El mundo político acaba de celebrar el 20 aniversario la caída del Muro de Berlín, definida como la metáfora que puso fin anticipadamente al siglo XX, aunque se multiplican las discrepancias a la hora de precisar cuándo y con qué fin comenzó realmente el XXI.
Nikita Jruschov, el hombre que edificó aquella barrera que dividía los dos mundos, escribió que Berlín era por donde podía agarrar por los testículos a las potencias occidentales, porque bastaba apretar un poco para rebajar o elevar la tensión entre los dos bloques, a conveniencia. Europa era y sigue siendo la cintura más próspera del planeta.
Antes de su derribo físico, el Muro se lo saltaron los ciudadanos, hartos de un sistema de igualdad sin libertad que desnudó al bloque comunista como un hemisferio deshumanizado. Aquella riada de fugitivos hacia el oeste representó también el fracaso de un modelo económico incapaz de elevar el nivel de vida. El general Jaruzelski, el hombre que presidió la ruptura de Polonia con su más reciente pasado, declaró hace unos días que lo que más admira del capitalismo son esas tiendas siempre llenas.
En Berlín, aparentemente, se derrumbó el otro totalitarismo descrito por Vassili Grossman cuando sometió a la crítica en Vida y destino aquel ideal de resistencia al nazismo que él alimentó con sus versos y sus crónicas de guerra. Desde el 9 de noviembre de 1989, bautizado por la prensa occidental como el gran acontecimiento de nuestras vidas, la izquierda marxista se ha quedado sin hoja de ruta, impotente para construir un modelo alternativo. Ha consumido ya dos décadas en formular críticas parciales a los desmanes del capitalismo, que desencadenan una atomización constante de grupos y fuerzas.
La situación actual es que el capitalismo neoliberal rige en solitario el mundo. Sin frenos, se ha transformado en un sistema corrompido en el que no prosperan otros valores que los que cotizan en bolsa y en el que la libertad sólo es total para los capitales. Utiliza la tecnología para depreciar a los individuos y ha reducido los derechos al ámbito protegido de otros muros.
Los estafadores que provocaron en 2007 la crisis financiera mundial han recuperado el valor de sus activos gracias al dinero público. Pese a ello, los grandes ejecutivos siguen acaparando en primas la parte del león de los beneficios bajo el paraguas de la seguridad jurídica de sus contratos. Pese a las críticas, parece haberse apagado la esperanza de una reforma a fondo que devuelva a las mayorías el control de los asuntos públicos.
Después de Berlín, son muy pocos los que levantan las manos contra esos muros ya terminados o que se están levantando. Lo más lacerante son los 703 kilómetros de hormigón armado que Israel construye en Cisjordania, un territorio ocupado. La razón es la lucha contra el terrorismo, pero esa pared avanza en meandros que se apoderan del agua y de las tierras más fértiles. A él se añaden los 40 kilómetros que asedian Gaza y que impiden el tráfico de personas y de alimentos. A la vez, también de armas. A nadie, salvo a los palestinos, parece preocuparles este atropello consumado en contra de la legalidad internacional.
El más largo es la muralla de 2.700 kilómetros con la que Marruecos aísla al Sáhara Occidental, pero el más ominoso es la barrera de 1.100 kilómetros que sigue avazando en Estados Unidos para tratar de impedir que por su frontera con México crucen los espaldas mojadas. También España tiene sus vergüenzas revestidas de alambradas en Melilla y Ceuta.
Hay otros muros, como el que divide Chipre o aquellos que encierran a un país en sí mismo (Myanmar), o los que condenan a casi todo un continente a la explotación y el abandono (África). Pero salvo las condenas rituales de algunos dignatarios, se extienden el hambre y la injusticia sin que a nadie parezca importarle nada.
El mundo global que se predica avanza dividido en dos, impulsado sólo por el maná de la plusvalía. La prosperidad está reservada a una minoría, por eso la principal barrera, la más sutil y eficaz de las que existen, es la que condena a una gran mayoría a vivir en la desgracia y sin derechos sólo por su lugar de nacimiento.
En los últimos meses las encuestas reflejan persistentemente que nuestro país sufre una doble crisis, la económica y la política. El último sondeo del CIS alerta de un peligro que saca cabeza por primera vez en tres décadas de democracia: a los españoles nos preocupan aún más los políticos (13,3%) que los terroristas (12,6%).
A este estado de ánimo contribuyen sin duda la ausencia de liderazgo, la prevalencia de los intereses partidistas sobre las prioridades que acucian a la mayoría de los ciudadanos y otros males como los casos de corrupción que salpican nuestra geografía. Pero son la falta de respuestas o de responsabilidad ante los problemas a afrontar los que socavan la confianza y construyen el descrédito de la política, que va en aumento.
El presidente del Gobierno cosecha un desgaste creciente en imagen y expectativas de voto. En primer lugar, porque los dos grandes problemas de nuestra economía, el paro y la profundidad de la crisis, no encuentran la puerta de salida. España se queda fuera de la primera ola de la recuperación que beneficia a Estados Unidos, Australia, China y a un nutrido grupo de socios europeos.
Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan que nuestra economía sólo empezará a crecer en 2010 y a un ritmo tan débil (1% al final del próximo año) que no será capaz de crear empleo. En mayo de 2011 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, que bajo ese panorama le harán muy difícil al PSOE mantener la plataforma de poder que le pudiera permitir seguir al frente del Gobierno tras las generales de marzo de 2012. A Zapatero, pues, le empieza a faltar el margen de tiempo en el que confiaba para rehacer sus posibilidades de triunfo.
El Gobierno ha puesto en marcha muchas medidas para drenar la sangría de la crisis, aunque el problema dominante es que no se ve la luz del final del túnel. Maneja con retraso su promesa de una ley de economía sostenible o de modelo de futuro para un país demasiado anclado en la economía especulativa del ladrillo y en otras economías estacionales, poco productivas y demasiado dependientes de los ciclos. Esa ley lleva ya tres meses de retraso sobre el plazo inicialmente prometido, quizá porque, además de un nuevo modelo, lo que España necesita ahora con urgencia es un resorte para crecer cuanto antes sin confiarlo todo al futuro.
Al Ejecutivo le ha faltado capacidad para movilizar a la cúpula empresarial a unirse al esfuerzo movilizador de recuperación de la economía y, quizá, voluntad política para implicar al principal partido de la oposición en una solución compartida que sirviera para aunar esfuerzos en el compromiso común de luchar contra la crisis.
Al PP, el principal partido de la oposición, puede achacársele el mismo déficit, al desdeñar la virtualidad de un pacto común que ayudaría a consolidar su papel de partido comprometido en el destino del país y avalaría su papel de alternativa de gobierno. Al contrario, el partido liderado por Mariano Rajoy ha elegido la estrategia de predicar que todo lo que hace el Gobierno es un desastre, en la improbable esperanza de que el fracaso son votos futuros que caerán en su cesto.
En ese compás de espera, a Rajoy le ha estallado su estrategia en el seno de su propio partido. El candidato de la última oportunidad, el que encara su tercera y decisiva posibilidad de ser presidente del Gobierno, se enfrenta al desplante de la presidenta de la Comunidad de Madrid y al cierre en falso de la agonía política que le espera al Gobierno valenciano. En Valencia y en Madrid tiene el PP sus dos principales graneros de votos y de poder. Y en los dos tiene problemas de disciplina y corrupción que estallarán antes de que llegue su definitiva cita con las urnas.
Rajoy ha decidido poner cortina de humo a los conflictos y decretar una ley mordaza para tratar como privadas lo que se dirime en instituciones públicas, sea la pelea por Caja Madrid o la lucha por el poder dentro del propio partido. Por eso no es de extrañar que las encuestas den una ventaja decreciente al PP y le nieguen la primacía. Esa es la razón de que los españoles empiecen a dar la espalda a los dos grandes partidos.
Cuando se habla de corrupción es frecuente oír que nuestro país se encuentra a un paso de convertirse en Italia, el supuesto paradigma de la extorsión y los chanchullos.
En España subsiste una raigambre secular del caciquismo que amalgamó política con economía, de los privilegios de clase, los intereses creados, el abuso de poder y la desigualdad social definida desde la cuna. La dictadura franquista cristalizó la marginación de los excluidos por razones de ideología. Como escribió lord Acton, si el poder corrompe siempre, el poder absoluto corrompe absolutamente.
Con la democracia se consagró el principio de igualdad de oportunidades, que existe sobre el papel, pero que en la realidad es sólo un sueño incipiente. También se acuñó en el Código la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, aunque es un derecho ausente en no pocas sentencias.
Hace tres décadas, nuestro país entró en la modernidad con un Estado en ruina moral, lleno de miseria política y unas empresas sin futuro creadas bajo el objetivo fracasado de fabricar la autarquía. Aquel despropósito del aislamiento lo tuvieron que financiar nuestros emigrantes.
Hoy España figura en el selecto club de las grandes potencias, cuenta con un grupo importante de multinacionales industriales y financieras, y los españoles, en porcentaje, nos hemos convertido en los más destacados propietarios de viviendas de toda Europa. A esta paradoja ha contribuido el desarrollo económico y también la ausencia de los poderes públicos como intermediarios en la oferta social de alquileres bajos en régimen vitalicio. Por desgracia, los españoles no llegamos a tiempo a aquel Estado de bienestar que el capitalismo sin barreras está haciendo trizas.
Desde 1978, nuestro país ha hecho frente a un ajuste colosal, con una reconversión que se llevó por delante innumerables fábricas de los sectores clásicos de nuestra industria y redujo a la tercera parte la población activa en la agricultura. Aquellas ruinas industriales se convirtieron en solares enclavados en el entorno de las grandes ciudades, que el boom inmobiliario pronto convirtió en el milagro del dinero fácil. Bastaba la recalificación de un terreno para lograr un pelotazo y en esa nueva cultura se anudó la connivencia entre negocio y política. Este es el factor dominante de la corrupción que asedia hoy la democracia.
En paralelo, los partidos políticos comenzaron a gastar en sus campañas de acceso al poder mucho más que la suma de subvenciones y cuotas de sus militantes. De esas deudas nacieron los compromisos de algunos líderes políticos con empresarios y banqueros. El cóctel de política e intereses incubó esa traslación tan peligrosa de rebajar a los ciudadanos a la condición de meros votantes.
