El debate parlamentario del pasado miércoles abrió la vía a un entendimiento de la mayoría de las fuerzas políticas para hacer frente común contra la crisis. Pero la necesidad de sumar esfuerzos y construir un consenso choca con la hostilidad irreductible del PP, el principal partido de la oposición, a cualquier acuerdo.
Al Congreso acudió el presidente del Gobierno en su peor momento de confianza y respaldo en las encuestas, y salió reforzado por su empeño en buscar una salida responsable a la situación económica que sufre el país. El líder conservador llegó afianzado en el desgaste de su rival, que le promete réditos electorales, para insistir en el discurso del desastre.
No se sabe por qué, Rajoy, que cerró el camino a cualquier pacto, impuso exigencias: más recorte del gasto, negativa a cualquier subida de impuestos y nada de nada sobre despidos o empleo para no pillarse los dedos. Fundamentó su rechazo a los acuerdos en un silogismo que más parece un galimatías: “No puedo hacerme corresponsable (…), yo sería un irresponsable”. Y expresó sus aspiraciones con una confesión de impotencia: “Si yo tuviera los votos, usted no estaría ahí”. Sabia reflexión de los peros que tiene una democracia.
El peor momento del líder del PP fue cuando se atrevió a pedir los votos del PSOE para desalojar a Zapatero y escurrirse después cuando su rival le retó a presentar una moción de censura. Para lograr la Presidencia del Gobierno sin pasar por las urnas hay que lograr los votos de la mayoría tras defender en el Congreso un programa concreto.
Zapatero se atrajo el sentir de la mayoría con su propuesta de negociar pactos para la creación de empleo, el recorte del gasto público, la reforma financiera y cambios en el modelo de crecimiento. En paralelo a esta negociación política, se seguirá avanzando en la reforma laboral, el pacto sobre el nuevo modelo educativo y la reforma del sistema de pensiones. La Ley de Economía Sostenible sigue semivarada en los despachos.
La disposición de la mayoría de los grupos políticos a sentarse a dialogar supone un triunfo del Gobierno y un mensaje moral, destinado a los ciudadanos, de unidad frente a los problemas. Pero, aunque el presidente admitió en el debate estar dispuesto a corregir errores, “si los hubiera”, las bases de la negociación llevan impuestos dos condicionantes de la política a la que el Gobierno no está dispuesto a renunciar: se mantendrán los incentivos públicos a la actividad económica y no se recortarán las ayudas sociales.
Los diferentes lenguajes políticos del PSOE y los nacionalistas pueden minimizar el pacto. También puede producirse el no de IU-ICV si percibe una deriva hacia la derecha. Sin embargo, la ausencia del PP de las negociaciones limitaría el alcance del consenso a la actual política de acuerdos de geometría variable que ha desplegado Zapatero en los últimos seis años.
La política española vive en campaña permanente aunque aún no se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. Faltan dos años para las elecciones generales, y en ese periodo pueden suceder muchas cosas. Nadie ha sido capaz de diagnosticar la profundidad de la crisis, pero tampoco hay quien dé por imposible que se inicie una recuperación y que 2011 sea un año de creación de empleo.
Este escenario es el peor para un Rajoy abonado a la teoría del desastre. Con tal política parece estar cosechando votos o, más exactamente, situándose por encima de Zapatero en las encuestas. Ese discurso catastrofista es un lema del partido, como lo demostró el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, al proclamar sin rubor en la televisión pública que “los bancos españoles están en la ruina”.
Pese a esa posición destructiva, va a resultar muy difícil para Mariano Rajoy dejar la silla vacía en la comisión creada para negociar los pactos, aunque sólo sea para provocar la destrucción de la proyectada torre de los acuerdos. En el PP empiezan a surgir voces discrepantes de que la consigna del “todo se hunde” sea eficaz como exclusivo banderín de enganche electoral.
A buena parte de la sociedad no hay que pedirle sacrificios, porque ya los está realizando. Lo que los ciudadanos necesitan no es sólo conocer la verdad, sino soluciones a los problemas y un ápice de esperanza. Y en esa tarea tiene también que comprometerse el partido que aspira a gobernar, no sea que los votantes acaben por apreciar que sólo le interesa llegar al poder, al precio que sea.
