A la espera de concretar los tirones que a las cuentas del Estado le producirá un todavía desarticulado pacto parlamentario, el proyecto de Presupuestos del Gobierno sufre estos días la crítica de falta de carácter. Ni carne ni pescado, ni medidas anticrisis ni política de reactivación. El Ejecutivo parece haber optado en la etapa final de la crisis por la delgada línea de la tibieza.
El primer y único objetivo claro de los Presupuestos para 2010 es la política social, que absorbe el 51,6% del total del gasto. Es este un esfuerzo necesario porque sólo la partida para asistir a los desempleados crece casi el 59%. Aumentan también de forma considerable los fondos destinados a dependencia, ayudas al alquiler de vivienda o las becas. Pero en contra de la polémica desatada en torno a que el Gobierno atiende a esas prioridades metiendo mano a los impuestos, el recurso verdadero ha sido acudir a la emisión de deuda. El total de emisiones previsto para 2010 asciende a 211.447 millones, el doble que este año y más del triple de lo que este mismo Gobierno hizo en 2007 y 2008.
Endeudarse es aplazar problemas, pero en este camino discutible España tiene margen porque en 2008 representaba el 39,7% del PIB, menos de la mitad del porcentaje de Alemania o Francia. Y aunque este año acabará en un 53,4% y el próximo en un 62,5%, comparativamente cuenta aún con un trecho a favor.
De la lamentada subida de impuestos, la más contestable es el incremento del IVA, de uno y dos puntos, respectivamente, en los dos tramos altos. Pero este es el pago necesario como señal a los mercados de que habrá recursos para compensar el endeudamiento. El Gobierno difiere además el recargo hasta el 1 de julio, en la creencia de que va a servir de efecto llamada para despertar el consumo y con la esperanza de que entonces habrá signos claros de reactivación, especialmente en el campo de las exportaciones. “La reactivación ya se vive en muchas empresas”, afirma un miembro del Gobierno.
Para el año que viene no se toca el IRPF, aunque se suprime la devolución de 400 euros al año, una medida electoral tomada al rebufo del superávit presupuestario para paliar el encarecimiento de las hipotecas, que ahora se benefician de un Euribor en su mínimo histórico. Los 400 euros tienen el récord de haber sido la medida más criticada antes, cuando fue adoptada, y ahora, que se ha anunciado la supresión.
Del resto del arsenal fiscal queda la rebaja de cinco puntos del impuesto de sociedades para las pymes que no destruyan empleo y el aumento de la imposición a las rentas de capital en tres puntos, del 18% al 21%, cuando las plusvalías superen los 6.000 euros anuales. Llama la atención el contraste entre la valoración positiva del retoque fiscal fuera de nuestras fronteras con las críticas internas. Desde la izquierda, la subida se considera ridícula, pero desde la derecha surgen voces que la califican, sin explicar por qué, de la más exagerada de la historia.
La trifulca política llega al extremo de reivindicar una imposición disuasoria para las grandes fortunas, ignorando que la libertad de capitales no tiene fronteras y menospreciando la estructura de las declaraciones de la renta. La gran mayoría del ahorro ha sido obtenido antes como excedente de las rentas del trabajo y sometidas por tanto al IRPF. Además, sólo 100.000 contribuyentes declaran más de 150.000 euros al año.
La lectura sesgada alcanza también a confundir el recorte de gastos corrientes con la inversión, como pasa en I+D donde están garantizados todos los proyectos. Antes de su aprobación, el PP ya lanzó su dictamen sobre estos Presupuestos: “Son un desastre”. Pero en el principal partido de la oposición se suma el rechazo frontal a las cuentas públicas con el enredo de su contabilidad interna.
Rajoy y la cúpula dirigente han pasado de declarar que la trama Gürtel era una acusación injusta o una conspiración del Gobierno a admitir que hay que tomar medidas “contundentes”. Francisco Camps y los demás inculpados todavía no han oído el mensaje, pero el PP empieza a comprender que sus cuentas son también públicas porque se ha dilapidado el dinero de los contribuyentes.
Igual que los éxitos refuerzan, las crisis causan desgaste. Y el impacto de la depresión mundial es de tal magnitud que en España se ha llevado por delante a muchas empresas y ha dejado en la cuneta a algunos ministros, entre ellos al ex vicepresidente Pedro Solbes, un gestor eficaz y prudente que tiene en su haber el primer superávit presupuestario.
Hace justo un año, el hundimiento del sistema financiero puso a los grandes bancos en quiebra, y la operación de salvamento desencadenó la intervención coordinada de los gobiernos, que con el dinero de los contribuyentes pusieron un tapón a aquella sangría. El alcance de la crisis estranguló el crédito, provocó la anorexia de las empresas y ha dejado algunos sectores clave, como la construcción y el automóvil, por poner sólo dos ejemplos, en una situación de difícil salida. El último escalón de esta ola destructora es el paro, que castiga a todas las economías y, en especial, a la española.
