Cuando se habla de corrupción es frecuente oír que nuestro país se encuentra a un paso de convertirse en Italia, el supuesto paradigma de la extorsión y los chanchullos.
En España subsiste una raigambre secular del caciquismo que amalgamó política con economía, de los privilegios de clase, los intereses creados, el abuso de poder y la desigualdad social definida desde la cuna. La dictadura franquista cristalizó la marginación de los excluidos por razones de ideología. Como escribió lord Acton, si el poder corrompe siempre, el poder absoluto corrompe absolutamente.
Con la democracia se consagró el principio de igualdad de oportunidades, que existe sobre el papel, pero que en la realidad es sólo un sueño incipiente. También se acuñó en el Código la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, aunque es un derecho ausente en no pocas sentencias.
Hace tres décadas, nuestro país entró en la modernidad con un Estado en ruina moral, lleno de miseria política y unas empresas sin futuro creadas bajo el objetivo fracasado de fabricar la autarquía. Aquel despropósito del aislamiento lo tuvieron que financiar nuestros emigrantes.
Hoy España figura en el selecto club de las grandes potencias, cuenta con un grupo importante de multinacionales industriales y financieras, y los españoles, en porcentaje, nos hemos convertido en los más destacados propietarios de viviendas de toda Europa. A esta paradoja ha contribuido el desarrollo económico y también la ausencia de los poderes públicos como intermediarios en la oferta social de alquileres bajos en régimen vitalicio. Por desgracia, los españoles no llegamos a tiempo a aquel Estado de bienestar que el capitalismo sin barreras está haciendo trizas.
Desde 1978, nuestro país ha hecho frente a un ajuste colosal, con una reconversión que se llevó por delante innumerables fábricas de los sectores clásicos de nuestra industria y redujo a la tercera parte la población activa en la agricultura. Aquellas ruinas industriales se convirtieron en solares enclavados en el entorno de las grandes ciudades, que el boom inmobiliario pronto convirtió en el milagro del dinero fácil. Bastaba la recalificación de un terreno para lograr un pelotazo y en esa nueva cultura se anudó la connivencia entre negocio y política. Este es el factor dominante de la corrupción que asedia hoy la democracia.
En paralelo, los partidos políticos comenzaron a gastar en sus campañas de acceso al poder mucho más que la suma de subvenciones y cuotas de sus militantes. De esas deudas nacieron los compromisos de algunos líderes políticos con empresarios y banqueros. El cóctel de política e intereses incubó esa traslación tan peligrosa de rebajar a los ciudadanos a la condición de meros votantes.
Con la mira en el poder y no en las promesas del programa se alimentó un desencanto que va en aumento. La corrupción no discrimina ideologías, pero mina la confianza en los representantes públicos, destruye la cohesión social, impone el descrédito y construye poco a poco la idea de que todos los políticos son iguales.
El Informe Global sobre la Corrupción sitúa a España en el número 28 de los países más sanos, en un ranking liderado por Dinamarca y Suecia. En un año ha perdido seis puestos por culpa de nuevos escándalos inmobiliarios investigados desde hacía años, lo que le distancia de Bélgica o Francia. Italia figura el 55º, delante de Grecia, Polonia o Rusia, en una lista que cierran Irak, Myanmar (la antigua Birmania) y Somalia.
El informe señala a favor de España la nueva ley de financiación de partidos, pese a su oscurantismo contable, y la de contratos públicos, ambas de 2007, y destaca la creación de la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos urbanísticos.
El Gobierno de Zapatero ha impulsado la lucha anticorrupción. Desmanteló el saqueo de Marbella,
conocido por todos pero hasta entonces impune, por el simple método de respaldar a un juez y a los policías encargados de la investigación. Antes, ante el primer indicio de celo, los encargados de vigilar la ley sufrían un traslado.
En sólo tres años, desde la operación Malaya, han sido detenidos 20 alcaldes y numerosos empresarios. Todos fruto del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, menos uno, la trama Gürtel, denunciada desde dentro del PP. La corrupción salpica a todos los partidos y la percepción de que es un mal generalizado crece en una situación de crisis económica.
