CARME MIRALLES-GUASCH
Profesora de Geografía Urbana
Hace algunas semanas el Gobierno anunciaba la defensa de la rehabilitación urbana integrada como una de las prioridades de la Presidencia española de la UE en materia de vivienda y desarrollo urbano. Es decir, se trata de orientar la Agenda Urbana Europea hacia políticas que contemplen el conjunto de la ciudad o del barrio y no se conforme con iniciativas puntuales y fragmentadas que sólo ven la ciudad a pedazos, sean estos los edificios, los transportes o sus habitantes.
Con este objetivo se promueve la Carta de Leipizg sobre Ciudades Europeas Sostenibles, aprobada en mayo de 2007. Un documento que, además de reivindicar la Europa de las ciudades como patrimonio valioso e irreemplazable en lo económico, social y cultural, subraya la necesidad de una política global en su desarrollo. Acción estratégica que implica tener en cuenta de manera simultánea los aspectos espaciales, sectoriales y temporales que interactúan en el fenómeno urbano. En este sentido, se quiere mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e incrementar la competitividad de las ciudades, implicando en estos objetivos a las políticas de vivienda, de infraestructuras y de educación, en paralelo al envejecimiento de la población, las tendencias migratorias o las condiciones energéticas, entre otras. Políticas públicas que, en muchas ciudades, al estar ubicadas en concejalías distintas, se diseñan de forma aislada, lo que las hace menos eficaces y desaprovecha saberes y presupuestos.
Además, la Carta de Leipizg pone especial atención en el barrio como unidad de acción, en cuanto que los retos a que se enfrentan las ciudades se desarrollan en lugares concretos de la urbe que pueden ser muy dispares. El precio de la vivienda, el índice de paro o la exclusión social afectan de forma distinta a una misma ciudad, según el barrio en que estos índices se ubiquen.
Este nuevo enfoque en políticas urbanas, que impulsa Europa y enfatiza España, es un salto cualitativo importante en políticas públicas. Por una parte, esta perspectiva recoge la complejidad de la ciudad y no la desmenuza en pequeñas e inconexas acciones. Al contrario, intenta entenderla y gestionarla de forma global, integral, donde es tan importante cada uno de los sectores como la conexión e interdependencia que existe entre ellos. Donde, además de entender la vivienda y el transporte, por ejemplo, es importante fijarnos en el guión que los une y, con él, al resto de redes físicas y sociales que integran la ciudad.
Además, este enfoque hace hincapié en que las ciudades no son entes homogéneos. Dentro de Londres, París o Albacete existen muchas y diversas características, desigualdades y asimetrías que requieren intervenciones adecuadas a cada lugar, a cada barrio.
Es un salto adelante, porque no estamos acostumbrados a relacionarnos con la complejidad de nuestras ciudades y tampoco
entender sus diferencias internas. Al contrario, a menudo nos movemos entre políticas urbanas demasiado generales y, a la vez, fraccionadas.
CARLOS TAIBO
Profesor de Ciencia Política
El desalojo policial en Madrid de un centro social okupado, el Patio Maravillas, ha reabierto la magra discusión que entre nosotros provocan proyectos que, como ese, en modo alguno son residuales. Bueno es recordar que la presencia de esta suerte de centros es, muy al contrario, común en muchos de nuestros medios urbanos.
Los centros sociales okupados muestran, como poco, dos dimensiones interesantes. Olvidaré ahora la primera de ellas, que no es otra que la posibilidad de que jóvenes y no tan jóvenes encuentren cobijo en un escenario marcado casi siempre por alquileres próximos a la usura. Mayor interés tiene en estos momentos la segunda dimensión, que nos habla de esos centros como notabilísimos y estimulantes focos de irradiación cultural y pensamiento crítico.
A título de ejemplo, el Patio Maravillas madrileño, como tantos otros, ha acogido en los últimos 30 meses un sinfín de actividades, entre las que se cuentan conciertos, talleres, servicios de asesoría legal y actos públicos a menudo masivos. Un buen termómetro de lo que tenemos entre manos lo ofrece el hecho de que una parte de las sesiones del Foro Social de Madrid previstas para finales de este mes había de celebrarse en ese recinto (y se celebrará, por lo que parece, en su sustituto).