La estafa financiera que dinamitó el ciclo de expansión fue de tal calibre que surgieron voces que reclamaban la refundación o la reforma del capitalismo. Ahora que la bolsa ha devuelto el valor de cotización a los grandes bancos, han vuelto las prisas y el objetivo se reduce a una regulación de los mercados para evitar aquellas tropelías. El G-20 ha reducido los objetivos a implantar algunas normas, controlar los paraísos fiscales, poner coto al desmán de los bonus de los ejecutivos y abrir algo la mano al comercio mundial.
Todas esas subvenciones públicas fueron asumidas como un mal necesario sin más culpables que Lehman Brothers, un banco de inversión que se quedó sin rescate. En este país, a diferencia de nuestro entorno, el debate se ha crispado en cuanto ha llegado el turno de arbitrar ayudas de subsistencia a los parados sin subsidio. Los grandes perjudicados de la crisis parecen tener la desgracia de no ser corporaciones.
Ni siquiera en Estados Unidos, con Bush ya derrotado en las urnas, se buscó un único culpable de este desastre. Desgraciadamente son muchos. Pero en los últimos días, en España, un aluvión mediático coincide en el mismo diagnóstico: “El problema es Zapatero”. Es simplemente el eslogan del PP, que aplaza su responsabilidad de partido de gobierno al momento de conquistar el poder. Esta abrumadora lectura responde a una desigualdad manifiesta, que es la superioridad de medios de comunicación conservadores, es decir, de derechas, que no se corresponde con la geometría del Parlamento decidida por los ciudadanos con sus votos. El elemento determinante de este flujo de opinión ha sido el alineamiento sobrevenido de los medios de comunicación del Grupo Prisa a esta tesis. No parece el más sutil de los argumentos criticar “la productividad” del Gobierno, como si se tratara de un taller textil, en lugar de hablar de la eficacia o del acierto. Ni exigir elecciones anticipadas cuando el final del túnel está cerca y Zapatero fue elegido hasta 2012.
El cambio de línea editorial se justifica en declaraciones a The New York Times en que Francia y Alemania han iniciado el repunte y la economía española aún sigue en declive. Nadie sabía hasta ahora que nuestro país tiene el mismo liderazgo industrial y equivalente estructura de apoyo social que estos dos socios europeos. En Alemania se han sostenido 1,5 millones de empleos con el método de reducir jornada a unos trabajadores para dar ocupación a otros. El Estado paga el coste y nadie denuncia esta subvención masiva.
En España, la OCDE acaba de pronosticar 4,5 millones de parados a finales de 2010, con lo cual el coste de la crisis serán 2,7 millones de desempleados. Hace dos años, en pleno furor expansivo y recurso a la mano de obra extranjera, había 1,8 millones de parados registrados. El problema viene de lejos y tiene sus raíces en una economía estacional y demasiado dependiente del ladrillo, que es necesario modernizar. El presidente Zapatero, para sostener la inversión pública y el empleo, propone subir algunos impuestos. El objetivo es recaudar 15.000 millones más, la mitad de la rebaja fiscal que su Gobierno ha aplicado estos años.
La medida puede ser criticada, pero está en línea con lo que han hecho Francia (impuesto a las grandes fortunas) o Alemania (subida del IVA). Los países del euro tienen delegada en el BCE su política monetaria y la política económica mundial está concertada en el seno del G-20, así que el único margen de maniobra es la política fiscal. Los organismos internacionales recomiendan mantener el papel del Estado para sostener la economía frente a la crisis, así que ¿dónde está la improvisación y la heterodoxia de Zapatero?
Todo medio de comunicación tiene libertad total para la crítica, aunque está obligado a una información contrastada y responsable. Las tensiones de El País con los sucesivos gobiernos dan para escribir más de un libro, pero esta ola de ataques viene precedida por la declaración de guerra del máximo ejecutivo de Prisa. El pasado 21 de agosto acusó a Zapatero, desde la emisora del grupo, de “haber enterrado el felipismo”. Felipe González perdió el poder en las urnas en 1996, Zapatero lo ganó en 2004.
“Juan Luis Cebrián pensaba que Zapatero iba a ser Felipe”, dicen en Moncloa. En su primer año el Gobierno de Zapatero adoptó tres medidas importantes para el porvenir de Prisa: la rebaja del IVA, que proporcionó 400 millones a las cuentas de Sogecable, la licencia de Cuatro y la decisión de que la sentencia del Supremo sobre Antena 3 Radio no podía ser cumplida. El problema, ahora, es que la televisión de pago se abre a la competencia.