En la consideración de los españoles el funcionamiento de la Justicia ocupa una posición ínfima. Las encuestas reflejan recurrentemente el cúmulo de males que contribuyen a este último lugar entre las instituciones que merece uno de los tres pilares del Estado de derecho. A esta valoración tan peyorativa contribuyen paralelamente los colectivos de jueces, que denuncian sistemáticamente la falta de medios materiales y humanos para desarrollar eficazmente su función. El problema más profundo que padece, sin embargo, es la imperecedera desconfianza del común de los ciudadanos a que el tercer poder cumpla verdaderamente con la norma esencial de que todos somos iguales cuando se trata de aplicar la ley.
En España hay casi 5.000 jueces para zanjar más de nueve millones de litigios al año. La tasa es de un juez por cada 100.000 habitantes, lo cual parece indicar que son pocos porque cada año quedan sin resolver medio millón de casos que se suman a la montaña de legajos que representan los casi tres millones de sumarios pendientes. La justicia con retraso constituye una injusticia, porque a menudo la satisfacción se arbitra cuando el daño es ya irreparable.
La cualidad esencial de la justicia es que quien dicta sentencia pertenece a un poder independiente para poder zanjar los conflictos sin atender a intereses creados. El principio es que los jueces, para ser ecuánimes, han de ser ajenos a la política, distantes por igual tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo. El ejercicio judicial es una función pública, técnica, neutra frente a las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad. Pero en nuestro país, donde hasta el Ejército de Tierra ha hecho su adaptación al sistema democrático, ocurre que hay sectores de la judicatura que no han recorrido aún el camino de la Transición.
No es justo meter en el mismo saco a miles de funcionarios, pero la discrecionalidad a la hora de dictar sentencia alienta el sentimiento del azar que preside el destino de los litigios. “Depende del magistrado que toque” es la frase habitual cuando toca aventurarse en un proceso. En España hay muchos jueces que desempeñan el papel que la sociedad les ha encomendado, pero hay otros, y su porcentaje es creciente según se ascienden los escaños de la jerarquía en la carrera, que, en lugar de aplicar la ley, la trasforman, la interpretan o la retuercen. Son los que anteponen injustamente sus intereses o creencias a la aplicación del marco legal que la soberanía del pueblo ha dictado. Hay jueces incompetentes o irresponsables, pero los peores son los que traspasan el límite constitucionalmente marcado a su trabajo.
Ya no se trata tanto del vicio ancestral de cuando la dádiva doblaba la vara de la justicia como del ejercicio de la ley al servicio de una ideología. Sin entrar en el enredo de un Consejo General del Poder Judicial constituido como si fuera una mesa de partidos, este problema es un ejemplo vivo en el Tribunal Constitucional.
Desde hace tres años tiene sobre la mesa la responsabilidad de decidir si el Estatut de Catalunya encaja dentro de la Constitución o si algunos de los artículos sobrepasa sus límites. Pero los magistrados, alineados frente a frente como los políticos en las bancadas del Congreso, no encuentran solución a casar ley con ley. Parecen haber interiorizado por mitades los modelos enfrentados que esgrimen los partidos políticos.
Y peor imagen da el Supremo al imputar al juez Garzón por haber instruido el sumario sobre las víctimas del franquismo. Al juez ya le había obligado a desistir la propia Audiencia Nacional, pero el alto tribunal dio cobijo a dos denuncias de sendas asociaciones ultraderechistas, duchas en azuzar conflictos. Dicen que el interés es sentar la mano a un juez valiente con enemigos.
Ese argumento se cae por su peso cuando el ponente del caso es un juez contaminado por haber hecho agitación contra la Ley de la Memoria Histórica. Cualquier día una instancia internacional señalará a España por la ignominia de ahogar una ley creada para rescatar los huesos de más de 100.000 fusilados desperdigados por las cunetas. Setenta años después está prohibido honrar a ciertos muertos. El Supremo da ejemplo y para ello encierra nuestra historia en un cuarto oscuro.
Lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido a confirmar es algo que se sabía: en una democracia, dentro de la lucha política no cabe todo. La sentencia consolida una obviedad pero tiene gran trascendencia jurídica. Arrebata a Batasuna y a las ocho siglas que desde 2002 han nacido para tomarle el relevo el último recurso para persistir en la complicidad, amparo, justificación o defensa de la violencia terrorista.
El Tribunal de Estrasburgo respalda la Ley de Partidos de 1992 y convalida la ilegalización de Batasuna sancionada por el Supremo en 2004, luego confirmada por el Constitucional. La ilegalización de Batasuna, dice, era “una necesidad social imperiosa”, justificada en la seguridad pública y en “la protección de derechos y libertades”. Es decir, la libertad ideológica y el legítimo derecho a la conquista del poder tienen límites. Nadie puede perseguir esos objetivos con la merma de derechos de otros y mucho menos, como es el caso, con la intimidación, el terror y el atentado contra la vida.
Muchas regiones o países concretos han sufrido el fenómeno terrorista a lo largo del tiempo, pero la conciencia de que es una amenaza mundial se impuso de repente el 11 de septiembre de 2001 tras el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Desde ese día la comunidad internacional empezó a desmontar, en algún caso con exceso, la cobertura legal de organizaciones nacionalistas que reclaman la independencia con el recurso a la violencia. En estos últimos años se han multiplicado los convenios internacionales para perseguir a los grupos terroristas, ETA incluida.
En paralelo a estos instrumentos jurídicos, ha ido cobrando fuerza la teoría de la democracia militante o democracia activa: los partidos políticos deben gozar de la máxima protección ideológica, pero no pueden optar al ilimitado principio de la libertad de conciencia individual. Para un individuo transgresor el castigo está definido por el delito. Los partidos, sin embargo, son fuerzas que concurren a la disputa por el voto con el fin de conquistar el poder, así que están obligadas a ser organizaciones responsables, a desarrollar su actividad y defender sus principios sin daños a terceros.
Para el llamado entorno político de ETA, ya se trate de Batasuna o de los herederos creados sucesivamente para representar las mismas aspiraciones bajo otros nombres, esta sentencia les obliga a dejar de justificar la violencia. Pone fin a esa barrera psicológica que tanto daño ha hecho especialmente en Euskadi. “Es un hecho irreversible”, afirma un representante del Gobierno. Pero la decisión del tribunal europeo no pone fin al derecho a reclamar la independencia. La propia sentencia subraya que en España coexisten legalmente otras formaciones políticas que tienen ese objetivo. Ahí esta Aralar, que concurre a las urnas en País Vasco y Navarra: crece en votos y condena la violencia.
No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide la ilegalización de un partido político. Abundan las sentencias, pero el caso más sonado fue el dictado el 31 de julio de 2001, que refrendaba la disolución del Partido de la Prosperidad en Turquía. Esta formación islamista logró un 22% de los votos y llegó al poder en 1996 en coalición con otra fuerza de centro derecha. El tribunal Constitucional de Turquía decidió suprimir el partido y transferir todos sus bienes al patrimonio público porque el presidente, Necmetin Erbakan, era contrario al principio de laicidad del Estado y pretendía imponer el velo y la enseñanza religiosa. Erbakan perdió el poder porque aspiraba a derribar algunos pilares de la sociedad turca, vigentes desde el general Ataturk. Hoy gobiernan el país, sin problemas constitucionales, los islamistas moderados.
Aquella y esta sentencia son una buena base jurídica para alertar de que el triunfo en la batalla política no puede atentar contra los fundamentos que los ciudadanos se han dado para regir la convivencia. También dan pie a deducir que la teoría de que las urnas lo lavan todo, ahora sostenida por defensores crecientes, no es democráticamente aceptable. Desde luego los partidos no son quiénes para condonar la responsabilidad personal de sus militantes, ni estos pueden esgrimir que salir elegidos blinda sus desmanes.