Para atajar esta enfermedad, asentada esencialmente en los poderes local y autonómico, se hace necesario un pacto entre los partidos, aunque sólo sea para destruir esa teoría basada en el interés compuesto que predica el PP, según la cual las elecciones lavan el dinero sucio y los posibles delitos. Y de paso convendría acabar con la irresponsabilidad de esos políticos que no pagan las deudas contraídas para financiar sus proyectos y provocan así la quiebra de muchos empresarios honrados.
Las encuestas reflejan una ventaja de hasta cinco puntos del PP sobre el PSOE, lo cual indica que, si las elecciones generales se celebraran este domingo, a Mariano Rajoy le habría llegado la hora de gobernar.
La brecha en la intención de voto responde a que la crisis económica ha minado los apoyos al presidente Zapatero y ha dado al PP esa fuerte ventaja relativa pese a que también sufre un descenso de votos. Fiado en estos datos, en el partido de la oposición ha crecido una euforia basada en la teoría de que para alcanzar el poder no hay que hacer nada. Basta con azuzar la crítica y cosechar el desgaste del otro.
Pero para las elecciones generales faltan dos años y medio, y el tiempo, en política, es una variable incontrolable. El líder popular basa su oposición en los réditos del discurso del desastre, confiado en el cálculo nada exacto de que la recuperación económica se retrasará hasta que pase la decisiva cita electoral. Rajoy ha contestado los Presupuestos de 2010 con un discurso firme, reducido al eslogan de “chapuza letal” y a la ausencia de cualquier medida alternativa que permita consolidar su capacidad de gobernar.
El presidente del PP sufre dentro de sus filas nuevos ataques a la estabilidad de su cargo y a su firmeza como líder. Ha bastado la destitución del secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, para cuestionar el poder de Rajoy a la hora de mantener la disciplina interna y para abrir interrogantes sobre el difícil equilibrio entre los compromisos adquiridos y su propia credibilidad.
De Valencia le llegó a Mariano Rajoy el impulso decisivo para confirmar el liderazgo en el partido tras su segunda derrota electoral. Y en la Comunidad Valenciana tiene el PP uno de sus grandes graneros de voto, ahora con un agujero abierto por el escándalo de la trama Gürtel. En sólo dos semanas el número de votantes del Partido Popular que opina que el presidente Francisco Camps debe dimitir se ha duplicado hasta formar mayoría. A la indignación de la ciudadanía ha contribuido tanto la presunta corrupción como el desvergonzado tenor de las relaciones que reflejan las conversaciones grabadas por orden del juez. La táctica de resistir, de negar las evidencias y no tomar medidas, amenaza con convertir este caso en un suplicio judicial para el partido.
La autoridad de Rajoy no ha sido desafiada sólo por un secretario regional. Lo hace cada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El último episodio es la encarnizada batalla por el control de Caja Madrid, que más parece una lucha por el control de la cuarta entidad financiera para lograr un tesoro con el que alimentar ambiciones políticas.
La oposición a la reforma de la Ley del Aborto coloca al PP en otra encrucijada. Rechaza reconocer este derecho a las mujeres, vigente en la casi totalidad de los países europeos, pero asume mantener la actual despenalización, que protegió sin objeción alguna durante sus ocho años de Gobierno. Rajoy y su partido tienen todo el derecho a defender determinados principios morales, pero para aspirar a convertirse en una derecha moderna deben hacerlo sin mostrar su dependencia de lo que se predica en los púlpitos de las iglesias. Vivimos en una democracia civil y este país aún necesita dotar a sus ciudadanos de una serie de derechos que les fueron negados durante una cruel dictadura que sólo les trató como súbditos.
