Al Congreso acudió el presidente del Gobierno en su peor momento de confianza y respaldo en las encuestas, y salió reforzado por su empeño en buscar una salida responsable a la situación económica que sufre el país. El líder conservador llegó afianzado en el desgaste de su rival, que le promete réditos electorales, para insistir en el discurso del desastre.

No se sabe por qué, Rajoy, que cerró el camino a cualquier pacto, impuso exigencias: más recorte del gasto, negativa a cualquier subida de impuestos y nada de nada sobre despidos o empleo para no pillarse los dedos. Fundamentó su rechazo a los acuerdos en un silogismo que más parece un galimatías: “No puedo hacerme corresponsable (…), yo sería un irresponsable”. Y expresó sus aspiraciones con una confesión de impotencia: “Si yo tuviera los votos, usted no estaría ahí”. Sabia reflexión de los peros que tiene una democracia.

El peor momento del líder del PP fue cuando se atrevió a pedir los votos del PSOE para desalojar a Zapatero y escurrirse después cuando su rival le retó a presentar una moción de censura. Para lograr la Presidencia del Gobierno sin pasar por las urnas hay que lograr los votos de la mayoría tras defender en el Congreso un programa concreto.

Zapatero se atrajo el sentir de la mayoría con su propuesta de negociar pactos para la creación de empleo, el recorte del gasto público, la reforma financiera y cambios en el modelo de crecimiento. En paralelo a esta negociación política, se seguirá avanzando en la reforma laboral, el pacto sobre el nuevo modelo educativo y la reforma del sistema de pensiones. La Ley de Economía Sostenible sigue semivarada en los despachos.
La disposición de la mayoría de los grupos políticos a sentarse a dialogar supone un triunfo del Gobierno y un mensaje moral, destinado a los ciudadanos, de unidad frente a los problemas. Pero, aunque el presidente admitió en el debate estar dispuesto a corregir errores, “si los hubiera”, las bases de la negociación llevan impuestos dos condicionantes de la política a la que el Gobierno no está dispuesto a renunciar: se mantendrán los incentivos públicos a la actividad económica y no se recortarán las ayudas sociales.

Los diferentes lenguajes políticos del PSOE y los nacionalistas pueden minimizar el pacto. También puede producirse el no de IU-ICV si percibe una deriva hacia la derecha. Sin embargo, la ausencia del PP de las negociaciones limitaría el alcance del consenso a la actual política de acuerdos de geometría variable que ha desplegado Zapatero en los últimos seis años.

La política española vive en campaña permanente aunque aún no se ha alcanzado el ecuador de la legislatura. Faltan dos años para las elecciones generales, y en ese periodo pueden suceder muchas cosas. Nadie ha sido capaz de diagnosticar la profundidad de la crisis, pero tampoco hay quien dé por imposible que se inicie una recuperación y que 2011 sea un año de creación de empleo.

Este escenario es el peor para un Rajoy abonado a la teoría del desastre. Con tal política parece estar cosechando votos o, más exactamente, situándose por encima de Zapatero en las encuestas. Ese discurso catastrofista es un lema del partido, como lo demostró el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, al proclamar sin rubor en la televisión pública que “los bancos españoles están en la ruina”.
Pese a esa posición destructiva, va a resultar muy difícil para Mariano Rajoy dejar la silla vacía en la comisión creada para negociar los pactos, aunque sólo sea para provocar la destrucción de la proyectada torre de los acuerdos. En el PP empiezan a surgir voces discrepantes de que la consigna del “todo se hunde” sea eficaz como exclusivo banderín de enganche electoral.

A buena parte de la sociedad no hay que pedirle sacrificios, porque ya los está realizando. Lo que los ciudadanos necesitan no es sólo conocer la verdad, sino soluciones a los problemas y un ápice de esperanza. Y en esa tarea tiene también que comprometerse el partido que aspira a gobernar, no sea que los votantes acaben por apreciar que sólo le interesa llegar al poder, al precio que sea.

Hasta ahora, la política seguida contra la crisis se ha centrado en aumentar las ayudas a los parados, sostener el sistema bancario y estirar el gasto público en planes para impulsar la actividad. El giro desde una política de vocación expansiva a un plan de recorte del gasto para reducir el déficit del 11,4% en 2009 al 3% en 2013 fue explicado por la Moncloa como “el eje para recomponer la economía y salvar la legislatura”.

El plan de ajuste, adobado con una propuesta para reformar las pensiones –un debate venenoso para cualquier Gobierno si no hay consenso– y una aún inconcreta reforma laboral, fue presentado como el arma para sanear la economía. Aunque pronto se supo que este plan apresurado es una respuesta de urgencia a las exigencias planteadas por la UE, el presidente Zapatero acudió con este equipaje al Foro de Davos para asegurar ante la crema de los negocios mundiales que España es un país capaz de hacer frente a sus compromisos. Lo hizo al lado de los mandatarios de Letonia y Grecia, dos países marcados con la cruz de riesgo por los mercados. El primer ministro irlandés rechazó participar en esa mesa para no verse contaminado. “Fue un fallo clamoroso del servicio de Protocolo de Moncloa”, dicen fuentes cercanas al presidente.

