El diario El País anuncia que tal vez el Estatuto catalán sea considerado inconstitucional y, de inmediato, comienzan las explicaciones sobre la ideología de los miembros del Tribunal Constitucional, nombrados –que no se nos olvide– por las Cortes, el Consejo General del Poder Judicial y el propio Gobierno. Tantos conservadores y tantos progresistas. O sea, afines a uno de los dos partidos que se reparten la tarta de los poderes en España.
Lo mismo ocurrió hace algunas semanas con los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que debía juzgar el caso Camps. Lo mismo ocurre, una y otra vez, con ciertas decisiones de gran importancia del CGPJ, cuyos vocales son igualmente elegidos y consensuados por los partidos. Y lo mismo sucede con ciertas sentencias de ciertos jueces y, en particular, con las que dictan los tribunales de las altas instancias, superiores, Supremo y Audiencia Nacional.
Al final resulta que la manera de interpretar los textos de las leyes, es decir, la manera de impartir justicia, depende en demasiadas ocasiones de las simpatías políticas de quienes deberían tener la única obligación de aplicarlas con ecuanimidad.
Pero es que los jueces son humanos, afirman quienes tratan de justificar esa dramática disfunción del sistema judicial español. De acuerdo. Yo también. Humana, agnóstica y de izquierdas. Y si tuviera que juzgar todo el arte que se ha hecho a lo largo de la historia tan sólo desde el punto de vista de mi estricta ideología, rechazaría el 90 por ciento de las creaciones humanas por haberse puesto al servicio de los poderes más conservadores, la monarquía, la aristocracia, la Iglesia, los faraones y hasta los jefecillos de las tribus.
No me vale la explicación de la delicada humanidad de los jueces. En determinados ámbitos –y la justicia es al respecto uno de los más sensibles–, las emociones deben ser controladas por la razón, que para eso existe. Las simpatías y antipatías, neutralizadas por la objetividad. Y la sumisión a los intereses de quienes te han nombrado o te apoyan, sustituida por el deber moral. Mientras eso no ocurra, el espectáculo de tantos jueces y juristas entregados a sus miserias particulares no deja de ser una vergüenza.
Hace algunos años me puse un burka. Tan sólo unos minutos, tal vez 15 o 20. Lo suficiente para sentir un espasmo de horror ante esa visión del mundo desde detrás de las rejas de una cárcel y una profunda compasión por mis hermanas afganas sometidas a semejante limitación de su libertad. Incluso de la de mirar y ser miradas. Fue en un acto de homenaje a las mujeres que soportaban el terrible poder de los talibanes. Allí conocí a una escritora de aquel país, Spojmai Zariab, que vivía –y creo que aún vive– como refugiada política en Francia.
Zariab era profesora de Literatura francesa en la Universidad de Kabul. Madre de cuatro hijas, cuando los talibanes llegaron al gobierno y prohibieron a las mujeres estudiar, trabajar y hasta salir a la calle sin la compañía de un varón. Decidió que no quería que sus hijas se criasen en ese mundo atroz y huyó de él. Me contó verdaderas barbaridades. El desamparo de las viudas, que casi siempre terminaban mendigando o muriéndose de hambre. Los casos de mujeres que fallecían de alguna enfermedad fácilmente curable porque ningún hombre podía o quería acompañarlas a un hospital. Horrores.
Cuando los talibanes fueron expulsados, muchos quisimos creer que había llegado un nuevo tiempo para las afganas. Pero lo sucedido después demuestra que las leyes de esos fanáticos no procedían de su propia locura, sino que eran consecuencia de viejísimas tradiciones inmutables que, por desgracia, siguen perdurando. El presidente Karzai, respaldado por buena parte de la bienpensante comunidad internacional, acaba de vender de nuevo a sus mujeres a los chiíes más reaccionarios, que a cambio le darán su apoyo en las próximas elecciones: ya ha entrado en vigor una ley que permite a los hombres castigar a sus esposas sin comer cuando ellas se nieguen a satisfacer su deseo sexual.
Las mismas esposas que no podrán trabajar ni salir a la calle sin el permiso expreso del marido. Y que perderán la custodia de los hijos en caso de divorcio. Nuestras hermanas afganas seguirán sufriendo. Y los países occidentales, supongo, mirarán hacia otro lado, negándose a contemplar la realidad de esas mujeres invisibles bajo el burka. Y, sin embargo, reales.