Con la mira en el poder y no en las promesas del programa se alimentó un desencanto que va en aumento. La corrupción no discrimina ideologías, pero mina la confianza en los representantes públicos, destruye la cohesión social, impone el descrédito y construye poco a poco la idea de que todos los políticos son iguales.
El Informe Global sobre la Corrupción sitúa a España en el número 28 de los países más sanos, en un ranking liderado por Dinamarca y Suecia. En un año ha perdido seis puestos por culpa de nuevos escándalos inmobiliarios investigados desde hacía años, lo que le distancia de Bélgica o Francia. Italia figura el 55º, delante de Grecia, Polonia o Rusia, en una lista que cierran Irak, Myanmar (la antigua Birmania) y Somalia.
El informe señala a favor de España la nueva ley de financiación de partidos, pese a su oscurantismo contable, y la de contratos públicos, ambas de 2007, y destaca la creación de la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos urbanísticos.
El Gobierno de Zapatero ha impulsado la lucha anticorrupción. Desmanteló el saqueo de Marbella,
conocido por todos pero hasta entonces impune, por el simple método de respaldar a un juez y a los policías encargados de la investigación. Antes, ante el primer indicio de celo, los encargados de vigilar la ley sufrían un traslado.
En sólo tres años, desde la operación Malaya, han sido detenidos 20 alcaldes y numerosos empresarios. Todos fruto del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, menos uno, la trama Gürtel, denunciada desde dentro del PP. La corrupción salpica a todos los partidos y la percepción de que es un mal generalizado crece en una situación de crisis económica.
Para atajar esta enfermedad, asentada esencialmente en los poderes local y autonómico, se hace necesario un pacto entre los partidos, aunque sólo sea para destruir esa teoría basada en el interés compuesto que predica el PP, según la cual las elecciones lavan el dinero sucio y los posibles delitos. Y de paso convendría acabar con la irresponsabilidad de esos políticos que no pagan las deudas contraídas para financiar sus proyectos y provocan así la quiebra de muchos empresarios honrados.
Las encuestas reflejan una ventaja de hasta cinco puntos del PP sobre el PSOE, lo cual indica que, si las elecciones generales se celebraran este domingo, a Mariano Rajoy le habría llegado la hora de gobernar.
La brecha en la intención de voto responde a que la crisis económica ha minado los apoyos al presidente Zapatero y ha dado al PP esa fuerte ventaja relativa pese a que también sufre un descenso de votos. Fiado en estos datos, en el partido de la oposición ha crecido una euforia basada en la teoría de que para alcanzar el poder no hay que hacer nada. Basta con azuzar la crítica y cosechar el desgaste del otro.
Pero para las elecciones generales faltan dos años y medio, y el tiempo, en política, es una variable incontrolable. El líder popular basa su oposición en los réditos del discurso del desastre, confiado en el cálculo nada exacto de que la recuperación económica se retrasará hasta que pase la decisiva cita electoral. Rajoy ha contestado los Presupuestos de 2010 con un discurso firme, reducido al eslogan de “chapuza letal” y a la ausencia de cualquier medida alternativa que permita consolidar su capacidad de gobernar.
El presidente del PP sufre dentro de sus filas nuevos ataques a la estabilidad de su cargo y a su firmeza como líder. Ha bastado la destitución del secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, para cuestionar el poder de Rajoy a la hora de mantener la disciplina interna y para abrir interrogantes sobre el difícil equilibrio entre los compromisos adquiridos y su propia credibilidad.
De Valencia le llegó a Mariano Rajoy el impulso decisivo para confirmar el liderazgo en el partido tras su segunda derrota electoral. Y en la Comunidad Valenciana tiene el PP uno de sus grandes graneros de voto, ahora con un agujero abierto por el escándalo de la trama Gürtel. En sólo dos semanas el número de votantes del Partido Popular que opina que el presidente Francisco Camps debe dimitir se ha duplicado hasta formar mayoría. A la indignación de la ciudadanía ha contribuido tanto la presunta corrupción como el desvergonzado tenor de las relaciones que reflejan las conversaciones grabadas por orden del juez. La táctica de resistir, de negar las evidencias y no tomar medidas, amenaza con convertir este caso en un suplicio judicial para el partido.
La autoridad de Rajoy no ha sido desafiada sólo por un secretario regional. Lo hace cada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El último episodio es la encarnizada batalla por el control de Caja Madrid, que más parece una lucha por el control de la cuarta entidad financiera para lograr un tesoro con el que alimentar ambiciones políticas.
La oposición a la reforma de la Ley del Aborto coloca al PP en otra encrucijada. Rechaza reconocer este derecho a las mujeres, vigente en la casi totalidad de los países europeos, pero asume mantener la actual despenalización, que protegió sin objeción alguna durante sus ocho años de Gobierno. Rajoy y su partido tienen todo el derecho a defender determinados principios morales, pero para aspirar a convertirse en una derecha moderna deben hacerlo sin mostrar su dependencia de lo que se predica en los púlpitos de las iglesias. Vivimos en una democracia civil y este país aún necesita dotar a sus ciudadanos de una serie de derechos que les fueron negados durante una cruel dictadura que sólo les trató como súbditos.