El líder del PP necesita mejorar la confianza que despierta en los ciudadanos si aspira a gobernar. Y, para ello, “el partido de la unidad” ha de superar contradicciones que enfrentan a sus formaciones regionales. ¿Por qué en el Congreso vota contra el blindaje del Concierto vasco frente a lo que reclaman en Euskadi? ¿Cómo se justifica que sobre el trasvase defiendan en Castilla-La Mancha lo contrario que en Valencia o Murcia? ¿Cuál es la razón de que la deuda pública sea una recriminación al Gobierno y un bien necesario en Valencia o Madrid? Y si la subida de impuestos es condenable, ¿qué pasa con la multiplicación de las tasas en Madrid?
El examen final para Rajoy es en 2012, pero en mayo de 2011 tiene una prueba decisiva. En las municipales y autonómicas se decidirá si el PP es capaz de aumentar los dominios de su poder. Ahí se sabrá si ha cambiado el viento.
La fiesta permanente que vivió el Partido Popular en Valencia está haciendo aguas por la lucha abierta entre sus dirigentes. La acotación de responsabilidades para hacer frente al escándalo Gürtel se ha convertido en una lucha política interna, dirimida entre amenazas de elevar las culpas hacia arriba para comprometer en la trama de corrupción a aquellas cabezas que juraron que no existía.
Para empezar, Mariano Rajoy ya no podrá repetir lo de “estaré siempre delante, detrás o al lado de ti”, referido a Camps, porque ahora ambos líderes se han colocado frente a frente. La rebelión y posterior dimisión a la fuerza del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha puesto contra las cuerdas a la cúpula dirigente del partido.
Lo que está sucediendo es que el PP confunde a perseguidor con perseguido y muestra una falta de correa para resistir un caso todavía en fase de investigación que se extiende como una mancha. Y aún falta por saber si Costa llevará a cabo su amenaza de tirar de la manta para demostrar que él era un mandado en la gestión de los contratos concedidos a una banda de ladrones, donde, según las evidencias del sumario, los estafadores actuaban a los dos lados de esa relación comercial establecida a cuenta del dinero de todos.
Con 48 horas de retraso, Rajoy compareció ayer ante los medios para reafirmar su confianza en el presidente Camps, no así en Costa, al que, como secretario general, “hay que exigirle algo más”. Sin embargo, su versión sobre el comité ejecutivo del PP valenciano desprecia los hechos. En su intervención sólo se produjo un avance cuando prometió más transparencia en las cuentas y acabar con “la arbitrariedad o el favoritismo”. Por cierto, ese código de buenas prácticas del PP ya existe, pero fue guardado en un armario por la actual dirección.
En la escena judicial, la colusión de Gürtel con Valencia sólo se ha ventilado, y mal, en los trajes regalados, pero el asunto va a tomar nuevos aires en el Supremo. Por encima de estas y otras muchas bagatelas está la trama de favores y de financiación ilegal que asedia al PP valenciano, al que los jueces no han echado ni un vistazo.
Aparte de a Valencia, la causa contra las empresas de Correa afecta especialmente a la Comunidad de Madrid, pero se extiende a Galicia y Castilla y León. Por eso no se entiende que la causa siga troceada, cuando la seguridad jurídica y el interés general aconsejan elevar todo el sumario a la Sala Segunda del Supremo. ¿Cómo sustanciar, si no, las presuntas relaciones ilegales entre el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el tesorero del PP, temporalmente cesante, Luis Bárcenas? ¿Se van a investigar también las inversiones inmobiliarias en Guinea?
La trama Gürtel nació bajo el Gobierno de Aznar y entonces encontró amparo en la sede del partido en Génova. Todos estos años ha sobrevivido en reductos regionales del poder del PP y en Madrid encontró espacios en ayuntamientos, en varias consejerías del Gobierno autonómico y en el montaje de los actos de la presidenta Esperanza Aguirre. “Todos son chorizadas”, en palabras del propio Don Vito, el alias de Francisco Correa.
Todavía desconocemos el resultado de las comisiones rogatorias para controlar el dinero que la trama escondió en paraísos fiscales. En este punto clave aflorará el papel de Ramón Blanco, arquitecto de esta estructura de evasión, quien antes ocupó el cargo de consejero delegado de Repsol gracias a la influencia de su amigo, el entonces presidente Aznar.