Todas las fuentes que conocen los entresijos de la más alta instancia judicial española coinciden esta vez en un mismo vaticinio: la Sala de lo Penal del Supremo le va a sentar la mano a Garzón. Si así va a ser, tendrán razón los que sospechan que a veces se hacen esbozos de sentencia antes de saber si hay bases para convocar juicio oral por presunta prevaricación.
No es el destino del juez, que tendrá recursos para su defensa y cuenta a su favor con el precedente de que la Junta de Sala de la Audiencia Nacional no apreció delito, lo relevante de este caso, sino la circunstancia de que el Supremo aprovecha este viaje para arremeter de paso contra la Ley de la Memoria Histórica. Y lo hace admitiendo una querella del sindicato franquista Manos Limpias, al que este mismo tribunal en su día rechazó otro recurso por acusación infundada.
La pobre Ley de la Memoria es un piadoso pero inútil intento de permitir que muchos humillados puedan recuperar el nombre de sus antepasados que fueron injustamente fusilados. El Supremo está obligado a respetar las leyes, aunque sabe de sobra que esta norma que tanto parece molestarle es simple papel mojado. No cumple ninguna de las tres pautas que marca la jurisprudencia internacional: ni permite conocer la verdad, ni posibilita restablecer la justicia, ni ofrece reparación. Tampoco facilita medios ni permisos para buscar a los desaparecidos.
Acaso no es tarea del Supremo, pero sí del Poder Judicial, impedir que haya jueces que nunca encuentren tiempo de levantar acta de unos huesos desenterrados que permanecen al sol como si hubieran pertenecido a perros. ¿Más de 70 años después todavía es posible añadir tanta crueldad al dolor de unos familiares que sólo quieren que los restos de los suyos descansen de una vez en una tumba normal? Esa ley, que los jueces están obligados a cumplir, es ya letra muerta.
En la provincia de León, en el alto de Ocero, en un lugar conocido como “La V” por la intersección que dibujan dos carreteras, hay un frondoso pinar de troncos republicanos. Diseminados en ese bosque yacen más de cien paseados, gente fusilada sin juicio, que tuvo que cavar su propia tumba antes de recibir la descarga de unos
desalmados que, en muchos casos, se beneficiaron de los bienes de los muertos. Era un reclamo para activar las denuncias que alimentaron la barbarie. Cuando hace años se amplió la calzada, en el destierre aparecieron restos, pero nadie dijo nada para no parar las obras. Lo urgente era el progreso.
Una viuda que ya es bisabuela costeó con sus ahorros un proceso, buscó testigos, pagó edictos publicados en el BOE y en periódicos sólo para conseguir que su padre pasara de desaparecido a la condición de muerto. Como no hay dinero ni permisos para excavar en terrenos privados, esta señora se tuvo que conformar con un bloque de granito y una placa en la que figura grabado el nombre de su progenitor. Sembró flores en torno a este túmulo figurado y muchas de las veces en las que acude a honrar la memoria de aquel minero las encuentra pisoteadas. Pero esta es una historia triste y humilde que jamás debe enturbiar el afán de justicia del Supremo.
Sin embargo, el Alto Tribunal, a la hora de arremeter contra la ley, aunque el interés primario pueda ser Garzón, no ha dudado ni un instante en elegir como ponente a un juez contaminado, Adolfo Prego. Este magistrado firmó un manifiesto que es un delirio revisionista contra la ley y a favor de la sanguinaria dictadura de Franco, la única en el mundo que se ha ido sin pagar responsabilidad alguna.
Pero los jueces, piensen lo que quieran, no pueden pronunciarse contra las leyes aprobadas por la soberanía que da el pueblo al Congreso, porque su deber es aplicarlas y para ese fin los contribuyentes les pagan. Que está contaminado Prego lo sabe un alumno de primero de Derecho, pero el Supremo aún no se ha enterado.
En las comidillas de Madrid, un destacado miembro del Poder Judicial está dando por sentado ante grupos de periodistas que el supuesto cohecho de Camps quedará archivado antes del próximo 15 de julio. Lástima que la lentitud histórica del Tribunal Supremo no nos permita a la vez ir de vacaciones con más cuentas saldadas y, desde luego, sin memoria.