El líder del PP necesita mejorar la confianza que despierta en los ciudadanos si aspira a gobernar. Y, para ello, “el partido de la unidad” ha de superar contradicciones que enfrentan a sus formaciones regionales. ¿Por qué en el Congreso vota contra el blindaje del Concierto vasco frente a lo que reclaman en Euskadi? ¿Cómo se justifica que sobre el trasvase defiendan en Castilla-La Mancha lo contrario que en Valencia o Murcia? ¿Cuál es la razón de que la deuda pública sea una recriminación al Gobierno y un bien necesario en Valencia o Madrid? Y si la subida de impuestos es condenable, ¿qué pasa con la multiplicación de las tasas en Madrid?
El examen final para Rajoy es en 2012, pero en mayo de 2011 tiene una prueba decisiva. En las municipales y autonómicas se decidirá si el PP es capaz de aumentar los dominios de su poder. Ahí se sabrá si ha cambiado el viento.
La fiesta permanente que vivió el Partido Popular en Valencia está haciendo aguas por la lucha abierta entre sus dirigentes. La acotación de responsabilidades para hacer frente al escándalo Gürtel se ha convertido en una lucha política interna, dirimida entre amenazas de elevar las culpas hacia arriba para comprometer en la trama de corrupción a aquellas cabezas que juraron que no existía.
Para empezar, Mariano Rajoy ya no podrá repetir lo de “estaré siempre delante, detrás o al lado de ti”, referido a Camps, porque ahora ambos líderes se han colocado frente a frente. La rebelión y posterior dimisión a la fuerza del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha puesto contra las cuerdas a la cúpula dirigente del partido.
Lo que está sucediendo es que el PP confunde a perseguidor con perseguido y muestra una falta de correa para resistir un caso todavía en fase de investigación que se extiende como una mancha. Y aún falta por saber si Costa llevará a cabo su amenaza de tirar de la manta para demostrar que él era un mandado en la gestión de los contratos concedidos a una banda de ladrones, donde, según las evidencias del sumario, los estafadores actuaban a los dos lados de esa relación comercial establecida a cuenta del dinero de todos.
Con 48 horas de retraso, Rajoy compareció ayer ante los medios para reafirmar su confianza en el presidente Camps, no así en Costa, al que, como secretario general, “hay que exigirle algo más”. Sin embargo, su versión sobre el comité ejecutivo del PP valenciano desprecia los hechos. En su intervención sólo se produjo un avance cuando prometió más transparencia en las cuentas y acabar con “la arbitrariedad o el favoritismo”. Por cierto, ese código de buenas prácticas del PP ya existe, pero fue guardado en un armario por la actual dirección.
En la escena judicial, la colusión de Gürtel con Valencia sólo se ha ventilado, y mal, en los trajes regalados, pero el asunto va a tomar nuevos aires en el Supremo. Por encima de estas y otras muchas bagatelas está la trama de favores y de financiación ilegal que asedia al PP valenciano, al que los jueces no han echado ni un vistazo.
Aparte de a Valencia, la causa contra las empresas de Correa afecta especialmente a la Comunidad de Madrid, pero se extiende a Galicia y Castilla y León. Por eso no se entiende que la causa siga troceada, cuando la seguridad jurídica y el interés general aconsejan elevar todo el sumario a la Sala Segunda del Supremo. ¿Cómo sustanciar, si no, las presuntas relaciones ilegales entre el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el tesorero del PP, temporalmente cesante, Luis Bárcenas? ¿Se van a investigar también las inversiones inmobiliarias en Guinea?
La trama Gürtel nació bajo el Gobierno de Aznar y entonces encontró amparo en la sede del partido en Génova. Todos estos años ha sobrevivido en reductos regionales del poder del PP y en Madrid encontró espacios en ayuntamientos, en varias consejerías del Gobierno autonómico y en el montaje de los actos de la presidenta Esperanza Aguirre. “Todos son chorizadas”, en palabras del propio Don Vito, el alias de Francisco Correa.
Todavía desconocemos el resultado de las comisiones rogatorias para controlar el dinero que la trama escondió en paraísos fiscales. En este punto clave aflorará el papel de Ramón Blanco, arquitecto de esta estructura de evasión, quien antes ocupó el cargo de consejero delegado de Repsol gracias a la influencia de su amigo, el entonces presidente Aznar.
Aquí es donde surge para el PP, atrapado en un problema político por su pertinaz estrategia de retrasar la investigación judicial, una esperanza de defensa por la vía de la anulación de pruebas que tan eficaz resultó hace años para liquidar el caso Naseiro.
Olvida el equipo de resistencia encabezado por Federico Trillo que esas conversaciones grabadas entre inculpado y defensor afectan esencialmente a un abogado implicado en la trama. Lo que las escuchas judiciales perseguían era evitar algunas operaciones de camuflaje del dinero, la gran esperanza de Don Vito y sus secuaces de salvar la parte del león del negocio urdido para llevarse el dinero de los contribuyentes.
