Al incesante eslogan de que no hay que subir impuestos, el PP debe darle una cura de reposo. Por lo menos hasta hacer un arqueo completo de cuántas organizaciones y líderes del partido desviaron para fines inconfensables los dineros públicos y se olvidaron a la vez de pagar tributos. Todas las administraciones públicas gestionan gastos e inversiones pagados por los contribuyentes y los partidos políticos se financian en buena parte con subvenciones del Estado. Así que el buen fin de esos fondos es patrimonio común, que obliga a una gestión responsable y transparente a los representantes políticos.
La trama Gürtel lleva protagonizando las primeras páginas de los periódicos desde el pasado 6 de febrero. Ante el escándalo, la primera reacción de la cúpula del PP fue decir que los contratos con las empresas del famoso Francisco Correa eran cosa del pasado, que la relación se había roto cuando Mariano Rajoy asumió la presidencia del partido.
Como los hechos derribaron la primera línea de defensa, la ejecutiva nacional del PP en pleno se subió a una fotografía para denunciar que “era un ataque al PP” sin pruebas ni fundamento y rechazar de plano la instrucción judicial. Situaron entonces por encima de la ley a la organización que presiden.
El doble paso de la defensa al ataque se sustanció en obligar al juez Garzón a dejar el caso porque entre los presuntos implicados aparecían parlamentarios, regionales y nacionales, aforados. De esta manera, el caso Gürtel está ahora despiezado en tres instancias judiciales: el Supremo, que se ocupa del senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del diputado Jesús Merino; el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga a los implicados de esta comunidad, y el de Valencia, que se sacudió las manos con el presidente Francisco Camps y el resto de implicados.
El archivo del caso Camps puso de manifiesto que la prioridad era la defensa de los aforados posiblemente corrompidos y no la investigación de los tratos con los corruptores. Para ello, el juez Juan Luis de la Rúa, presidente del tribunal, desestimó la jurisprudencia del Supremo y recurrió a sentencias alemanas para prescribir en este caso el delito de cohecho pasivo que figura en el Código Penal. Desechó, sin embargo, echar un ojo siquiera a la documentación incriminatoria para no contaminar la obligada defensa de un amigo. Hoy esa decisión interesada está recurrida ante el Supremo.
El troceo de la causa ofreció al PP la posibilidad de establecer diques de contención, continuamente rebasados por las informaciones que día a día agravaban el alcance de la corrupción organizada. Cuando se ha levantado el secreto de la tercera parte del sumario (sólo 17.000 folios, para abrir boca), han caído justificaciones y barreras. Basta con leer el tono de las conversaciones entre corruptores y corrompidos para sentir vergüenza ajena. Correa, el jefe de la trama, se hacía llamar Don Vito, en rememoración del capo Corleone, en la contabilidad B.
Falta por saber cuánto dinero tenían fuera, pero ya conocemos todos el origen y la extensión de esta red de complicidades creada para hacer negocios y propiciar sobornos a cuenta del erario público. Las conexiones directas o indirectas afectan a los máximos responsables del PP y, pese a todo lo replicado, Rajoy no queda exento. Ya no vale argumentar que se trata de la historia de unos pocos que utilizaron el partido en
provecho propio.
Tampoco es razón para resistir que el 40% de los votantes sigan creyendo que todo es una conspiración para debilitar al PP. Uno de cada cinco votantes piensa que los implicados, Camps entre ellos, deben dimitir, y el porcentaje sube a cada telediario.
Aunque las encuestas no lo reflejen todavía, la corrupción es un lastre para el futuro y un incentivo del descrédito de la política. Rajoy debe saber que una parte de sus posibilidades de llegar al Gobierno depende de si es capaz de hacer frente a sus responsabilidades, de depurar a los dirigentes indignos para que dejen de ser hombres de su confianza los que hacen el paseíllo ante los juzgados.
A la espera de concretar los tirones que a las cuentas del Estado le producirá un todavía desarticulado pacto parlamentario, el proyecto de Presupuestos del Gobierno sufre estos días la crítica de falta de carácter. Ni carne ni pescado, ni medidas anticrisis ni política de reactivación. El Ejecutivo parece haber optado en la etapa final de la crisis por la delgada línea de la tibieza.
