CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
En estos días de vacaciones, yendo a la playa, descansando lejos de la residencia cotidiana o circulando por carreteras poco habituales, en las periferias de muchas ciudades y pueblos hemos podido observar un fenómeno común: urbanizaciones vacías. Construcciones de grupos de viviendas, de tipología diversa, unifamiliares o plurifamiliares, de distintas alturas, algunas con jardín y otras no, donde no vive nadie, o casi nadie. Algunas acabadas y otras a medio construir, que conviven con grúas y materiales de la construcción abandonados. No hay alumbrado y, la poca gente que vive allí no tiene servicios, ni siquiera nombres en sus calles (siempre que estas existan).
Es un paisaje de periferia urbana desolada, como si los operarios se hubiesen ido para regresar al día siguiente. Pero llevan meses sin aparecer. Son lugares abandonados que salpican las periferias de ciudades y pueblos. Es el paisaje del fin del boom inmobiliario, de fin de ciclo económico, de crisis. A los pocos que viven allí les parece inaudito que les hayan abandonado a su suerte, que a ellos les haya sucedido esto. Les prometieron zonas comerciales, equipamientos, buena red viaria y, en algunas de ellas, incluso algún lujo.
Es un fenómeno idéntico en otras latitudes donde la burbuja inmobiliaria estalló. Irlanda tiene más de 300.000 viviendas vacías, la mitad de su parque inmobiliario. Algunas zonas de California están pensando en demolerlas y en recalificar los terrenos como no urbanizables.
Porque el problema, más allá de las familias atrapadas en estos lugares desamparados, está en qué hacemos con estas urbanizaciones. ¿Quién asume la responsabilidad y el coste de estos espacios urbanizados, sin habitantes? Y ¿hasta cuándo pueden estar unas viviendas vacías o sin terminar sin que se deterioren y con ellas sus alrededores?
Las periferias de nuestras ciudades se merecen entornos más cuidados y paisajes más armónicos. Igual la solución es deconstruir y recalificar los terrenos como no urbanizables o incluso darles un uso agrícola o de espacio verde. Lo que no se puede permitir es que los entornos de nuestras ciudades parezcan antiguos poblados del far west donde sólo corren motas de polvo.
El fin del boom inmobiliario nos ha dejado secuelas periurbanas bien visibles donde no sólo puede actuar el tiempo.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Catedrático de Derecho Constitucional
El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha puesto contra las cuerdas a los inversores y promotores del ladrillo al recortar sus ingresos y activos patrimoniales, sin que se redujeran en consonancia sus obligaciones de pago. Esta situación acabó amenazando a la banca al acarrear el aumento de la morosidad y los impagos, a la vez que la caída de los precios de los inmuebles devaluaba las propias garantías hipotecarias. ¿Cuáles son las perspectivas?
Dos factores atizan la polémica sobre la evolución de los precios y las valoraciones inmobiliarias. Una, que la caída de ambas daña la salud de influyentes entidades inmobiliarias y financieras. Otra, que no existe información solvente de los precios a los que efectivamente se realizan las transacciones inmobiliarias. Tradicionalmente se han venido confundiendo los precios de mercado de la vivienda con los precios estimados que le atribuyen las empresas de tasación, recogidos en el índice que elabora el Ministerio de Vivienda (MV). Un reciente informe del Banco de España confirma la elevada concentración de las empresas tasadoras y su fuerte dependencia de entidades de crédito interesadas en suavizar la caída de los precios inmobiliarios. No parece casualidad que el mencionado índice oficial rebaje a la mitad la caída de los precios de la vivienda observada en los anuncios. En efecto, mientras el índice de precios de los anuncios de Fotocasa acumula ya una caída del
21,8 %, el índice del MV apenas acumulaba una del 10,7 % en el segundo semestre de 2010. Como en momentos de crisis aumentan las rebajas que sesgan la caída de los precios de mercado por debajo de la de los anuncios, cabe concluir que el índice oficial de precios de la vivienda tiende a minimizar dicha caída.