Al incesante eslogan de que no hay que subir impuestos, el PP debe darle una cura de reposo. Por lo menos hasta hacer un arqueo completo de cuántas organizaciones y líderes del partido desviaron para fines inconfensables los dineros públicos y se olvidaron a la vez de pagar tributos. Todas las administraciones públicas gestionan gastos e inversiones pagados por los contribuyentes y los partidos políticos se financian en buena parte con subvenciones del Estado. Así que el buen fin de esos fondos es patrimonio común, que obliga a una gestión responsable y transparente a los representantes políticos.
La trama Gürtel lleva protagonizando las primeras páginas de los periódicos desde el pasado 6 de febrero. Ante el escándalo, la primera reacción de la cúpula del PP fue decir que los contratos con las empresas del famoso Francisco Correa eran cosa del pasado, que la relación se había roto cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del partido.
Como los hechos derribaron la primera línea de defensa, la ejecutiva nacional del PP en pleno se subió a una fotografía para denunciar que “era un ataque al PP” sin pruebas ni fundamento y rechazar de plano la instrucción judicial. Situaron entonces por encima de la ley a la organización que presiden.
El doble paso de la defensa al ataque se sustanció en obligar al juez Garzón a dejar el caso porque entre los presuntos implicados aparecían parlamentarios, regionales y nacionales, aforados. De esta manera, el caso Gürtel está ahora despiezado en tres instancias judiciales: el Supremo, que se ocupa del senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a los implicados de esta comunidad, y el de Valencia, que se sacudió las manos con el presidente Francisco Camps y el resto de implicados.
El archivo del caso Camps puso de manifiesto que la prioridad era la defensa de los aforados posiblemente corrompidos y no la investigación de los tratos con los corruptores. Para ello, el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, desestimó la jurisprudencia del Supremo y recurrió a sentencias alemanas para prescribir en este caso el delito de cohecho pasivo que figura en el Código Penal. Desechó, sin embargo, echar un ojo siquiera a la documentación incriminatoria para no contaminar la obligada defensa de un amigo. Hoy esa decisión interesada está recurrida ante el Supremo.
El troceo de la causa ofreció al PP la posibilidad de establecer diques de contención, continuamente rebasados por las informaciones que día a día agravaban el alcance de la corrupción organizada. Cuando se ha levantado el secreto de la tercera parte del sumario (sólo 17.000 folios, para abrir boca), han caído justificaciones y barreras. Basta con leer el tono de las conversaciones entre corruptores y corrompidos para sentir vergüenza ajena. Correa, el jefe de la trama, se hacía llamar Don Vito, en rememoración del capo Corleone, en la contabilidad B.
Falta por saber cuánto dinero tenían fuera, pero ya conocemos todos el origen y la extensión de esta red de complicidades creada para hacer negocios y propiciar sobornos a cuenta del erario público. Las conexiones directas o indirectas afectan a los máximos responsables del PP y, pese a todo lo replicado, Rajoy no queda exento. Ya no vale argumentar que se trata de la historia de unos pocos que utilizaron el partido en
provecho propio.
Tampoco es razón para resistir que el 40% de los votantes sigan creyendo que todo es una conspiración para debilitar al PP. Uno de cada cinco votantes piensa que los implicados, Camps entre ellos, deben dimitir, y el porcentaje sube a cada telediario.
Aunque las encuestas no lo reflejen todavía, la corrupción es un lastre para el futuro y un incentivo del descrédito de la política. Rajoy debe saber que una parte de sus posibilidades de llegar al Gobierno depende de si es capaz de hacer frente a sus responsabilidades, de depurar a los dirigentes indignos para que dejen de ser hombres de su confianza los que hacen el paseíllo ante los juzgados.
Al incesante eslogan de que no hay que subir impuestos, el PP debe darle una cura de reposo. Por lo menos hasta hacer un arqueo completo de cuántas organizaciones y líderes del partido desviaron para fines inconfensables los dineros públicos y se olvidaron a la vez de pagar tributos. Todas las administraciones públicas gestionan gastos e inversiones pagados por los contribuyentes y los partidos políticos se financian en buena parte con subvenciones del Estado. Así que el buen fin de esos fondos es patrimonio común, que obliga a una gestión responsable y transparente a los representantes políticos.
La trama Gürtel lleva protagonizando las primeras páginas de los periódicos desde el pasado 6 de febrero. Ante el escándalo, la primera reacción de la cúpula del PP fue decir que los contratos con las empresas del famoso Francisco Correa eran cosa del pasado, que la relación se había roto cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del partido.
Como los hechos derribaron la primera línea de defensa, la ejecutiva nacional del PP en pleno se subió a una fotografía para denunciar que “era un ataque al PP” sin pruebas ni fundamento y rechazar de plano la instrucción judicial. Situaron entonces por encima de la ley a la organización que presiden.
El doble paso de la defensa al ataque se sustanció en obligar al juez Garzón a dejar el caso porque entre los presuntos implicados aparecían parlamentarios, regionales y nacionales, aforados. De esta manera, el caso Gürtel está ahora despiezado en tres instancias judiciales: el Supremo, que se ocupa del senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a los implicados de esta comunidad, y el de Valencia, que se sacudió las manos con el presidente Francisco Camps y el resto de implicados.