Sí hay que mencionar, con todo, dos carencias que arrastran estos locales: la primera la aporta su indisimulada condición generacional –a poco más atraen que a jóvenes–, en tanto la segunda llega de la mano del escaso atractivo que tienen para lo que llamaré con ligereza la izquierda tradicional, acaso más culpa, bien es cierto, de la miopía de esta última. Agreguemos, para cerrar el panorama, que frente a la imagen, tantas veces difundida por los medios, de antros cerrados, marginales y fuente de delincuencia, es harto frecuente que iniciativas como la del Patio Maravillas disfruten de un general apoyo entre los vecinos del barrio en que han cobrado cuerpo.
Pero, más allá de lo anterior, hay que prestar atención a lo que los centros sociales okupados significan en el terreno de la contestación de dos miserias ingentes que marcan de forma indeleble el derrotero de nuestras sociedades. La primera es la radical supremacía que corresponde a un ocio –el que se ofrece a los jóvenes– dramáticamente impregnado de consumo, de dinero y de atontamiento; importa subrayar la gratuidad, frente a ello, del ocio y de los servicios que proporcionan los centros que ahora nos atraen.
La segunda miseria la configura, cómo no, una especulación inmobiliaria que entre nosotros lo inunda casi todo. A duras penas puede ser casual que, en muchos casos, los inmuebles objeto de okupación sean propiedad de personas de dudosa moralidad que bien saben lo que es el negocio sucio y la presión sobre los dirigentes políticos. Qué tiempos estos en los que quienes especulan y se lucran con el trabajo de los demás campan por sus respetos, mientras son frecuente objeto de represión, demonización y criminalización muchos jóvenes que buscan, con talento y compromiso, horizontes distintos. Los mismos tiempos, bien es cierto, que permiten que quienes llevan años alentando un visible deterioro en las condiciones medioambientales del planeta pongan en la cárcel, incomunicados, a quienes han tenido el coraje y el buen sentido de plantarles cara.
CARME MIRALLES-GUASCH
Estos días se ha inaugurado en Barcelona y en Madrid una exposición sobre el trabajo que las asociaciones de vecinos han desarrollado en los últimos 40 años para mejorar sus barrios y, con ellos, toda la ciudad. El objetivo es reivindicar el
protagonismo, muchas veces ignorado, en la construcción de la ciudad actual y en la defensa de la democracia del movimiento vecinal.
La exposición, la misma en las dos ciudades y en la red, repasa los distintos ámbitos donde se ha centrado la reivindicación vecinal: servicios públicos, vivienda, urbanismo, cultura, transportes, derechos de las mujeres, fortalecimiento de la democracia, etc. Cada eje temático está subdividido en las distintas demandas y reivindicaciones que las asociaciones de las dos ciudades han llevado a cabo a lo largo de estos años. Desde la colocación de un semáforo hasta la erradicación del chabolismo, desde las reclamaciones al derecho al descanso hasta la creación de las Mujeres vecinales en Madrid. Desde las fiestas populares hasta el deporte de base. Todas y cada una comentadas y enmarcadas históricamente y acompañadas de un reportaje fotográfico que las visualiza.
También se detallan sobre el mapa de cada ciudad las acciones concretas que, barrio a barrio, calle a calle, han conseguido variar lo que estaba previsto desde las administraciones públicas. Es lo que han definido como “acciones vecinales” que han cambiado la ciudad, que han trasformado Madrid y Barcelona. La remodelación de la plaza de la Luna, la construcción de equipamientos públicos en los cuarteles de Daoiz y Velarde, la llegada del metro a La Elipa o la defensa de la sanidad pública y del Severo Ochoa son algunas de las muchas acciones vecinales marcadas sobre el mapa de Madrid. La lucha contra las basuras y la aluminosis de El Polvorín, el centro cívico de la Farinera en el barrio del Clot, de la Masía Torrellobeta en Noubarris y de la casa Golferichs en el Ensanche son algunas de las que se detallan en Barcelona. Todas ellas, las casi 200 acciones, forman parte de nuestro paisaje urbano y cotidiano y no estarían allí sin el trabajo, el esfuerzo y la solidaridad de muchos hombres y mujeres que, a lo largo de estos años, se han comprometido con la ciudad y con sus ciudadanos.