Muchos empresarios se quejan de que ningún político español esté vendiendo fuera la imagen de España como destino de inversión. Las autoridades se pasaron todo 2009 asegurando que el sistema bancario español estaba sano, pero ahora asistimos a una profunda reestructuración del sector financiero. Roto el cauce del crédito fácil, bancos y cajas tienen comprometidos sólo en el sector inmobiliario 380.000 millones respaldados por activos depreciados o terrenos sin recalificar.

Para contener la tasa de morosidad renuevan deudas y no pueden apenas prestar porque carecen de margen de solvencia. “A final de año más de 20 cajas y puede que algún banco registrarán pérdidas. Se han comido las provisiones y algunas también el fondo anticíclico”, sostienen fuentes bancarias.

Pero el mal que aqueja a la economía no es sólo financiero, porque la crisis se ha trasladado desde hace un año a la industria y otros sectores. Incluso los países que han iniciado la recuperación, como EEUU, Alemania o Francia, no son capaces de atajar el desempleo. Las empresas están llevando a cabo un doble reajuste: de empleo y costes salariales.

En España, dice el Gobierno, la crisis ha tocado fondo, pero hemos superado ya la barrera insoportable de cuatro millones de parados y aún no hay ningún atisbo de creación de puestos de trabajo. Descolgado de la recuperación, nuestro país afronta un problema mayor dentro de la zona euro. Así las cosas, las medidas que ahora se bosquejan son un mero anticipo de las reformas pendientes.

El Gobierno ha elegido la estrategia de provocar un debate entre los partidos, convencido de que el mejor valor moral y solidario de sus propuestas le dará un plus de aceptación social. Pero se equivoca al esperar un cierto grado de acuerdo con el PP en la solución de los problemas. Rajoy no va a aceptar un pacto mientras siga por delante en las encuestas.

Engullido por la táctica del sondeo a base de propuestas de ida y vuelta, el Gobierno aparenta ser un equipo descoordinado, que emite mensajes confusos o contradictorios. En esta situación no resulta raro escuchar en privado a algunos ministros la necesidad de un cambio profundo del Gobierno para julio, después de la presidencia europea. Alguno va más lejos al explicar el desconcierto como “la vuelta de la vieja guardia”, esa cultura del PSOE que renace transmitida por corrientes siempre en tiempos difíciles.

En esta legislatura, Zapatero perdió un año en tomar la decisión de remodelar su equipo para afrontar la crisis. Y está a punto de agotar otro en la táctica estéril de probaturas y ensayos. En el punto en que estamos, la sociedad no espera debates ni quiere ya propuestas, necesita soluciones.

El líder del PSOE tiene que dejar de arbitrar y emplear los dos años que le quedan de mandato en dirigir con mano firme un equipo cohesionado con voluntad de dar batalla a la crisis. Aunque en ese empeño le suceda lo que a Churchill, que ganó la guerra pero perdió las elecciones.

En una sala de la terminal de autobuses del aeropuerto de Lanzarote, esta mujer firme, multipremiada por su lucha en defensa de los derechos humanos, cumplió ayer el vigésimo quinto día de huelga de hambre por su justa reclamación del derecho a regresar a su país. Las autoridades marroquíes la expulsaron
porque en el formulario escribió lo que es, saharaui, en lugar de declararse súbdita de Mohamed VI, el rey de la nación que ocupa su tierra en contra de la legalidad internacional.

Ni del Gobierno, atrapado en un problema que le ha caído encima, ni de la oposición ha nacido una sola crítica al proceder despótico de un régimen que ha sometido a un pueblo liberado hace 33 años de la colonización española. Tampoco del rey, que tantas veces ha proclamado su amistad con el monarca alauí, ha surgido una iniciativa humanitaria para poner fin a esta barbarie.

En la política española ha prevalecido la conveniencia de un vecino que amenaza con poner fin a su papel de tapón en el norte de África a la inmigración ilegal y con romper la cooperación en la lucha contra el terrorismo islámico. Otros países con fuertes intereses en Marruecos, como Estados Unidos y Francia, han optado por la inacción y el silencio.

El Parlamento Europeo, que este mismo año protestó ante Naciones Unidas por el deterioro de los derechos humanos en Sáhara, de momento calla. Y la Secretaría General de la ONU, que en abril de 2006 confirmó que ningún país reconoce la anexión marroquí del suelo saharaui porque “ello implicaría el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental”, da muestras de su usual impotencia. Ni siquiera la Minurso (Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental) ha movido un dedo.

