Igual que los éxitos refuerzan, las crisis causan desgaste. Y el impacto de la depresión mundial es de tal magnitud que en España se ha llevado por delante a muchas empresas y ha dejado en la cuneta a algunos ministros, entre ellos al ex vicepresidente Pedro Solbes, un gestor eficaz y prudente que tiene en su haber el primer superávit presupuestario.
Hace justo un año, el hundimiento del sistema financiero puso a los grandes bancos en quiebra, y la operación de salvamento desencadenó la intervención coordinada de los gobiernos, que con el dinero de los contribuyentes pusieron un tapón a aquella sangría. El alcance de la crisis estranguló el crédito, provocó la anorexia de las empresas y ha dejado algunos sectores clave, como la construcción y el automóvil, por poner sólo dos ejemplos, en una situación de difícil salida. El último escalón de esta ola destructora es el paro, que castiga a todas las economías y, en especial, a la española.
La estafa financiera que dinamitó el ciclo de expansión fue de tal calibre que surgieron voces que reclamaban la refundación o la reforma del capitalismo. Ahora que la bolsa ha devuelto el valor de cotización a los grandes bancos, han vuelto las prisas y el objetivo se reduce a una regulación de los mercados para evitar aquellas tropelías. El G-20 ha reducido los objetivos a implantar algunas normas, controlar los paraísos fiscales, poner coto al desmán de los bonus de los ejecutivos y abrir algo la mano al comercio mundial.
Todas esas subvenciones públicas fueron asumidas como un mal necesario sin más culpables que Lehman Brothers, un banco de inversión que se quedó sin rescate. En este país, a diferencia de nuestro entorno, el debate se ha crispado en cuanto ha llegado el turno de arbitrar ayudas de subsistencia a los parados sin subsidio. Los grandes perjudicados de la crisis parecen tener la desgracia de no ser corporaciones.
Ni siquiera en Estados Unidos, con Bush ya derrotado en las urnas, se buscó un único culpable de este desastre. Desgraciadamente son muchos. Pero en los últimos días, en España, un aluvión mediático coincide en el mismo diagnóstico: “El problema es Zapatero”. Es simplemente el eslogan del PP, que aplaza su responsabilidad de partido de gobierno al momento de conquistar el poder. Esta abrumadora lectura responde a una desigualdad manifiesta, que es la superioridad de medios de comunicación conservadores, es decir, de derechas, que no se corresponde con la geometría del Parlamento decidida por los ciudadanos con sus votos. El elemento determinante de este flujo de opinión ha sido el alineamiento sobrevenido de los medios de comunicación del Grupo Prisa a esta tesis. No parece el más sutil de los argumentos criticar “la productividad” del Gobierno, como si se tratara de un taller textil, en lugar de hablar de la eficacia o del acierto. Ni exigir elecciones anticipadas cuando el final del túnel está cerca y Zapatero fue elegido hasta 2012.
El cambio de línea editorial se justifica en declaraciones a The New York Times en que Francia y Alemania han iniciado el repunte y la economía española aún sigue en declive. Nadie sabía hasta ahora que nuestro país tiene el mismo liderazgo industrial y equivalente estructura de apoyo social que estos dos socios europeos. En Alemania se han sostenido 1,5 millones de empleos con el método de reducir jornada a unos trabajadores para dar ocupación a otros. El Estado paga el coste y nadie denuncia esta subvención masiva.
En España, la OCDE acaba de pronosticar 4,5 millones de parados a finales de 2010, con lo cual el coste de la crisis serán 2,7 millones de desempleados. Hace dos años, en pleno furor expansivo y recurso a la mano de obra extranjera, había 1,8 millones de parados registrados. El problema viene de lejos y tiene sus raíces en una economía estacional y demasiado dependiente del ladrillo, que es necesario modernizar. El presidente Zapatero, para sostener la inversión pública y el empleo, propone subir algunos impuestos. El objetivo es recaudar 15.000 millones más, la mitad de la rebaja fiscal que su Gobierno ha aplicado estos años.
La medida puede ser criticada, pero está en línea con lo que han hecho Francia (impuesto a las grandes fortunas) o Alemania (subida del IVA). Los países del euro tienen delegada en el BCE su política monetaria y la política económica mundial está concertada en el seno del G-20, así que el único margen de maniobra es la política fiscal. Los organismos internacionales recomiendan mantener el papel del Estado para sostener la economía frente a la crisis, así que ¿dónde está la improvisación y la heterodoxia de Zapatero?
