo, la regla general es que, cada vez que se diseña un plan de ordenación urbanística, la Iglesia católica reciba de forma gratuita una o varias parcelas para construir sus iglesias, mientras que los demás grupos religiosos tienen que acudir al mercado libre, pese a la evidente discriminación que esta situación representa.
El convenio suscrito entre la corporación municipal y el Arzobispado de Madrid de 1997 ilustra esta situación, pues a través del mismo, el ayuntamiento cedió de un solo plumazo 41 parcelas a la Iglesia para la construcción de lugares de culto. Todo ello por no hablar de la reciente cesión de 25.000 metros cuadrados al arzobispado en el corazón histórico de la ciudad para la construcción de diversos edificios religiosos, pese al impacto medioambiental que supondrá la eliminación de zonas verdes y de ocio para los madrileños.
Los intereses religiosos no pueden financiarse con el dinero público, ya que se lesiona el principio de laicidad, y esto es lo que ocurre cada vez que los poderes públicos ceden suelo a una confesión religiosa. Pero además, en este caso concreto, los gobernantes están permitiendo que se expolie un patrimonio que pertenece a todos los españoles.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
La impugnación por el presidente del Gobierno del decreto-ley valenciano sobre el Cabanyal debería ser suficiente para evitar que se produzcan nuevos derribos en ese barrio. Por un lado, la impugnación, con invocación expresa del art. 161.2 de la Constitución (CE), provocará la suspensión automática de la disposición autonómica, con lo que esta no se podrá invocar para avalar futuras actuaciones para la destrucción del barrio. Por otro lado, si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede levantar la suspensión, no parece que esto vaya a ocurrir si aplica su propia doctrina. En el ATC 336/2005, de 15 de septiembre –mencionado por el Consejo de Estado en su Dictamen 60/2010– el TC apreciaba, para mantener la suspensión de una disposición autonómica impugnada, “un perjuicio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de las competencias estatales”.
Es justamente el bloqueo de las competencias estatales para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (art. 149.1.28ª CE) lo que pretende el decreto-ley. De título involuntariamente irónico (“de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia”), el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, está orientado a impedir la aplicación de la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del Cabanyal. Esa orientación es manifiesta en su art. 3 cuando, al habilitar los actos de ejecución (léase “derribo”), especifica: “Sin que tales actos de ejecución puedan verse menoscabados de cualquier modo por los actos o acuerdos de otras Administraciones Públicas”.
Si la suspensión de los derribos parece asegurada hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo, también parece claro que, en el conflicto jurídico planteado, es al Estado a quien le asiste la razón, toda vez que los pronunciamientos judiciales realizados hasta ahora se han mantenido en los términos de un juicio de legalidad ordinaria y lo que ahora se está discutiendo es si el Estado puede hacer valer sus competencias constitucionales para evitar la expoliación del patrimonio cultural. A esta cuestión central se unen otras deficiencias formales del decreto-ley como la de inexistencia de extraordinaria y urgente necesidad (art. 44.4 del Estatuto de la Comunidad Valenciana). Sin embargo, lo que tiene mayor relevancia es la indubitada competencia estatal y el hecho de que el Consell, en lugar de impugnar la Orden del Ministerio de Cultura, que es lo que debía de haber hecho si no estaba de acuerdo con su contenido, ha procedido, de manera ilegítima, a intentar impedir su aplicación por medio de este peculiar decreto-ley.
¿Debería tranquilizar todo esto a las personas que se han manifestado en contra de los derribos? Claramente no: el destino del Cabanyal sigue estando en peligro porque hay intereses muy poderosos que van a permanecer siempre activos. A medio y largo plazo, la movilización ciudadana es la única esperanza de salvación del barrio.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
En un momento en el que demandamos más Europa y en el que la presidimos, es importante poner en la agenda política el eje mediterráneo. Un eje articulado a través de un corredor ferroviario que una Algeciras con la frontera francesa y, desde ella, al resto de Europa, conectando Murcia, Valencia y Catalunya. Una línea ferroviaria que permita el paso de trenes de pasajeros y de mercancías, y que esté bien conectada con los puertos de este litoral.
Esta reivindicación histórica de la zona del litoral occidental español requiere reconocer que Europa se está construyendo, desde un punto de vista territorial, en ejes que articulan redes. Y a la vez demanda la superación de viejas tradiciones peninsulares.
