Espero que el juez Ernesto Manzano esté pasando cuando menos algunas noches de insomnio. Ese señor, titular del Juzgado de lo Penal número 6 de Granada, absolvió el día 22 de junio a Juan Heredia de las acusaciones de lesiones y amenazas de muerte contra su ex pareja, Rafaela Rueda. Tan sólo nueve días después, el “inocente” ejecutó a la desdichada mujer en plena calle a golpes de azada. Ustedes ya conocen la historia.
El juez no se creyó lo que la víctima contó en el juicio. Encontró demasiadas “contradicciones e incoherencias” en su declaración (cito palabras de su propia sentencia), como si una persona muerta de miedo tras lo que probablemente fuese mucho tiempo de torturas pudiese elaborar un discurso sosegado. Le pareció que Rafaela se expresaba con “excesiva parquedad y escasísimas pasión y convicción” (quizá haya que aullar y llamar hijo de perra al agresor para que te crean) y consideró que no había pruebas suficientes sobre cómo se habían producido las lesiones que sufría. Así que decidió que lo que quería la mujer era quedarse con la casa en la que vivían.
Puedo imaginar que el juez Manzano es –o era– de los que sostienen que lo de los malos tratos no es para tanto, que la Ley de Violencia de Género es excesiva y que muchas denuncias son falsas. La miserable campaña contra la exageración de las víctimas que algunos –incluidos ciertos jueces– han hecho desde hace tiempo ha calado hondo. Entretanto, los expertos llevan años avisando de que quienes juzguen estos complejísimos casos deben ser personas especialmente preparadas. La falta de sensibilidad provoca tragedias como esta.
He aguardado hasta el último momento para entregar este artículo. Esperaba que, después de que el juez Pedreira se
inhibiera a favor del Tribunal Supremo de Valencia en el sumario del caso Gürtel, alguien presentase la dimisión. Puede que alguno de los cuatro aforados imputados, el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, la tesorera del PP valenciano Yolanda García, el vicesecretario general David Serra, o el ex secretario y actual diputado autonómico Ricardo Costa. Puede que el propio Camps, jefe de todos ellos, amigo del capo de la que parece ya la mayor trama de corrupción de la democracia española y presunto receptor de valiosos regalos.
Esperaba algún gesto decidido y valiente por parte de Rajoy. Eso que se llama un puñetazo en la mesa, que lanzara por los aires –lo más lejos posible de su partido– a todos esos supuestos delincuentes, implicados según el sumario en la comisión de siete delitos diferentes. Pero es más de media tarde y aquí no ha pasado nada. Absolutamente nada. (Y si ocurre después, pido disculpas). La vergüenza, tan necesaria a veces, parece haber sido tragada por los sumideros de los despachos de altos vuelos, los cochazos y los restaurantes y tiendas de lujo que todos esos individuos suelen frecuentar.
Entre otros, el sumario les imputa delitos electorales. Y eso me recuerda algo que me pregunto desde hace días: con tantos recortes de gastos sobre la mesa, ¿nadie va a meter mano en las ingentes subvenciones a los partidos y en los absurdos y enormes gastos que generan las campañas electorales, concebidas (y mal) para un tiempo en el que aún no existía Internet?
No sé si el juez Garzón es tan “bueno” como muchos afirman en estos momentos. Lo cierto es que en numerosos ambientes jurídicos, incluso de izquierdas, goza de mala fama por su manera de instruir y su excesivo protagonismo. Y que la forma como manejó el asunto del GAL tras abandonar el Gobierno de Felipe González (¿y, por cierto, quién le manda a un juez entrar en un Gobierno?) dejó numerosos damnificados en el bando socialista. También es cierto que, de probarse que archivó una querella contra el Banco de Santander previa financiación de un curso, la cosa podría ser grave. Y algunos –no todos de derechas– afirman que el caso de las escuchas a los abogados del Gürtel lo es aún más.