Pero, además, y tal como subrayan sus organizadores, la exposición reivindica el paralelismo en la historia urbana reciente de las problemáticas y reivindicaciones urbanas de Barcelona y Madrid. Y aunque los modelos de crecimiento urbano de las dos ciudades y la organización municipal son distintos y la participación ciudadana diferente, en el transcurso de estas cuatro décadas los vecinos y las vecinas han sido protagonistas de la transformación de su ciudad. Un protagonismo que en su acción y estrategias cotidianas las une y las libera de enfrentamientos y rivalidades estériles.
Hay que agradecer el trabajo y el esfuerzo anónimo de todos estos años y felicitar la iniciativa de la muestra. No es una muestra nostálgica, al contrario, las ciudades de futuro requieren de las acciones vecinales.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
CARME MIRALLES-GUASCH
Venecia se muere. No la de los turistas, pero sí la ciudad de los venecianos. Hace unas semanas toda la prensa nacional e internacional se hizo eco de un funeral por la muerte de la ciudad, organizado por un movimiento cívico. Hace tan sólo unas décadas Venecia tenía 120.000 habitantes, ahora no llega a los 60.000. Y había sobrepasado los 200.000 en épocas lejanas. El turismo de masas está arrasando la ciudad y está construyendo un decorado. Una ciudad turística, donde los inmuebles se convierten en hoteles, las tiendas de barrio en tiendas de souvenirs, los bares en locales franquiciados iguales en todas partes y donde la vida cotidiana, y con ella sus niños jugando y sus mayores tomando el sol en los campos (plazas en Venecia), se va empequeñeciendo.
En Barcelona hay un debate y un malestar similar. No en toda la ciudad, pero sí en su centro. El espacio histórico y simbólico, que tanto esfuerzo público supuso alejarlo de la marginalidad e incorporarlo al resto de la ciudad, está abarrotado de turistas durante todo el año. Barcelona, desde hace algún tiempo, aparece reiteradamente en la cúspide de las listas de ciudades con más calidad de vida, con más glamour, con más actividades de ocio nocturnas, con playa, sol y espacios públicos de película (Vicky Cristina Barcelona). Algunos incluso la consideran la mejor ciudad del mundo y la transforman en modelo exportable. Y la ciudad cambia. Más hoteles, más apartamentos turísticos, más autocares. Menos farmacias, mercerías y ultramarinos. Menos niños jugando en sus plazas. El aumento de la demanda incrementa los precios de los servicios, de los locales comerciales, de las viviendas. Y todo concentrado en la parte central de la ciudad, que va perdiendo habitantes y cotidianidad y, con ello, sus redes sociales y de vecindad.
Hace algunos años, vecinos de otras partes de la ciudad redescubrieron su centro histórico, incluso apostaron por vivir en él. Sin embargo, hoy los barceloneses están dejando de reconocer espacios emblemáticos de la ciudad como propios. Es difícil pasear por las Ramblas. La Boqueria es un mercado para sacar fotos. Las playas que con tanto esfuerzo se reconstruyeron y se sumaron al espacio público de la ciudad son propiedad de los turistas.
Y no se trata de criticar la actividad turística en sí. Se trata de una gestión poco eficaz que ha apostado por la concentración del fenómeno en un espacio muy reducido de la ciudad sin reconocer otros lugares urbanos, fuera y dentro de esta, como válidos. Se trata de percibir el centro histórico como un gran escaparate donde parece que no hay límites para los equipamientos turísticos. En definitiva, de no saber gestionar el éxito y dejar a la iniciativa privada aquello que tenía que tener un mayor liderazgo público.
