No sé ustedes, pero si yo tuviera que administrar dinero público, si tuviese que conceder obras de infraestructura, grandes edificios, organizaciones de actos de mi partido, nunca me fiaría de todos esos tipos imputados en las tramas de corrupción que enlodan en estos momentos al PP. Ni, mucho menos, si tuviese que votar a alguno de ellos para que me representase.
Y es que Matas, Bárcenas, Correa, Pérez el Bigotes y compañía no son sólo presuntos corruptos, sino que además se les nota. Y mucho. Entre las cosas que tienen en común todos ellos, una de las más evidentes es la atracción por la ostentación y la horterada. Son de los que compran (a golpe de talonario negro, por supuesto) chalets y pisos millonarios, seguramente provistos de bodegas con climatización, mucho mármol del más caro en los baños, dorados por todas partes y decoración suntuosa, o sea, horrenda. De los que se pasean con coches lujosísimos y un punto macarras. Y de los que encargan trajes a medida de 2.000 euros que llevan con gemelos y relojes de oro macizo. Todo bien a la vista.
Me imagino cómo serían las cenas en sus casas, quizá con servicio uniformado y botellas de vino carisísimo, las vacaciones en los yates, los viajes a hoteles de 20 estrellas, los encuentros en restaurantes famosos… ¿Y quieren hacernos creer que nadie del entorno de su partido sabía nada? Espero por el bien del país que finalmente no resulte ser cierta la financiación irregular del PP. Pero de ahí a tragarnos que los notorios fajos de billetes de los imputados no apestaban a podredumbre, hay todo un tramo difícil de superar.
Aunque muchos no nos demos por aludidos, este es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Un grupo de ONG me hace llegar su decálogo para erradicar la situación de los sin techo. Los datos que aportan son tremendos: unas 40.000
personas viven en España en la calle o en albergues, y un millón y medio residen en infraviviendas. Y el número no hace más que crecer desde el comienzo de la crisis.
A menudo tendemos a pensar que esas gentes acaban así porque son unos inadaptados, o unos borrachos, o drogadictos. Pero los estudios desmienten los prejuicios: la inmensa mayoría de los sin techo han vivido una serie
inasumible de dramas encadenados, muertes de familiares, divorcios, paro, desahucios… Entre ellos hay un 13% de universitarios, un 30% de abstemios, un 12% de personas con trabajos precarios. Y, en contra de nuestras ideas más extendidas, sólo un 15% que se dediquen a mendigar.
¿Podemos estar cada uno de nosotros, los integrados que leemos el periódico, seguros de que la vida no sería capaz de empujarnos en algún momento a ese rincón oscuro? Aunque sólo sea por egoísmo, cuando no por empatía, una sociedad decente no debería permitirse esa terrible realidad. Pero la mayoría preferimos mirar hacia otro lado, ignorando la existencia de ese agujero negro justo delante de nuestras narices. Nos compadecemos de los pobres africanos o haitianos, pero queremos creer que la miseria radica lejos de nosotros. Y, sin embargo, está ahí, y solucionar el problema no sería tan difícil: presión social y voluntad política. O sea, dinero. Como casi siempre.
Siempre me ha molestado el derroche de energía eléctrica del que hacemos gala en España. Te paseas por las ciudades de noche, y la iluminación es tan intensa que a veces parece que estás en pleno día. Ya sé que lo consideramos algo normal, pero lo cierto es que, cuando viajas fuera, te das cuenta de que en las grandes capitales del mundo la penumbra es mucho más intensa.
Pero no son sólo las farolas. Los escaparates de muchas tiendas están encendidos hasta el amanecer. Y a las 3 de la mañana, multitud de oficinas permanecen iluminadas, como si los trabajadores estuvieran a esas horas inmersos en sus tareas. Por no hablar de los aires acondicionados: llega el verano, y hay que salir con una chaqueta en la mano para poder soportar el frío que impera en centros de trabajo, grandes almacenes, restaurantes o cines. Mientras, se generan miles de toneladas innecesarias de CO². Aparte del enorme coste económico, por supuesto.