Todo medio de comunicación tiene libertad total para la crítica, aunque está obligado a una información contrastada y responsable. Las tensiones de El País con los sucesivos gobiernos dan para escribir más de un libro, pero esta ola de ataques viene precedida por la declaración de guerra del máximo ejecutivo de Prisa. El pasado 21 de agosto acusó a Zapatero, desde la emisora del grupo, de “haber enterrado el felipismo”. Felipe González perdió el poder en las urnas en 1996, Zapatero lo ganó en 2004.
“Juan Luis Cebrián pensaba que Zapatero iba a ser Felipe”, dicen en Moncloa. En su primer año el Gobierno de Zapatero adoptó tres medidas importantes para el porvenir de Prisa: la rebaja del IVA, que proporcionó 400 millones a las cuentas de Sogecable, la licencia de Cuatro y la decisión de que la sentencia del Supremo sobre Antena 3 Radio no podía ser cumplida. El problema, ahora, es que la televisión de pago se abre a la competencia.
Cebrián, como director, tiene el gran mérito de haber incluido a El País entre los diez más grandes del periodismo. Y el periódico, la cualidad de haber sido tan rentable que financió la construcción de un grupo. Por eso, no es siquiera prudente poner todo ese poder y esa influencia al servicio de intereses empresariales propios, aunque estos no hallen eco en la política.
En la consideración de los españoles el funcionamiento de la Justicia ocupa una posición ínfima. Las encuestas reflejan recurrentemente el cúmulo de males que contribuyen a este último lugar entre las instituciones que merece uno de los tres pilares del Estado de derecho. A esta valoración tan peyorativa contribuyen paralelamente los colectivos de jueces, que denuncian sistemáticamente la falta de medios materiales y humanos para desarrollar eficazmente su función. El problema más profundo que padece, sin embargo, es la imperecedera desconfianza del común de los ciudadanos a que el tercer poder cumpla verdaderamente con la norma esencial de que todos somos iguales cuando se trata de aplicar la ley.
En España hay casi 5.000 jueces para zanjar más de nueve millones de litigios al año. La tasa es de un juez por cada 100.000 habitantes, lo cual parece indicar que son pocos porque cada año quedan sin resolver medio millón de casos que se suman a la montaña de legajos que representan los casi tres millones de sumarios pendientes. La justicia con retraso constituye una injusticia, porque a menudo la satisfacción se arbitra cuando el daño es ya irreparable.
La cualidad esencial de la justicia es que quien dicta sentencia pertenece a un poder independiente para poder zanjar los conflictos sin atender a intereses creados. El principio es que los jueces, para ser ecuánimes, han de ser ajenos a la política, distantes por igual tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo. El ejercicio judicial es una función pública, técnica, neutra frente a las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad. Pero en nuestro país, donde hasta el Ejército de Tierra ha hecho su adaptación al sistema democrático, ocurre que hay sectores de la judicatura que no han recorrido aún el camino de la Transición.
No es justo meter en el mismo saco a miles de funcionarios, pero la discrecionalidad a la hora de dictar sentencia alienta el sentimiento del azar que preside el destino de los litigios. “Depende del magistrado que toque” es la frase habitual cuando toca aventurarse en un proceso. En España hay muchos jueces que desempeñan el papel que la sociedad les ha encomendado, pero hay otros, y su porcentaje es creciente según se ascienden los escaños de la jerarquía en la carrera, que, en lugar de aplicar la ley, la trasforman, la interpretan o la retuercen. Son los que anteponen injustamente sus intereses o creencias a la aplicación del marco legal que la soberanía del pueblo ha dictado. Hay jueces incompetentes o irresponsables, pero los peores son los que traspasan el límite constitucionalmente marcado a su trabajo.
Ya no se trata tanto del vicio ancestral de cuando la dádiva doblaba la vara de la justicia como del ejercicio de la ley al servicio de una ideología. Sin entrar en el enredo de un Consejo General del Poder Judicial constituido como si fuera una mesa de partidos, este problema es un ejemplo vivo en el Tribunal Constitucional.
Desde hace tres años tiene sobre la mesa la responsabilidad de decidir si el Estatut de Catalunya encaja dentro de la Constitución o si algunos de los artículos sobrepasa sus límites. Pero los magistrados, alineados frente a frente como los políticos en las bancadas del Congreso, no encuentran solución a casar ley con ley. Parecen haber interiorizado por mitades los modelos enfrentados que esgrimen los partidos políticos.
Y peor imagen da el Supremo al imputar al juez Garzón por haber instruido el sumario sobre las víctimas del franquismo. Al juez ya le había obligado a desistir la propia Audiencia Nacional, pero el alto tribunal dio cobijo a dos denuncias de sendas asociaciones ultraderechistas, duchas en azuzar conflictos. Dicen que el interés es sentar la mano a un juez valiente con enemigos.