En lo tocante a las perspectivas, se han venido anunciando a bombo y platillo atisbos de estabilización y repunte de los precios de la vivienda. Sin embargo, se ha silenciado que los precios han reactivado su caída con la constelación de medidas depresivas que se han venido aplicando. En efecto, el índice de precios de los anuncios de julio marca ya seis meses seguidos de caídas intermensuales. Al mismo tiempo, como muchas de las subastas de inmuebles quedaban desiertas por el elevado precio de salida, Metrovacesa ha empezado a hacer subastas a la baja… No. No parece que los precios inmobiliarios hayan tocado suelo, por mucho empeño que se ponga en anunciarlo.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
La violenta represión de los vecinos del Cabanyal por defender su barrio frente a la demolición marca el fin de fiesta indignante de una era de urbanismo salvaje. Una era en la que la santa alianza de especuladores, constructores y políticos ha venido imponiendo a la población operaciones inmobiliarias tanto más lucrativas cuanto menos habitables y estética y ecológicamente recomendables. Estas agresiones orientadas a enriquecer a algunos amenazan incluso a zonas tan consolidadas de la ciudad clásica como el barrio del Cabanyal. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior promovido para ese barrio por el Ayuntamiento de Valencia, en vez de proteger, propone destruir 450 edificios para introducir una nueva avenida acompañada de bloques de nueva planta que duplicarían la altura media de las viviendas del barrio, desbaratando sin piedad su actual homogeneidad.
Algunas novedades presagian en este caso el fin de esa era de caciquismo urbanizador, al fallar la docilidad de la población y el contexto institucional que le eran favorables. La asociación de vecinos Salvem El Cabanyal-Canyamelar solicitó ya en 1999 al Ministerio de Cultura que confirmara que el plan especial promovido por la alcaldía de Valencia contribuía a destruir un barrio declarado Bien de Interés Cultural en 1993. Tras diez años de litigios, la Justicia y el Ministerio de Cultura acabaron dando la razón a los demandantes y exigiendo la suspensión y/o reorientación del plan hacia una verdadera rehabilitación del barrio acorde con la voluntad de sus habitantes. Sin embargo, la Alcaldía y la Generalitat de Valencia han proseguido la inercia de sostenella y no enmendalla, común a este tipo de operaciones: hicieron caso omiso no ya de la opinión de la población, sino de la legalidad estatal, continuando los derribos y reprimiendo con desmedida violencia la protesta vecinal.
Dentro de esta inercia, resulta verdaderamente indignante ver que mientras el discurso estatal defiende hoy con ardor la rehabilitación y la participación ciudadana, la Policía Nacional ha defendido las demoliciones y reprimido la participación ciudadana. Pero lo más surrealista del empeño de llevar adelante la operación es que los solares con escombros serían durante mucho tiempo el testigo mudo de su fracaso, dado el actual exceso de viviendas en venta. Sólo intereses mezquinos e inconfesables pueden explicar semejante irracionalismo.
CARME MIRALLES GUASCH
Preofesora de Geografía Urbana
De la película Las viudas de los jueves, de Marcelo Piñeyro, actualmente en cartel, me quedo con una escena. El coche sale del condominio cerrado, la urbanización de lujo donde viven sus protagonistas en Buenos Aires. La puerta, una parte de la valla que rodea toda la urbanización, se cierra y los espectadores se quedan dentro, visualizándola como una reja, encerrados dentro de una cárcel. Una cárcel de lujo, pero una cárcel al fin y al cabo.
Esta es una imagen que, en unos segundos, cuenta qué son en realidad estas urbanizaciones cerradas que tanto han proliferado en sociedades muy polarizadas, a modo de refugio de las clases altas. Es un fenómeno urbano que apareció a finales del siglo pasado, especialmente en Latinoamérica, que es menos conocido en Europa y que se está extendiendo en algunos países asiáticos, como China. Barrios de casas con jardín, con algunos servicios y equipamientos deportivos y sociales, donde sólo pueden entrar aquellos que viven allí y sus invitados. El espacio público se ha convertido en privado y, aunque tenga forma de calles y de plazas, no es accesible a toda la ciudadanía. Es un proceso de guetificación del espacio urbano promovido por las disparidades de renta y por la materialización y la instrumentalización del miedo, alentados por la planificación urbana privada y por la especulación inmobiliaria. Estas urbanizaciones están vinculadas estrechamente con el trazado de las autopistas metropolitanas y con grandes equipamientos como los shopping centers, los parques temáticos, etc, accesibles en coche y totalmente aislados de la ciudad tradicional.