Hay que acabar con esto. No son de recibo ni los que gritan “We Camps” ni los que piensan “Mein Camps”. Se empieza incubando la crispación… Es que este país no aprende nunca. Tiene razón ese que habla tan bien, pongamos Pons, cuando asegura que esta “porcina” estratagema de la izquierda fue una campaña de algo inexistente para que el PP no ganara las elecciones de Galicia y ahora que la cosa está ya en los juzgados vuelve a ser una campaña para que no gane las europeas.
Por supuesto que lo de Bermejo fue muy distinto. Un fiscal bravo, que debía haber seguido su vocación de músico en grupo pop en lugar de meterse en Derecho, y que cuando se le pararon los pies rebrotó como político para poner reglamento y orden en los juzgados. ¿Qué hacía él, fines de semana y fiestas de guardar, chaquetón verde y botas camperas, pegando tiros, invitado a veces, si decía que era rojo? Tenía toda la razón el aluvión de medios que exigió su cabeza, porque, ¿cómo un ministro de Justicia va a disparar el ocio sin permiso? Ahí está ahora el ex ministro, calladito en el escaño.
Ni comparar con lo de Trillo, uno de los más vociferantes a la hora de exigir la dimisión del otro. ¿Responsabilidad política por lo del Yak-42? Pero, hombre, si las elecciones en lista única lo condonan todo. ¿Responsabilidad moral? ¿En qué país estamos? Los confesionarios están abiertos para todos y los pecados se perdonan. El que no quiera usarlos, allá él. ¿Que los militares viajaban como ganado? ¿Es que vamos a estar toda la vida poniendo en riesgo la estabilidad con los aliados y tenemos que sacar a colación las comisiones de altos mandos de la OTAN? Las 62 bajas fueron de hombres que juraron entregar su vida por la patria, así que debían saber que se la jugaban.
¿Y lo del presidente de la Generalitat valenciana? ¡Ah!, afecta a la privacidad, afirman reputados analistas con experiencia en situaciones desairadas. Es que el sastre acusica ese no es de fiar, escriben otros. Lo que pasa en este país es que hay mucho hijo y nieto de gente que nunca levantó la cabeza, preocupada toda la vida de no clavarse la azada en los pies, que no quiere comprender. Muchos de ellos estudiamos, sí, pero no supimos elegir colegio y ahora nos dedicamos a embrollar.
Estamos obligados a saber que hay un grupo de emprendedores, da igual en tiempo de crisis o expansión, que son los que mueven la economía. Hijos de buena familia o asimilados con contactos que tapan problemas, resuelven urgencias. Son indispensables, aunque eso suponga contratas con sobreprecio pagado con el dinero de todos. ¿Y dónde, si no, quedaría el derecho al legítimo beneficio? Criticar el enriquecimiento fácil es pura envidia. Además, ¿cuándo el dinero de los impuestos se ha empleado al gusto de todos?
Camps, ahora lo hemos sabido, feliz él de haberlo podido explicar a su señoría, es un político sin dinero ni para gastos personales. Se lo tiene que dar su señora de lo que saca en la botica. Además, lo de “amiguito del alma” en privado se quedó en mero conocimiento en el camino entre el Palau de la Generalitat y el de Justicia. ¿Que además hubo regalos “inaceptables” para el imputado, su mujer y su hija? Tranquilos, ya se ha aclarado. Se devolvieron en la trastienda de esa farmacia solidaria. Pero cómo se va a apuntar fecha y detalle de esas cosas. El Bigotes, el donante, es uno de esos seres con almacén de presentes para amigos, simples detalles. No hay piedad para un político elegante, llamado en privado El Curita, que gana elecciones y al que aclaman como “tío Paco” dos pelotones de humildes, congregados por los patriarcas. Cómo no lo vamos a defender si es un valor sin cargos de la Justicia, razona Rajoy. Algún rival debería usar esa cola que asegura sonrisa perenne, blindada ante las situaciones más tensas.