El primer y único objetivo claro de los Presupuestos para 2010 es la política social, que absorbe el 51,6% del total del gasto. Es este un esfuerzo necesario porque sólo la partida para asistir a los desempleados crece casi el 59%. Aumentan también de forma considerable los fondos destinados a dependencia, ayudas al alquiler de vivienda o las becas. Pero en contra de la polémica desatada en torno a que el Gobierno atiende a esas prioridades metiendo mano a los impuestos, el recurso verdadero ha sido acudir a la emisión de deuda. El total de emisiones previsto para 2010 asciende a 211.447 millones, el doble que este año y más del triple de lo que este mismo Gobierno hizo en 2007 y 2008.
Endeudarse es aplazar problemas, pero en este camino discutible España tiene margen porque en 2008 representaba el 39,7% del PIB, menos de la mitad del porcentaje de Alemania o Francia. Y aunque este año acabará en un 53,4% y el próximo en un 62,5%, comparativamente cuenta aún con un trecho a favor.
De la lamentada subida de impuestos, la más contestable es el incremento del IVA, de uno y dos puntos, respectivamente, en los dos tramos altos. Pero este es el pago necesario como señal a los mercados de que habrá recursos para compensar el endeudamiento. El Gobierno difiere además el recargo hasta el 1 de julio, en la creencia de que va a servir de efecto llamada para despertar el consumo y con la esperanza de que entonces habrá signos claros de reactivación, especialmente en el campo de las exportaciones. “La reactivación ya se vive en muchas empresas”, afirma un miembro del Gobierno.
Para el año que viene no se toca el IRPF, aunque se suprime la devolución de 400 euros al año, una medida electoral tomada al rebufo del superávit presupuestario para paliar el encarecimiento de las hipotecas, que ahora se benefician de un Euribor en su mínimo histórico. Los 400 euros tienen el récord de haber sido la medida más criticada antes, cuando fue adoptada, y ahora, que se ha anunciado la supresión.
Del resto del arsenal fiscal queda la rebaja de cinco puntos del impuesto de sociedades para las pymes que no destruyan empleo y el aumento de la imposición a las rentas de capital en tres puntos, del 18% al 21%, cuando las plusvalías superen los 6.000 euros anuales. Llama la atención el contraste entre la valoración positiva del retoque fiscal fuera de nuestras fronteras con las críticas internas. Desde la izquierda, la subida se considera ridícula, pero desde la derecha surgen voces que la califican, sin explicar por qué, de la más exagerada de la historia.
La trifulca política llega al extremo de reivindicar una imposición disuasoria para las grandes fortunas, ignorando que la libertad de capitales no tiene fronteras y menospreciando la estructura de las declaraciones de la renta. La gran mayoría del ahorro ha sido obtenido antes como excedente de las rentas del trabajo y sometidas por tanto al IRPF. Además, sólo 100.000 contribuyentes declaran más de 150.000 euros al año.
La lectura sesgada alcanza también a confundir el recorte de gastos corrientes con la inversión, como pasa en I+D donde están garantizados todos los proyectos. Antes de su aprobación, el PP ya lanzó su dictamen sobre estos Presupuestos: “Son un desastre”. Pero en el principal partido de la oposición se suma el rechazo frontal a las cuentas públicas con el enredo de su contabilidad interna.
Rajoy y la cúpula dirigente han pasado de declarar que la trama Gürtel era una acusación injusta o una conspiración del Gobierno a admitir que hay que tomar medidas “contundentes”. Francisco Camps y los demás inculpados todavía no han oído el mensaje, pero el PP empieza a comprender que sus cuentas son también públicas porque se ha dilapidado el dinero de los contribuyentes.
Igual que los éxitos refuerzan, las crisis causan desgaste. Y el impacto de la depresión mundial es de tal magnitud que en España se ha llevado por delante a muchas empresas y ha dejado en la cuneta a algunos ministros, entre ellos al ex vicepresidente Pedro Solbes, un gestor eficaz y prudente que tiene en su haber el primer superávit presupuestario.
Hace justo un año, el hundimiento del sistema financiero puso a los grandes bancos en quiebra, y la operación de salvamento desencadenó la intervención coordinada de los gobiernos, que con el dinero de los contribuyentes pusieron un tapón a aquella sangría. El alcance de la crisis estranguló el crédito, provocó la anorexia de las empresas y ha dejado algunos sectores clave, como la construcción y el automóvil, por poner sólo dos ejemplos, en una situación de difícil salida. El último escalón de esta ola destructora es el paro, que castiga a todas las economías y, en especial, a la española.
