Eduardo Puelles fue asesinado por ETA el viernes. Terrible y absurdo. A su capilla ardiente, a su funeral y a la manifestación que se celebró el sábado en Bilbao asistieron representantes de los partidos políticos, el lehendakari y varios de sus consejeros, la vicepresidenta primera del Gobierno de la Nación, el ministro del Interior y hasta los príncipes de Asturias, además de miles de personas anónimas. Así es como debe ser. Que toda la gente de bien muestre el asco que provoca una ideología que trata de imponerse mediante la violencia.
Esa misma semana, cuatro mujeres fueron asesinadas por sus parejas, y una quinta por el novio de su hija. Durante una hora, rastreo Internet buscando sus historias. No consigo mi objetivo. De una de ellas sólo me encuentro el nombre, sin apellidos: Mari Paz, de 34 años, descuartizada por su novio en Elche. De la suegra asesinada en Castellón por la pareja de su hija, ni siquiera eso. En Almería sé que murió María C. R., de 40 años. Sólo consigo ponerles nombres completos a tres de esas víctimas, Emilia Hernández Rodríguez, ejecutada en Canarias a los 34 años, Josefa Morente, en Cádiz a los 40 y Nairobys Alcántara, en Madrid a los 21.
Por supuesto, ningún alto cargo, que yo sepa, asistió a sus funerales. Ni siquiera la ministra de Igualdad o un representante de su departamento. ¿Acaso esas mujeres no son víctimas de una forma de terrorismo, de una concepción del mundo asentada durante siglos en el mayor de los desprecios? ¿Acaso el problema de la violencia machista no nos concierne a todos y a nuestros representantes políticos en nombre de la
sociedad?
El Parlamento andaluz está a punto de debatir el proyecto de ley que garantizará el derecho a una muerte digna. Entre otras cosas, ese proyecto prevé que el enfermo terminal pueda rechazar las intervenciones médicas que prolongarían penosamente su vida y que tenga derecho a la sedación. También dispone que los profesionales sanitarios no puedan negarse a paliar el sufrimiento de un paciente en sus momentos finales.
Enhorabuena a los habitantes de Andalucía. Mientras ellos podrán irse de este mundo en paz, el resto de los españoles seguiremos enfrentándonos al proceso del fallecimiento sin que ninguna norma clara garantice nuestra ausencia de dolor y angustia. Es cierto que los cuidados paliativos están regulados desde hace algunos años, pero lo están de una manera tan confusa, que se presta a que sucedan episodios como el del hospital de Leganés, o a que en muchas plantas de hospitales públicos e infinidad de clínicas privadas –sobre todo las regidas por instituciones de la Iglesia católica– los médicos se abstengan de sedar a los agonizantes por motivos religiosos.
El tema del derecho a una muerte digna, al suicidio asistido y a la eutanasia es cada vez más candente en esta sociedad que cree ya poco en la reconfortante idea de que las penas de este mundo se redimen en el otro. Sin embargo, la nueva ministra de Sanidad afirmó en una de sus primeras entrevistas que “no existe un clima social que demande este tipo de legislación”. A pesar de que Zapatero incluyó el asunto en su primer programa electoral, no parece pues que nada vaya a cambiar en breve. Menuda cobardía la del Gobierno socialista.
Hasta hace tres días, creía que un organismo como el Consejo de Seguridad Nuclear estaría formado por unos señores muy sabios y expertos en la materia. Ahora sé que no: los consejeros son nombrados por los partidos y, en buena medida, ellos mismos son políticos. La presidenta, Carmen Martínez Ten, es médica y fue directora general con el PSOE del Instituto de la Mujer y del Plan Nacional contra el Sida. Luis Gámir es catedrático de Política Económica y ha tenido diversos cargos con UCD, AP y PP. Por el PP está también el ingeniero Antonio Colino, que fue presidente de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos, muy cuestionada por los ecologistas. En nombre de CiU hay otro ingeniero, Antonio Gurguí. Y sólo un científico, el catedrático de Física Francisco Fernández, designado por el PSOE. Salvo la presidenta y Gámir, neutrales en el tema, el resto de los consejeros se han declarado siempre pronucleares.
Esas cinco personas trataron de mantener en secreto su decisión del viernes respecto a la central de Garoña con el objetivo –exclusivamente político– de no interferir en las votaciones del domingo. Ahora ya lo sabemos de manera oficial: Garoña podrá mantenerse abierta. El nuevo debate sobre la energía nuclear acaba de dar sus primeros pasos.
¿Qué hará el Gobierno? ¿Respetará su propio programa electoral en el que afirmaba que cerraría gradualmente las centrales nucleares? ¿O se plegará a la presión del lobby nuclear, cada vez más activo en todo el mundo? Espero que al menos no usen la excusa de la necesidad: Garoña sólo produce el 1,3% de la electricidad española. Una nadería.
Dióscoro Galindo nació en 1877 en Ciguñuela, un pueblo de Valladolid. En 1903 terminó sus estudios de Magisterio. Era librepensador e impartía una educación laica que le creó conflictos con los padres conservadores y con las fuerzas vivas de los lugares por donde pasó. En 1936, estaba destinado en Pulianas, un pueblo de Granada. Allí inspeccionó las elecciones del 16 de febrero en nombre del Frente Popular. El 17 de agosto, un mes después del golpe de Estado fascista, fue detenido por cuatro falangistas y conducido a La Colonia, un cortijo de Víznar.
Francisco Galadí y Joaquín Arcollas eran dos banderilleros granadinos muy activos en la
CNT-FAI, siempre luchando por los derechos de los trabajadores. En 1936, defendieron el Albaicín contra los golpistas. Cuando el barrio cayó, el 17 de agosto, planearon unirse al Ejército de la República. Galadí quiso despedirse de su hijo de 10 años. Alguien los delató y fueron detenidos. Los azotaron y golpearon en el centro de Granada y después los trasladaron también a La Colonia. Allí estaban ya Galindo y García Lorca, arrestado el día antes en casa de su amigo Luis Rosales. Los cuatro fueron asesinados juntos en la madrugada del 18, y enterrados en algún lugar del camino entre Víznar y Alfacar.
Los suyos no son sólo nombres de la crónica negra de nuestra historia. Fueron seres con vidas propias, que dejaron detrás recuerdos y añoranzas. Los nietos de Galindo y Galadí llevan años intentando encontrar a sus abuelos y darles el enterramiento digno que cualquier ser humano merece. Que la justicia los deje desamparados en un país democrático es una vergüenza que debería escandalizarnos a todos.