Aquí es donde surge para el PP, atrapado en un problema político por su pertinaz estrategia de retrasar la investigación judicial, una esperanza de defensa por la vía de la anulación de pruebas que tan eficaz resultó hace años para liquidar el caso Naseiro.
Olvida el equipo de resistencia encabezado por Federico Trillo que esas conversaciones grabadas entre inculpado y defensor afectan esencialmente a un abogado implicado en la trama. Lo que las escuchas judiciales perseguían era evitar algunas operaciones de camuflaje del dinero, la gran esperanza de Don Vito y sus secuaces de salvar la parte del león del negocio urdido para llevarse el dinero de los contribuyentes.
Al incesante eslogan de que no hay que subir impuestos, el PP debe darle una cura de reposo. Por lo menos hasta hacer un arqueo completo de cuántas organizaciones y líderes del partido desviaron para fines inconfensables los dineros públicos y se olvidaron a la vez de pagar tributos. Todas las administraciones públicas gestionan gastos e inversiones pagados por los contribuyentes y los partidos políticos se financian en buena parte con subvenciones del Estado. Así que el buen fin de esos fondos es patrimonio común, que obliga a una gestión responsable y transparente a los representantes políticos.
La trama Gürtel lleva protagonizando las primeras páginas de los periódicos desde el pasado 6 de febrero. Ante el escándalo, la primera reacción de la cúpula del PP fue decir que los contratos con las empresas del famoso Francisco Correa eran cosa del pasado, que la relación se había roto cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del partido.
Como los hechos derribaron la primera línea de defensa, la ejecutiva nacional del PP en pleno se subió a una fotografía para denunciar que “era un ataque al PP” sin pruebas ni fundamento y rechazar de plano la instrucción judicial. Situaron entonces por encima de la ley a la organización que presiden.
El doble paso de la defensa al ataque se sustanció en obligar al juez Garzón a dejar el caso porque entre los presuntos implicados aparecían parlamentarios, regionales y nacionales, aforados. De esta manera, el caso Gürtel está ahora despiezado en tres instancias judiciales: el Supremo, que se ocupa del senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a los implicados de esta comunidad, y el de Valencia, que se sacudió las manos con el presidente Francisco Camps y el resto de implicados.
El archivo del caso Camps puso de manifiesto que la prioridad era la defensa de los aforados posiblemente corrompidos y no la investigación de los tratos con los corruptores. Para ello, el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, desestimó la jurisprudencia del Supremo y recurrió a sentencias alemanas para prescribir en este caso el delito de cohecho pasivo que figura en el Código Penal. Desechó, sin embargo, echar un ojo siquiera a la documentación incriminatoria para no contaminar la obligada defensa de un amigo. Hoy esa decisión interesada está recurrida ante el Supremo.
El troceo de la causa ofreció al PP la posibilidad de establecer diques de contención, continuamente rebasados por las informaciones que día a día agravaban el alcance de la corrupción organizada. Cuando se ha levantado el secreto de la tercera parte del sumario (sólo 17.000 folios, para abrir boca), han caído justificaciones y barreras. Basta con leer el tono de las conversaciones entre corruptores y corrompidos para sentir vergüenza ajena. Correa, el jefe de la trama, se hacía llamar Don Vito, en rememoración del capo Corleone, en la contabilidad B.
Falta por saber cuánto dinero tenían fuera, pero ya conocemos todos el origen y la extensión de esta red de complicidades creada para hacer negocios y propiciar sobornos a cuenta del erario público. Las conexiones directas o indirectas afectan a los máximos responsables del PP y, pese a todo lo replicado, Rajoy no queda exento. Ya no vale argumentar que se trata de la historia de unos pocos que utilizaron el partido en
provecho propio.
Tampoco es razón para resistir que el 40% de los votantes sigan creyendo que todo es una conspiración para debilitar al PP. Uno de cada cinco votantes piensa que los implicados, Camps entre ellos, deben dimitir, y el porcentaje sube a cada telediario.