Creo en la democracia. O mejor digamos que considero que es el menos malo de los sistemas de gobierno que las sociedades
humanas han sido capaces de desarrollar. Sin embargo, los problemas que plantea su funcionamiento del día a día son muchos. Uno de los más difíciles de resolver es la necesidad de que exista un gran número de personas preparadas para ejercer las responsabilidades que los ciudadanos depositan en ellas. Preparadas, es decir, con conocimiento suficiente de los asuntos de los que van a tener que ocuparse. Con capacidad de reflexión y criterio personal. Con humildad para saber escuchar las opiniones ajenas. Y con una firmeza ética que los aleje de las innumerables tentaciones que acompañan el ejercicio del poder: el abuso, la atracción por los oropeles y el dispendio y, sobre todo, la facilidad para dejarse corromper.
Supongo que no es fácil encontrar muchos individuos que gocen de todas esas cualidades y estén dispuestos a ponerlas al servicio de los asuntos públicos. Pero es mucho más difícil aún dentro del complejo marco de los partidos políticos, esos viejos armatostes decimonónicos que huelen a naftalina y arrastran oxidados engranajes de funcionamiento. Para moverse ahí dentro, imagino, hace falta ser muy ambicioso y muy astuto. Saber arrimarse al sol que más calienta. Obedecer ciegamente a los de arriba y conseguir hacerse obedecer por los de abajo. Ganarse apoyos a base de todas las estrategias imaginables. Cerrar los ojos ante los comportamientos ajenos cuando conviene. No sentir ninguna compasión ni permitirse un momento de debilidad. Olvidarse de la propia moral. Etc., etc.
El resultado es el que vemos: hombres y mujeres que, en buena medida, han llegado a las alturas de los partidos sin que nada los avale, sin profundidad intelectual, sin discurso, sin ideas, sin imaginación, sin generosidad. Políticos mezquinos y burdos que sólo parecen preocupados por instalarse o mantenerse en el poder, a costa de lo que sea, y no por mejorar las condiciones de vida del país. Por no hablar de los que sólo piensan en su propio bolsillo. No dudo de que los otros existen. Pero lo cierto es que cada vez se les ve menos. Y que el panorama general da pena.
Paso algunos días de descanso en la montaña de León, al norte de la provincia. Una línea férrea de Feve (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) une esta zona, desde Cistierna, con la capital. Todavía no hace mucho, apenas cuatro o cinco años, los vagones resultaban cómodos, y la puntualidad era ejemplar. Pero todo se ha ido degradando, y el estado actual de los trenes es lamentable. Decidí cogerlo el otro día para pasar una jornada en León.
A la ida, llegó a mi estación con más de 30 minutos de retraso. Pero la vuelta fue aún peor. Era media tarde, y el calor rozaba los 40 grados. El aire acondicionado no funcionaba. La cosa no hubiera sido tan grave en el pasado, cuando se podían abrir las ventanillas. Pero ahora, por supuesto, las ventanillas van herméticamente cerradas. Al calor insoportable se unió además la espera de 20 minutos en una de las estaciones para el cruce con otro convoy.
Media hora de retraso a la ida. Casi otra media y una buena sudada a la vuelta. Decidí tomármelo a broma: a fin de cuentas, estoy de vacaciones. Pero muchas de las personas que viajaban en el tren tienen que hacerlo a diario. Viven en algún pueblo y trabajan en León. O padecen una enfermedad y se desplazan a la ciudad a recibir sus tratamientos. Me cuentan que los problemas son constantes. En invierno –muy riguroso en la zona–, hay días en los que no funciona la calefacción. Los retrasos son habituales. Y a menudo los trenes se quedan parados en los pequeños puertos del recorrido, incapaces de subir las cuestas.
Me explican que Feve asegura que ha comprado vagones nuevos, pero hace meses que deberían haber llegado y nadie sabe nada de ellos. Entretanto, la gente se arma de paciencia y trata de convivir como puede con un servicio público propio de un Estado tercermundista y no de un país tan europeo y ejemplar como pretende ser el nuestro.
Supongo que a nadie le importan demasiado las condiciones de vida de este puñado de ciudadanos rurales que, al fin y al cabo, seguirán pagando sus impuestos pase lo que pase y abonarán cada día su billete de tren, con calor o con frío. Eso sí: las puertas automáticas para acceder a los andenes, toda una señal de absurda modernidad, funcionan perfectamente. Que conste.