Y de ahí el malestar de los vecinos, que ven cómo su espacio vital se reduce y se pierden sus referentes. Y de los ciudadanos, que se alejan de la parte más simbólica de la ciudad, arrasada por
el turismo de masas, convertida en monocultivo económico. Qué lástima.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
José Manuel Naredo
Las estadísticas han venido cifrando el crecimiento económico como una victoria sobre la penuria, hasta que se apreció que este crecimiento destruye más que crea. ¿Cómo no van a sentirse engañados todos aquellos a los que se demandan esfuerzos y sacrificios [en aras de ese crecimiento]?”. Esta opinión, que subraya el divorcio entre crecimiento económico y calidad de vida, no es la de ningún crítico antisistema, ni siquiera de un representante de la izquierda. Ha sido emitida por Nicolas Sarkozy, presidente de la República Francesa, que propone “acabar con la religión de la cifra” del PIB, arremetiendo contra el primer axioma sobre el que reposa la ideología económica imperante: el que identifica ese agregado monetario con el bienestar de la gente. Este hecho rompe el habitual conformismo de la clase política –de derechas y de izquierdas– con la mitología del crecimiento. La novedad no estriba tanto en denunciar los engaños del PIB como indicador de bienestar, como en el hecho de que quien lo denuncia sea el presidente de un país importante en un foro cultural tan reputado como la Universidad de la Sorbona. Su discurso se orientó a divulgar las propuestas de una comisión de expertos a la que había encomendado la tarea de reforzar la presencia del bienestar en las estadísticas económicas.
Más que discutir aquí las 12 recomendaciones de la comisión orientadas a completar las estadísticas con este propósito, interesa subrayar que el problema suscitado no es un problema técnico, sino uno ideológico y social mucho más amplio. Pues las estadísticas son el reflejo del statu quo mental e institucional que sostiene la hegemonía del cuadro macroeconómico, con el PIB a la cabeza, como el cuadro de mandos por antonomasia para dilucidar si “van bien” los países, evitando preguntarse hasta qué punto el aumento de ese revender con beneficio recogido en el PIB es bueno para el país y para la mayoría de sus habitantes. No estaría de más reflexionar sobre estas cuestiones en España cuando el divorcio entre crecimiento y bienestar ha sido tan ostensible durante el auge y cuando la polarización social y la pugna distributiva se acentúan ahora durante el declive. Más que reactivar la actividad económica, habría que controlarla socialmente para evitar que se dirija de nuevo por sendas especulativas que redundan en perjuicio de la mayoría, alimentando nuevas burbujas y críticos sobresaltos. Para ello hay que abrir ese cajón de sastre monetario que es el PIB y mirar lo que hay dentro y lo que queda fuera, para separar el grano de la paja, distinguir los bienes de los males y debatir lo que interesa que crezca y lo que interesa que decrezca.
Por ejemplo, se debería cambiar el marco institucional que hizo del negocio constructivo-inmobiliario la verdadera industria nacional. Pues, para beneficio de algunos, hipotecó medio país y desencadenó un tsunami de obras que, además de impactar negativamente sobre la calidad de vida y sobre el patrimonio urbano y de los ecosistemas circundantes, originó a la vez viviendas desocupadas y necesidades de vivienda insatisfechas.
Economista y estadístico
José Manuel Naredo
Ha llovido mucho desde que dominaba la creencia de que los precios de la vivienda nunca bajarían, sino que, todo lo más, moderarían su crecimiento siguiendo un “aterrizaje suave”. Los dos años de crisis inmobiliaria han pulverizado estos interesados e infundados vaticinios. La discrepante información disponible muestra que los precios de la vivienda han bajado y siguen bajando, pero ¿cuánto?
Cuando leemos en la prensa que “los precios de la vivienda han bajado un X por ciento”, la información se refiere normalmente al índice oficial de precios de la vivienda que elabora trimestralmente el Ministerio de Vivienda. Pero este índice no recoge los precios a los que efectivamente se realizan las transacciones de viviendas, sino los precios que imputan a las viviendas las empresas de tasación de inmuebles que, como veremos, muestran una sospechosa aversión a la baja. Pues además de los normales desfases entre tasaciones y precios de mercado, el hecho de que las empresas de tasación trabajen mayoritariamente para entidades financieras interesadas en soslayar el desplome de sus garantías hipotecarias hace dudar de la independencia de esta fuente. Lo cual es grave cuando el valor de las operaciones de este mercado supera, con mucho, en nuestro país a las del mercado bursátil.