La estafa financiera que dinamitó el ciclo de expansión fue de tal calibre que surgieron voces que reclamaban la refundación o la reforma del capitalismo. Ahora que la bolsa ha devuelto el valor de cotización a los grandes bancos, han vuelto las prisas y el objetivo se reduce a una regulación de los mercados para evitar aquellas tropelías. El G-20 ha reducido los objetivos a implantar algunas normas, controlar los paraísos fiscales, poner coto al desmán de los bonus de los ejecutivos y abrir algo la mano al comercio mundial.
Todas esas subvenciones públicas fueron asumidas como un mal necesario sin más culpables que Lehman Brothers, un banco de inversión que se quedó sin rescate. En este país, a diferencia de nuestro entorno, el debate se ha crispado en cuanto ha llegado el turno de arbitrar ayudas de subsistencia a los parados sin subsidio. Los grandes perjudicados de la crisis parecen tener la desgracia de no ser corporaciones.
Ni siquiera en Estados Unidos, con Bush ya derrotado en las urnas, se buscó un único culpable de este desastre. Desgraciadamente son muchos. Pero en los últimos días, en España, un aluvión mediático coincide en el mismo diagnóstico: “El problema es Zapatero”. Es simplemente el eslogan del PP, que aplaza su responsabilidad de partido de gobierno al momento de conquistar el poder. Esta abrumadora lectura responde a una desigualdad manifiesta, que es la superioridad de medios de comunicación conservadores, es decir, de derechas, que no se corresponde con la geometría del Parlamento decidida por los ciudadanos con sus votos. El elemento determinante de este flujo de opinión ha sido el alineamiento sobrevenido de los medios de comunicación del Grupo Prisa a esta tesis. No parece el más sutil de los argumentos criticar “la productividad” del Gobierno, como si se tratara de un taller textil, en lugar de hablar de la eficacia o del acierto. Ni exigir elecciones anticipadas cuando el final del túnel está cerca y Zapatero fue elegido hasta 2012.
El cambio de línea editorial se justifica en declaraciones a The New York Times en que Francia y Alemania han iniciado el repunte y la economía española aún sigue en declive. Nadie sabía hasta ahora que nuestro país tiene el mismo liderazgo industrial y equivalente estructura de apoyo social que estos dos socios europeos. En Alemania se han sostenido 1,5 millones de empleos con el método de reducir jornada a unos trabajadores para dar ocupación a otros. El Estado paga el coste y nadie denuncia esta subvención masiva.
En España, la OCDE acaba de pronosticar 4,5 millones de parados a finales de 2010, con lo cual el coste de la crisis serán 2,7 millones de desempleados. Hace dos años, en pleno furor expansivo y recurso a la mano de obra extranjera, había 1,8 millones de parados registrados. El problema viene de lejos y tiene sus raíces en una economía estacional y demasiado dependiente del ladrillo, que es necesario modernizar. El presidente Zapatero, para sostener la inversión pública y el empleo, propone subir algunos impuestos. El objetivo es recaudar 15.000 millones más, la mitad de la rebaja fiscal que su Gobierno ha aplicado estos años.
La medida puede ser criticada, pero está en línea con lo que han hecho Francia (impuesto a las grandes fortunas) o Alemania (subida del IVA). Los países del euro tienen delegada en el BCE su política monetaria y la política económica mundial está concertada en el seno del G-20, así que el único margen de maniobra es la política fiscal. Los organismos internacionales recomiendan mantener el papel del Estado para sostener la economía frente a la crisis, así que ¿dónde está la improvisación y la heterodoxia de Zapatero?
Todo medio de comunicación tiene libertad total para la crítica, aunque está obligado a una información contrastada y responsable. Las tensiones de El País con los sucesivos gobiernos dan para escribir más de un libro, pero esta ola de ataques viene precedida por la declaración de guerra del máximo ejecutivo de Prisa. El pasado 21 de agosto acusó a Zapatero, desde la emisora del grupo, de “haber enterrado el felipismo”. Felipe González perdió el poder en las urnas en 1996, Zapatero lo ganó en 2004.
“Juan Luis Cebrián pensaba que Zapatero iba a ser Felipe”, dicen en Moncloa. En su primer año el Gobierno de Zapatero adoptó tres medidas importantes para el porvenir de Prisa: la rebaja del IVA, que proporcionó 400 millones a las cuentas de Sogecable, la licencia de Cuatro y la decisión de que la sentencia del Supremo sobre Antena 3 Radio no podía ser cumplida. El problema, ahora, es que la televisión de pago se abre a la competencia.
Cebrián, como director, tiene el gran mérito de haber incluido a El País entre los diez más grandes del periodismo. Y el periódico, la cualidad de haber sido tan rentable que financió la construcción de un grupo. Por eso, no es siquiera prudente poner todo ese poder y esa influencia al servicio de intereses empresariales propios, aunque estos no hallen eco en la política.