Cebrián, como director, tiene el gran mérito de haber incluido a El País entre los diez más grandes del periodismo. Y el periódico, la cualidad de haber sido tan rentable que financió la construcción de un grupo. Por eso, no es siquiera prudente poner todo ese poder y esa influencia al servicio de intereses empresariales propios, aunque estos no hallen eco en la política.
Consumido el verano a efectos laborales, el otoño que empieza es decisivo para el futuro de todos y para el porvenir de los dos grandes protagonistas de la política, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. El denominador común es el alcance de la crisis y cómo hallar la salida, pero las prioridades llevan a los dos grandes partidos a desplegar su política en dos sendas paralelas que jamás se juntan, salvo si se trata de afrontar la nueva gripe.
El PP vive ensimismado en los casos de corrupción que le salpican y, presa de un ataque de nervios, trata de convertir el escándalo en síndrome de victimismo.Puede que esa estrategia sirva para mantener la moral de resistencia de los suyos, pero la credibilidad de un partido que aspira a volver a gobernar puede quedar gravemente dañada cuando, sin alusión alguna a la veintena de parlamentarios y altos cargos imputados, pretende reducir el caso a una persecución del Gobierno y de otras instancias del Estado contra el PP. Rajoy debería callar cuando le toca hablar a los jueces.
Confundido en sus líos judiciales, en las últimas semanas la aportación del PP al devenir de la economía es que todo lo que hace el Gobierno es un desastre. La desconexión con la mayor preocupación de los españoles es tal que el portavoz del partido en asuntos económicos, Cristóbal Montoro, es capaz de decir un día que la ayuda de 420 euros al mes a los parados que ya no tienen subsidio es tirar el dinero a la basura, y al otro, que todo el mundo sabe que ese dinero no da para vivir. ¿Cuál es el mensaje, que hay que abolir todo tipo de ayudas? Si es así, empecemos por la limosna.
Así las cosas, la crisis económica se ha convertido es un problema exclusivo del Gobierno, que, por cierto, es al que le toca resolverlo. A ello no ayudan las medidas anunciadas y luego corregidas, ni la sucesión de mensajes a veces contradictorios de distintos miembros del Gobierno.
Para complicar las cosas, los datos reflejan que el alcance de la recesión es más profundo que en otros países europeos, porque el componente estacional de nuestra economía es mayor y el hundimiento de sectores clave en la expansión, principalmente la construcción, es más profundo. Frente al repunte logrado en Alemania y Francia, España sigue cuesta abajo: el PIB continúa cayendo, se dispara el déficit y vuelve a crecer el paro después de tres meses de leve respiro.
La estrategia de Zapatero es resistir este otoño hasta que llegue el repunte, fiado ahora a la primera mitad de 2010, cuando la Presidencia de la UE dará a España un protagonismo clave en la escena internacional. El presidente ha centrado el apoyo a los Presupuestos del próximo año en los nacionalistas y grupos de izquierda. Tras el idilio frustrado con Artur Mas, el acuerdo con CiU se antoja imposible o demasiado caro. Pero esa estrategia de frente de izquierdas suscita confusión y críticas en el seno del PSOE y en algunos ministros que, en la perspectiva de la próxima cita electoral, ven esencial hacer guiños a las clases medias, ocupar el centro.
Recién elegido secretario general del PSOE, tras la debacle electoral de los socialistas, en una de sus primeras entrevistas Zapatero declaró aquello de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Recibió críticas y menosprecio, pero fue la carta de presentación de una nueva política, que el 14 de marzo de 2004, en su primer examen electoral, le dio el triunfo, algo inédito en nuestra democracia.
Ya en el poder bajó los impuestos, experimentó el superávit fiscal y copió de Estados Unidos una medida nada católica, devolver a los contribuyentes 400 euros de ese excedente. Por culpa de la crisis ese reintegro se acabará para una buena parte de los ciudadanos, que además verán incrementado el gravamen sobre las plusvalías que obtengan de la inversión o del ahorro. Zapatero experimentará así los dos lados de la política fiscal, pero donde se juega su futuro no es en estos retoques, sino en recuperar la senda del crecimiento. Y el principal reto no está en las medidas coyunturales, sino en esa ley prometida del modelo de economía sostenible. Porque la apuesta no es volver a crecer, sino hacerlo con una economía estructuralmente más sólida, menos vulnerable al vaivén de los ciclos.
Podrá el PP resistir el espectáculo de Francisco Camps sentado en el banquillo ante un jurado popular?”, se preguntan estos días algunos dirigentes del partido con despacho en la sede de la madrileña calle Génova. El comentario se hace en privado porque la línea oficial es la de resistencia cerrada. Para que se llegue a esa temida situación sólo falta uno de los dos “escaloncitos” que el propio inculpado, el presidente de la Generalitat valenciana, dice que le faltan por subir para dejar de estar envuelto en esta “situación absurda”.