Mientras la bolsa de valores presenta diariamente índices oficiales de cotización de las operaciones efectivamente realizadas, el mercado inmobiliario ha venido contando sólo con el mencionado índice oficial que sintetiza, cada tres meses, los valores que las entidades de tasación otorgan al metro cuadrado de vivienda. En los últimos tiempos, dos nuevas fuentes han roto el monopolio que venía ejerciendo el índice mencionado. Por una parte, el INE ha elaborado un nuevo índice de precios de la vivienda a partir de los precios escriturados por los notarios, como se viene haciendo en otros países europeos. El problema estriba en que, a diferencia de estos países, en España los precios de mercado no suelen coincidir con los escriturados que están, además, ligados a prácticas recaudatorias ajenas a la coyuntura inmobiliaria, con lo cual tampoco cabe esperar que esta fuente refleje de modo fidedigno la caída de los precios de mercado. Por otra parte, Fotocasa obtiene un nuevo índice mensual de precios de la vivienda a partir de los precios de los anuncios, que también difieren de los de mercado, porque la crisis inmobiliaria es fértil en rebajas y chollos en los que los vendedores más necesitados de liquidez acaban vendiendo a precios bien inferiores a los de los anuncios.
Mientras el índice de Fotocasa lleva bajando ya más de dos años y registraba en junio una caída acumulada del 18 %, el del INE baja desde hace año y medio, con una caída acumulada próxima al 10 %, y el del Ministerio de Vivienda baja poco más de un año, con una caída acumulada que apenas supera el 8 %. Cabe concluir que las tres fuentes indicadas muestran caídas de precios de la vivienda bien diferentes, pero en todo caso inferiores a las de mercado, que no salen en la foto de nuestras precarias estadísticas.
Economista y estadístico
Carme Miralles Guasch
A principios del pasado mes de junio en Barcelona se puso en marcha el Año Cerdà para conmemorar los 150 años de la aprobación del Plan de Reforma y Ensanche de Barcelona. La ciudad, a mediados del siglo XIX, derribó sus murallas y habilitó un plan que conectó lo que hoy se conoce como el casco antiguo con los pueblos del llano –Sants, Sarrià, Gracia, Sant Andreu–. Con ello no sólo se urbanizó, sino que se ampliaron los límites legales de la ciudad y, con los años, se consolidó el centro comercial y uno de los barrios más genuinos de Barcelona, el Ensanche, con su cuadrícula y sus calles arboladas.
Sin embargo, lo interesante de este evento –que se prolongará hasta mediados de 2010 con exposiciones, conferencias y publicaciones de todo tipo– no es sólo la figura histórica del ingeniero Idelfons Cerdà.
Lo interesante e importante es el debate que, a partir de él, se puede iniciar sobre el futuro de la ciudad y, más concretamente, sobre su área metropolitana. Una cuestión, la de las áreas metropolitanas, que en España está por estrenar.
El reto socioeconómico de Cerdà era el de adaptar las ciudades a la sociedad industrial que estaba por nacer, y para ello ideó un modelo de urbanización que ayudara a su desarrollo, aunque primero fue capaz de percibir y analizar el profundo malestar que, en sus inicios, introdujeron las máquinas de vapor en la sociedad urbana y las tensiones que había en la sociedad en general. Si este era el reto de Cerdà, ¿cuál es el nuestro?
Muchas de las grandes ciudades españolas no son sólo ciudades aisladas de los núcleos urbanos del entorno. Al contrario, sus habitantes realizan las actividades cotidianas en estos distintos lugares; aunque existan los límites municipales, estos no impiden que los ciudadanos trabajen, compren y duerman en distintas localidades. Para ellos, para su cotidianidad, toda esta multiplicidad de municipios es una sola ciudad, su ciudad, su área metropolitana. Sin embargo, las administraciones públicas prestan muy poca atención a la realidad metropolitana como contexto territorial y social que requiere de una gestión conjunta y coordinada de los servicios urbanos.