En la consideración de los españoles el funcionamiento de la Justicia ocupa una posición ínfima. Las encuestas reflejan recurrentemente el cúmulo de males que contribuyen a este último lugar entre las instituciones que merece uno de los tres pilares del Estado de derecho. A esta valoración tan peyorativa contribuyen paralelamente los colectivos de jueces, que denuncian sistemáticamente la falta de medios materiales y humanos para desarrollar eficazmente su función. El problema más profundo que padece, sin embargo, es la imperecedera desconfianza del común de los ciudadanos a que el tercer poder cumpla verdaderamente con la norma esencial de que todos somos iguales cuando se trata de aplicar la ley.
En España hay casi 5.000 jueces para zanjar más de nueve millones de litigios al año. La tasa es de un juez por cada 100.000 habitantes, lo cual parece indicar que son pocos porque cada año quedan sin resolver medio millón de casos que se suman a la montaña de legajos que representan los casi tres millones de sumarios pendientes. La justicia con retraso constituye una injusticia, porque a menudo la satisfacción se arbitra cuando el daño es ya irreparable.
La cualidad esencial de la justicia es que quien dicta sentencia pertenece a un poder independiente para poder zanjar los conflictos sin atender a intereses creados. El principio es que los jueces, para ser ecuánimes, han de ser ajenos a la política, distantes por igual tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo. El ejercicio judicial es una función pública, técnica, neutra frente a las aspiraciones de los diferentes sectores de la sociedad. Pero en nuestro país, donde hasta el Ejército de Tierra ha hecho su adaptación al sistema democrático, ocurre que hay sectores de la judicatura que no han recorrido aún el camino de la Transición.
No es justo meter en el mismo saco a miles de funcionarios, pero la discrecionalidad a la hora de dictar sentencia alienta el sentimiento del azar que preside el destino de los litigios. “Depende del magistrado que toque” es la frase habitual cuando toca aventurarse en un proceso. En España hay muchos jueces que desempeñan el papel que la sociedad les ha encomendado, pero hay otros, y su porcentaje es creciente según se ascienden los escaños de la jerarquía en la carrera, que, en lugar de aplicar la ley, la trasforman, la interpretan o la retuercen. Son los que anteponen injustamente sus intereses o creencias a la aplicación del marco legal que la soberanía del pueblo ha dictado. Hay jueces incompetentes o irresponsables, pero los peores son los que traspasan el límite constitucionalmente marcado a su trabajo.
Ya no se trata tanto del vicio ancestral de cuando la dádiva doblaba la vara de la justicia como del ejercicio de la ley al servicio de una ideología. Sin entrar en el enredo de un Consejo General del Poder Judicial constituido como si fuera una mesa de partidos, este problema es un ejemplo vivo en el Tribunal Constitucional.
Desde hace tres años tiene sobre la mesa la responsabilidad de decidir si el Estatut de Catalunya encaja dentro de la Constitución o si algunos de los artículos sobrepasa sus límites. Pero los magistrados, alineados frente a frente como los políticos en las bancadas del Congreso, no encuentran solución a casar ley con ley. Parecen haber interiorizado por mitades los modelos enfrentados que esgrimen los partidos políticos.
Y peor imagen da el Supremo al imputar al juez Garzón por haber instruido el sumario sobre las víctimas del franquismo. Al juez ya le había obligado a desistir la propia Audiencia Nacional, pero el alto tribunal dio cobijo a dos denuncias de sendas asociaciones ultraderechistas, duchas en azuzar conflictos. Dicen que el interés es sentar la mano a un juez valiente con enemigos.
Ese argumento se cae por su peso cuando el ponente del caso es un juez contaminado por haber hecho agitación contra la Ley de la Memoria Histórica. Cualquier día una instancia internacional señalará a España por la ignominia de ahogar una ley creada para rescatar los huesos de más de 100.000 fusilados desperdigados por las cunetas. Setenta años después está prohibido honrar a ciertos muertos. El Supremo da ejemplo y para ello encierra nuestra historia en un cuarto oscuro.
Consumido el verano a efectos laborales, el otoño que empieza es decisivo para el futuro de todos y para el porvenir de los dos grandes protagonistas de la política, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. El denominador común es el alcance de la crisis y cómo hallar la salida, pero las prioridades llevan a los dos grandes partidos a desplegar su política en dos sendas paralelas que jamás se juntan, salvo si se trata de afrontar la nueva gripe.