La estrategia del PP, ordenada por el líder, Mariano Rajoy, para hacer frente a las acusaciones de corrupción que afectan a 21 cargos del partido tiene puntos débiles y alguna fortaleza. El gran error es confrontar con uno de los pilares del Estado de derecho –la Justicia– a un partido que aspira a gobernar de nuevo. El triunfo es que, a través de esa oposición al inicial juez instructor de la causa, que se vio obligado a inhibirse, los conservadores han logrado trocear la causa con la pretensión de minimizar costes futuros.
Resulta así que la instrucción de un sumario contra una supuesta red de corrupción, que se dedicaba a conseguir contratos financiados con el dinero de todos a cambio de favores a cargos públicos, se verá sustanciada, por partes, en tres instancias: en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su homólogo de Valencia y en el Supremo. La razón es que varios de los implicados son aforados, y uno, el senador Luis Bárcenas, es el tesorero, el epicentro financiero del partido. La unidad de la causa queda de momento reducida al menudeo, y la investigación del mal uso del dinero de los contribuyentes, postergada al interés defensivo de los políticos inculpados.
El fortín levantado frente a los jueces choca con la tradicional influencia del PP en el ámbito judicial. Por eso no parece muy inteligente que los líderes populares salgan a una para anteponer la palabra de Camps al auto dictado para llevarlo a juicio. Sobre todo cuando parece demostrado que Camps mintió, primero, ante la opinión pública y, luego, ante el juez, al afirmar que había abonado los trajes. Como acusado tiene derecho a mentir en su defensa, pero, al hacerlo, pierde, como político, el título de Honorable que le otorga ser presidente.
No debería ser esto razón para que responsables del PP, en un desbocado intento de salvar la imagen del partido, vengan a decirnos que, si los trajes y otros presentes recibidos por Camps fueron regalos, también lo son todos los detalles que se obsequian entre amigos. Para no condenar sobornos y perdonar una lata de anchoas, argumentan, es mejor suprimir el delito de cohecho que figura desde hace más de 200 años en el Código Penal. Ya estamos al pie de la teoría de que hay que aceptar algunos delitos como cosas normales. ¿En qué cajón está guardado el código ético del partido?
Para evitar ir a juicio, a Camps y a los otros tres encausados sólo le queda la vistilla del día 15 y el previsible recurso. Llevamos meses de trama Gürtel pero la sorpresa saltó ayer cuando la Fiscalía solicitó al juez incluir a Francisco Correa y a El Bigotes en la misma causa. De tanto preocuparse por los posibles corruptos nos habíamos olvidado de los corruptores.
La táctica del PP de que todo era un invento le permitió ganar tiempo para superar dos campañas electorales. Ahora, según un dirigente, “ya no hay tanto coste porque no hay urnas a la vista”. Se olvida de que, tras la causa de Valencia, vendrán la de Madrid, donde se acumula el grueso de imputados, y la del Supremo. Puede que Rajoy a la postre se arrepienta de tantos desfiles de inculpados. También corre el riesgo el líder conservador de que los empresarios que apoyan al PP se cansen de arriesgar el ansiado triunfo electoral ahora que, borrados por la crisis los años de esplendor, necesitan mejorar beneficios.
España –ahí está el PSOE– tiene experiencia sobrada de cómo la defensiva ante la corrupción es una táctica dilatoria que lleva sin remedio a la derrota. Pero lo peor de la trinchera cavada contra las corruptelas es que mueve a los ciudadanos a dar la espalda a los políticos. Y esa desconfianza ha convertido a los partidos en cúpulas que se suceden a sí mismas. Se olvidan los dirigentes de que, en una democracia, la política es patrimonio de la ciudadanía y, ellos, sólo unos simples elegidos con fecha de vencimiento.
El debate nuclear en España hierve a la misma temperatura que la política. Al contrario que la disputa partidaria, que es de ebullición constante, la polémica sobre las centrales nucleares guarda desde hace tiempo largos periodos de reposo y sólo entra en ignición cuando se produce un hecho relevante.
Ahora le toca el turno al previsto cierre de la central en activo de Santa María de Garoña (Burgos), como hace poco le tocó a la de Zorita asumir el cierre. Cuando el 19 de octubre de 1989 un incendio dañó gravemente la estructura del edificio que alberga al grupo Vandellós I, se impuso el desmantelamiento por razones de seguridad. Nadie se opuso, aunque aún se ignora el coste total de esa obra que pagamos entre todos.
En nuestro país funcionan ocho grupos nucleares, pertenecientes a tres generaciones distintas, distribuidos en seis instalaciones que generan el 20% de la energía eléctrica. Hace pocos años representaban un tercio del total, pero entonces nuestro país tenía déficit y hoy exporta electricidad. El aumento de la potencia instalada, gracias a la eólica y a nuevas centrales de ciclo combinado, ha disminuido el peso relativo de lo nuclear en el mix de producción energética.