Aunque las encuestas no lo reflejen todavía, la corrupción es un lastre para el futuro y un incentivo del descrédito de la política. Rajoy debe saber que una parte de sus posibilidades de llegar al Gobierno depende de si es capaz de hacer frente a sus responsabilidades, de depurar a los dirigentes indignos para que dejen de ser hombres de su confianza los que hacen el paseíllo ante los juzgados.
Al incesante eslogan de que no hay que subir impuestos, el PP debe darle una cura de reposo. Por lo menos hasta hacer un arqueo completo de cuántas organizaciones y líderes del partido desviaron para fines inconfensables los dineros públicos y se olvidaron a la vez de pagar tributos. Todas las administraciones públicas gestionan gastos e inversiones pagados por los contribuyentes y los partidos políticos se financian en buena parte con subvenciones del Estado. Así que el buen fin de esos fondos es patrimonio común, que obliga a una gestión responsable y transparente a los representantes políticos.
La trama Gürtel lleva protagonizando las primeras páginas de los periódicos desde el pasado 6 de febrero. Ante el escándalo, la primera reacción de la cúpula del PP fue decir que los contratos con las empresas del famoso Francisco Correa eran cosa del pasado, que la relación se había roto cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del partido.
Como los hechos derribaron la primera línea de defensa, la ejecutiva nacional del PP en pleno se subió a una fotografía para denunciar que “era un ataque al PP” sin pruebas ni fundamento y rechazar de plano la instrucción judicial. Situaron entonces por encima de la ley a la organización que presiden.
El doble paso de la defensa al ataque se sustanció en obligar al juez Garzón a dejar el caso porque entre los presuntos implicados aparecían parlamentarios, regionales y nacionales, aforados. De esta manera, el caso Gürtel está ahora despiezado en tres instancias judiciales: el Supremo, que se ocupa del senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a los implicados de esta comunidad, y el de Valencia, que se sacudió las manos con el presidente Francisco Camps y el resto de implicados.
El archivo del caso Camps puso de manifiesto que la prioridad era la defensa de los aforados posiblemente corrompidos y no la investigación de los tratos con los corruptores. Para ello, el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, desestimó la jurisprudencia del Supremo y recurrió a sentencias alemanas para prescribir en este caso el delito de cohecho pasivo que figura en el Código Penal. Desechó, sin embargo, echar un ojo siquiera a la documentación incriminatoria para no contaminar la obligada defensa de un amigo. Hoy esa decisión interesada está recurrida ante el Supremo.
El troceo de la causa ofreció al PP la posibilidad de establecer diques de contención, continuamente rebasados por las informaciones que día a día agravaban el alcance de la corrupción organizada. Cuando se ha levantado el secreto de la tercera parte del sumario (sólo 17.000 folios, para abrir boca), han caído justificaciones y barreras. Basta con leer el tono de las conversaciones entre corruptores y corrompidos para sentir vergüenza ajena. Correa, el jefe de la trama, se hacía llamar Don Vito, en rememoración del capo Corleone, en la contabilidad B.
Falta por saber cuánto dinero tenían fuera, pero ya conocemos todos el origen y la extensión de esta red de complicidades creada para hacer negocios y propiciar sobornos a cuenta del erario público. Las conexiones directas o indirectas afectan a los máximos responsables del PP y, pese a todo lo replicado, Rajoy no queda exento. Ya no vale argumentar que se trata de la historia de unos pocos que utilizaron el partido en
provecho propio.
Tampoco es razón para resistir que el 40% de los votantes sigan creyendo que todo es una conspiración para debilitar al PP. Uno de cada cinco votantes piensa que los implicados, Camps entre ellos, deben dimitir, y el porcentaje sube a cada telediario.
Aunque las encuestas no lo reflejen todavía, la corrupción es un lastre para el futuro y un incentivo del descrédito de la política. Rajoy debe saber que una parte de sus posibilidades de llegar al Gobierno depende de si es capaz de hacer frente a sus responsabilidades, de depurar a los dirigentes indignos para que dejen de ser hombres de su confianza los que hacen el paseíllo ante los juzgados.