Es una segregación espacial y social, ya que de lo que se trata es de convivir sólo entre iguales, entre personas del mismo grupo: los que tienen rentas, colores de piel, lenguajes similares, los que llevan a sus hijos a las mismas escuelas e incluso tienen oficios parecidos. Se trata de no ver al otro, al que es distinto, y, también y especialmente, de ser invisible al otro. Se trata de conseguir un estatus social a través de vivir aislado y encerrado, rodeado de los semejantes. Lo público desaparece, la sociedad pasa a ser tribal, la falta de convivencia genera miedo mutuo entre los grupos, y este pasa a ser un referente urbano.
Pero además, tal y como refleja la película, todo lo que vive encerrado, sin aire, se pudre. Un barrio cerrado es la antítesis de la ciudad, de la diversidad y la complejidad que esta aporta a nuestras vidas, unas vidas con aire.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
Por fin se empieza a aclarar oficialmente uno de los misterios que para la opinión pública venía albergando la banca española, al atribuírsele perfiles contradictorios. Por una parte, el Banco de Pagos Internacionales había advertido ya, en su informe anual de 2007, que la exposición de la banca española al riesgo inmobiliario superaba a la de todos los otros países de nuestro entorno, incluido Estados Unidos. Sin embargo, por otra, la banca no parecía afectada por la crisis hasta el punto de que el presidente Zapatero llegó a alardear de que España disponía del “sistema financiero más sólido del mundo”.
¿Cómo era posible que la banca de un país con una economía tan solvente como Alemania se viera afectada por la crisis, mientras que la banca española parecía escapar de ella? Porque la banca alemana invirtió una parte significativa del pujante ahorro de ese país en la compra de títulos que se revelaron de mala calidad, sufriendo así los reveses de la crisis financiera internacional. Sin embargo, la banca española, en vez de invertir, tuvo que buscar financiación en el exterior para seguir alimentando la burbuja inmobiliaria. No compró, así, las famosas hipotecas subprime estadounidenses porque se dedicó a generar y vender las suyas propias hasta que los mercados financieros empezaron a percibir el riesgo, lo que acarreó la consabida sequía de créditos y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Por lo tanto, la banca española no sufrió la crisis desatada por las hipotecas subprime en agosto de 2007, sino los riesgos de sus propios créditos inmobiliarios, que se evidenciaron más tarde. El reciente Informe sobre la Estabilidad Financiera del Banco de España analiza estos riesgos y, como no podía ser menos, concluye que “su exposición al sector de la construcción y la promoción inmobiliaria supone un riesgo relevante para el sistema bancario español”. Para hacer frente a estos riesgos se dotó un fondo con 9.000 millones de euros y líneas de crédito adicionales, que se añaden a los 50.000 millones de ayudas a la banca y los 100.000 de avales, anteriormente acordados por el Estado. Tan enormes inyecciones de dinero público dicen poco de la solidez del sistema que tratan de apuntalar. Lo razonable hubiera sido reconocer de entrada los problemas que se avecinaban, en vez de esconderlos, y establecer un plan de saneamiento encuadrando las posibles ayudas y no al revés.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
Como ya habíamos advertido (Consejo Editorial de 3 de febrero), la pacificación jurídica del conflicto sobre el Cabanyal no iba a suponer necesariamente el final de los derribos. Desgraciadamente era previsible que siguieran no sólo por los intereses económicos en juego, sino también por la nula sensibilidad que la Generalitat Valenciana está demostrando en relación con la protección de nuestro patrimonio histórico y con el Estado de derecho.
Si los derribos se están produciendo dentro de la zona del Plan Especial, estamos ante una violación de la Orden del Ministerio de Cultura de 29 de diciembre de 2009, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del Cabanyal. Esa normativa afecta al Plan en su integridad, pues en ella se declara que “el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyamelar determina la expoliación del conjunto histórico del Cabanyal” y, en consecuencia, se establece “la obligación del Ayuntamiento de Valencia de proceder a la suspensión inmediata de la ejecución de dicho Plan Especial, en tanto se lleve a cabo una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos que motivaron la calificación de este como conjunto histórico”.