El delito de cohecho está muy claro en el Código Penal, aunque conviene matizar. Por supuesto que es corrupción cuando el arribista de la izquierda, que los hay, llega a un cargo y acepta un reloj de marca rebozado en oro. ¿Pero cómo va a ser lo mismo para alguien que ha nacido con estas cosas por encima de las mesitas de casa? Y parad ya con los trajes. Debería ser público que los comerciantes se pelean por prestar atuendos. Los llevan y los recogen sin precio alguno porque luego los colocan arrugados con ganancia extra a gente que sabe valorar la distinción de arrugas y el sudor original de seres con la capacidad histórica de gobernar. Por encima de eternas rencillas, hay algo indiscutible: estamos en una democracia, pero aún hay clases.
Más de cuatro millones de parados deberían ser argumento suficiente para poner fin al despiadado debate que se produce en España. El Gobierno, acorralado parlamentariamente por la conjunción del PP y los partidos nacionalistas de derechas, promete resultados inmediatos de sus políticas y asegura que no va a ceder a la presión para recortar la protección a los desempleados. La oposición y la patronal suman sus discursos para defender la urgencia de abaratar el despido como fórmula infalible para volver a generar empleo. A ellos se unen las voces de una institución del Estado tan respetable e independiente como el Banco de España y de algunos ex miembros de las filas del Gobierno, hoy al otro lado de la barrera. Lo que la sociedad española anhela es salir cuanto antes del túnel de la crisis, pero lo más
importante no es cuándo, sino en qué condiciones afrontaremos el futuro si superamos este desastre social y económico. Desde esta perspectiva, se trata de una polémica interesada que afecta a la raíz de la propia democracia.
Los asalariados aportan el 80% del impuesto sobre la renta, y esta proporción es aun mayor en la aportación del consumo de las familias al IVA y a los impuestos especiales. Con este dinero de los contribuyentes, el Estado sufraga las ayudas concedidas al sector financiero, a muchos sectores industriales y a la liquidez de las empresas. Aunque algunos se oponen a que estas subvenciones se estén concediendo sin contrapartidas, como se exige, por ejemplo, en Estados Unidos, las medidas de salvamento se están aprobando en España sin que nadie haya puesto un grito en el cielo. Pero desde hace poco más de un año, dos millones de trabajadores se han convertido en nuevos parados, y son ellos los que pagan doblemente la crisis. Y esta situación especialmente dramática, la que suscita los principales desencuentros, es a la vez la gran asignatura pendiente de la cohesión social en España.
Ingreso en Europa
El ingreso en Europa consolidó la naciente democracia española y la rescató de los peligros históricos que han hecho fracasar la convivencia. Con dinero europeo, bancos y empresas españoles que salían de la autarquía franquista pudieron convertirse en multinacionales. El boom de la construcción fundamentado en el crédito fácil contribuyó decisivamente a instaurar el falso mito de que nos estábamos convirtiendo en ricos. España construía al año más viviendas que Alemania, Francia y Gran Bretaña juntos. Sin embargo, un 30% de la financiación provenía de bancos europeos –canal ya cegado– y al calentamiento de la demanda contribuyó el hecho de que casi cuatro millones de viviendas construidas en España sean propiedad de extranjeros. El milagro de la economía española se basaba en que el ciudadano medio estaba convencido de que antes de pagar el primer plazo de hipoteca ya había ganado dinero. Aquel sueño de riqueza se producía con dos millones de parados, un déficit estructural que en cualquier otro país europeo habría hecho saltar todas las alarmas y habría alimentado el descontento. La quiebra de la economía del
pelotazo ha liquidado el gran filón de empleo.
Los que defienden el despido barato tienen razón al argumentar que la crisis produce en España exponencialmente más paro, pero olvidan mencionar la precariedad de nuestro mercado de trabajo, insostenible en el estándar de las socialdemocracias europeas, aunque lleven años de progresiva decadencia, infectada Europa por el virus letal del neoliberalismo. Un tercio de nuestros trabajadores tiene contratos temporales y la masa de emigrantes que tanto ha contribuido a nuestros años de expansión económica trabaja mayoritariamente en precario. Ellos sufrieron en primer lugar el impacto y a nadie pareció preocuparle. Actuaron como un colchón de seguridad hasta que el drama golpeó “a los nuestros”, en un alarde de irresponsabilidad y cinismo, sin que casi nadie analizara en profundidad las graves consecuencias para el futuro.