España tiene responsabilidades históricas en esta zona de desierto de 266.000 kilómetros cuadrados. El primer enclave, un fuerte, se construyó en 1476 con el afán de explotar la riqueza pesquera del litoral atlántico. El acuerdo que puso fin a la guerra con Marruecos en 1860 permitió 15 años después la reclamación de este territorio como propio, pero la ocupación efectiva no se produjo hasta 1934, durante la Segunda República.

Cuarenta y dos años después, el 26 de febrero de 1976, España abandonó, de un día para otro, el territorio. Antes, tras la Marcha Verde del 6 de noviembre de 1975, el Gobierno firmó con Mauritania y Marruecos los Acuerdos de Madrid, que establecían una administración temporal tripartita.

El Frente Polisario constituyó la República Árabe Saharaui Democrática, reconocida por una cincuentena de países. El resultado fue una guerra en dos frentes, aunque Mauritania firmó la paz en 1979 y renunció a sus ambiciones anexionistas. Marruecos continuó la ocupación y construyó 2.700 kilómetros de muro para apropiarse de las dos riquezas de este país desértico, los fosfatos y la pesca, así como la mayoría de los escasos oasis. Los saharauis empujados a la pobre zona meridional sobreviven criando cabras y camellos, aunque la mayor parte de los 260.000 habitantes estimados está refugiada en campos instalados en suelo argelino.

Marruecos y el Polisario firmaron un alto el fuego con la promesa de un referéndum de autodeterminación amparado por la ONU que lleva 16 años esperando. Marruecos boicotea la consulta y exige casi duplicar el censo de 150.000 votantes para voltear el resultado. Sólo ha prometido una autonomía inconcreta. Las dos versiones sucesivas del Plan Baker son papel mojado para un pueblo asolado.

Así las cosas, es un sarcasmo que la polémica se vea reducida en España a dirimir si hay derecho a alimentar a Haidar a la fuerza, si llegado el caso, su vida corre peligro. La activista saharaui ha dejado claro su compromiso: “Volveré a mi país viva o muerta”.

A nuestro país, como ex potencia colonizadora, le corresponde asumir sus responsabilidades. El Gobierno y la oposición están obligados a exigir a Marruecos que cumpla con los compromisos contraídos con la comunidad internacional. ¿Cómo, si no, este Estado vecino y socio puede aspirar a reclamar un tratado preferente con la Unión Europea? Primero ha de respetar los derechos humanos y acatar la legalidad internacional.

Muchas señorías olvidan que frente a las costas de Somalia faenan ahora mismo una veintena de atuneros españoles protegidos a costa del erario público. También que los corsarios tienen secuestrados 20 buques de diversos países, alguno desde el mes de abril, sin que en los distintos parlamentos se haya arrojado gasolina a los gobiernos respectivos. Ya que no tienen por qué creer al Gobierno, en su ejercicio de oposición algunos diputados deberían escuchar lo que dicen los propios marineros liberados. Conviene a los políticos mostrar, de vez en cuando, un poco de respeto al pueblo llano.

Este filibusterismo parlamentario es labor de temporero, pero refleja la campaña de afilar votos que nos espera cuando, teóricamente, todavía faltan 11 meses para el primer escalón electoral (las elecciones catalanas) hasta el altar del poder nacional. Para un país que necesita concentrar toda su energía en recuperar esta economía taladrada por la crisis, mayor peligro representa el conflicto que se incuba dentro de la más alta magistratura del Estado.

Ahora que habíamos empezado a olvidar la tragedia de las dos Españas, nos damos de bruces con una Constitución partida en dos. Hace casi 31 años los españoles nos dotamos de una Carta Magna concebida para garantizar la convivencia, y ahora los intérpretes y guardianes de la misma nos han puesto en la encrucijada de optar por regresar a la España una y grande o de seguir construyendo el Estado cuasi federal. Esto último, la España integrada por “regiones y nacionalidades” es lo que los españoles aprobamos en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y así se proclama en el artículo 2 de la Constitución.

Pero los altos magistrados del Tribunal Constitucional actúan demediados, alineados en dos clanes enfrentados, reducidos al papel de servidores de intereses partidarios, puestos sus cargos al servicio de quienes les designaron.

El Estatut de Catalunya lleva en vigor desde el 9 de agosto de 2006, después de su aprobación en las Cortes Generales, en el Parlament de Catalunya y en referéndum con el apoyo del 73,9% de los votantes catalanes, si bien la abstención fue del 50,58% del censo.

El Alto Tribunal lleva más de tres años deliberando sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP. Y lo hace con la peculiaridad de cuatro de sus doce miembros en mandato prorrogado, la falta de uno por fallecimiento y la ausencia de otro que fue recusado por ser un experto en fiscalidad autonómica.