¿Es posible hablar de vivienda, de transporte, de equipamientos educativos, comerciales, sanitarios, de gestión de los residuos o de política industrial sin tener presente este fenómeno plurimunicipal? El sentido común, la eficacia de las políticas públicas y la experiencia en otros países indica que se tiene que atender esta realidad cotidiana de muchos ciudadanos y, con ello, iniciar el debate del fenómeno metropolitano español, que está por hacer. Sería una cuestión nacional, transversal, pluridisciplinar, enraizada a la vida real de miles de ciudadanos y que nos permitiría reconocer nuestros problemas urbanos comunes y, con ellos, encontrar las mejores soluciones. E, incluso, ir un poco más allá y entender el fenómeno urbano, muy poco comprendido e interpretado. Aunque es en las ciudades donde la izquierda pierde las elecciones.
Profesora de Geografía Urbana
JOSÉ MANUEL NAREDO
España ha recibido un tercer informe del Parlamento Europeo condenando los excesos urbanísticos cometidos en su territorio y es una gran vergüenza nacional apreciar que el grueso de nuestros políticos sigue mirando para otro lado. Los resultados de los partidos así lo atestiguan. Ni los parlamentarios del PP ni los del PSOE se sumaron a este informe, masivamente apoyado por la Cámara. Pese al estallido de la crisis inmobiliaria que sacude al país, ni el Gobierno ni el partido mayoritario de la oposición han reconocido las lamentables consecuencias del modelo inmobiliario español, ni han tomado medidas para reconducirlo, ya que la ausencia de autocrítica arrastra la falta de diagnósticos y de medidas acertadas.
El aquelarre inmobiliario ha destruido sin ningún escrúpulo la variedad y la belleza características de nuestros paisajes naturales y culturales, dando la razón a la maqueta de cemento representativa del territorio hispano que han colgado en el Parlamento Europeo. No en vano, España se ha erigido en líder europeo del consumo de cemento, con cerca de 60 millones de toneladas anuales: más de una tonelada por persona y por hectárea.
En otro tiempo, se criticó el destrozo de nuestras costas ocasionado por los años del desarrollo franquista, cuando los estropicios actuales dejan ese pasado en un juego de niños. El magnífico y catalogado Peñón de Ifach queda hoy ridiculizado por la enorme masa de edificaciones que lo ahogan. El sky-line madrileño es una feria de los horrores urbanísticos que, por mero afán de lucro, fueron introduciendo enormes volúmenes de edificación a golpe de operaciones y recalificaciones. Lo mismo ocurre, o va camino de ocurrir, con ciudades tan sensibles como Santiago de Compostela o Sevilla. No, no es el amor a España, sino el amor al lucro el que preside todas estas actuaciones, pese al españolismo del que suelen hacer gala los políticos que las consienten.
La situación ha ido tan lejos que, aun habiendo creado normativas que legalizan el trapicheo de las recalificaciones de suelo, los casos de corrupción afloran a diario en los tribunales. El sinnúmero de procesos en curso, y el de esqueletos y despojos de construcciones y demoliciones que aparecen con la crisis por todo el territorio señalan a gritos que ya es el momento de parar y de cambiar el modelo inmobiliario que tanto daño ha hecho. El tercer aviso del Parlamento Europeo debería inducir a ello sin necesidad de buscar ejemplos lejanos, sino simplemente mirando lo que ocurre más allá de los Pirineos.
Pensando que tener clara conciencia de nuestros males es el primer paso para poder curarlos, hay que tomar conciencia de que el actual modelo inmobiliario ha agotado su lamentable andadura. Ha conseguido succionar la mayor parte del ahorro e hipotecar a medio país para obtener un stock inmobiliario sobredimensinado y de mala calidad. Ahora el principal problema heredado es aligerar la deuda contraída y dar un uso razonable a ese stock infrautilizado, haciéndolo habitable y promoviendo el alquiler y la vivienda social mediante un marco institucional adecuado.
José Manuel Naredo es economista y estadístico