El PP vive ensimismado en los casos de corrupción que le salpican y, presa de un ataque de nervios, trata de convertir el escándalo en síndrome de victimismo.Puede que esa estrategia sirva para mantener la moral de resistencia de los suyos, pero la credibilidad de un partido que aspira a volver a gobernar puede quedar gravemente dañada cuando, sin alusión alguna a la veintena de parlamentarios y altos cargos imputados, pretende reducir el caso a una persecución del Gobierno y de otras instancias del Estado contra el PP. Rajoy debería callar cuando le toca hablar a los jueces.
Confundido en sus líos judiciales, en las últimas semanas la aportación del PP al devenir de la economía es que todo lo que hace el Gobierno es un desastre. La desconexión con la mayor preocupación de los españoles es tal que el portavoz del partido en asuntos económicos, Cristóbal Montoro, es capaz de decir un día que la ayuda de 420 euros al mes a los parados que ya no tienen subsidio es tirar el dinero a la basura, y al otro, que todo el mundo sabe que ese dinero no da para vivir. ¿Cuál es el mensaje, que hay que abolir todo tipo de ayudas? Si es así, empecemos por la limosna.
Así las cosas, la crisis económica se ha convertido es un problema exclusivo del Gobierno, que, por cierto, es al que le toca resolverlo. A ello no ayudan las medidas anunciadas y luego corregidas, ni la sucesión de mensajes a veces contradictorios de distintos miembros del Gobierno.
Para complicar las cosas, los datos reflejan que el alcance de la recesión es más profundo que en otros países europeos, porque el componente estacional de nuestra economía es mayor y el hundimiento de sectores clave en la expansión, principalmente la construcción, es más profundo. Frente al repunte logrado en Alemania y Francia, España sigue cuesta abajo: el PIB continúa cayendo, se dispara el déficit y vuelve a crecer el paro después de tres meses de leve respiro.
La estrategia de Zapatero es resistir este otoño hasta que llegue el repunte, fiado ahora a la primera mitad de 2010, cuando la Presidencia de la UE dará a España un protagonismo clave en la escena internacional. El presidente ha centrado el apoyo a los Presupuestos del próximo año en los nacionalistas y grupos de izquierda. Tras el idilio frustrado con Artur Mas, el acuerdo con CiU se antoja imposible o demasiado caro. Pero esa estrategia de frente de izquierdas suscita confusión y críticas en el seno del PSOE y en algunos ministros que, en la perspectiva de la próxima cita electoral, ven esencial hacer guiños a las clases medias, ocupar el centro.
Recién elegido secretario general del PSOE, tras la debacle electoral de los socialistas, en una de sus primeras entrevistas Zapatero declaró aquello de que “bajar impuestos es de izquierdas”. Recibió críticas y menosprecio, pero fue la carta de presentación de una nueva política, que el 14 de marzo de 2004, en su primer examen electoral, le dio el triunfo, algo inédito en nuestra democracia.
Ya en el poder bajó los impuestos, experimentó el superávit fiscal y copió de Estados Unidos una medida nada católica, devolver a los contribuyentes 400 euros de ese excedente. Por culpa de la crisis ese reintegro se acabará para una buena parte de los ciudadanos, que además verán incrementado el gravamen sobre las plusvalías que obtengan de la inversión o del ahorro. Zapatero experimentará así los dos lados de la política fiscal, pero donde se juega su futuro no es en estos retoques, sino en recuperar la senda del crecimiento. Y el principal reto no está en las medidas coyunturales, sino en esa ley prometida del modelo de economía sostenible. Porque la apuesta no es volver a crecer, sino hacerlo con una economía estructuralmente más sólida, menos vulnerable al vaivén de los ciclos.
Podrá el PP resistir el espectáculo de Francisco Camps sentado en el banquillo ante un jurado popular?”, se preguntan estos días algunos dirigentes del partido con despacho en la sede de la madrileña calle Génova. El comentario se hace en privado porque la línea oficial es la de resistencia cerrada. Para que se llegue a esa temida situación sólo falta uno de los dos “escaloncitos” que el propio inculpado, el presidente de la Generalitat valenciana, dice que le faltan por subir para dejar de estar envuelto en esta “situación absurda”.
La estrategia del PP, ordenada por el líder, Mariano Rajoy, para hacer frente a las acusaciones de corrupción que afectan a 21 cargos del partido tiene puntos débiles y alguna fortaleza. El gran error es confrontar con uno de los pilares del Estado de derecho –la Justicia– a un partido que aspira a gobernar de nuevo. El triunfo es que, a través de esa oposición al inicial juez instructor de la causa, que se vio obligado a inhibirse, los conservadores han logrado trocear la causa con la pretensión de minimizar costes futuros.