Los defensores de la energía nuclear sostienen que es un recurso imprescindible y mucho menos contaminante que el carbón o el petróleo. Sus detractores mantienen que es un riesgo incontrolable en caso de accidente gave, además de que los residuos representan un peligro de contaminación de alta intensidad para generaciones futuras (algunos isótopos del plutonio conservan alta radioactividad durante 24.000 años).El mejor argumento nuclear es la rentabilidad frente a otras fuentes de energía. Sin duda esto es cierto en Francia, que ha hecho de las centrales nucleares una opción de Estado y construido un modelo estandarizado que produce el 75% de la energía nacional bajo la gestión de la empresa pública EDF.
En España hacer números es más difícil.Nuestro país se incorporó a lo nuclear a finales de los sesenta, cuando esta industria, que nació inicialmente como un proceso intermedio para el acceso al arma atómica, se abrió paso como alternativa a las crisis del petróleo. Las inversiones para acometer las centrales de primera generación (Vandellós I, Zorita y Garoña) se hicieron con créditos referenciados con el dólar a 190 pesetas.La organización terrorista ETA, tras el secuestro y asesinato del ingeniero Jose María Ryan, fue determinante en la moratoria nuclear decretada por el Gobierno socialista en octubre de 1983. Pero no sólo Lemóniz, sino otras centrales en construcción o en proyecto fueron paralizadas. Las compañías recibieron en compensación un 2,89% del recibo de la luz que pagan los españoles. Ese porcentaje se elevó después al 3,89%.No fueron esas las únicas ayudas que recibieron las eléctricas y nunca quedó claro qué parte del dinero sufragado por los consumidores fue destinado al coste de la moratoria nuclear y cuál a la reorganización y saneamiento financiero de las compañías.
En paralelo a ese recargo en el recibo, el Gobierno arbitró en 1985 el intercambio de activos entre las empresas que perseguía ese doble objetivo. Esos intercambios, que contribuyeron al equlibrio financiero de las eléctricas, culminaron hace pocos años con Rodrigo Rato en el Gobierno. A Rato también se deben los llamados costes de transición a la competencia (CTC) que la prensa bautizó como “el billón para las eléctricas”.Las centrales nucleares son el único negocio privilegiado que no se hace cargo de todos sus costes. Ni asume la gestión de los residuos ni corre con el riesgo de accidentes, porque ningún consorcio de seguros en el mundo cubre esa póliza. Los paga la sociedad. En el caso español es otro recargo en el recibo que rige desde 1984 hasta el próximo 30 de junio. Enresa ha acumulado así más de 2.800 millones de euros, pero aún no hay fecha para el cementerio nuclear y estos residuos peligrosos, a un ritmo de 1,8 toneladas al año, se amontonan al aire libre porque las piscinas de algunas centrales nucleares están saturadas.
Sobre el cierre, las nucleares españolas se construyeron con una vida útil de 25 años. Luego se concedió una prórroga de 15 más, que para Garoña se cumplen en 2011. El sector pide ahora alargar la vida hasta los 60 años. ¿Y el riesgo?
Algunos políticos pisabrotes, que no pisaverdes, muy en sus zapatos aplastan con decisión las sospechas aunque luego se les escurran por debajo de los pies. Forman esa vanguardia de seguidores de ciertos propagandistas de culto, escritores de tirada larga y ética invisible, que defienden que este no es tiempo de principios sino campo abonado para el interés compuesto. El futuro, vienen a decir, es para gente decidida, que aprovecha el momento y logra beneficios. El cómo apenas importa.
La primera tesis general, que actúa como envolvente de un escenario en el que sólo vale el triunfo, es que con el dinero privado todo el mundo puede hacer lo que quiera. Falso. Existen límites legales y la barrera de que nadie se puede lucrar vulnerando los derechos de otro. Además, está sobre la mesa el ejemplo de cómo la falta de controles permitió crear una estafa financiera que se ha convertido en una crisis económica que sufrimos todos. Principalmente en Estados Unidos, la burbuja financiera causó la quiebra de bancos, que han tenido que ser rescatados con dinero público.
En nuestro país, la teoría de moda es la de que las elecciones lo lavan todo, como si fueran jabón. Olvidan sus defensores que las responsabilidades políticas son personales y el escudo del partido no es de uso recurrente. Pero, ¿cómo va a ser cierto si el sistema electoral español es de lista única bajo unas determinadas siglas? La hipótesis del perdón automático llevaría a hacer responsable a toda una organización de cualquier error de uno de sus militantes. Conduciría a la destrucción y renovación permanente de las estructuras políticas por la conducta de un solo individuo.