Eso me cuentan al menos ciertas personas informadas. Y me tengo que callar, porque ignoro si tienen razón. Pero es difícil mantenerse en silencio respecto al proceso que instruye contra él el magistrado Luciano Varela (de tendencias progresistas, hay que recordarlo). Indigna pensar que la justicia pueda dar la razón a dos grupos que son herederos ideológicos de quienes se levantaron en armas contra un Gobierno constitucional, de quienes fueron responsables de una Guerra Civil y una represión que se cobró decenas de miles de víctimas.
Las leyes son como son, me dicen mis amigos juristas, y los jueces se limitan a aplicarlas. Eso es lo que, según ellos, está haciendo Varela. Y yo les respondo que sí, pero que también las interpretan (a veces de manera bien absurda). Y, por lo que se ve, las interpretaciones sobre todo lo que se refiera al franquismo siguen dejando mucho que desear, aunque el juez de turno sea de izquierdas. Presuntamente.
En una democracia sólida, la Justicia debería ser un espacio transparente y eficaz, bien dotado, libre de injerencias políticas, administrado por personas preparadas y sensatas. El panorama español, sin embargo, con sus retrasos y sus sentencias demasiadas veces absurdas, poco tiene que ver con ese ideal.
La mayor parte de esos problemas son superables con voluntad política, dinero y algunos cambios sustanciales. Más difícil parece en cambio liberar a nuestros jueces de sus esclavitudes partidistas. Buena parte de ellos, sobre todo los miembros de los altos tribunales, parecen dictar sentencia no sólo en función de su ideología, sino a la orden de los partidos políticos que los apoyan en sus carreras. Por no hablar de lo que sucede en su órgano de gobierno, ese Consejo General del Poder Judicial cuyas decisiones nos asombran tantas veces.
Por si todo eso fuera poco, ahora descubrimos que dentro de los propios grupos ideológicos hay también luchas por el poder y venganzas mafiosas. En una de esas batallas está a punto de caer el juez Garzón, quien, con todos sus errores y su afán de protagonismo, no deja de ser el principal referente internacional de nuestro sistema judicial. Hace años que muchos aspiran a obtener su cabeza. Algunos compañeros de viaje parecen estar dispuestos a entregarla en bandeja. No parece que les importe mucho la imagen exterior de España. Ni siquiera el hecho de que sus decisiones estén a punto de avalar las tesis de ciertos grupos fascistas dispuestos a seguir negando la verdad de la Guerra Civil. Por lo que se ve, en cuestiones de (in)justicia, todo vale para obtener los fines.
Sobre el mapa de España yacieron el año pasado los cadáveres de 55 mujeres asesinadas por los hombres que un día les prometieron el paraíso (y uno más ya en el año nuevo). Podría poblarse una ciudad de tamaño medio con el casi medio millón que cada día son torturadas por el terrorismo machista. Y, sin embargo, oigo incesantemente críticas contra la Ley Integral de Violencia de Género.
Oigo asegurar una y otra vez que la ley ha hecho que proliferen las denuncias falsas por parte de mujeres que tratan de lograr beneficios en sus procesos de divorcio. Y eso a pesar de que todos sabemos que los jueces no aceptan a trámite ninguna denuncia si no hay indicios firmes de que está justificada. A pesar de que el Observatorio para la Violencia de Género del Consejo Superior del Poder Judicial no se cansa de proclamar que en este asunto no se produce más falsedad que en los demás delitos. Y a pesar de que somos conscientes de que la aplicación de cualquier ley puede provocar víctimas.
El hecho de que personas inocentes hayan cumplido condenas por error o soportado años de prisión preventiva no invalida a los ojos de la sociedad ninguna norma. No oigo a nadie discutiendo habitualmente sobre el Código Penal o sobre la Ley Antiterrorista. En cambio, las proclamas contra la legislación que protege a las mujeres maltratadas son incesantes. No puedo evitar preguntarme a qué responde de verdad ese debate. Y afirmar en voz muy alta que, aunque creo que todo marco jurídico es susceptible de mejoras, nadie debería discutir ese en concreto mientras haya tanto sufrimiento y miedo esparcido por cada rincón de nuestro país.