A lo largo de las últimas décadas, Europa ha sido interpretada a través de distintos conceptos espaciales, cada uno de los cuales era una representación política de ella misma. Desde el ya superado centro-periferia de los setenta hasta una representación en red de comienzos del siglo XXI, con el objetivo de entender el creciente grado de complejidad en el que se producen las relaciones espaciales en la Unión Europea.
En este sentido, buena parte de las iniciativas comunitarias tendentes a favorecer el aumento de esta complejidad y de reducir los desequilibrios territoriales están dirigidas a responder a unas realidades funcionales que en ocasiones superan las fronteras de los propios Estados y se integran en las Redes Transeuropeas de Transporte (RTE), reconocidas ya en el Tratado de Maastricht de 1992 y en el resto de tratados y de otros textos básicos, siempre con el objetivo de incrementar la cohesión económica y social de la Unión.
Así aparecen los ejes de Hamburgo a Copenhague, de Londres a París y Bruselas por túnel o de Lisboa a Madrid. Sin embargo, el eje mediterráneo, a pesar de tener las condiciones y los apoyos institucionales, aún hoy no forma parte del Plan de RTE como eje prioritario.
Y aquí entra la segunda variable, la de superar esas viejas tradiciones peninsulares que desde hace decenios diseñan las infraestructuras peninsulares desde una percepción demasiado capitalina, que ve España como una rueda donde las infraestructuras son sus radios y que tiene un único centro. Es lo que tan claramente expuso Aznar en su toma de posesión en el año 2000, cuando dijo que la alta velocidad ferroviaria tendría como objetivo unir Madrid a las capitales de provincia. El concepto político, expresado a través de las infraestructuras, era nítido: había una gran ciudad y el resto eran pequeñas capitales provinciales cuyo único interés era su relación con Madrid, ninguneando la riqueza urbana del país y, por supuesto, rechazando la importancia de fortalecer nuestras conexiones con Europa.
Tal y como dijo el ministro de Fomento, José Blanco, es necesario presionar a la Comisión Europea para que se incluya este eje como prioritario en los planes de las redes transeuropeas, para que España sea también más Europa. Una Europa en red donde las distintas ciudades se conviertan en nodos de una unión más cohesionada y fortalecida.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
Hace algunas semanas el Gobierno anunciaba la defensa de la rehabilitación urbana integrada como una de las prioridades de la Presidencia española de la UE en materia de vivienda y desarrollo urbano. Es decir, se trata de orientar la Agenda Urbana Europea hacia políticas que contemplen el conjunto de la ciudad o del barrio y no se conforme con iniciativas puntuales y fragmentadas que sólo ven la ciudad a pedazos, sean estos los edificios, los transportes o sus habitantes.
Con este objetivo se promueve la Carta de Leipizg sobre Ciudades Europeas Sostenibles, aprobada en mayo de 2007. Un documento que, además de reivindicar la Europa de las ciudades como patrimonio valioso e irreemplazable en lo económico, social y cultural, subraya la necesidad de una política global en su desarrollo. Acción estratégica que implica tener en cuenta de manera simultánea los aspectos espaciales, sectoriales y temporales que interactúan en el fenómeno urbano. En este sentido, se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e incrementar la competitividad de las ciudades, implicando en estos objetivos a las políticas de vivienda, de infraestructuras y de educación, en paralelo al envejecimiento de la población, las tendencias migratorias o las condiciones energéticas, entre otras. Políticas públicas que, en muchas ciudades, al estar ubicadas en concejalías distintas, se diseñan de forma aislada, lo que las hace menos eficaces y desaprovecha saberes y presupuestos.
Además, la Carta de Leipizg pone especial atención en el barrio como unidad de acción, en cuanto que los retos a que se enfrentan las ciudades se desarrollan en lugares concretos de la urbe que pueden ser muy dispares. El precio de la vivienda, el índice de paro o la exclusión social afectan de forma distinta a una misma ciudad, según el barrio en que estos índices se ubiquen.
Este nuevo enfoque en políticas urbanas, que impulsa Europa y enfatiza España, es un salto cualitativo importante en políticas públicas. Por una parte, esta perspectiva recoge la complejidad de la ciudad y no la desmenuza en pequeñas e inconexas acciones. Al contrario, intenta entenderla y gestionarla de forma global, integral, donde es tan importante cada uno de los sectores como la conexión e interdependencia que existe entre ellos. Donde, además de entender la vivienda y el transporte, por ejemplo, es importante fijarnos en el guión que los une y, con él, al resto de redes físicas y sociales que integran la ciudad.