Todo esto viene a cuento de la colusión frecuente entre corrupción y política. Por desgracia en España abundan los casos, pero el de actualidad más viva es la trama Gürtel, que lleva cuatro meses en boca de todos. A la hora de las incriminaciones, los representantes elegidos gozan de más protección jurídica; por eso los parlamentarios están aforados. Se trata de un seguro del sistema democrático para salvaguardar la soberanía popular de cualquier ataque interesado. A cambio, los políticos no deben sólo parecer honrados, tienen la obligación de serlo. La razón es que administran el dinero de todos, el que los ciudadanos pagan con sus impuestos.
Cuando se inició la investigación por parte del juez Garzón, la primera reacción de los líderes del PP fue explicar que los contratos con el empresario Francisco Correa y sus socios se habían interrumpido en cuanto Mariano Rajoy pisó la sede del PP en la madrileña calle Génova como presidente del partido. Como esa declaración asumía un problema del pasado y chocaba con los contratos que esa red mantenía en comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP, a los dos días se decidió una nueva estrategia. La ejecutiva nacional en pleno salió a acusar de persecución y campaña inventada la actuación del juez instructor.
Quince iniciativas judiciales del PP contra el magistrado fueron rechazadas. La propia Fiscalía instó al juez a inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia porque resultaron implicados diputados regionales, entre ellos, el presidente valenciano, Francisco Camps. Algunos alcaldes y concejales se vieron forzados a dimitir, no así los parlamentarios. Hace unos días, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor del Superior de Madrid elevó el caso al Tribunal Supremo, por la inculpación del eurodiputado Gerardo Galeote, el diputado Jesús Merino y el senador Luis Bárcenas, tesorero del PP.
La estrategia del “todo es falso” ha tenido un recorrido de pasos hacia atrás que pone al partido de espaldas contra la pared. ¿Qué hacen sus líderes respaldando a un tesorero que se paseaba con 330.000 euros en billetes de 500 por si en el camino le salía un cuadro de ocasión? A Bárcenas se le acusa de hacerse con más de un millón de euros en recompensas de la trama y de evasión fiscal en un paraíso aislado y con palmeras. Alguien debe explicar por qué no se defiende solo. La doble tesis de una campaña política, primero para impedir ganar al PP Galicia o las europeas, y luego como venganza, no basta. Queremos saber dónde está el dinero de todos destinado a contratos para amigos y prebendas.
Sin Europa, España sería posiblemente hoy un país retrasado, con una democracia inestable o a lo mejor ya frustrada, peleando por mantener una cierta ventaja sobre los vecinos más cercanos del norte de África. El ingreso en la Unión Europea, firmado en junio de 1986 con el Gobierno de Felipe González, representó el fin del aislamiento, la salida de la autarquía franquista y la creación de multinacionales, la incorporación al bloque más rico del mundo, el que, pese a las crecientes desigualdades, mejor reparte la riqueza. Con un peso económico y político que le sitúa entre los países medianos de la Unión, el Gobierno de nuestro país lleva años compartiendo el protagonismo con los grandes en el corazón de la política europea.
Las ayudas de la UE y los flujos de inversión han hecho de las últimas dos décadas el período más largo e intenso de progreso. Pero ahora España y Europa entera están inmersas en la crisis mundial que empezó por el hundimiento del sistema financiero. El primer impacto ha sido el predominio de los intereses nacionales frente el interés común. La zona económica más importante del mundo ha sido incapaz de afrontar unida el reto de salvar la economía.
La organización internacional de más éxito en la historia, integrada hoy por 27 países pertenecientes antes a bloques enfrentados, parece hoy ser más débil y estar más desunida que nunca. Por eso no es de extrañar que la campaña para las elecciones del Parlamento Europeo se haya convertido en una confusa maraña de controversias internas. Por poner algún ejemplo, en el Reino Unido estas elecciones se han convertido en un test de las generales que se celebrarán dentro de muy pocos meses. El líder conservador, David Cameron, será el seguro vencedor y ya ha anunciado que cuando conquiste el poder una de sus primeras medidas será un referéndum para vetar el Tratado de Lisboa.
Esta futura Constitución Europea se quedaría así en riesgo de muerte cuando el compromiso común era salvar el escollo que supuso el no irlandés. El de Lisboa no es sólo la recopilación de los sucesivos tratados que integran la construcción europea, sino, además, la ambición de poner en común la ciudadanía y el mercado laboral en un club en el que ha primado hasta ahora la libre circulación de capitales y mercancías. El déficit de los derechos de las personas es una cuenta pendiente y por eso extraña aún más que en los socios de nuevo cuño, los antiguos países del Este, hayan surgido partidos que reclaman políticas de segregación y racismo sin que el Parlamento ni la Comisión Europea hayan tomado nota de ello.