El archivo del caso Camps puso de manifiesto que la prioridad era la defensa de los aforados posiblemente corrompidos y no la investigación de los tratos con los corruptores. Para ello, el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, desestimó la jurisprudencia del Supremo y recurrió a sentencias alemanas para prescribir en este caso el delito de cohecho pasivo que figura en el Código Penal. Desechó, sin embargo, echar un ojo siquiera a la documentación incriminatoria para no contaminar la obligada defensa de un amigo. Hoy esa decisión interesada está recurrida ante el Supremo.
El troceo de la causa ofreció al PP la posibilidad de establecer diques de contención, continuamente rebasados por las informaciones que día a día agravaban el alcance de la corrupción organizada. Cuando se ha levantado el secreto de la tercera parte del sumario (sólo 17.000 folios, para abrir boca), han caído justificaciones y barreras. Basta con leer el tono de las conversaciones entre corruptores y corrompidos para sentir vergüenza ajena. Correa, el jefe de la trama, se hacía llamar Don Vito, en rememoración del capo Corleone, en la contabilidad B.
Falta por saber cuánto dinero tenían fuera, pero ya conocemos todos el origen y la extensión de esta red de complicidades creada para hacer negocios y propiciar sobornos a cuenta del erario público. Las conexiones directas o indirectas afectan a los máximos responsables del PP y, pese a todo lo replicado, Rajoy no queda exento. Ya no vale argumentar que se trata de la historia de unos pocos que utilizaron el partido en
provecho propio.
Tampoco es razón para resistir que el 40% de los votantes sigan creyendo que todo es una conspiración para debilitar al PP. Uno de cada cinco votantes piensa que los implicados, Camps entre ellos, deben dimitir, y el porcentaje sube a cada telediario.
Aunque las encuestas no lo reflejen todavía, la corrupción es un lastre para el futuro y un incentivo del descrédito de la política. Rajoy debe saber que una parte de sus posibilidades de llegar al Gobierno depende de si es capaz de hacer frente a sus responsabilidades, de depurar a los dirigentes indignos para que dejen de ser hombres de su confianza los que hacen el paseíllo ante los juzgados.
A la espera de concretar los tirones que a las cuentas del Estado le producirá un todavía desarticulado pacto parlamentario, el proyecto de Presupuestos del Gobierno sufre estos días la crítica de falta de carácter. Ni carne ni pescado, ni medidas anticrisis ni política de reactivación. El Ejecutivo parece haber optado en la etapa final de la crisis por la delgada línea de la tibieza.
El primer y único objetivo claro de los Presupuestos para 2010 es la política social, que absorbe el 51,6% del total del gasto. Es este un esfuerzo necesario porque sólo la partida para asistir a los desempleados crece casi el 59%. Aumentan también de forma considerable los fondos destinados a dependencia, ayudas al alquiler de vivienda o las becas. Pero en contra de la polémica desatada en torno a que el Gobierno atiende a esas prioridades metiendo mano a los impuestos, el recurso verdadero ha sido acudir a la emisión de deuda. El total de emisiones previsto para 2010 asciende a 211.447 millones, el doble que este año y más del triple de lo que este mismo Gobierno hizo en 2007 y 2008.
Endeudarse es aplazar problemas, pero en este camino discutible España tiene margen porque en 2008 representaba el 39,7% del PIB, menos de la mitad del porcentaje de Alemania o Francia. Y aunque este año acabará en un 53,4% y el próximo en un 62,5%, comparativamente cuenta aún con un trecho a favor.
De la lamentada subida de impuestos, la más contestable es el incremento del IVA, de uno y dos puntos, respectivamente, en los dos tramos altos. Pero este es el pago necesario como señal a los mercados de que habrá recursos para compensar el endeudamiento. El Gobierno difiere además el recargo hasta el 1 de julio, en la creencia de que va a servir de efecto llamada para despertar el consumo y con la esperanza de que entonces habrá signos claros de reactivación, especialmente en el campo de las exportaciones. “La reactivación ya se vive en muchas empresas”, afirma un miembro del Gobierno.
Para el año que viene no se toca el IRPF, aunque se suprime la devolución de 400 euros al año, una medida electoral tomada al rebufo del superávit presupuestario para paliar el encarecimiento de las hipotecas, que ahora se benefician de un Euribor en su mínimo histórico. Los 400 euros tienen el récord de haber sido la medida más criticada antes, cuando fue adoptada, y ahora, que se ha anunciado la supresión.
Del resto del arsenal fiscal queda la rebaja de cinco puntos del impuesto de sociedades para las pymes que no destruyan empleo y el aumento de la imposición a las rentas de capital en tres puntos, del 18% al 21%, cuando las plusvalías superen los 6.000 euros anuales. Llama la atención el contraste entre la valoración positiva del retoque fiscal fuera de nuestras fronteras con las críticas internas. Desde la izquierda, la subida se considera ridícula, pero desde la derecha surgen voces que la califican, sin explicar por qué, de la más exagerada de la historia.
La trifulca política llega al extremo de reivindicar una imposición disuasoria para las grandes fortunas, ignorando que la libertad de capitales no tiene fronteras y menospreciando la estructura de las declaraciones de la renta. La gran mayoría del ahorro ha sido obtenido antes como excedente de las rentas del trabajo y sometidas por tanto al IRPF. Además, sólo 100.000 contribuyentes declaran más de 150.000 euros al año.