El Ayuntamiento manifestó ya su voluntad de desafiar al Tribunal Constitucional (TC) con una peculiar interpretación del alcance de la suspensión del Decreto-Ley del Consell acordada por ese tribunal, por la que esa suspensión no afectaría a los derribos, sino sólo al decreto-ley. Lo cierto es, sin embargo, que el decreto-ley tenía como finalidad impedir la aplicación de la Orden de Cultura, y que la suspensión de su vigencia debía ser acatada por todos los poderes públicos hasta que el TC decidiera levantarla o se pronunciara sobre el fondo.
El PP no ha querido esperar y ha promovido la Ley 2/2010 de 31 de marzo de la Generalitat de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia, que, de manera fraudulenta, intenta esquivar el artículo 161.2 de la Constitución y la suspensión del decreto-ley, derogándolo e incorporando su contenido a la ley. Como viene siendo habitual, en la estimación de daños que la Generalitat Valenciana está provocando habrá que incluir no sólo los relacionados con la cuestión de fondo (el patrimonio histórico, en este caso), sino también los que está generando al Estado de derecho.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
Una de las noticias más repetidas a lo largo de todo el invierno fueron las fuertes lluvias caídas en Andalucía. El temporal no dio tregua a este territorio y lo excepcional no fue sólo la cantidad caída, sino su frecuencia. Ha llovido mucho y lo ha hecho sobre una tierra mojada que no podía retener más cantidad de agua, lo que ha provocado crecidas de ríos e inundaciones. Hace unos días, 70 de los 84 embalses andaluces habían abierto el grifo y estaban desembalsando agua.
Las lluvias torrenciales aparecen periódicamente en todo el litoral mediterráneo. De hecho, las tres comunidades autónomas con mayor riesgo de inundaciones son Andalucía (22,5%), Valencia (19,6%) y Catalunya (18,6%), aunque el hecho de que ocurran espaciadas en el tiempo hace que apenas se recuerde cuándo sucedieron por última vez.
Sin embargo, estos fenómenos climáticos desmedidos se están dando cada vez con mayor frecuencia. De hecho, los expertos en cambio climático vienen transmitiendo dos mensajes: un incremento de la temperatura media del planeta y, en consecuencia, un aumento de la frecuencia de los episodios climatológicos extremos: más y mayor intensidad de los temporales y de las correspondientes inundaciones que pueden producirse por el desbordamiento de los ríos, como el del Guadalquivir, o por anegamiento de los puntos bajos del territorio.
Estos nuevos patrones de lluvia requieren nuevas adaptaciones a las realidades que parece que se avecinan. Y adaptar significa, entre otras cosas, gestionar conjuntamente el agua y la ordenación del territorio. Especialmente en aquellas zonas potencialmente inundables. Unas zonas que deben ser evaluadas según el riesgo de inundación a través de los Mapas de Peligrosidad y de los Planes de Gestión del Riesgo.
En estos espacios, donde existe un riesgo creciente de inundación y hay bases infundadas de peligrosidad, no se puede construir y se tienen que gestionar con sensatez y sentido común, pero con la máxima seriedad, aquellos lugares que ya están construidos. Porque, aunque la percepción del riesgo es siempre difusa y se diluye en el tiempo, este existe y parece que aumentará.
Ahora más que nunca es necesario delimitar con precisión las zonas donde no se puede urbanizar y además hacer cumplir esta prohibición con planes de protección y planes urbanísticos que protejan a los ciudadanos de riesgos anunciados y evitables.
CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
En un momento en el que las administraciones públicas buscan estrategias para acomodar sus gastos a sus menguantes ingresos, es oportuno hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto le cuesta al erario público mantener las calles, conservar la red de aguas y de saneamiento, el alumbrado público, la urbanización, la limpieza o el transporte? Esta cuestión depende del modelo urbano que se haya optado en el municipio. El coste de mantener el espacio público en condiciones aceptables obedece a cuestiones de índole urbanística y, especialmente, a la densidad urbana.