El modelo alemán
Quienes ponen de ejemplo a Alemania, que como Francia y otros socios de la UE resisten mejor sólo en el campo del empleo, se olvidan de contemplar que la representación sindical no es simplemente allí un cauce para la defensa de los derechos y para el cauce de la protesta. Los sindicatos tienen en ese país también voz y voto en la dirección de las empresas: el conocido sistema de cogestión que explican hasta los libros de texto. La sociedad española valora la convivencia y ha renunciado a la confrontación como recurso. Así que, aunque la situación es más grave, no se da aquí la circunstancia de que el 55% de los franceses justifiquen en las encuestas a los trabajadores que secuestran a empresarios que anuncian recortes de empleo. La frustración social no ha desembocado aún en violencia, lo cual dice algo a favor del temple de nuestros sindicatos. La expansión económica de años pasados permitió renunciar en parte a la promesa del Estado de bienestar que traía el PSOE bajo el brazo en 1982. Se construyó un esbozo de modelo, ahora bloqueado, en el cual el crecimiento constante permitiría superar la fosa inmensa que en nuestro país ha separado históricamente a los ricos de los pobres. Se creó la idea de una conquista lenta de derechos que permitiría acabar con un país tan desestructurado socialmente.
El imperio neoliberal iniciado en Estados Unidos por Reagan y llevado al estertor por Bush minó decisivamente el modelo de la Unión Europea, sometida al vasallaje. La necesidad de financiar la guerra de Irak llevó a acabar con todo control del sistema financiero. La avaricia empujó a alimentar la burbuja y los bancos estadounidenses, en lugar de la gestión prudente del dinero de otros, se dedicaron a practicar la estafa. Los resultados los estamos sufriendo. Cuando estalló el esquema, muchos dijeron que el modelo del capitalismo salvaje había fracasado y todos coincidieron en que había que imponer controles. Ahora la política que decide el G-20 y administra el Fondo Monetario Internacional es la de poner parches que se componen de billones de dólares pagados a los culpables y a los que sufren las consecuencias con el dinero de los ciudadanos. La sociedad afronta la crisis asumiendo deuda para el futuro.
Reformas
Y en medio de ese cruce de ideas se suscitó también la necesidad de un nuevo sistema o de reformas profundas, en lo económico y en lo social, para dejar de ser tan vulnerables a los ciclos negativos. Ya no se habla de eso. Ahora el debate se ha concentrado interesadamente en España en la conveniencia de recortar aún más los derechos, de modo que la protección de lo que ahora existe, si el Gobierno logra defenderla, será el mal menor. Los periodos de crisis son el mejor caldo de cultivo de la demagogia, cuyos frutos son siempre una amenaza para el progreso. Naturalmente todos pueden defender libremente sus ideas, aunque sería aconsejable hacerlo sin recurso a la mentira. Por ejemplo, el ex presidente José María Aznar debería sentarse de nuevo con George Bush antes de decir eso de que con él no habría crisis. Tampoco es aceptable separar la condición de asalariado y ciudadano, porque no es legítimo ni asumible que el factor trabajador sea reducido al criterio contable que se aplica a las mercancías.
Con virulencia creciente, asistimos a una guerra de empujones a los pilares del Estado de Derecho que amenaza con 
convertir la división de poderes en que se asienta la democracia en un enredo. El colectivo de jueces ha decidido actuar como si fuera un partido político, utilizando además las técnicas de movilización de los sindicatos. En su protesta plantean reformas necesarias, pero la mecha que encendió su cólera es el corporativismo.