La lectura sesgada alcanza también a confundir el recorte de gastos corrientes con la inversión, como pasa en I+D donde están garantizados todos los proyectos. Antes de su aprobación, el PP ya lanzó su dictamen sobre estos Presupuestos: “Son un desastre”. Pero en el principal partido de la oposición se suma el rechazo frontal a las cuentas públicas con el enredo de su contabilidad interna.
Rajoy y la cúpula dirigente han pasado de declarar que la trama Gürtel era una acusación injusta o una conspiración del Gobierno a admitir que hay que tomar medidas “contundentes”. Francisco Camps y los demás inculpados todavía no han oído el mensaje, pero el PP empieza a comprender que sus cuentas son también públicas porque se ha dilapidado el dinero de los contribuyentes.
Igual que los éxitos refuerzan, las crisis causan desgaste. Y el impacto de la depresión mundial es de tal magnitud que en España se ha llevado por delante a muchas empresas y ha dejado en la cuneta a algunos ministros, entre ellos al ex vicepresidente Pedro Solbes, un gestor eficaz y prudente que tiene en su haber el primer superávit presupuestario.
Hace justo un año, el hundimiento del sistema financiero puso a los grandes bancos en quiebra, y la operación de salvamento desencadenó la intervención coordinada de los gobiernos, que con el dinero de los contribuyentes pusieron un tapón a aquella sangría. El alcance de la crisis estranguló el crédito, provocó la anorexia de las empresas y ha dejado algunos sectores clave, como la construcción y el automóvil, por poner sólo dos ejemplos, en una situación de difícil salida. El último escalón de esta ola destructora es el paro, que castiga a todas las economías y, en especial, a la española.
La estafa financiera que dinamitó el ciclo de expansión fue de tal calibre que surgieron voces que reclamaban la refundación o la reforma del capitalismo. Ahora que la bolsa ha devuelto el valor de cotización a los grandes bancos, han vuelto las prisas y el objetivo se reduce a una regulación de los mercados para evitar aquellas tropelías. El G-20 ha reducido los objetivos a implantar algunas normas, controlar los paraísos fiscales, poner coto al desmán de los bonus de los ejecutivos y abrir algo la mano al comercio mundial.
Todas esas subvenciones públicas fueron asumidas como un mal necesario sin más culpables que Lehman Brothers, un banco de inversión que se quedó sin rescate. En este país, a diferencia de nuestro entorno, el debate se ha crispado en cuanto ha llegado el turno de arbitrar ayudas de subsistencia a los parados sin subsidio. Los grandes perjudicados de la crisis parecen tener la desgracia de no ser corporaciones.
Ni siquiera en Estados Unidos, con Bush ya derrotado en las urnas, se buscó un único culpable de este desastre. Desgraciadamente son muchos. Pero en los últimos días, en España, un aluvión mediático coincide en el mismo diagnóstico: “El problema es Zapatero”. Es simplemente el eslogan del PP, que aplaza su responsabilidad de partido de gobierno al momento de conquistar el poder. Esta abrumadora lectura responde a una desigualdad manifiesta, que es la superioridad de medios de comunicación conservadores, es decir, de derechas, que no se corresponde con la geometría del Parlamento decidida por los ciudadanos con sus votos. El elemento determinante de este flujo de opinión ha sido el alineamiento sobrevenido de los medios de comunicación del Grupo Prisa a esta tesis. No parece el más sutil de los argumentos criticar “la productividad” del Gobierno, como si se tratara de un taller textil, en lugar de hablar de la eficacia o del acierto. Ni exigir elecciones anticipadas cuando el final del túnel está cerca y Zapatero fue elegido hasta 2012.
El cambio de línea editorial se justifica en declaraciones a The New York Times en que Francia y Alemania han iniciado el repunte y la economía española aún sigue en declive. Nadie sabía hasta ahora que nuestro país tiene el mismo liderazgo industrial y equivalente estructura de apoyo social que estos dos socios europeos. En Alemania se han sostenido 1,5 millones de empleos con el método de reducir jornada a unos trabajadores para dar ocupación a otros. El Estado paga el coste y nadie denuncia esta subvención masiva.
En España, la OCDE acaba de pronosticar 4,5 millones de parados a finales de 2010, con lo cual el coste de la crisis serán 2,7 millones de desempleados. Hace dos años, en pleno furor expansivo y recurso a la mano de obra extranjera, había 1,8 millones de parados registrados. El problema viene de lejos y tiene sus raíces en una economía estacional y demasiado dependiente del ladrillo, que es necesario modernizar. El presidente Zapatero, para sostener la inversión pública y el empleo, propone subir algunos impuestos. El objetivo es recaudar 15.000 millones más, la mitad de la rebaja fiscal que su Gobierno ha aplicado estos años.
La medida puede ser criticada, pero está en línea con lo que han hecho Francia (impuesto a las grandes fortunas) o Alemania (subida del IVA). Los países del euro tienen delegada en el BCE su política monetaria y la política económica mundial está concertada en el seno del G-20, así que el único margen de maniobra es la política fiscal. Los organismos internacionales recomiendan mantener el papel del Estado para sostener la economía frente a la crisis, así que ¿dónde está la improvisación y la heterodoxia de Zapatero?