Ya sabrán lo del director de Greenpeace España y sus compañeros. Desde que el jueves desplegaron una pancarta en una cena de gala de la Cumbre de Copenhague animando a los políticos a actuar, cuatro activistas están en prisión preventiva en la cárcel de Vestre Faengsel. Encarcelados, sin juicio (que no se celebrará hasta el 7 de enero, 21 días después de la acción).
Incomunicados, sin posibilidad de contactar con sus familias. Sin revisión médica y desprovistos de las medicinas imprescindibles (al menos en el caso de Juan López de Uralde) durante las primeras 48 horas. Y acusados de falsificar documentos, hacerse pasar por autoridades públicas (a pesar de que sus supuestas invitaciones llevaban claramente escrito el nombre de Greenpeace), invadir un recinto privado y alterar un acto de la Corona, presidido por la reina de Dinamarca. Acusaciones que pueden costarles hasta seis años de cárcel.
Cuando Juancho y sus colegas entraron en el salón del palacio, yo me sentí maravillosamente representada por ellos. Soy una de los muchos millones de personas de todo el mundo defraudadas por el resultado de la cumbre y por la actitud de tantos gobernantes. Una vez más, los chicos de Greenpeace se atrevieron a expresar de manera bien visible y pacífica lo que muchísimos pensamos. Que decir la verdad les esté costando la prisión es un verdadero dislate impropio de un régimen democrático. Si comparten ustedes el enfado, entren en la página web de Greenpeace y firmen el manifiesto a favor de su liberación. Que no los conviertan en chivos expiatorios de la mala organización y la falta de acuerdos de ese encuentro fallido.
Ya sé que a muchos les molestará este artículo. Cada vez cunde más la idea de que la cultura debe ser gratuita y que, por lo tanto, uno debería poder descargarse en su ordenador y disfrutar cuanto quiera de músicas, pelis o fotos (y esperemos a ver qué ocurre con los libros electrónicos). Estoy de acuerdo. Pero voy mucho más allá: reivindico, antes de nada, que sean gratuitos los alimentos, la vivienda, la ropa y los transportes, por ejemplo. O ya, puestos a pedir, todo. Todos los productos que se fabrican en el mundo a disposición gratis de toda la humanidad. Sería perfecto.
Pero la realidad no es así. Unos producen las cosas que los demás necesitan o desean, y quienes las consumen pagan por ellas. A nadie se le ocurre que un cocinero deba ofrecer gratis sus platos, o que un zapatero regale sus zapatos. Si alguien coge productos de un supermercado sin pagarlos o se niega a abonar las facturas de su casa, sabemos que está obrando mal y que será castigado en la medida que sea, porque ha incumplido las normas consensuadas por la sociedad.
Los “productos” culturales son, en términos económicos, iguales a cualquier otro. Y los creadores, por mucho que amemos nuestro arte, tenemos como los demás la mala costumbre de comer, vivir bajo techo y vestirnos. Y todo eso lo hacemos con el dinero que recibimos a cambio de que otros disfruten de nuestras obras. O sea, con los derechos de autor. No, la cultura no puede ser gratis (¿o la estatalizamos?). Y las descargas ilegales hay que perseguirlas. No sé cómo, pero debemos hacerlo si no queremos que desaparezcan todas esas músicas, pelis o libros que tanto ansiamos.
Siempre me ha espantado la facilidad con la que se puede abusar del poder. No importa a qué niveles: la madre que maltrata a sus hijos pequeños, el hombre que maltrata a una mujer más débil físicamente que él, el jefe que maltrata a sus subalternos, los estados que maltratan a sus ciudadanos… La cadena es interminable. Infinidad de seres humanos tienden a aplastar a otros en cuanto pillan una migajita de poder, como si se vengaran de todas las humillaciones a las que a su vez les ha sometido la vida. O, simplemente, como si disfrutasen ejerciendo la crueldad.