Resulta así que la instrucción de un sumario contra una supuesta red de corrupción, que se dedicaba a conseguir contratos financiados con el dinero de todos a cambio de favores a cargos públicos, se verá sustanciada, por partes, en tres instancias: en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su homólogo de Valencia y en el Supremo. La razón es que varios de los implicados son aforados, y uno, el senador Luis Bárcenas, es el tesorero, el epicentro financiero del partido. La unidad de la causa queda de momento reducida al menudeo, y la investigación del mal uso del dinero de los contribuyentes, postergada al interés defensivo de los políticos inculpados.
El fortín levantado frente a los jueces choca con la tradicional influencia del PP en el ámbito judicial. Por eso no parece muy inteligente que los líderes populares salgan a una para anteponer la palabra de Camps al auto dictado para llevarlo a juicio. Sobre todo cuando parece demostrado que Camps mintió, primero, ante la opinión pública y, luego, ante el juez, al afirmar que había abonado los trajes. Como acusado tiene derecho a mentir en su defensa, pero, al hacerlo, pierde, como político, el título de Honorable que le otorga ser presidente.
No debería ser esto razón para que responsables del PP, en un desbocado intento de salvar la imagen del partido, vengan a decirnos que, si los trajes y otros presentes recibidos por Camps fueron regalos, también lo son todos los detalles que se obsequian entre amigos. Para no condenar sobornos y perdonar una lata de anchoas, argumentan, es mejor suprimir el delito de cohecho que figura desde hace más de 200 años en el Código Penal. Ya estamos al pie de la teoría de que hay que aceptar algunos delitos como cosas normales. ¿En qué cajón está guardado el código ético del partido?
Para evitar ir a juicio, a Camps y a los otros tres encausados sólo le queda la vistilla del día 15 y el previsible recurso. Llevamos meses de trama Gürtel pero la sorpresa saltó ayer cuando la Fiscalía solicitó al juez incluir a Francisco Correa y a El Bigotes en la misma causa. De tanto preocuparse por los posibles corruptos nos habíamos olvidado de los corruptores.
La táctica del PP de que todo era un invento le permitió ganar tiempo para superar dos campañas electorales. Ahora, según un dirigente, “ya no hay tanto coste porque no hay urnas a la vista”. Se olvida de que, tras la causa de Valencia, vendrán la de Madrid, donde se acumula el grueso de imputados, y la del Supremo. Puede que Rajoy a la postre se arrepienta de tantos desfiles de inculpados. También corre el riesgo el líder conservador de que los empresarios que apoyan al PP se cansen de arriesgar el ansiado triunfo electoral ahora que, borrados por la crisis los años de esplendor, necesitan mejorar beneficios.
España –ahí está el PSOE– tiene experiencia sobrada de cómo la defensiva ante la corrupción es una táctica dilatoria que lleva sin remedio a la derrota. Pero lo peor de la trinchera cavada contra las corruptelas es que mueve a los ciudadanos a dar la espalda a los políticos. Y esa desconfianza ha convertido a los partidos en cúpulas que se suceden a sí mismas. Se olvidan los dirigentes de que, en una democracia, la política es patrimonio de la ciudadanía y, ellos, sólo unos simples elegidos con fecha de vencimiento.
Lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido a confirmar es algo que se sabía: en una democracia, dentro de la lucha política no cabe todo. La sentencia consolida una obviedad pero tiene gran trascendencia jurídica. Arrebata a Batasuna y a las ocho siglas que desde 2002 han nacido para tomarle el relevo el último recurso para persistir en la complicidad, amparo, justificación o defensa de la violencia terrorista.
El Tribunal de Estrasburgo respalda la Ley de Partidos de 1992 y convalida la ilegalización de Batasuna sancionada por el Supremo en 2004, luego confirmada por el Constitucional. La ilegalización de Batasuna, dice, era “una necesidad social imperiosa”, justificada en la seguridad pública y en “la protección de derechos y libertades”. Es decir, la libertad ideológica y el legítimo derecho a la conquista del poder tienen límites. Nadie puede perseguir esos objetivos con la merma de derechos de otros y mucho menos, como es el caso, con la intimidación, el terror y el atentado contra la vida.