El Gobierno acaba de anunciar un plan de ahorro energético para 2.000 edificios oficiales. Más vale tarde que nunca. Aunque no acabo de comprender por qué sólo 2.000, cuando existen en el país decenas de miles de dependencias de todas las administraciones. Al fin y al cabo, no debe de ser tan difícil vigilar que se apaguen las luces y los ordenadores al final de la jornada o que las calefacciones y el aire acondicionado se mantengan en los límites de lo razonable. Además, supongo, de instalar sistemas de energía renovable. En fin, que el presidente nos ha vendido como un proyecto innovador lo que debería ser simplemente algo normal. Qué le vamos a hacer. Por lo menos, que sea.
En 1960, el mundo conoció un descubrimiento que cambió la vida de millones de personas: la píldora anticonceptiva, que permitió a las mujeres –y a sus parejas cuando existen– disfrutar de una vida sexual mucho más libre. En España la píldora tardó aún 18 años en llegar, y no fue permitida hasta 1978.
Cosas de la todopoderosa Iglesia, claro, que aspiraba y aún aspira a que los matrimonios sólo practiquen el sexo con fines reproductivos. Aun así, la píldora se aprobó, pero las reticencias hacia ella fueron durante décadas muy importantes, y probablemente todavía lo sean. Se decía que engordaba, que causaba graves problemas de circulación y cardiacos, que acortaba la vida, etc. Conozco a mujeres que han preferido arriesgarse a quedarse embarazadas antes que tomar ese supuesto veneno. Y a ginecólogos que, excusándose en la mortalidad generada por los anticonceptivos, han impuesto su moral religiosa resistiéndose a recetarla. Y farmacias que, al menos hasta hace unos años, se negaban a dispensarla.
Ya hace tiempo que se publicó una investigación que rechazaba cualquier relación entre el aumento de peso y la píldora. Ahora, la revista British Medical Journal acaba de dar a conocer el resultado de un estudio realizado desde 1968 sobre casi 50.000 mujeres. El seguimiento ha puesto de relieve que en las usuarias de la píldora no se han producido daños irreversibles de salud, e incluso demuestra que la mortalidad es en ese grupo inferior al de las mujeres que no la utilizaron. A ver si se desmonta de una vez por todas la mística católica contra esas pastillitas de la libertad. ¡Aunque sea 50 años después de su existencia!
Vaya por Dios! Los antitaurinos nos las prometíamos tan felices con el debate sobre la prohibición en el Parlament de Catalunya (al menos se hablaba por primera vez del asunto en un órgano legislativo), cuando apareció Esperanza Aguirre y, como de costumbre, la lió. Con su tradicional sentido del oportunismo político, la presidenta de Madrid proclama las corridas Bien de Interés Cultural e impide así que ningún partido y ni siquiera una iniciativa popular, a la manera catalana, pueda plantear la posibilidad de una discusión sobre ese espectáculo que a muchos nos parece deplorable.
¿Qué quieren que les diga? Ya lo he escrito aquí en alguna ocasión: los toros –y, en general, todas las fiestas en las que el público se divierta a costa de un animal– me parecen una aberración, una muestra de barbarie y falta de compasión, la rémora de una cultura basada en el utilitarismo más cruel de los animales por parte de los seres humanos. El resto rancio de una cultura que numerosos españoles queremos ver enterrada.
Quizá no haya llegado aún el momento de la abolición de las corridas. Pero aquellos que luchamos por ella, aquellos a los que nos molesta moralmente el placer basado en el sufrimiento de otro ser vivo, pretendemos al menos que el tema se discuta en voz alta. Que quienes han podido defender o ignorar durante siglos ese juego de sangre escuchen pausadamente las razones científicas y éticas de quienes lo repudiamos. La decisión de Aguirre –a la que aspiran a sumarse ya, por lo menos, Valencia y Murcia– nos deja sin palabras en el foro legislativo. Y eso no es ni democrático ni justo.
