El Parlamento andaluz está a punto de debatir el proyecto de ley que garantizará el derecho a una muerte digna. Entre otras cosas, ese proyecto prevé que el enfermo terminal pueda rechazar las intervenciones médicas que prolongarían penosamente su vida y que tenga derecho a la sedación. También dispone que los profesionales sanitarios no puedan negarse a paliar el sufrimiento de un paciente en sus momentos finales.

Enhorabuena a los habitantes de Andalucía. Mientras ellos podrán irse de este mundo en paz, el resto de los españoles seguiremos enfrentándonos al proceso del fallecimiento sin que ninguna norma clara garantice nuestra ausencia de dolor y angustia. Es cierto que los cuidados paliativos están regulados desde hace algunos años, pero lo están de una manera tan confusa, que se presta a que sucedan episodios como el del hospital de Leganés, o a que en muchas plantas de hospitales públicos e infinidad de clínicas privadas –sobre todo las regidas por instituciones de la Iglesia católica– los médicos se abstengan de sedar a los agonizantes por motivos religiosos.

El tema del derecho a una muerte digna, al suicidio asistido y a la eutanasia es cada vez más candente en esta sociedad que cree ya poco en la reconfortante idea de que las penas de este mundo se redimen en el otro. Sin embargo, la nueva ministra de Sanidad afirmó en una de sus primeras entrevistas que "no existe un clima social que demande este tipo de legislación". A pesar de que Zapatero incluyó el asunto en su primer programa electoral, no parece pues que nada vaya a cambiar en breve. Menuda cobardía la del Gobierno socialista.