Muchas regiones o países concretos han sufrido el fenómeno terrorista a lo largo del tiempo, pero la conciencia de que es una amenaza mundial se impuso de repente el 11 de septiembre de 2001 tras el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Desde ese día la comunidad internacional empezó a desmontar, en algún caso con exceso, la cobertura legal de organizaciones nacionalistas que reclaman la independencia con el recurso a la violencia. En estos últimos años se han multiplicado los convenios internacionales para perseguir a los grupos terroristas, ETA incluida.
En paralelo a estos instrumentos jurídicos, ha ido cobrando fuerza la teoría de la democracia militante o democracia activa: los partidos políticos deben gozar de la máxima protección ideológica, pero no pueden optar al ilimitado principio de la libertad de conciencia individual. Para un individuo transgresor el castigo está definido por el delito. Los partidos, sin embargo, son fuerzas que concurren a la disputa por el voto con el fin de conquistar el poder, así que están obligadas a ser organizaciones responsables, a desarrollar su actividad y defender sus principios sin daños a terceros.
Para el llamado entorno político de ETA, ya se trate de Batasuna o de los herederos creados sucesivamente para representar las mismas aspiraciones bajo otros nombres, esta sentencia les obliga a dejar de justificar la violencia. Pone fin a esa barrera psicológica que tanto daño ha hecho especialmente en Euskadi. “Es un hecho irreversible”, afirma un representante del Gobierno. Pero la decisión del tribunal europeo no pone fin al derecho a reclamar la independencia. La propia sentencia subraya que en España coexisten legalmente otras formaciones políticas que tienen ese objetivo. Ahí esta Aralar, que concurre a las urnas en País Vasco y Navarra: crece en votos y condena la violencia.
No es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide la ilegalización de un partido político. Abundan las sentencias, pero el caso más sonado fue el dictado el 31 de julio de 2001, que refrendaba la disolución del Partido de la Prosperidad en Turquía. Esta formación islamista logró un 22% de los votos y llegó al poder en 1996 en coalición con otra fuerza de centro derecha. El tribunal Constitucional de Turquía decidió suprimir el partido y transferir todos sus bienes al patrimonio público porque el presidente, Necmetin Erbakan, era contrario al principio de laicidad del Estado y pretendía imponer el velo y la enseñanza religiosa. Erbakan perdió el poder porque aspiraba a derribar algunos pilares de la sociedad turca, vigentes desde el general Ataturk. Hoy gobiernan el país, sin problemas constitucionales, los islamistas moderados.
Aquella y esta sentencia son una buena base jurídica para alertar de que el triunfo en la batalla política no puede atentar contra los fundamentos que los ciudadanos se han dado para regir la convivencia. También dan pie a deducir que la teoría de que las urnas lo lavan todo, ahora sostenida por defensores crecientes, no es democráticamente aceptable. Desde luego los partidos no son quiénes para condonar la responsabilidad personal de sus militantes, ni estos pueden esgrimir que salir elegidos blinda sus desmanes.
El debate nuclear en España hierve a la misma temperatura que la política. Al contrario que la disputa partidaria, que es de ebullición constante, la polémica sobre las centrales nucleares guarda desde hace tiempo largos periodos de reposo y sólo entra en ignición cuando se produce un hecho relevante.
Ahora le toca el turno al previsto cierre de la central en activo de Santa María de Garoña (Burgos), como hace poco le tocó a la de Zorita asumir el cierre. Cuando el 19 de octubre de 1989 un incendio dañó gravemente la estructura del edificio que alberga al grupo Vandellós I, se impuso el desmantelamiento por razones de seguridad. Nadie se opuso, aunque aún se ignora el coste total de esa obra que pagamos entre todos.
En nuestro país funcionan ocho grupos nucleares, pertenecientes a tres generaciones distintas, distribuidos en seis instalaciones que generan el 20% de la energía eléctrica. Hace pocos años representaban un tercio del total, pero entonces nuestro país tenía déficit y hoy exporta electricidad. El aumento de la potencia instalada, gracias a la eólica y a nuevas centrales de ciclo combinado, ha disminuido el peso relativo de lo nuclear en el mix de producción energética.
Los defensores de la energía nuclear sostienen que es un recurso imprescindible y mucho menos contaminante que el carbón o el petróleo. Sus detractores mantienen que es un riesgo incontrolable en caso de accidente gave, además de que los residuos representan un peligro de contaminación de alta intensidad para generaciones futuras (algunos isótopos del plutonio conservan alta radioactividad durante 24.000 años).El mejor argumento nuclear es la rentabilidad frente a otras fuentes de energía. Sin duda esto es cierto en Francia, que ha hecho de las centrales nucleares una opción de Estado y construido un modelo estandarizado que produce el 75% de la energía nacional bajo la gestión de la empresa pública EDF.