Alguna vez he escrito aquí que estoy radicalmente en contra de la piratería: no me parece bien que la gente disfrute del talento y del esfuerzo de otros sin que estos reciban a cambio ninguna remuneración. Aunque también estoy radicalmente en contra de las penas de prisión contra los manteros. Jamás les compraría un disco o un DVD, pero, desde luego, considero terriblemente injusto castigar de esa manera a esas pobres gentes que son víctimas de la pobreza, del rigor europeo hacia los inmigrantes (la mayor parte de ellos no disponen de papeles) y de las mafias que se enriquecen a su costa.
Desde 2003, el Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a dos años y multas a quienes se lucren vendiendo ilegalmente obras protegidas por derechos de autor. En la estela de ese artículo, más de 500 vendedores del top manta han ido a parar a las cárceles españolas. Para colmo, cuando terminan la condena, como no pueden pagar la multa, cumplen seis meses más: en este mundo, todo tiene un precio, hasta la libertad. La medida parece tan exagerada que hay jueces compasivos que no la aplican.
La actual reforma del Código Penal que se debate en el Congreso pretendía dejar el asunto en manos precisamente de los jueces, que podrían cambiar a voluntad la pena de prisión y multa por sólo multa o trabajos para la comunidad. Las últimas noticias aseguran que varios grupos han logrado convencer al PSOE de que introduzca una enmienda para que la ley sea clara y no permita que ningún mantero acabe encerrado. Confiemos en que sea cierto, porque criminalizar la pobreza no parece apropiado en una sociedad que se precie.
Esta es por desgracia una anécdota real ocurrida hace poco en mi entorno: la esposa de un hombre enfermo de cáncer y casi moribundo se ve un día obligada a llamar al médico habitual de la familia ante el malestar de su marido. El doctor, informado de la medicación que el paciente está tomando por orden de su oncólogo, decide quitarle la morfina: “Esto es lo que te sienta mal”, le dice. Y se va tranquilamente, dejando al hombre sometido no sólo a su padecimiento, sino además al síndrome de abstinencia.
La revista Annals of Oncology acaba de publicar un informe de las sociedades europeas de Oncología y Cuidados Paliativos sobre la manera como se trata el dolor en el continente. La conclusión final es que en muchos países la situación es textualmente “catastrófica”. Acceder a un opiáceo es a menudo dificilísimo, cuando no imposible. Las leyes controlan en exceso su uso, tratando de evitar su venta en el mercado negro. Y existen todavía demasiados médicos contrarios a esos potentes analgésicos.
En medio del desastroso panorama europeo, España ocupa uno de los peores lugares. Con menos de 6 miligramos por cabeza, el consumo de morfina recetada está aquí muy por debajo de la media de nuestro entorno, que es de 12, 5. Sospecho que se debe a la raigambre del catolicismo, que considera que hay que sufrir lo que Dios nos mande. Algún día habrá que discutir pausadamente sobre la eutanasia (y espero que sea pronto). Pero antes tendremos que aprender de una vez por todas que evitar en la medida de lo posible el dolor de un enfermo es uno de los derechos humanos elementales. Por el bien de todos.
Cuando en el año 2005 estalló la llamada “crisis de las viñetas” por las famosas caricaturas de Mahoma, me sorprendió la reacción de muchos intelectuales y políticos europeos de izquierdas. Al cabo de innumerables siglos de luchas, condenas y ejecuciones, la libertad de expresión parecía estar plenamente establecida en este continente. Pero unos cuantos decidieron que todo lo que tuviera que ver con el islam quedaba al margen de ese derecho.
Salvando las distancias, esa especie de ceguera o temor de parte de la izquierda hacia la religión musulmana, extremismos incluidos, vuelve a repetirse ahora con el asunto de la mediadora cultural de Cunit. Fatima Ghailan, creyente pero razonable, se ve amenazada por el imán de su comunidad y otras tres personas por su comportamiento. ¡Una mujer que se atreve a no llevar velo, conducir un coche o relacionarse con gentes no musulmanas!