A la espera de concretar los tirones que a las cuentas del Estado le producirá un todavía desarticulado pacto parlamentario, el proyecto de Presupuestos del Gobierno sufre estos días la crítica de falta de carácter. Ni carne ni pescado, ni medidas anticrisis ni política de reactivación. El Ejecutivo parece haber optado en la etapa final de la crisis por la delgada línea de la tibieza.
El primer y único objetivo claro de los Presupuestos para 2010 es la política social, que absorbe el 51,6% del total del gasto. Es este un esfuerzo necesario porque sólo la partida para asistir a los desempleados crece casi el 59%. Aumentan también de forma considerable los fondos destinados a dependencia, ayudas al alquiler de vivienda o las becas. Pero en contra de la polémica desatada en torno a que el Gobierno atiende a esas prioridades metiendo mano a los impuestos, el recurso verdadero ha sido acudir a la emisión de deuda. El total de emisiones previsto para 2010 asciende a 211.447 millones, el doble que este año y más del triple de lo que este mismo Gobierno hizo en 2007 y 2008.
Endeudarse es aplazar problemas, pero en este camino discutible España tiene margen porque en 2008 representaba el 39,7% del PIB, menos de la mitad del porcentaje de Alemania o Francia. Y aunque este año acabará en un 53,4% y el próximo en un 62,5%, comparativamente cuenta aún con un trecho a favor.
De la lamentada subida de impuestos, la más contestable es el incremento del IVA, de uno y dos puntos, respectivamente, en los dos tramos altos. Pero este es el pago necesario como señal a los mercados de que habrá recursos para compensar el endeudamiento. El Gobierno difiere además el recargo hasta el 1 de julio, en la creencia de que va a servir de efecto llamada para despertar el consumo y con la esperanza de que entonces habrá signos claros de reactivación, especialmente en el campo de las exportaciones. “La reactivación ya se vive en muchas empresas”, afirma un miembro del Gobierno.
Para el año que viene no se toca el IRPF, aunque se suprime la devolución de 400 euros al año, una medida electoral tomada al rebufo del superávit presupuestario para paliar el encarecimiento de las hipotecas, que ahora se benefician de un Euribor en su mínimo histórico. Los 400 euros tienen el récord de haber sido la medida más criticada antes, cuando fue adoptada, y ahora, que se ha anunciado la supresión.
Del resto del arsenal fiscal queda la rebaja de cinco puntos del impuesto de sociedades para las pymes que no destruyan empleo y el aumento de la imposición a las rentas de capital en tres puntos, del 18% al 21%, cuando las plusvalías superen los 6.000 euros anuales. Llama la atención el contraste entre la valoración positiva del retoque fiscal fuera de nuestras fronteras con las críticas internas. Desde la izquierda, la subida se considera ridícula, pero desde la derecha surgen voces que la califican, sin explicar por qué, de la más exagerada de la historia.
La trifulca política llega al extremo de reivindicar una imposición disuasoria para las grandes fortunas, ignorando que la libertad de capitales no tiene fronteras y menospreciando la estructura de las declaraciones de la renta. La gran mayoría del ahorro ha sido obtenido antes como excedente de las rentas del trabajo y sometidas por tanto al IRPF. Además, sólo 100.000 contribuyentes declaran más de 150.000 euros al año.
La lectura sesgada alcanza también a confundir el recorte de gastos corrientes con la inversión, como pasa en I+D donde están garantizados todos los proyectos. Antes de su aprobación, el PP ya lanzó su dictamen sobre estos Presupuestos: “Son un desastre”. Pero en el principal partido de la oposición se suma el rechazo frontal a las cuentas públicas con el enredo de su contabilidad interna.
Rajoy y la cúpula dirigente han pasado de declarar que la trama Gürtel era una acusación injusta o una conspiración del Gobierno a admitir que hay que tomar medidas “contundentes”. Francisco Camps y los demás inculpados todavía no han oído el mensaje, pero el PP empieza a comprender que sus cuentas son también públicas porque se ha dilapidado el dinero de los contribuyentes.