En el entreacto de esos eternos debates, el Constitucional ha tenido tiempo de reafirmar su discutido papel de segunda instancia para revisar la doctrina sentada por el Supremo en sus sentencias. Así cambiaron el criterio de prescripción que sirvió para limpiar de estafa a los Albertos. Esa gentileza a punto estuvo de costarnos a todos un pico en indemnizaciones, pero al final los exculpados levantaron la mano.

Según se filtra desde el propio tribunal, parece que se está formando una zigzagueante mayoría a favor de cargarse un 30% de los artículos del Estatut, entre ellos, la identidad, los símbolos, los derechos históricos y algunas competencias clave. E incluyen entre ellas la obligación para los jueces que ejerzan en Catalunya de conocer el catalán, que debe de ser la mejor manera de satisfacer por parte del juzgador los derechos del justiciable.

Los altos magistrados deben tener en cuenta antes de su sanción que la formación de criterios mayoritarios se está haciendo sin la participación de uno de sus miembros, muy enfermo. Y si su voto al final resultara decisivo, la sentencia final podría ser objeto de recurso. También están obligados a cuidar, en sus decisiones, de no cargarse el artículo 150.2 de la Constitución, el que establece el poder del Estado para ceder competencias a las autonomías, tarea para la que no están mandatados.

Pero el gran problema que planea es que muchos artículos que corren el peligro de ser declarados inconstitucionales tienen traducción idéntica en otros estatutos, especialmente los de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Así que, por coherencia, el Constitucional debería luego aplicarse a esta tarea de purga.

Este tribunal, que rige con la impureza de no haber corregido la primacía que perdió el PP en las urnas –simplemente no hubo acuerdo– y delibera enfrentado, trabaja como si la joven Constitución, en lugar de norma clara, fuera arcano indescifrable. Los magistrados debaten ajenos a la conveniencia de construir consensos, y sus juicios no son sanos por opuestos. Así que el mejor servicio que les queda por prestar es dimitir por incapaces.

Nikita Jruschov, el hombre que edificó aquella barrera que dividía los dos mundos, escribió que Berlín era por donde podía agarrar por los testículos a las potencias occidentales, porque bastaba apretar un poco para rebajar o elevar la tensión entre los dos bloques, a conveniencia. Europa era y sigue siendo la cintura más próspera del planeta.

Antes de su derribo físico, el Muro se lo saltaron los ciudadanos, hartos de un sistema de igualdad sin libertad que desnudó al bloque comunista como un hemisferio deshumanizado. Aquella riada de fugitivos hacia el oeste representó también el fracaso de un modelo económico incapaz de elevar el nivel de vida. El general Jaruzelski, el hombre que presidió la ruptura de Polonia con su más reciente pasado, declaró hace unos días que lo que más admira del capitalismo son esas tiendas siempre llenas.

En Berlín, aparentemente, se derrumbó el otro totalitarismo descrito por Vassili Grossman cuando sometió a la crítica en Vida y destino aquel ideal de resistencia al nazismo que él alimentó con sus versos y sus crónicas de guerra. Desde el 9 de noviembre de 1989, bautizado por la prensa occidental como el gran acontecimiento de nuestras vidas, la izquierda marxista se ha quedado sin hoja de ruta, impotente para construir un modelo alternativo. Ha consumido ya dos décadas en formular críticas parciales a los desmanes del capitalismo, que desencadenan una atomización constante de grupos y fuerzas.

La situación actual es que el capitalismo neoliberal rige en solitario el mundo. Sin frenos, se ha transformado en un sistema corrompido en el que no prosperan otros valores que los que cotizan en bolsa y en el que la libertad sólo es total para los capitales. Utiliza la tecnología para depreciar a los individuos y ha reducido los derechos al ámbito protegido de otros muros.

Los estafadores que provocaron en 2007 la crisis financiera mundial han recuperado el valor de sus activos gracias al dinero público. Pese a ello, los grandes ejecutivos siguen acaparando en primas la parte del león de los beneficios bajo el paraguas de la seguridad jurídica de sus contratos. Pese a las críticas, parece haberse apagado la esperanza de una reforma a fondo que devuelva a las mayorías el control de los asuntos públicos.

Después de Berlín, son muy pocos los que levantan las manos contra esos muros ya terminados o que se están levantando. Lo más lacerante son los 703 kilómetros de hormigón armado que Israel construye en Cisjordania, un territorio ocupado. La razón es la lucha contra el terrorismo, pero esa pared avanza en meandros que se apoderan del agua y de las tierras más fértiles. A él se añaden los 40 kilómetros que asedian Gaza y que impiden el tráfico de personas y de alimentos. A la vez, también de armas. A nadie, salvo a los palestinos, parece preocuparles este atropello consumado en contra de la legalidad internacional.