Mientras el juez de El Vendrell dicta para los acosadores la orden de alejamiento de Ghailan y sus hijos, la alcaldesa de Cunit, la socialista Judit Alberich, se lava las manos y deja abandonada a su trabajadora. Y, para colmo, los dirigentes provinciales del PSC se reúnen el pasado fin de semana y arropan a Alberich en su gestión del conflicto, sin levantar la voz a favor de Ghailan. Sé que el asunto de la integración de los musulmanes es complejo, pero, desde luego, el silencio frente a los integristas y la indiferencia ante sus víctimas sólo conducen al recorte de las libertades que tanto nos ha costado conseguir. Si defendemos los derechos humanos y la libertad, que sea para todos, musulmanes/as incluidos.
Como ecologista, estoy totalmente en contra de la energía nuclear. Sé que cada vez somos menos los resistentes. En los últimos años, los poderosos lobbys pro-nucleares han logrado convencer a buena parte de la población occidental de que se trata de una energía limpia y fiable. Se les ha olvidado añadir que las plantas nucleares nunca son seguras del todo (ha habido decenas de accidentes graves) y que, desde luego, dejan de serlo cuando el país que las alberga pierde su estabilidad política y económica, algo que, como la historia demuestra, puede suceder en cualquier lugar y en cualquier momento. También, por supuesto, han olvidado mencionar el grave problema de los residuos, que permanecen activos y son altamente peligrosos durante miles de años.
Que el tema es peliagudo lo demuestra el hecho de que los propios partidos que en principio apoyan la energía nuclear (el PP abiertamente, el PSOE con mucha ambigüedad) están en contra de que los pueblos de las regiones que ellos controlan se ofrezcan para albergar el famoso “cementerio” de residuos. Supongo que sabrán que ha habido fugas graves en diversos depósitos de la antigua Unión Soviética y en Estados Unidos. O que un terremoto, por ejemplo, puede ocasionar una catástrofe. Y si es así, ¿por qué siguen defendiendo en sus programas el uso de esa energía? Deberían avergonzarse de su cinismo. Y también del abandono total al que han sometido desde hace años al mundo rural. Porque eso es lo que hay detrás de la actitud de esa decena de pueblitos que se han ofrecido voluntarios: la desidia de los políticos y las Administraciones respecto al campo.
Mensaje para los alcaldes y concejales de las ciudades y pueblos de España:
¡Ánimo, señoras y señores! ¿Que tienen ustedes problemas con los inmigrantes irregulares que pululan por sus poblaciones? ¿Que su presencia les obliga a asumir una serie de gastos indeseables, que estarían mucho mejor empleados en gente decente, de esa que tiene carnets y fotos, y buenas casas donde cada persona ocupa su propia cama y no la comparte a ratos con otros, en esa promiscuidad pecaminosa tan propia de toda esa gentuza que viene desde el culo del mundo con el propósito de chupar de nuestros recursos? Pues ya saben, ahí tienen el extraordinario ejemplo de los ayuntamientos de Vic y de Torrejón de Ardoz.
Nada, ustedes niéguense a empadronarlos. Impídanles recibir asistencia médica, prohíban que sus hijos vayan a la escuela, eviten que reciban ayuda de sus servicios sociales, condénenlos a vivir debajo de un puente y a alimentarse de los restos de nuestras basuras. Ignoren su existencia que, al fin y al cabo, como son negros, indígenas o del Este y, en cualquier caso, pobres, tampoco se merecen mucho más (aunque, eso sí, cuando alguien los contrate de manera ilegal, sin ningún derecho y en condiciones de semiesclavitud, háganse los tontos, que para algo servirán).
El éxito está garantizado: conseguirán que no lleguen más tipos y tipas de esos, que se vayan muchos de los que ya están en busca de lugares gobernados por blandengues y que los otros la palmen cualquier día de una enfermedad no curada, de inanición o de frío. Y, con un poco de suerte, hasta se comen entre ellos, que igual resulta que son caníbales. ¡Qué asco de personas!