Cuanto más vulnerable es la víctima, más terrible el abuso. Nada pues más cruel que los excesos cometidos con los niños, dependientes de los adultos y por lo tanto indefensos. Cuando esos excesos son cometidos por quienes tienen la obligación moral de cuidar de ellos y protegerlos, la crueldad roza lo inhumano. Por eso me estremecen los informes que se han hecho públicos en Dublín sobre las agresiones físicas, psíquicas y sexuales que miles de niños padecieron durante seis décadas –que se sepa– en diversos internados estatales gestionados por la todopoderosa Iglesia católica.
El último informe ha demostrado que 46 sacerdotes abusaron sexualmente de centenares de niños entre 1975 y 2004. Lo más terrible es que, como ya ha ocurrido otras veces, esos criminales fueron amparados por la jerarquía eclesiástica, la Policía y hasta la fiscalía, que cerraron sus catolicísimos ojos ante esos desmanes. El único consuelo es pensar que todas esas personas que han causado tanto daño soñarán al menos, de vez en cuando, con los eternos castigos del infierno.
Que yo sepa, nadie en esta vida está obligado a beber o a drogarse. Nunca he entendido por lo tanto por qué el consumo de alcohol o de drogas son eximentes en la comisión de delitos y sirven para reducir las penas.
Últimamente parecía que las cosas empezaban a cambiar: la reciente reforma del Código Penal para los delitos de tráfico ha agravado las penas si hay ingesta de esos productos. La semana pasada, la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados debatió una propuesta para transformar la Ley de Violencia de Género en ese sentido: emborracharse o meterse unas rayas antes de pegar a una mujer ya no valdría para aligerar las sentencias, sino para agravarlas. Algo que suena justo y razonable.
Pero nuestros representantes no han sido capaces de votar a favor de esa recomendación al Gobierno. Supongo que les habrá asustado la opinión de muchos notables juristas que, en cuanto se conoció la noticia, se lanzaron a los medios a criticar la medida. El Código Penal está bien como está, aseguran. Considerar la embriaguez o las drogas como un agravante sería una discriminación respecto a otros delitos (¿no lo es en el caso de los de tráfico?, me pregunto) y el problema del terrorismo doméstico no se soluciona con más cárcel, sino con educación. De acuerdo. Pero ¿y mientras la educación surta efecto dentro de varias generaciones, qué hacemos? ¿Seguimos dándoles una palmadita en la espalda a los torturadores y asesinos por haberse puesto hasta arriba de lo que sea antes de golpear? ¿Es esta la manera como la sociedad muestra su reprobación a esos canallas? Desde luego, a mí nuestros representantes no me representan.
No sé si han seguido el lamentable caso de Mourat Mortabit. Este joven marroquí, que ahora tiene 23 años, fue agredido en 2007 por cuatro tipos que estuvieron a punto de matarle. Mortabit estaba con su novia en el coche en el descampado al que solían ir, cuando Francisco Quesada, Sergio Laguna, Iván Curto y Jorge Hernández le atacaron con una terrible violencia, golpeándole con porras y puños americanos, especialmente en la cabeza, mientras se gritaban unos a otros: “¡Mátalo!”.
Mortabit estuvo un mes en coma, a punto de fallecer. Las lesiones fueron tan graves, que todavía ahora camina con muletas, sufre parálisis en parte del cuerpo, padece ataques de epilepsia y soporta dolores de cabeza permanentes. Los agresores fueron pronto detenidos. Se demostró que al menos tres de ellos eran miembros de grupos neonazis. Laguna incluso había participado en un programa de TVE defendiendo esa ideología. Después del crimen, los cuatro acudieron a un conocido bar en las cercanías del Bernabéu donde suelen reunirse las gentes de su calaña para disponer de una coartada.
La semana pasada, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a cada uno de ellos a diez años por homicidio en grado de tentativa. A pesar de que su pertenencia a los movimientos de extrema derecha quedó demostrada en el juicio, el tribunal decidió no aplicar la agravante para este tipo de delitos prevista en el Código Penal por “cometer el delito por motivos racistas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza a o nación a la que pertenezca”. Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué tribunal tan piadoso!