El más largo es la muralla de 2.700 kilómetros con la que Marruecos aísla al Sáhara Occidental, pero el más ominoso es la barrera de 1.100 kilómetros que sigue avazando en Estados Unidos para tratar de impedir que por su frontera con México crucen los espaldas mojadas. También España tiene sus vergüenzas revestidas de alambradas en Melilla y Ceuta.

Hay otros muros, como el que divide Chipre o aquellos que encierran a un país en sí mismo (Myanmar), o los que condenan a casi todo un continente a la explotación y el abandono (África). Pero salvo las condenas rituales de algunos dignatarios, se extienden el hambre y la injusticia sin que a nadie parezca importarle nada.

El mundo global que se predica avanza dividido en dos, impulsado sólo por el maná de la plusvalía. La prosperidad está reservada a una minoría, por eso la principal barrera, la más sutil y eficaz de las que existen, es la que condena a una gran mayoría a vivir en la desgracia y sin derechos sólo por su lugar de nacimiento.

A este estado de ánimo contribuyen sin duda la ausencia de liderazgo, la prevalencia de los intereses partidistas sobre las prioridades que acucian a la mayoría de los ciudadanos y otros males como los casos de corrupción que salpican nuestra geografía. Pero son la falta de respuestas o de responsabilidad ante los problemas a afrontar los que socavan la confianza y construyen el descrédito de la política, que va en aumento.

El presidente del Gobierno cosecha un desgaste creciente en imagen y expectativas de voto. En primer lugar, porque los dos grandes problemas de nuestra economía, el paro y la profundidad de la crisis, no encuentran la puerta de salida. España se queda fuera de la primera ola de la recuperación que beneficia a Estados Unidos, Australia, China y a un nutrido grupo de socios europeos.

Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan que nuestra economía sólo empezará a crecer en 2010 y a un ritmo tan débil (1% al final del próximo año) que no será capaz de crear empleo. En mayo de 2011 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas, que bajo ese panorama le harán muy difícil al PSOE mantener la plataforma de poder que le pudiera permitir seguir al frente del Gobierno tras las generales de marzo de 2012. A Zapatero, pues, le empieza a faltar el margen de tiempo en el que confiaba para rehacer sus posibilidades de triunfo.

El Gobierno ha puesto en marcha muchas medidas para drenar la sangría de la crisis, aunque el problema dominante es que no se ve la luz del final del túnel. Maneja con retraso su promesa de una ley de economía sostenible o de modelo de futuro para un país demasiado anclado en la economía especulativa del ladrillo y en otras economías estacionales, poco productivas y demasiado dependientes de los ciclos. Esa ley lleva ya tres meses de retraso sobre el plazo inicialmente prometido, quizá porque, además de un nuevo modelo, lo que España necesita ahora con urgencia es un resorte para crecer cuanto antes sin confiarlo todo al futuro.

Al Ejecutivo le ha faltado capacidad para movilizar a la cúpula empresarial a unirse al esfuerzo movilizador de recuperación de la economía y, quizá, voluntad política para implicar al principal partido de la oposición en una solución compartida que sirviera para aunar esfuerzos en el compromiso común de luchar contra la crisis.

Al PP, el principal partido de la oposición, puede achacársele el mismo déficit, al desdeñar la virtualidad de un pacto común que ayudaría a consolidar su papel de partido comprometido en el destino del país y avalaría su papel de alternativa de gobierno. Al contrario, el partido liderado por Mariano Rajoy ha elegido la estrategia de predicar que todo lo que hace el Gobierno es un desastre, en la improbable esperanza de que el fracaso son votos futuros que caerán en su cesto.

En ese compás de espera, a Rajoy le ha estallado su estrategia en el seno de su propio partido. El candidato de la última oportunidad, el que encara su tercera y decisiva posibilidad de ser presidente del Gobierno, se enfrenta al desplante de la presidenta de la Comunidad de Madrid y al cierre en falso de la agonía política que le espera al Gobierno valenciano. En Valencia y en Madrid tiene el PP sus dos principales graneros de votos y de poder. Y en los dos tiene problemas de disciplina y corrupción que estallarán antes de que llegue su definitiva cita con las urnas.

Rajoy ha decidido poner cortina de humo a los conflictos y decretar una ley mordaza para tratar como privadas lo que se dirime en instituciones públicas, sea la pelea por Caja Madrid o la lucha por el poder dentro del propio partido. Por eso no es de extrañar que las encuestas den una ventaja decreciente al PP y le nieguen la primacía. Esa es la razón de que los españoles empiecen a dar la espalda a los dos grandes partidos.

En España subsiste una raigambre secular del caciquismo que amalgamó política con economía, de los privilegios de clase, los intereses creados, el abuso de poder y la desigualdad social definida desde la cuna. La dictadura franquista cristalizó la marginación de los excluidos por razones de ideología. Como escribió lord Acton, si el poder corrompe siempre, el poder absoluto corrompe absolutamente.