Ese argumento se cae por su peso cuando el ponente del caso es un juez contaminado por haber hecho agitación contra la Ley de la Memoria Histórica. Cualquier día una instancia internacional señalará a España por la ignominia de ahogar una ley creada para rescatar los huesos de más de 100.000 fusilados desperdigados por las cunetas. Setenta años después está prohibido honrar a ciertos muertos. El Supremo da ejemplo y para ello encierra nuestra historia en un cuarto oscuro.
Consumido el verano a efectos laborales, el otoño que empieza es decisivo para el futuro de todos y para el porvenir de los dos grandes protagonistas de la política, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. El denominador común es el alcance de la crisis y cómo hallar la salida, pero las prioridades llevan a los dos grandes partidos a desplegar su política en dos sendas paralelas que jamás se juntan, salvo si se trata de afrontar la nueva gripe.
El PP vive ensimismado en los casos de corrupción que le salpican y, presa de un ataque de nervios, trata de convertir el escándalo en síndrome de victimismo.Puede que esa estrategia sirva para mantener la moral de resistencia de los suyos, pero la credibilidad de un partido que aspira a volver a gobernar puede quedar gravemente dañada cuando, sin alusión alguna a la veintena de parlamentarios y altos cargos imputados, pretende reducir el caso a una persecución del Gobierno y de otras instancias del Estado contra el PP. Rajoy debería callar cuando le toca hablar a los jueces.
Confundido en sus líos judiciales, en las últimas semanas la aportación del PP al devenir de la economía es que todo lo que hace el Gobierno es un desastre. La desconexión con la mayor preocupación de los españoles es tal que el portavoz del partido en asuntos económicos, Cristóbal Montoro, es capaz de decir un día que la ayuda de 420 euros al mes a los parados que ya no tienen subsidio es tirar el dinero a la basura, y al otro, que todo el mundo sabe que ese dinero no da para vivir. ¿Cuál es el mensaje, que hay que abolir todo tipo de ayudas? Si es así, empecemos por la limosna.
Así las cosas, la crisis económica se ha convertido es un problema exclusivo del Gobierno, que, por cierto, es al que le toca resolverlo. A ello no ayudan las medidas anunciadas y luego corregidas, ni la sucesión de mensajes a veces contradictorios de distintos miembros del Gobierno.
Para complicar las cosas, los datos reflejan que el alcance de la recesión es más profundo que en otros países europeos, porque el componente estacional de nuestra economía es mayor y el hundimiento de sectores clave en la expansión, principalmente la construcción, es más profundo. Frente al repunte logrado en Alemania y Francia, España sigue cuesta abajo: el PIB continúa cayendo, se dispara el déficit y vuelve a crecer el paro después de tres meses de leve respiro.
La estrategia de Zapatero es resistir este otoño hasta que llegue el repunte, fiado ahora a la primera mitad de 2010, cuando la Presidencia de la UE dará a España un protagonismo clave en la escena internacional. El presidente ha centrado el apoyo a los Presupuestos del próximo año en los nacionalistas y grupos de izquierda. Tras el idilio frustrado con Artur Mas, el acuerdo con CiU se antoja imposible o demasiado caro. Pero esa estrategia de frente de izquierdas suscita confusión y críticas en el seno del PSOE y en algunos ministros que, en la perspectiva de la próxima cita electoral, ven esencial hacer guiños a las clases medias, ocupar el centro.
Recién elegido secretario general del PSOE, tras la debacle electoral de los socialistas, en una de sus primeras entrevistas Zapatero declaró aquello de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Recibió críticas y menosprecio, pero fue la carta de presentación de una nueva política, que el 14 de marzo de 2004, en su primer examen electoral, le dio el triunfo, algo inédito en nuestra democracia.
Ya en el poder bajó los impuestos, experimentó el superávit fiscal y copió de Estados Unidos una medida nada católica, devolver a los contribuyentes 400 euros de ese excedente. Por culpa de la crisis ese reintegro se acabará para una buena parte de los ciudadanos, que además verán incrementado el gravamen sobre las plusvalías que obtengan de la inversión o del ahorro. Zapatero experimentará así los dos lados de la política fiscal, pero donde se juega su futuro no es en estos retoques, sino en recuperar la senda del crecimiento. Y el principal reto no está en las medidas coyunturales, sino en esa ley prometida del modelo de economía sostenible. Porque la apuesta no es volver a crecer, sino hacerlo con una economía estructuralmente más sólida, menos vulnerable al vaivén de los ciclos.