Según el mito griego, la bella fenicia llamada Europa fue raptada por Zeus, transmutado en toro, que la llevó hasta Creta para abusar de ella. La fértil Europa parió trillizos y uno de los tres regalos que le hizo el dios fue Laelaps, el cazador perfecto, un perro que nunca soltaba la presa. Los capturadores de votos que los grandes partidos europeos lanzan en sus cotos nacionales suelen ser antiguos perdedores de elecciones que se quedan sin sitio en las listas de los grandes comicios estatales. En nuestro país, estos cazavotos se han olvidado de los proyectos urgentes de Europa para azuzarse con trajes de dudoso origen o gripes que superan las defensas de algunos militares, trofeos de
corto alcance.
El Parlamento Europeo, pese a su buen nombre, es una Cámara irresponsable que sólo tiene poderes de codecisión legislativa en algunas áreas. Tampoco los eurodiputados parecen preocupados de su escaso prestigio ni les duele su mínimo poder de convocatoria porque nunca vota ni la mitad del censo. También alguno de ellos, como el cabeza de lista del PP, Jaime Mayor Oreja, presta oídos sordos al dudoso honor de pertenecer al grupo de europarlamentarios que hace más pellas.
Hace falta más Europa, pero conservadores y socialistas coinciden en mantener al frente de la Comisión Europea a Durão Barroso, el ex primer ministro que metió hace años a Portugal en una depresión sin fácil salida. Desde que en 1995 se fue Jacques Delors, los jefes de Estado y de Gobierno han elegido para la Comisión a un presidente débil y manejable, porque así es más fácil defender los intereses nacionales. Han arrebatado el porvenir a la bella Europa.
El debate sobre la crisis, que es el estado actual de la nación, fue una representación vibrante de los líderes políticos, espalda contra espalda, incapaces de concertar cualquier cooperación para afrontar los males profundos que padece nuestra economía. En el plano político, si verdad fuera que el presidente y el PSOE están solos, como afirma Mariano Rajoy, entonces al líder del PP le queda el recurso de la moción de censura, el único instrumento legal posible para lograr el poder antes de que se lo den las urnas.
En ese caso, el jefe de la oposición tiene que concertar una mayoría parlamentaria que hoy no tiene y un programa con medidas asumibles por sus futuribles socios, la derecha nacionalista catalana y vasca, además de otros apoyos. En ese marco, ya no valdrán los silencios para programar soluciones: por ejemplo, si es imprescindible cambiar el marco laboral –léase, abaratar el despido– para afrontar el futuro. El martes, Rajoy se negó por tres veces a responder al emplazamiento que le hizo Zapatero en el Congreso, aunque la callada del líder del PP sonó a respuesta concluyente.
El presidente Zapatero se presentó al debate con un discurso cargado de propuestas y con la actitud de quien, en lugar de haber renovado a fondo un Gobierno semiparalizado por la crisis, llegaba a la Cámara con un Gabinete de nueva planta con el que hacer frente a una grave situación surgida de improviso. Lógicamente, los líderes de la oposición tienen el derecho y el deber a la más dura de las críticas, pero no es alentador que, aferrados al discurso que traían de casa, dieran apariencia de sordos o irresponsables. Sobre todo, si la calle escucha. Y la respuesta tardó menos de un día en llegar de boca de la CEOE, de los sindicatos y de diversos sectores beneficiados por las medidas. Resulta incomprensible que si los ciudadanos sufrimos la crisis, algunos líderes se escabullan incluso del grupo de presuntos implicados. Los políticos tienen el derecho de hacer pilates o cualquier otro tipo de gimnasia, pero en una democracia no les está permitido comportarse como Pilatos.
En el debate, Zapatero planteó un cambio de modelo, que apuesta por la educación, la investigación, la sanidad, la potenciación de la ventaja española en energías renovables…, como vías para poner fin a la excesiva dependencia española de la economía del ladrillo, de la estacionalidad y los avatares del turismo o de la dependencia del automóvil, sector muy potente, pero reducido a ser plantas de montaje de marcas extranjeras. Ese empeño de economía sostenible, si prospera, es un camino para más de una década.
Para el corto plazo, el presidente desgranó una serie de medidas de apoyo, algunas importadas de propuestas del PP, como son las ayudas directas a la compra de automóviles o la reducción del impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas que mantengan el empleo. Por eso sorprende que ni estas hayan sido asumidas aún por Rajoy.
Habrá que esperar al Pleno del Congreso del próximo martes para ver qué acuerdos logran la mayoría, pero la polémica política se centra en la fiscalidad de la vivienda. Zapatero propone mantener las actuales deducciones hasta 2011, para luego limitar las desgravaciones a rentas de hasta 24.000 euros anuales. Ese tope de ingresos puede ser negociado al alza, pero la medida tiene una clara intención de reactivar la compra de pisos en una coyuntura de mercado inmobiliario paralizado.