Con la democracia se consagró el principio de igualdad de oportunidades, que existe sobre el papel, pero que en la realidad es sólo un sueño incipiente. También se acuñó en el Código la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, aunque es un derecho ausente en no pocas sentencias.

Hace tres décadas, nuestro país entró en la modernidad con un Estado en ruina moral, lleno de miseria política y unas empresas sin futuro creadas bajo el objetivo fracasado de fabricar la autarquía. Aquel despropósito del aislamiento lo tuvieron que financiar nuestros emigrantes.

Hoy España figura en el selecto club de las grandes potencias, cuenta con un grupo importante de multinacionales industriales y financieras, y los españoles, en porcentaje, nos hemos convertido en los más destacados propietarios de viviendas de toda Europa. A esta paradoja ha contribuido el desarrollo económico y también la ausencia de los poderes públicos como intermediarios en la oferta social de alquileres bajos en régimen vitalicio. Por desgracia, los españoles no llegamos a tiempo a aquel Estado de bienestar que el capitalismo sin barreras está haciendo trizas.

Desde 1978, nuestro país ha hecho frente a un ajuste colosal, con una reconversión que se llevó por delante innumerables fábricas de los sectores clásicos de nuestra industria y redujo a la tercera parte la población activa en la agricultura. Aquellas ruinas industriales se convirtieron en solares enclavados en el entorno de las grandes ciudades, que el boom inmobiliario pronto convirtió en el milagro del dinero fácil. Bastaba la recalificación de un terreno para lograr un pelotazo y en esa nueva cultura se anudó la connivencia entre negocio y política. Este es el factor dominante de la corrupción que asedia hoy la democracia.

En paralelo, los partidos políticos comenzaron a gastar en sus campañas de acceso al poder mucho más que la suma de subvenciones y cuotas de sus militantes. De esas deudas nacieron los compromisos de algunos líderes políticos con empresarios y banqueros. El cóctel de política e intereses incubó esa traslación tan peligrosa de rebajar a los ciudadanos a la condición de meros votantes.

Con la mira en el poder y no en las promesas del programa se alimentó un desencanto que va en aumento. La corrupción no discrimina ideologías, pero mina la confianza en los representantes públicos, destruye la cohesión social, impone el descrédito y construye poco a poco la idea de que todos los políticos son iguales.

El Informe Global sobre la Corrupción sitúa a España en el número 28 de los países más sanos, en un ranking liderado por Dinamarca y Suecia. En un año ha perdido seis puestos por culpa de nuevos escándalos inmobiliarios investigados desde hacía años, lo que le distancia de Bélgica o Francia. Italia figura el 55º, delante de Grecia, Polonia o Rusia, en una lista que cierran Irak, Myanmar (la antigua Birmania) y Somalia.

El informe señala a favor de España la nueva ley de financiación de partidos, pese a su oscurantismo contable, y la de contratos públicos, ambas de 2007, y destaca la creación de la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos urbanísticos.

El Gobierno de Zapatero ha impulsado la lucha anticorrupción. Desmanteló el saqueo de Marbella,
conocido por todos pero hasta entonces impune, por el simple método de respaldar a un juez y a los policías encargados de la investigación. Antes, ante el primer indicio de celo, los encargados de vigilar la ley sufrían un traslado.

En sólo tres años, desde la operación Malaya, han sido detenidos 20 alcaldes y numerosos empresarios. Todos fruto del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, menos uno, la trama Gürtel, denunciada desde dentro del PP. La corrupción salpica a todos los partidos y la percepción de que es un mal generalizado crece en una situación de crisis económica.

Para atajar esta enfermedad, asentada esencialmente en los poderes local y autonómico, se hace necesario un pacto entre los partidos, aunque sólo sea para destruir esa teoría basada en el interés compuesto que predica el PP, según la cual las elecciones lavan el dinero sucio y los posibles delitos. Y de paso convendría acabar con la irresponsabilidad de esos políticos que no pagan las deudas contraídas para financiar sus proyectos y provocan así la quiebra de muchos empresarios honrados.

Pero para las elecciones generales faltan dos años y medio, y el tiempo, en política, es una variable incontrolable. El líder popular basa su oposición en los réditos del discurso del desastre, confiado en el cálculo nada exacto de que la recuperación económica se retrasará hasta que pase la decisiva cita electoral. Rajoy ha contestado los Presupuestos de 2010 con un discurso firme, reducido al eslogan de “chapuza letal” y a la ausencia de cualquier medida alternativa que permita consolidar su capacidad de gobernar.

El presidente del PP sufre dentro de sus filas nuevos ataques a la estabilidad de su cargo y a su firmeza como líder. Ha bastado la destitución del secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, para cuestionar el poder de Rajoy a la hora de mantener la disciplina interna y para abrir interrogantes sobre el difícil equilibrio entre los compromisos adquiridos y su propia credibilidad.