En los últimos años, en muchas ciudades se ha optado por construir urbanizaciones de carácter disperso, caracterizadas por la producción de espacios residenciales de baja densidad y con tipologías de vivienda de tipo unifamiliar. Los conjuntos de casas aisladas y adosadas muestran el alcance de un paisaje residencial ajeno a los procesos urbanizadores de antaño, definidos por la contigüidad y su carácter compacto.
En muchas ocasiones, esta expansión residencial de baja densidad selecciona lugares en función de la accesibilidad a la red de autopistas y a la alta velocidad ferroviaria, especialmente en las estaciones intermedias del recorrido. Además, lo hace en unas proporciones hasta ahora desconocidas en España y no sólo como segunda residencia, sino como vivienda principal. De hecho, en los últimos diez años, estas zonas residenciales han llegado a representar en muchas ciudades más del 50% de las nuevas construcciones.
Sin embargo, el problema de estas tipologías urbanas de baja densidad aparece cuando las construcciones están terminadas y sus nuevos habitantes ya viven en ellas. Es entonces cuando el municipio empieza a ser realmente consciente de los costes públicos que supone mantener sus calles y plazas, ya que estos pueden ser mucho más altos respecto a las calles de densidades medias y de urbanización compacta. Así, por ejemplo, el mantenimiento de la red de aguas y del alcantarillado se duplica, y el mantenimiento de la urbanización y de la limpieza se cuadriplica. Unos costes diferenciales que difícilmente repercuten en la misma proporción a los vecinos de estas viviendas y que tienen un coste vivienda/año siete veces mayor en baja densidad que en un bloque de viviendas.
Los modelos urbanos, que son opciones elegidas por los gobiernos municipales y se aprueban en pleno, repercuten directamente en los presupuestos municipales y, más concretamente, en los gastos corrientes y obligados por ley. Sin embargo, al iniciar una nueva promoción de viviendas, en muy pocas ocasiones se contabiliza el aumento de estos gastos corrientes que tendrá que sufragar el erario público en relación al aumento de ingresos, que en bajas densidades siempre es menor.
En una época en la que los presupuestos públicos son cada vez más difíciles de nivelar, especialmente los de las administraciones locales, es imprescindible pensar qué modelo de ciudad se prefiere y cómo se va a sufragar. Pensar en todo el ciclo y no sólo en los beneficios a corto plazo forma parte de la nueva economía.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
En los últimos tiempos hemos visto divulgarse dos buenas noticias: que las hipotecas aumentaban y que los precios de la vivienda parecían subir de nuevo. El hecho de que, sin un ápice de duda, se saludaran positivamente estos dos hipotéticos eventos, encierra en sí mismo una mala noticia: denota hasta qué punto el virus de la especulación inmobiliaria sigue invadiendo el cuerpo social e invitando a razonar con la peculiar mentalidad del especulador inmobiliario. Si no fuera así, ¿cómo iba a considerarse bueno que la población siguiera hipotecándose más y más, cuando ya lo está hasta las cejas, o que el precio de la vivienda volviera a crecer de nuevo, cuando se había disparado ya muy por encima de los ingresos ordinarios de la población, situándose a niveles prohibitivos para buena parte de ella?
Parece que la crisis no ha durado lo suficiente para deshacer el espejismo que percibía como algo normal y duradero el trepidante crecimiento de los precios y del endeudamiento hipotecario vivido durante el boom inmobiliario. La añoranza de ese reino de jauja de especuladores y prestamistas ha llevado a confundir deseos con realidades, haciendo ver aumentos de hipotecas y repuntes de precios donde no los hay. Sólo alguna lectura apresurada de la nota de prensa del INE sobre el cierre de la estadística de hipotecas a fin de año pudo convertir en noticia el aumento del número de hipotecas, pues lo único que aumentó fue el número de las que renegociaron sus condiciones, pero no el número ni, menos aún, el importe de las nuevas hipotecas constituidas. El número y el importe cayeron en 2009 un 15 y un 27%, respectivamente, y lo seguían haciendo en diciembre respecto al mes precedente. Bien es cierto que la caída se fue moderando a lo largo del año, acercándose al estancamiento en el número de hipotecas acordadas, pero no el importe, que acusaba mayores descensos en consonancia con la caída en un 14% del importe medio anual de las hipotecas, caída ligada al menor precio de la vivienda.