Además, este enfoque hace hincapié en que las ciudades no son entes homogéneos. Dentro de Londres, París o Albacete existen muchas y diversas características, desigualdades y asimetrías que requieren intervenciones adecuadas a cada lugar, a cada barrio.
Es un salto adelante, porque no estamos acostumbrados a relacionarnos con la complejidad de nuestras ciudades y tampoco
entender sus diferencias internas. Al contrario, a menudo nos movemos entre políticas urbanas demasiado generales y, a la vez, fraccionadas.
CARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política
El desalojo policial en Madrid de un centro social okupado, el Patio Maravillas, ha reabierto la magra discusión que entre nosotros provocan proyectos que, como ese, en modo alguno son residuales. Bueno es recordar que la presencia de esta suerte de centros es, muy al contrario, común en muchos de nuestros medios urbanos.
Los centros sociales okupados muestran, como poco, dos dimensiones interesantes. Olvidaré ahora la primera de ellas, que no es otra que la posibilidad de que jóvenes y no tan jóvenes encuentren cobijo en un escenario marcado casi siempre por alquileres próximos a la usura. Mayor interés tiene en estos momentos la segunda dimensión, que nos habla de esos centros como notabilísimos y estimulantes focos de irradiación cultural y pensamiento crítico.
A título de ejemplo, el Patio Maravillas madrileño, como tantos otros, ha acogido en los últimos 30 meses un sinfín de actividades, entre las que se cuentan conciertos, talleres, servicios de asesoría legal y actos públicos a menudo masivos. Un buen termómetro de lo que tenemos entre manos lo ofrece el hecho de que una parte de las sesiones del Foro Social de Madrid previstas para finales de este mes había de celebrarse en ese recinto (y se celebrará, por lo que parece, en su sustituto).
Sí hay que mencionar, con todo, dos carencias que arrastran estos locales: la primera la aporta su indisimulada condición generacional –a poco más atraen que a jóvenes–, en tanto la segunda llega de la mano del escaso atractivo que tienen para lo que llamaré con ligereza la izquierda tradicional, acaso más culpa, bien es cierto, de la miopía de esta última. Agreguemos, para cerrar el panorama, que frente a la imagen, tantas veces difundida por los medios, de antros cerrados, marginales y fuente de delincuencia, es harto frecuente que iniciativas como la del Patio Maravillas disfruten de un general apoyo entre los vecinos del barrio en que han cobrado cuerpo.
Pero, más allá de lo anterior, hay que prestar atención a lo que los centros sociales okupados significan en el terreno de la contestación de dos miserias ingentes que marcan de forma indeleble el derrotero de nuestras sociedades. La primera es la radical supremacía que corresponde a un ocio –el que se ofrece a los jóvenes– dramáticamente impregnado de consumo, de dinero y de atontamiento; importa subrayar la gratuidad, frente a ello, del ocio y de los servicios que proporcionan los centros que ahora nos atraen.
La segunda miseria la configura, cómo no, una especulación inmobiliaria que entre nosotros lo inunda casi todo. A duras penas puede ser casual que, en muchos casos, los inmuebles objeto de okupación sean propiedad de personas de dudosa moralidad que bien saben lo que es el negocio sucio y la presión sobre los dirigentes políticos. Qué tiempos estos en los que quienes especulan y se lucran con el trabajo de los demás campan por sus respetos, mientras son frecuente objeto de represión, demonización y criminalización muchos jóvenes que buscan, con talento y compromiso, horizontes distintos. Los mismos tiempos, bien es cierto, que permiten que quienes llevan años alentando un visible deterioro en las condiciones medioambientales del planeta pongan en la cárcel, incomunicados, a quienes han tenido el coraje y el buen sentido de plantarles cara.
CARME MIRALLES GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
El Cabanyal de Valencia, un barrio marítimo, el antiguo arrabal de pescadores de la ciudad, está amenazado por un concepto de modernidad trasnochado que, a lo largo del siglo XX, ha significado la destrucción de tramas urbanas y la desaparición de redes sociales de barrios de muchas ciudades, lugares donde se confundió renovación con destrucción. Y la destrucción sólo entraña desolación y frustración.