De Valencia le llegó a Mariano Rajoy el impulso decisivo para confirmar el liderazgo en el partido tras su segunda derrota electoral. Y en la Comunidad Valenciana tiene el PP uno de sus grandes graneros de voto, ahora con un agujero abierto por el escándalo de la trama Gürtel. En sólo dos semanas el número de votantes del Partido Popular que opina que el presidente Francisco Camps debe dimitir se ha duplicado hasta formar mayoría. A la indignación de la ciudadanía ha contribuido tanto la presunta corrupción como el desvergonzado tenor de las relaciones que reflejan las conversaciones grabadas por orden del juez. La táctica de resistir, de negar las evidencias y no tomar medidas, amenaza con convertir este caso en un suplicio judicial para el partido.

La autoridad de Rajoy no ha sido desafiada sólo por un secretario regional. Lo hace cada semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. El último episodio es la encarnizada batalla por el control de Caja Madrid, que más parece una lucha por el control de la cuarta entidad financiera para lograr un tesoro con el que alimentar ambiciones políticas.

La oposición a la reforma de la Ley del Aborto coloca al PP en otra encrucijada. Rechaza reconocer este derecho a las mujeres, vigente en la casi totalidad de los países europeos, pero asume mantener la actual despenalización, que protegió sin objeción alguna durante sus ocho años de Gobierno. Rajoy y su partido tienen todo el derecho a defender determinados principios morales, pero para aspirar a convertirse en una derecha moderna deben hacerlo sin mostrar su dependencia de lo que se predica en los púlpitos de las iglesias. Vivimos en una democracia civil y este país aún necesita dotar a sus ciudadanos de una serie de derechos que les fueron negados durante una cruel dictadura que sólo les trató como súbditos.

El líder del PP necesita mejorar la confianza que despierta en los ciudadanos si aspira a gobernar. Y, para ello, “el partido de la unidad” ha de superar contradicciones que enfrentan a sus formaciones regionales. ¿Por qué en el Congreso vota contra el blindaje del Concierto vasco frente a lo que reclaman en Euskadi? ¿Cómo se justifica que sobre el trasvase defiendan en Castilla-La Mancha lo contrario que en Valencia o Murcia? ¿Cuál es la razón de que la deuda pública sea una recriminación al Gobierno y un bien necesario en Valencia o Madrid? Y si la subida de impuestos es condenable, ¿qué pasa con la multiplicación de las tasas en Madrid?

El examen final para Rajoy es en 2012, pero en mayo de 2011 tiene una prueba decisiva. En las municipales y autonómicas se decidirá si el PP es capaz de aumentar los dominios de su poder. Ahí se sabrá si ha cambiado el viento.

Para empezar, Mariano Rajoy ya no podrá repetir lo de “estaré siempre delante, detrás o al lado de ti”, referido a Camps, porque ahora ambos líderes se han colocado frente a frente. La rebelión y posterior dimisión a la fuerza del secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ha puesto contra las cuerdas a la cúpula dirigente del partido.

Lo que está sucediendo es que el PP confunde a perseguidor con perseguido y muestra una falta de correa para resistir un caso todavía en fase de investigación que se extiende como una mancha. Y aún falta por saber si Costa llevará a cabo su amenaza de tirar de la manta para demostrar que él era un mandado en la gestión de los contratos concedidos a una banda de ladrones, donde, según las evidencias del sumario, los estafadores actuaban a los dos lados de esa relación comercial establecida a cuenta del dinero de todos.

Con 48 horas de retraso, Rajoy compareció ayer ante los medios para reafirmar su confianza en el presidente Camps, no así en Costa, al que, como secretario general, “hay que exigirle algo más”. Sin embargo, su versión sobre el comité ejecutivo del PP valenciano desprecia los hechos. En su intervención sólo se produjo un avance cuando prometió más transparencia en las cuentas y acabar con “la arbitrariedad o el favoritismo”. Por cierto, ese código de buenas prácticas del PP ya existe, pero fue guardado en un armario por la actual dirección.
En la escena judicial, la colusión de Gürtel con Valencia sólo se ha ventilado, y mal, en los trajes regalados, pero el asunto va a tomar nuevos aires en el Supremo. Por encima de estas y otras muchas bagatelas está la trama de favores y de financiación ilegal que asedia al PP valenciano, al que los jueces no han echado ni un vistazo.

Aparte de a Valencia, la causa contra las empresas de Correa afecta especialmente a la Comunidad de Madrid, pero se extiende a Galicia y Castilla y León. Por eso no se entiende que la causa siga troceada, cuando la seguridad jurídica y el interés general aconsejan elevar todo el sumario a la Sala Segunda del Supremo. ¿Cómo sustanciar, si no, las presuntas relaciones ilegales entre el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el tesorero del PP, temporalmente cesante, Luis Bárcenas? ¿Se van a investigar también las inversiones inmobiliarias en Guinea?