Tampoco el último dato del índice oficial de precios de la vivienda referido al cuarto trimestre de 2009 autoriza a ver ningún repunte: tanto el índice general como el de vivienda libre seguían mostrando caídas, tanto respecto al trimestre precedente como al mismo del año anterior.
Ya está bien de confundir el posible repunte de un dato aislado, sujeto a estacionalidades y azares diversos, con “la salida de la crisis” y de ignorar que la evolución de la actividad hipotecaria o de los precios de la vivienda es el reflejo de una crisis inmobiliaria de la que no se puede “salir” tan fácilmente para volver a las andadas. Pues no basta con infundir optimismo cuando la burbuja inmobiliaria, tras devorar el ahorro del país, siguió financiándose irresponsablemente con cargo al exterior hasta acumular la cuantiosa deuda que ahora toca reducir. Tampoco cabe esperar que el endeudamiento hipotecario y los precios de la vivienda repunten alegremente, cuando la carga de la deuda hipotecaria había alcanzado ya niveles difícilmente soportables y cuando el stock de más de un millón de viviendas en venta siguió todavía aumentando a lo largo de 2009.
FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
Catedrático de Derecho Constitucional
La impugnación por el presidente del Gobierno del decreto-ley valenciano sobre el Cabanyal debería ser suficiente para evitar que se produzcan nuevos derribos en ese barrio. Por un lado, la impugnación, con invocación expresa del art. 161.2 de la Constitución (CE), provocará la suspensión automática de la disposición autonómica, con lo que esta no se podrá invocar para avalar futuras actuaciones para la destrucción del barrio. Por otro lado, si bien el Tribunal Constitucional (TC) puede levantar la suspensión, no parece que esto vaya a ocurrir si aplica su propia doctrina. En el ATC 336/2005, de 15 de septiembre –mencionado por el Consejo de Estado en su Dictamen 60/2010– el TC apreciaba, para mantener la suspensión de una disposición autonómica impugnada, “un perjuicio actual y directo al interés general que resultaría del bloqueo de las competencias estatales”.
Es justamente el bloqueo de las competencias estatales para la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación (art. 149.1.28ª CE) lo que pretende el decreto-ley. De título involuntariamente irónico (“de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia”), el Decreto-Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, está orientado a impedir la aplicación de la Orden CUL/3631/2009, de 29 de diciembre, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del Cabanyal. Esa orientación es manifiesta en su art. 3 cuando, al habilitar los actos de ejecución (léase “derribo”), especifica: “Sin que tales actos de ejecución puedan verse menoscabados de cualquier modo por los actos o acuerdos de otras Administraciones Públicas”.
Si la suspensión de los derribos parece asegurada hasta que el TC se pronuncie sobre el fondo, también parece claro que, en el conflicto jurídico planteado, es al Estado a quien le asiste la razón, toda vez que los pronunciamientos judiciales realizados hasta ahora se han mantenido en los términos de un juicio de legalidad ordinaria y lo que ahora se está discutiendo es si el Estado puede hacer valer sus competencias constitucionales para evitar la expoliación del patrimonio cultural. A esta cuestión central se unen otras deficiencias formales del decreto-ley como la de inexistencia de extraordinaria y urgente necesidad (art. 44.4 del Estatuto de la Comunidad Valenciana). Sin embargo, lo que tiene mayor relevancia es la indubitada competencia estatal y el hecho de que el Consell, en lugar de impugnar la Orden del Ministerio de Cultura, que es lo que debía de haber hecho si no estaba de acuerdo con su contenido, ha procedido, de manera ilegítima, a intentar impedir su aplicación por medio de este peculiar decreto-ley.
¿Debería tranquilizar todo esto a las personas que se han manifestado en contra de los derribos? Claramente no: el destino del Cabanyal sigue estando en peligro porque hay intereses muy poderosos que van a permanecer siempre activos. A medio y largo plazo, la movilización ciudadana es la única esperanza de salvación del barrio.
