Por Dinero
Susana R. Arenes
Los problemas se agravan en Marsans, pero, como suele suceder en el siempre asimétrico mundo empresarial, las dificultades de la compañía las sufren, sobre todo, sus trabajadores, no sus accionistas. Como en un déjà vu, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio y uno de los vicepresidentes de la patronal, Gonzalo Pascual, parecen repetir los errores que cometieron con Air Comet, a la que dejaron morir. Como retrasar los pagos de las nóminas de sus 4.000 empleados, que son los que hacen posible que la actividad continúe. Díaz Ferrán ya admitió en su día que prefería pagar antes el queroseno de la aerolínea que a su personal.
Aun en el caso de que Gonzalo Pascual dijera en broma a los sindicatos que estaba “dispuesto a vender Marsans por un euro”, la frase (que no ha desmentido) no deja de ser sangrante. Los 4.000 profesionales que trabajan y que han hecho posible que la empresa se convirtiera en una de las principales agencias del país no merecen un valor tan ínfimo. Ni siquiera en sentido figurado.
Caer en lo mismo
Ante la situación crítica de Marsans, sería deseable que los dos empresarios no cayeran otra vez en cada una de las anteriores equivocaciones. Ahora vuelven a pedir ayuda al Gobierno (como hicieron con Air Comet) para salvar lo que sí es de verdad la joya del grupo, porque ha sido una empresa saneada, pese a su deuda, que ingresa más de 700 millones y con un patrimonio neto (el colchón de dinero real) de 77 millones de euros. El problema es que dio préstamos y avales de 400 millones a Air Comet que han quedado en el aire.
Como dice UGT, Díaz Ferrán y Pascual “han perdido su credibilidad financiera e institucional”. Pero no parece una razón objetiva y suficiente para que sus empleados se queden en la calle.
Por Dinero
Fernando Saiz
La reestructuración del sector de las cajas de ahorros no marcha. Salvo contadas excepciones, el proceso va muy despacio y los frecuentes parones amenazan con hacer descarrilar algunas de las operaciones proyectadas. Cajasur (que sigue sin dejarse torcer el brazo en el pulso de las mil veces anunciada fusión con Unicaja) y Caixa Galicia son los principales ejemplos, pero no los únicos, de resistencia a la reordenación. El asunto tiene gran trascendencia para el conjunto de la economía, porque si no hay reestructuración del sector financiero es difícil que se desbloquee el flujo del crédito, condición a su vez imprescindible para que se restablezcan las condiciones necesarias para una recuperación económica sana. Pero la reforma es también importante para la credibilidad del Banco de España, que es el encargado de pilotar el proceso y que hasta ahora ha fracasado en sus intentos de agilizarlo. ¿Se está erosionando su reputación como supervisor del sector? Cada vez hay más gente que piensa que sí. De hecho, es probable que la entidad que dirige Miguel Ángel Fernández Ordóñez esté ahora mejor posicionada como líder de opinión en la reforma laboral (¿quién si no descubrió el modelo austriaco de indemnizaciones?) que en la del sistema financiero. Los periódicos accesos de cólera verbal de Fernández Ordóñez (el último, el 24 de marzo, cuando dijo que las entidades que no sean viables serán intervenidas) han sido ignorados hasta ahora. El caso más asombroso es el de Caixa Galicia y Caixanova, que después de las muchas presiones que hubo para que movieran el trasero se avinieron a dar una rueda de prensa, con la insólita compañía del presidente de la Xunta, para decir que sí, que se lo iban a pensar. Eso fue el 29 de marzo. ¿Alguien ha oído algo más del tema? Pues eso.
Por Dinero
Fernando Saiz
Sorpresa y desconcierto. El Gobierno se salió ayer del guión del Diálogo Social y dentro de sus medidas para fomentar el empleo planteó la posibilidad de bonificar determinados tipos de despidos, de tal forma que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se nutre de las contribuciones de las empresas, costee el 40% de las indemnizaciones.
La propuesta es polémica y tiene efectos de calibración compleja (todos los empresarios pagarían con sus cuotas al Fogasa parte del despido de las compañías en dificultades), pero encierra una lógica difícil de admitir: que abaratar el despido (lo que plantea el Gobierno, con todos los matices que se quiera) es un medida que sirve para crear empleo. Ese es exactamente el discurso que ha venido defendiendo la CEOE en su infatigable petición de que se aminoren los costes de extinción del contrato de trabajo, y si el Gobierno lo acepta estará haciendo el juego a los empresarios. No (por cierto) a todos los empresarios, porque hay que recordar lo que Simón Pedro Barceló, presidente del Instituto de Empresa Familiar, dijo el 16 de marzo: “Abaratar el despido no hubiera salvado ni uno sólo de los empleos perdidos en los dos últimos años”.
Veremos en qué queda la propuesta. Pero de momento lo que crea es una distracción perniciosa en la mesa de negociación que a buen seguro dilatará el proceso, lo cual no se compadece con la urgencia de alcanzar un acuerdo sobre el mercado laboral. En un principio, el Ministerio de Trabajo se fijó abril como plazo máximo para rematar el pacto; ahora, la referencia mayoritariamente aceptada es ya mayo. Pero si el Gobierno sigue sacando debates de la chistera, no iremos hasta el verano. Y mientras tanto, Díaz Ferrán sin dimitir.
