El Partido Popular se pasa a la resistencia
Podrá el PP resistir el espectáculo de Francisco Camps sentado en el banquillo ante un jurado popular?”, se preguntan estos días algunos dirigentes del partido con despacho en la sede de la madrileña calle Génova. El comentario se hace en privado porque la línea oficial es la de resistencia cerrada. Para que se llegue a esa temida situación sólo falta uno de los dos “escaloncitos” que el propio inculpado, el presidente de la Generalitat valenciana, dice que le faltan por subir para dejar de estar envuelto en esta “situación absurda”.
La estrategia del PP, ordenada por el líder, Mariano Rajoy, para hacer frente a las acusaciones de corrupción que afectan a 21 cargos del partido tiene puntos débiles y alguna fortaleza. El gran error es confrontar con uno de los pilares del Estado de derecho –la Justicia– a un partido que aspira a gobernar de nuevo. El triunfo es que, a través de esa oposición al inicial juez instructor de la causa, que se vio obligado a inhibirse, los conservadores han logrado trocear la causa con la pretensión de minimizar costes futuros.
Resulta así que la instrucción de un sumario contra una supuesta red de corrupción, que se dedicaba a conseguir contratos financiados con el dinero de todos a cambio de favores a cargos públicos, se verá sustanciada, por partes, en tres instancias: en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su homólogo de Valencia y en el Supremo. La razón es que varios de los implicados son aforados, y uno, el senador Luis Bárcenas, es el tesorero, el epicentro financiero del partido. La unidad de la causa queda de momento reducida al menudeo, y la investigación del mal uso del dinero de los contribuyentes, postergada al interés defensivo de los políticos inculpados.
El fortín levantado frente a los jueces choca con la tradicional influencia del PP en el ámbito judicial. Por eso no parece muy inteligente que los líderes populares salgan a una para anteponer la palabra de Camps al auto dictado para llevarlo a juicio. Sobre todo cuando parece demostrado que Camps mintió, primero, ante la opinión pública y, luego, ante el juez, al afirmar que había abonado los trajes. Como acusado tiene derecho a mentir en su defensa, pero, al hacerlo, pierde, como político, el título de Honorable que le otorga ser presidente.
No debería ser esto razón para que responsables del PP, en un desbocado intento de salvar la imagen del partido, vengan a decirnos que, si los trajes y otros presentes recibidos por Camps fueron regalos, también lo son todos los detalles que se obsequian entre amigos. Para no condenar sobornos y perdonar una lata de anchoas, argumentan, es mejor suprimir el delito de cohecho que figura desde hace más de 200 años en el Código Penal. Ya estamos al pie de la teoría de que hay que aceptar algunos delitos como cosas normales. ¿En qué cajón está guardado el código ético del partido?
Para evitar ir a juicio, a Camps y a los otros tres encausados sólo le queda la vistilla del día 15 y el previsible recurso. Llevamos meses de trama Gürtel pero la sorpresa saltó ayer cuando la Fiscalía solicitó al juez incluir a Francisco Correa y a El Bigotes en la misma causa. De tanto preocuparse por los posibles corruptos nos habíamos olvidado de los corruptores.
La táctica del PP de que todo era un invento le permitió ganar tiempo para superar dos campañas electorales. Ahora, según un dirigente, “ya no hay tanto coste porque no hay urnas a la vista”. Se olvida de que, tras la causa de Valencia, vendrán la de Madrid, donde se acumula el grueso de imputados, y la del Supremo. Puede que Rajoy a la postre se arrepienta de tantos desfiles de inculpados. También corre el riesgo el líder conservador de que los empresarios que apoyan al PP se cansen de arriesgar el ansiado triunfo electoral ahora que, borrados por la crisis los años de esplendor, necesitan mejorar beneficios.
España –ahí está el PSOE– tiene experiencia sobrada de cómo la defensiva ante la corrupción es una táctica dilatoria que lleva sin remedio a la derrota. Pero lo peor de la trinchera cavada contra las corruptelas es que mueve a los ciudadanos a dar la espalda a los políticos. Y esa desconfianza ha convertido a los partidos en cúpulas que se suceden a sí mismas. Se olvidan los dirigentes de que, en una democracia, la política es patrimonio de la ciudadanía y, ellos, sólo unos simples elegidos con fecha de vencimiento.
Lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido a confirmar es algo que se sabía: en una democracia, dentro de la lucha política no cabe todo. La sentencia consolida una obviedad pero tiene gran trascendencia jurídica. Arrebata a Batasuna y a las ocho siglas que desde 2002 han nacido para tomarle el relevo el último recurso para persistir en la complicidad, amparo, justificación o defensa de la violencia terrorista.