Una amplia avenida tiene que prolongarse para unir Valencia al mar, y ello supone la destrucción de 500 casas, la expulsión de sendas familias y la partición del barrio en dos. Además, esta avenida de más de cien metros de ancho cambia la escala urbana original y la relación de la ciudad con el mar. La trama urbana del barrio del Cabanyal es de calles estrechas y paralelas al mar; la nueva avenida, en cambio, llegaría perpendicular a la playa.
Una de las explicaciones que utilizan sus partidarios es que a través de ella se conecta Valencia con la playa, un argumento que demuestra de forma subliminal lo poco que consideran al barrio parte de la ciudad o, al menos, de su ciudad. Y desde esa exclusión les resulta fácil perderle el respeto, degradarlo y demolerlo. Y no se trata sólo de paisajes urbanos físicos, sino también y, especialmente, de memoria urbana, una institución social que ayuda a formar conciencia colectiva. Una memoria urbana que forma parte, inexorablemente, del patrimonio cultural que está en peligro.
El relato, desgraciadamente, no es nuevo, y nos remite a la obra de Jane Jacobs que, ya en los años sesenta, desde el sentido común y la revalorización de la vida cotidiana de su barrio, entendió que el esfuerzo debe mantener con vida el viejo ambiente de barrio, pues sólo él es capaz de nutrir las experiencias y los valores de la libertad de la ciudad, “el orden que existe en estado de cambio y movimiento continuo, la evanescente pero intensa y compleja comunicación y comunión” que se da en las calles a escala humana de las ciudades.
Y cuando se pierde el respeto a esa escala humana, a esa unidad vecinal, a esa memoria urbana, y con frecuencia afloran sólo parámetros económicos y megalómanos, la ciudad y, con ella la ciudadanía, se degrada en su esencia. Marshall Berman, en su obra, Todo lo sólido se desvanece en el aire, al describir la destrucción de su barrio, en los años treinta, por el paso de amplias vías rápidas que conectaban distintas partes de la ciudad, dice: “Los vecinos miraron aturdidos a los demoledores, miraron las calles que desaparecían, se miraron unos a otros y se fueron”. De este modo, despoblado, económicamente reducido, emocionalmente destrozado, el barrio estuvo a merced de la violencia y la marginalidad. Y lo que nos tenía que unir nos devoró y destruyó.
Hace más de diez años que los vecinos del Cabanyal no se miran unos a los otros y se van, como describía Berman. Todo lo contrario: ellos están. Con sus carteles, sus cartas, sus talleres y su música. Y el barrio, aunque degradado en parte, crece y se expande. Y les queremos agradecer que no permitan que nos borren la memoria urbana, que, en lo colectivo, es de todos.
NÚRIA BOSCH
Catedrática de Hacienda Pública
El Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, creaba el Fondo Estatal de Inversión Local, más conocido como el Plan E. Este, destinado a los municipios y con una dotación global de 8.000 millones de euros, debía aplicarse durante el año 2009 y distribuirse entre los municipios según su población de derecho. El objetivo básico del Fondo era dinamizar a corto plazo la actividad económica creando empleo y, a su vez, capitalizando a los municipios. Con el fin de conseguir dicho objetivo, los recursos del Fondo debían destinarse a financiar obras de competencia municipal, de nueva planificación –es decir, que su ejecución no estuviera prevista en el presupuesto de 2009–, de un importe inferior a 5 millones de euros y cuya finalización estuviera prevista en el primer trimestre del 2010. Además, se exigía que el nuevo personal que el contratista de la obra necesitara emplear para su ejecución se encontrara en situación de desempleo.
Una vez finalizado el año 2009, se puede ya realizar un primer balance de la efectividad del Fondo. Según los últimos datos disponibles, de mitad del pasado noviembre, se habían financiado 30.314 proyectos y se habían generado 422.793 puestos de trabajo. Con ello, la creación de empleo superaba en un 51,8% las previsiones iniciales.
El Plan E tiene continuidad en el año 2010. El nuevo Fondo Estatal está dotado de 5.000 millones de euros y goza de mayor flexibilidad que el anterior, ya que, además, puede destinarse a financiar contratos de suministro para el equipamiento de los edificios, instalaciones, equipos y sistemas informáticos que sean objeto de proyectos de obras y a gastos corrientes vinculados a programas en el ámbito educativo y otros de carácter social de competencia municipal.