Las voces autorizadas de los jueces vienen a decir por pasiva que son un poder irresponsable, que nadie puede exigirles cuentas por sus actos y que las mismas leyes que aplican no siempre rigen para ellos. Frente al sentimiento dominante en la sociedad de que juzgan con doble rasero, los jueces eligieron como trampolín de su inaceptable blindaje el caso de su colega Tirado. Los ciudadanos que les pagamos el sueldo y sustentamos la independencia de su poder no tenemos derecho –eso creen– a pedir cuentas por la escandalosa negligencia del juez que no ejecutó la sentencia a quien luego asesinó a la niña Mari
luz. Todo el mundo es responsable de sus actos salvo si es magistrado. Dejaron clara su posición con una huelga, la primera en la historia de un poder del Estado, aunque ¿quién les va a juzgar por ello?
Más grave aún es la connivencia que a veces rige dentro de este club de privilegiados. Hace pocos días el Consejo General del Poder Judicial se reunió para debatir las declaraciones contra el juez Garzón realizadas por Fernando de Rosa, vicepresidente de este organismo dedicado a velar por la independencia judicial. La conclusión fue que era poco acertado decir que la investigación de Garzón sobre una presunta corrupción que toca al PP por varias partes “rozaba la prevaricación”. Pues el excelentísimo señor de Rosa se reunió en el mismísimo Palau de la Generalitat con el presidente de Valencia, Francisco Camps, y otros dirigentes del PP para debatir sobre un caso que parece implicar al propio Camps, su antiguo jefe en el Gobierno regional y el hombre que le promovió al cargo que tan mal ocupa. Declaraciones y reunión se produjeron el mismo día, el pasado 20 de febrero. ¿Habrá que recordarle al Poder Judicial que la ley que rige su funcionamiento y el propio Código Penal prohíben hasta una simple tarea de asesoramiento? No sólo las leyes, también el sentido común dicta que no pueden mezclarse justicia y política, máxime si hay posibles delitos por medio.
A la alteración de la serenidad de los jueces se suma la cruzada del Partido Popular. Ha llamado a rebato a sus filas para convertir en ataque general en su contra lo que es una investigación fiscal y judicial contra una supuesta trama de corruptelas que implica a algunos cargos del partido. Lo curioso es que la primera reacción de Mariano Rajoy y de otros dirigentes, entre ellos Federico Trillo, fue admitir que era una cosa del pasado y forzar la dimisión de varios responsables a modo de cortafuegos. Pero, al escupir hacia atrás, se mojaron los pies. Bastaron una llamada de teléfono y la intervención de Ana Botella en el máximo órgano de dirección del PP en defensa del legado de Aznar para alzar la nueva estrategia de derribar la instrucción judicial. La foto de todos los líderes juntos en el anuncio de la decisión parece la instantánea de un motín del que tendrán que irse bajando uno a uno.
Todos a una
El objetivo es claro: invalidar la investigación logrando hacer prevalecer cualquier fallo en la instrucción. No se sabe todavía si a ello van a contribuir algunos jueces, para que no decaiga la ley del doble rasero. Pero el interrogante que deja el PP en pleno es por qué salen todos a una a defender a un grupo de supuestos corruptos. En esta batalla diputados populares utilizan el Parlamento para atacar la independencia de los jueces, en otra plástica muestra de respeto a la división de poderes. Y al rechazar al juez instructor, sin explicar en base a qué privilegio natural, el PP parece situarse por encima de la justicia.
Rajoy tiene todo el derecho de defender a su partido, siempre que respete las reglas que nos obligan a todos. En la campaña de agitación, entremezclada estos días pasados con la petición del voto, puede anotarse el tanto de haberse cobrado la cabeza del ministro de Justicia. Es una buena victoria de la estética sobre la ética, porque de lo que menos se habla y escribe ya es de que aquí se investiga a unos supuestos amigos del partido que ejercieron su influencia para conseguir contratos que se financian con el dinero de todos. También está en tela de juicio la corrupción de altos cargos del partido.
En lugar de imponer el guión, lo que debería preguntarse el PP es si emplear toda su influencia y gran parte de su crédito democrático para intentar tapar algo sucio es compatible con su legítima aspiración de volver a gobernar. Rajoy no debería olvidar que el partido que preside llegó al poder denunciando la corrupción de la última etapa en el Gobierno de Felipe González. Y tampoco debería seguir ahondando esta peligrosa política de confusión o corrupción de poderes.