Todo medio de comunicación tiene libertad total para la crítica, aunque está obligado a una información contrastada y responsable. Las tensiones de El País con los sucesivos gobiernos dan para escribir más de un libro, pero esta ola de ataques viene precedida por la declaración de guerra del máximo ejecutivo de Prisa. El pasado 21 de agosto acusó a Zapatero, desde la emisora del grupo, de “haber enterrado el felipismo”. Felipe González perdió el poder en las urnas en 1996, Zapatero lo ganó en 2004.
“Juan Luis Cebrián pensaba que Zapatero iba a ser Felipe”, dicen en Moncloa. En su primer año el Gobierno de Zapatero adoptó tres medidas importantes para el porvenir de Prisa: la rebaja del IVA, que proporcionó 400 millones a las cuentas de Sogecable, la licencia de Cuatro y la decisión de que la sentencia del Supremo sobre Antena 3 Radio no podía ser cumplida. El problema, ahora, es que la televisión de pago se abre a la competencia.
Cebrián, como director, tiene el gran mérito de haber incluido a El País entre los diez más grandes del periodismo. Y el periódico, la cualidad de haber sido tan rentable que financió la construcción de un grupo. Por eso, no es siquiera prudente poner todo ese poder y esa influencia al servicio de intereses empresariales propios, aunque estos no hallen eco en la política.
En la consideración de los españoles el funcionamiento de la Justicia ocupa una posición ínfima. Las encuestas reflejan recurrentemente el cúmulo de males que contribuyen a este último lugar entre las instituciones que merece uno de los tres pilares del Estado de derecho. A esta valoración tan peyorativa contribuyen paralelamente los colectivos de jueces, que denuncian sistemáticamente la falta de medios materiales y humanos para desarrollar eficazmente su función. El problema más profundo que padece, sin embargo, es la imperecedera desconfianza del común de los ciudadanos a que el tercer poder cumpla verdaderamente con la norma esencial de que todos somos iguales cuando se trata de aplicar la ley.
En España hay casi 5.000 jueces para zanjar más de nueve millones de litigios al año. La tasa es de un juez por cada 100.000 habitantes, lo cual parece indicar que son pocos porque cada año quedan sin resolver medio millón de casos que se suman a la montaña de legajos que representan los casi tres millones de sumarios pendientes. La justicia con retraso constituye una injusticia, porque a menudo la satisfacción se arbitra cuando el daño es ya irreparable.
La cualidad esencial de la justicia es que quien dicta sentencia pertenece a un poder independiente para poder zanjar los conflictos sin atender a intereses creados. El principio es que los jueces, para ser ecuánimes, han de ser ajenos a la política, distantes por igual tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo. El ejercicio judicial es una función pública, técnica, neutra frente a las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad. Pero en nuestro país, donde hasta el Ejército de Tierra ha hecho su adaptación al sistema democrático, ocurre que hay sectores de la judicatura que no han recorrido aún el camino de la Transición.
No es justo meter en el mismo saco a miles de funcionarios, pero la discrecionalidad a la hora de dictar sentencia alienta el sentimiento del azar que preside el destino de los litigios. “Depende del magistrado que toque” es la frase habitual cuando toca aventurarse en un proceso. En España hay muchos jueces que desempeñan el papel que la sociedad les ha encomendado, pero hay otros, y su porcentaje es creciente según se ascienden los escaños de la jerarquía en la carrera, que, en lugar de aplicar la ley, la trasforman, la interpretan o la retuercen. Son los que anteponen injustamente sus intereses o creencias a la aplicación del marco legal que la soberanía del pueblo ha dictado. Hay jueces incompetentes o irresponsables, pero los peores son los que traspasan el límite constitucionalmente marcado a su trabajo.
Ya no se trata tanto del vicio ancestral de cuando la dádiva doblaba la vara de la justicia como del ejercicio de la ley al servicio de una ideología. Sin entrar en el enredo de un Consejo General del Poder Judicial constituido como si fuera una mesa de partidos, este problema es un ejemplo vivo en el Tribunal Constitucional.
Desde hace tres años tiene sobre la mesa la responsabilidad de decidir si el Estatut de Catalunya encaja dentro de la Constitución o si algunos de los artículos sobrepasa sus límites. Pero los magistrados, alineados frente a frente como los políticos en las bancadas del Congreso, no encuentran solución a casar ley con ley. Parecen haber interiorizado por mitades los modelos enfrentados que esgrimen los partidos políticos.
Y peor imagen da el Supremo al imputar al juez Garzón por haber instruido el sumario sobre las víctimas del franquismo. Al juez ya le había obligado a desistir la propia Audiencia Nacional, pero el alto tribunal dio cobijo a dos denuncias de sendas asociaciones ultraderechistas, duchas en azuzar conflictos. Dicen que el interés es sentar la mano a un juez valiente con enemigos.
Ese argumento se cae por su peso cuando el ponente del caso es un juez contaminado por haber hecho agitación contra la Ley de la Memoria Histórica. Cualquier día una instancia internacional señalará a España por la ignominia de ahogar una ley creada para rescatar los huesos de más de 100.000 fusilados desperdigados por las cunetas. Setenta años después está prohibido honrar a ciertos muertos. El Supremo da ejemplo y para ello encierra nuestra historia en un cuarto oscuro.