Si bien algunos de los proyectos financiados con el Plan E quizás no eran totalmente necesarios y pueden llevar consigo, enfunción de su naturaleza, más gasto corriente –lo cual todavía aumenta las necesidades de gasto municipales y, en consecuencia, de financiación–, el Plan E ha supuesto una bomba de oxígeno a las arcas municipales y parece que ha sido efectivo para el fomento del empleo. Por tanto, su valoración debe ser positiva.
No obstante, dicho Plan no ha resuelto los problemas de financiación de los municipios, que sólo pueden solventarse con una reforma profunda de su sistema de financiación. El Gobierno central debería tener en su agenda inmediata la reforma de la financiación local. Los gobiernos locales están en una situación límite por los problemas que genera su sistema de financiación, agravados por la crisis económica. A 30 de septiembre de 2009, según las últimas estadísticas del Banco de España, la deuda de los municipios se elevaba a 28.297 millones de euros, lo que suponía el 2,70% del PIB. Solo un año antes, la deuda era del 2,30% del PIB, habiéndose mantenido alrededor de esta cifra desde el 2003. En definitiva, hay que abordar la reforma de la financiación municipal y la crisis económica no puede ser ninguna excusa para no hacerlo, cuando no lo ha sido tampoco en el caso de la reforma de la financiación autonómica.
CARME MIRALLES-GUASCH
El paisaje, desde hace unos pocos años y entre las disciplinas que analizan el territorio (el urbanismo, la arquitectura, la geografía, la ingeniería, etc.), es un término que reúne un creciente consenso internacional y que en Europa tiene un protagonismo en aumento, garantizado por el Convenio Europeo del Paisaje, ratificado por España en febrero de 2008, del que Sevilla alojará la coordinadora técnica de la red europea de entes locales para su
aplicación.
El paisaje intenta definir aquellos lugares que, de una forma más o menos intensa y con más o menos elegancia y arrogancia, han sido transformados por el hombre a través del tiempo. Es lo que la novelista Marguerite Yourcenar definía como “el tiempo, ese gran escultor”, pero aquí la escultura es nuestro paisaje. Y este admite ritmos de modelaje extensos y pausados o periodos temporales rápidos y concretos.
El paisaje es un entorno que puede estar urbanizado o ser agrícola; que linda con el mar o es montañoso; que se encuentra en el centro de una ciudad o forma parte de las periferias metropolitanas. Puede tener una amplia perspectiva y alcanzar el horizonte o estar replegado en enormes bloques de hormigón. También son los lugares donde hemos creado alguna relación emocional, los que recordamos de nuestra niñez, de la universidad donde estudiamos o del polígono industrial en que aprendimos un oficio. El paisaje toma todas las formas y no siempre es agraciado. Al contrario, en muchos lugares de nuestro planeta aparecen espacios grotescos, desproporcionados, mal diseñados, sin ningún elemento que ofrezca calidad visual.
Hoy el paisaje es una línea de trabajo y de análisis en muchas universidades europeas y españolas. Y, al ser un concepto complejo, transversal y reciente, requiere de habilidades y conocimientos interdisciplinarios, que nos hagan percibir nuestro entorno en su conjunto y no como la suma aleatoria de infraestructuras, viviendas, parques o espacios agrícolas. Fragmentos diseminados por unos técnicos que sólo se ven a sí mismos. También influye, aunque de forma sutil, en agendas políticas y en decisiones técnicas.
Porque el paisaje, siendo un elemento cultural que se proyecta en el territorio, define a nuestros países y regiones, como la gastronomía o la lengua. Existen lugares de mirada placentera, donde se percibe armonía y bienestar visual. Otras, en cambio, producen desazón y desequilibrio. Sensaciones que nada tienen que ver con lo que se ha clasificado como urbano o rural, de naturaleza o de infraestructura, sino con la ética y con la estética.
Quizá esta nueva etapa, iniciada por una crisis financiera y de modelo de desarrollo, nos permita introducir nuevos enfoques donde el paisaje, que nos da bienestar visual y emocional, tenga su lugar. Y nos permita que las aulas universitarias formen técnicos que sepan darle su valor y encuentren sus lógicas para que los ciudadanos recuperemos la capacidad de diálogo con el entorno y, de ahí, sepamos dibujar un futuro sin las monstruosidades que unos y otros estamos haciendo.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