Para Rajoy, mantener el beneficio fiscal sólo para rentas relativamente bajas representa “aniquilar las clases medias”, lo cual puede dar a entender que el PSOE se cargó la clase alta cuando impuso un tope de deducción a la compra de vivienda. Fue el Gobierno del Partido Popular quien creó una desgravación del 15% sin límite, fuera cual fuera el precio del inmueble a comprar. Todo el mundo sabe que la política fiscal en vivienda tiene en el resto del mundo una finalidad social y que nuestro país necesita ahora incentivar el alquiler. Los expertos coinciden en que en España esa política abierta fomentó la especulación y que los beneficios en el IRPF se incorporaron como margen añadido al precio de los pisos. Sólo así se explica que el precio del metro cuadrado construido en España sea el más alto de Europa.
Desde ayer, el País Vasco cuenta con un nuevo lehendakari, el socialista Patxi López. Y por primera vez desde hace tres décadas se quiebra la constante de un jefe del Gobierno autonómico nacionalista y se pone fin a la hegemonía política del PNV desde que entró en vigor el sistema autonómico surgido de la Constitución. Se cumple así en Euskadi una de las virtudes de la democracia, que es la alternancia en el poder, aunque sea esta todavía una asignatura pendiente en algunas comunidades autónomas. No es el cambio, sin embargo, una ley de hierro, sino la soberana decisión de los ciudadanos, que imponen con sus votos la competencia en el ejercicio del poder.
De las pasadas elecciones autonómicas, el PNV salió como el partido más votado, pero incapaz de reunir una mayoría para formar Gobierno. Pero la circunstancia de tener más diputados que el PSE no le da base para sostener que el Gobierno de Patxi López es ilegítimo. Su reivindicación inconsciente del monopolio se estrella con la realidad de que el líder socialista obtuvo el pasado martes la mayoría entre los representantes de la soberanía popular. Olvida, además, el mayor partido de Euskadi que en España rige un sistema parlamentario y que en 1986 ganaron los socialistas pero el lehendakari fue nacionalista.
El Gobierno que preside López, aparte de la novedad, propone una nueva vía que concita muchas esperanzas, pero conviene tener en cuenta que no está exenta de peligros. En primer lugar, los socialistas van a gobernar en minoría. Su estabilidad depende ahora exclusivamente del apoyo parlamentario del PP, lo cual indica que estará sometido a condiciones. El lehendakari socialista se enfrenta a la vez a la oposición declarada de todo el arco nacionalista, lo que no es un buen principio para intentar integrar a una sociedad dividida en dos mitades. El nuevo Parlamento vasco está libre por primera vez de representantes del entorno político de ETA, pero aún está por ver si ello va a favorecer la declarada política antiterrorista y propiciar el definitivo fin de la violencia. Tampoco se puede predecir si el nuevo camino diseñado reducirá las pulsiones soberanistas que tanto ha alimentado Ibarretxe, una vez que este ha anunciado su retirada de la política activa.
Gobernar en el País Vasco es un valor irrenunciable. “Para nosotros hubiera sido más fácil una coalición con el PNV a cambio de un pacto de lesgislatura que garantizara una mayoría estable en el Congreso”, afirma un destacado miembro del Gobierno. En esa solución de libro había un escollo difícil, la insoportable continuidad de Ibarretxe, y una apuesta catastrófica para el futuro. Ese descartado pacto hubiera acarreado un castigo electoral para el PSOE no sólo en Euskadi, sino en el resto de España. El País Vasco, más que cualquier otra comunidad, vota en todo el Estado. Y la España plural que formuló José Luis Rodríguez Zapatero antes de su acceso al poder apenas existe en el mapa. Los nacionalistas han perdido el poder, con la reducida excepción de ERC en el tripartito catalán.
La decisión compartida por el presidente Zapatero y por el propio Patxi López es aprovechar el capital político de ese triunfo vasco y los posibles beneficios políticos de una buena gestión en Euskadi. Es una apuesta coherente, porque la renuncia no hubiera sido comprendida, aunque ello acarrea una dificultad añadida para el Gobierno central. Lo que en Vitoria es una boda de conveniencia del PP con los socialistas, en Madrid se convierte en asedio. Mariano Rajoy trabaja en el Congreso con el arma de una oposición dura en la tesis de que la crisis económica será tan larga que devorará al Gobierno socialista. En ningún país europeo se produce una contradicción tan dura sobre la salida de la crisis.
A ese acoso del PP se han unido PNV y CiU, víctimas del despecho, dibujando un panorama que hace prever serias dificultades para aprobar el próximo Presupuesto. Con la decisión vasca, el Gobierno de Madrid se añade otro frente de dificultades. Pero el Partido Popular debería barajar que Zapatero tiene tiempo por delante. Y las dos formaciones nacionalistas tendrían que ponderar el desgaste que se produjo en sus filas cuando prestaron su apoyo al PP en la primera legislatura de Aznar.
