Siempre me ha molestado el derroche de energía eléctrica del que hacemos gala en España. Te paseas por las ciudades de noche, y la iluminación es tan intensa que a veces parece que estás en pleno día. Ya sé que lo consideramos algo normal, pero lo cierto es que, cuando viajas fuera, te das cuenta de que en las grandes capitales del mundo la penumbra es mucho más intensa.
Pero no son sólo las farolas. Los escaparates de muchas tiendas están encendidos hasta el amanecer. Y a las 3 de la mañana, multitud de oficinas permanecen iluminadas, como si los trabajadores estuvieran a esas horas inmersos en sus tareas. Por no hablar de los aires acondicionados: llega el verano, y hay que salir con una chaqueta en la mano para poder soportar el frío que impera en centros de trabajo, grandes almacenes, restaurantes o cines. Mientras, se generan miles de toneladas innecesarias de CO². Aparte del enorme coste económico, por supuesto.
El Gobierno acaba de anunciar un plan de ahorro energético para 2.000 edificios oficiales. Más vale tarde que nunca. Aunque no acabo de comprender por qué sólo 2.000, cuando existen en el país decenas de miles de dependencias de todas las administraciones. Al fin y al cabo, no debe de ser tan difícil vigilar que se apaguen las luces y los ordenadores al final de la jornada o que las calefacciones y el aire acondicionado se mantengan en los límites de lo razonable. Además, supongo, de instalar sistemas de energía renovable. En fin, que el presidente nos ha vendido como un proyecto innovador lo que debería ser simplemente algo normal. Qué le vamos a hacer. Por lo menos, que sea.
En 1960, el mundo conoció un descubrimiento que cambió la vida de millones de personas: la píldora anticonceptiva, que permitió a las mujeres –y a sus parejas cuando existen– disfrutar de una vida sexual mucho más libre. En España la píldora tardó aún 18 años en llegar, y no fue permitida hasta 1978.
Cosas de la todopoderosa Iglesia, claro, que aspiraba y aún aspira a que los matrimonios sólo practiquen el sexo con fines reproductivos. Aun así, la píldora se aprobó, pero las reticencias hacia ella fueron durante décadas muy importantes, y probablemente todavía lo sean. Se decía que engordaba, que causaba graves problemas de circulación y cardiacos, que acortaba la vida, etc. Conozco a mujeres que han preferido arriesgarse a quedarse embarazadas antes que tomar ese supuesto veneno. Y a ginecólogos que, excusándose en la mortalidad generada por los anticonceptivos, han impuesto su moral religiosa resistiéndose a recetarla. Y farmacias que, al menos hasta hace unos años, se negaban a dispensarla.
Ya hace tiempo que se publicó una investigación que rechazaba cualquier relación entre el aumento de peso y la píldora. Ahora, la revista British Medical Journal acaba de dar a conocer el resultado de un estudio realizado desde 1968 sobre casi 50.000 mujeres. El seguimiento ha puesto de relieve que en las usuarias de la píldora no se han producido daños irreversibles de salud, e incluso demuestra que la mortalidad es en ese grupo inferior al de las mujeres que no la utilizaron. A ver si se desmonta de una vez por todas la mística católica contra esas pastillitas de la libertad. ¡Aunque sea 50 años después de su existencia!
Vaya por Dios! Los antitaurinos nos las prometíamos tan felices con el debate sobre la prohibición en el Parlament de Catalunya (al menos se hablaba por primera vez del asunto en un órgano legislativo), cuando apareció Esperanza Aguirre y, como de costumbre, la lió. Con su tradicional sentido del oportunismo político, la presidenta de Madrid proclama las corridas Bien de Interés Cultural e impide así que ningún partido y ni siquiera una iniciativa popular, a la manera catalana, pueda plantear la posibilidad de una discusión sobre ese espectáculo que a muchos nos parece deplorable.
¿Qué quieren que les diga? Ya lo he escrito aquí en alguna ocasión: los toros –y, en general, todas las fiestas en las que el público se divierta a costa de un animal– me parecen una aberración, una muestra de barbarie y falta de compasión, la rémora de una cultura basada en el utilitarismo más cruel de los animales por parte de los seres humanos. El resto rancio de una cultura que numerosos españoles queremos ver enterrada.
Quizá no haya llegado aún el momento de la abolición de las corridas. Pero aquellos que luchamos por ella, aquellos a los que nos molesta moralmente el placer basado en el sufrimiento de otro ser vivo, pretendemos al menos que el tema se discuta en voz alta. Que quienes han podido defender o ignorar durante siglos ese juego de sangre escuchen pausadamente las razones científicas y éticas de quienes lo repudiamos. La decisión de Aguirre –a la que aspiran a sumarse ya, por lo menos, Valencia y Murcia– nos deja sin palabras en el foro legislativo. Y eso no es ni democrático ni justo.
Alguna vez he escrito aquí que estoy radicalmente en contra de la piratería: no me parece bien que la gente disfrute del talento y del esfuerzo de otros sin que estos reciban a cambio ninguna remuneración. Aunque también estoy radicalmente en contra de las penas de prisión contra los manteros. Jamás les compraría un disco o un DVD, pero, desde luego, considero terriblemente injusto castigar de esa manera a esas pobres gentes que son víctimas de la pobreza, del rigor europeo hacia los inmigrantes (la mayor parte de ellos no disponen de papeles) y de las mafias que se enriquecen a su costa.
Desde 2003, el Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a dos años y multas a quienes se lucren vendiendo ilegalmente obras protegidas por derechos de autor. En la estela de ese artículo, más de 500 vendedores del top manta han ido a parar a las cárceles españolas. Para colmo, cuando terminan la condena, como no pueden pagar la multa, cumplen seis meses más: en este mundo, todo tiene un precio, hasta la libertad. La medida parece tan exagerada que hay jueces compasivos que no la aplican.
La actual reforma del Código Penal que se debate en el Congreso pretendía dejar el asunto en manos precisamente de los jueces, que podrían cambiar a voluntad la pena de prisión y multa por sólo multa o trabajos para la comunidad. Las últimas noticias aseguran que varios grupos han logrado convencer al PSOE de que introduzca una enmienda para que la ley sea clara y no permita que ningún mantero acabe encerrado. Confiemos en que sea cierto, porque criminalizar la pobreza no parece apropiado en una sociedad que se precie.
