Las encuestas reflejan una ventaja de hasta cinco puntos del PP sobre el PSOE, lo cual indica que, si las elecciones generales se celebraran este domingo, a Mariano Rajoy le habría llegado la hora de gobernar.
La brecha en la intención de voto responde a que la crisis económica ha minado los apoyos al presidente Zapatero y ha dado al PP esa fuerte ventaja relativa pese a que también sufre un descenso de votos. Fiado en estos datos, en el partido de la oposición ha crecido una euforia basada en la teoría de que para alcanzar el poder no hay que hacer nada. Basta con azuzar la crítica y cosechar el desgaste del otro.

Pero para las elecciones generales faltan dos años y medio, y el tiempo, en política, es una variable incontrolable. El líder popular basa su oposición en los réditos del discurso del desastre, confiado en el cálculo nada exacto de que la recuperación económica se retrasará hasta que pase la decisiva cita electoral. Rajoy ha contestado los Presupuestos de 2010 con un discurso firme, reducido al eslogan de "chapuza letal" y a la ausencia de cualquier medida alternativa que permita consolidar su capacidad de gobernar.

El presidente del PP sufre dentro de sus filas nuevos ataques a la estabilidad de su cargo y a su firmeza como líder. Ha bastado la destitución del secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, para cuestionar el poder de Rajoy a la hora de mantener la disciplina interna y para abrir interrogantes sobre el difícil equilibrio entre los compromisos adquiridos y su propia credibilidad.

De Valencia le llegó a Mariano Rajoy el impulso decisivo para confirmar el liderazgo en el partido tras su segunda derrota electoral. Y en la Comunidad Valenciana tiene el PP uno de sus grandes graneros de voto, ahora con un agujero abierto por el escándalo de la trama Gürtel. En sólo dos semanas el número de votantes del Partido Popular que opina que el presidente Francisco Camps debe dimitir se ha duplicado hasta formar mayoría. A la indignación de la ciudadanía ha contribuido tanto la presunta corrupción como el desvergonzado tenor de las relaciones que reflejan las conversaciones grabadas por orden del juez. La táctica de resistir, de negar las evidencias y no tomar medidas, amenaza con convertir este caso en un suplicio judicial para el partido.

La autoridad de Rajoy no ha sido desafiada sólo por un secretario regional. Lo hace cada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El último episodio es la encarnizada batalla por el control de Caja Madrid, que más parece una lucha por el control de la cuarta entidad financiera para lograr un tesoro con el que alimentar ambiciones políticas.

La oposición a la reforma de la Ley del Aborto coloca al PP en otra encrucijada. Rechaza reconocer este derecho a las mujeres, vigente en la casi totalidad de los países europeos, pero asume mantener la actual despenalización, que protegió sin objeción alguna durante sus ocho años de Gobierno. Rajoy y su partido tienen todo el derecho a defender determinados principios morales, pero para aspirar a convertirse en una derecha moderna deben hacerlo sin mostrar su dependencia de lo que se predica en los púlpitos de las iglesias. Vivimos en una democracia civil y este país aún necesita dotar a sus ciudadanos de una serie de derechos que les fueron negados durante una cruel dictadura que sólo les trató como súbditos.

El líder del PP necesita mejorar la confianza que despierta en los ciudadanos si aspira a gobernar. Y, para ello, "el partido de la unidad" ha de superar contradicciones que enfrentan a sus formaciones regionales. ¿Por qué en el Congreso vota contra el blindaje del Concierto vasco frente a lo que reclaman en Euskadi? ¿Cómo se justifica que sobre el trasvase defiendan en Castilla-La Mancha lo contrario que en Valencia o Murcia? ¿Cuál es la razón de que la deuda pública sea una recriminación al Gobierno y un bien necesario en Valencia o Madrid? Y si la subida de impuestos es condenable, ¿qué pasa con la multiplicación de las tasas en Madrid?

El examen final para Rajoy es en 2012, pero en mayo de 2011 tiene una prueba decisiva. En las municipales y autonómicas se decidirá si el PP es capaz de aumentar los dominios de su poder. Ahí se sabrá si ha cambiado el viento.