La trama Gürtel nació bajo el Gobierno de Aznar y entonces encontró amparo en la sede del partido en Génova. Todos estos años ha sobrevivido en reductos regionales del poder del PP y en Madrid encontró espacios en ayuntamientos, en varias consejerías del Gobierno autonómico y en el montaje de los actos de la presidenta Esperanza Aguirre. “Todos son chorizadas”, en palabras del propio Don Vito, el alias de Francisco Correa.
Todavía desconocemos el resultado de las comisiones rogatorias para controlar el dinero que la trama escondió en paraísos fiscales. En este punto clave aflorará el papel de Ramón Blanco, arquitecto de esta estructura de evasión, quien antes ocupó el cargo de consejero delegado de Repsol gracias a la influencia de su amigo, el entonces presidente Aznar.

Aquí es donde surge para el PP, atrapado en un problema político por su pertinaz estrategia de retrasar la investigación judicial, una esperanza de defensa por la vía de la anulación de pruebas que tan eficaz resultó hace años para liquidar el caso Naseiro.

Olvida el equipo de resistencia encabezado por Federico Trillo que esas conversaciones grabadas entre inculpado y defensor afectan esencialmente a un abogado implicado en la trama. Lo que las escuchas judiciales perseguían era evitar algunas operaciones de camuflaje del dinero, la gran esperanza de Don Vito y sus secuaces de salvar la parte del león del negocio urdido para llevarse el dinero de los contribuyentes.

La trama Gürtel lleva protagonizando las primeras páginas de los periódicos desde el pasado 6 de febrero. Ante el escándalo, la primera reacción de la cúpula del PP fue decir que los contratos con las empresas del famoso Francisco Correa eran cosa del pasado, que la relación se había roto cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del partido.

Como los hechos derribaron la primera línea de defensa, la ejecutiva nacional del PP en pleno se subió a una fotografía para denunciar que “era un ataque al PP” sin pruebas ni fundamento y rechazar de plano la instrucción judicial. Situaron entonces por encima de la ley a la organización que presiden.

El doble paso de la defensa al ataque se sustanció en obligar al juez Garzón a dejar el caso porque entre los presuntos implicados aparecían parlamentarios, regionales y nacionales, aforados. De esta manera, el caso Gürtel está ahora despiezado en tres instancias judiciales: el Supremo, que se ocupa del senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a los implicados de esta comunidad, y el de Valencia, que se sacudió las manos con el presidente Francisco Camps y el resto de implicados.

El archivo del caso Camps puso de manifiesto que la prioridad era la defensa de los aforados posiblemente corrompidos y no la investigación de los tratos con los corruptores. Para ello, el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, desestimó la jurisprudencia del Supremo y recurrió a sentencias alemanas para prescribir en este caso el delito de cohecho pasivo que figura en el Código Penal. Desechó, sin embargo, echar un ojo siquiera a la documentación incriminatoria para no contaminar la obligada defensa de un amigo. Hoy esa decisión interesada está recurrida ante el Supremo.

El troceo de la causa ofreció al PP la posibilidad de establecer diques de contención, continuamente rebasados por las informaciones que día a día agravaban el alcance de la corrupción organizada. Cuando se ha levantado el secreto de la tercera parte del sumario (sólo 17.000 folios, para abrir boca), han caído justificaciones y barreras. Basta con leer el tono de las conversaciones entre corruptores y corrompidos para sentir vergüenza ajena. Correa, el jefe de la trama, se hacía llamar Don Vito, en rememoración del capo Corleone, en la contabilidad B.

Falta por saber cuánto dinero tenían fuera, pero ya conocemos todos el origen y la extensión de esta red de complicidades creada para hacer negocios y propiciar sobornos a cuenta del erario público. Las conexiones directas o indirectas afectan a los máximos responsables del PP y, pese a todo lo replicado, Rajoy no queda exento. Ya no vale argumentar que se trata de la historia de unos pocos que utilizaron el partido en
provecho propio.

Tampoco es razón para resistir que el 40% de los votantes sigan creyendo que todo es una conspiración para debilitar al PP. Uno de cada cinco votantes piensa que los implicados, Camps entre ellos, deben dimitir, y el porcentaje sube a cada telediario.

Aunque las encuestas no lo reflejen todavía, la corrupción es un lastre para el futuro y un incentivo del descrédito de la política. Rajoy debe saber que una parte de sus posibilidades de llegar al Gobierno depende de si es capaz de hacer frente a sus responsabilidades, de depurar a los dirigentes indignos para que dejen de ser hombres de su confianza los que hacen el paseíllo ante los juzgados.