En España hacer números es más difícil.Nuestro país se incorporó a lo nuclear a finales de los sesenta, cuando esta industria, que nació inicialmente como un proceso intermedio para el acceso al arma atómica, se abrió paso como alternativa a las crisis del petróleo. Las inversiones para acometer las centrales de primera generación (Vandellós I, Zorita y Garoña) se hicieron con créditos referenciados con el dólar a 190 pesetas.La organización terrorista ETA, tras el secuestro y asesinato del ingeniero Jose María Ryan, fue determinante en la moratoria nuclear decretada por el Gobierno socialista en octubre de 1983. Pero no sólo Lemóniz, sino otras centrales en construcción o en proyecto fueron paralizadas. Las compañías recibieron en compensación un 2,89% del recibo de la luz que pagan los españoles. Ese porcentaje se elevó después al 3,89%.No fueron esas las únicas ayudas que recibieron las eléctricas y nunca quedó claro qué parte del dinero sufragado por los consumidores fue destinado al coste de la moratoria nuclear y cuál a la reorganización y saneamiento financiero de las compañías.
En paralelo a ese recargo en el recibo, el Gobierno arbitró en 1985 el intercambio de activos entre las empresas que perseguía ese doble objetivo. Esos intercambios, que contribuyeron al equlibrio financiero de las eléctricas, culminaron hace pocos años con Rodrigo Rato en el Gobierno. A Rato también se deben los llamados costes de transición a la competencia (CTC) que la prensa bautizó como “el billón para las eléctricas”.Las centrales nucleares son el único negocio privilegiado que no se hace cargo de todos sus costes. Ni asume la gestión de los residuos ni corre con el riesgo de accidentes, porque ningún consorcio de seguros en el mundo cubre esa póliza. Los paga la sociedad. En el caso español es otro recargo en el recibo que rige desde 1984 hasta el próximo 30 de junio. Enresa ha acumulado así más de 2.800 millones de euros, pero aún no hay fecha para el cementerio nuclear y estos residuos peligrosos, a un ritmo de 1,8 toneladas al año, se amontonan al aire libre porque las piscinas de algunas centrales nucleares están saturadas.
Sobre el cierre, las nucleares españolas se construyeron con una vida útil de 25 años. Luego se concedió una prórroga de 15 más, que para Garoña se cumplen en 2011. El sector pide ahora alargar la vida hasta los 60 años. ¿Y el riesgo?
Algunos políticos pisabrotes, que no pisaverdes, muy en sus zapatos aplastan con decisión las sospechas aunque luego se les escurran por debajo de los pies. Forman esa vanguardia de seguidores de ciertos propagandistas de culto, escritores de tirada larga y ética invisible, que defienden que este no es tiempo de principios sino campo abonado para el interés compuesto. El futuro, vienen a decir, es para gente decidida, que aprovecha el momento y logra beneficios. El cómo apenas importa.
La primera tesis general, que actúa como envolvente de un escenario en el que sólo vale el triunfo, es que con el dinero privado todo el mundo puede hacer lo que quiera. Falso. Existen límites legales y la barrera de que nadie se puede lucrar vulnerando los derechos de otro. Además, está sobre la mesa el ejemplo de cómo la falta de controles permitió crear una estafa financiera que se ha convertido en una crisis económica que sufrimos todos. Principalmente en Estados Unidos, la burbuja financiera causó la quiebra de bancos, que han tenido que ser rescatados con dinero público.
En nuestro país, la teoría de moda es la de que las elecciones lo lavan todo, como si fueran jabón. Olvidan sus defensores que las responsabilidades políticas son personales y el escudo del partido no es de uso recurrente. Pero, ¿cómo va a ser cierto si el sistema electoral español es de lista única bajo unas determinadas siglas? La hipótesis del perdón automático llevaría a hacer responsable a toda una organización de cualquier error de uno de sus militantes. Conduciría a la destrucción y renovación permanente de las estructuras políticas por la conducta de un solo individuo.
Todo esto viene a cuento de la colusión frecuente entre corrupción y política. Por desgracia en España abundan los casos, pero el de actualidad más viva es la trama Gürtel, que lleva cuatro meses en boca de todos. A la hora de las incriminaciones, los representantes elegidos gozan de más protección jurídica; por eso los parlamentarios están aforados. Se trata de un seguro del sistema democrático para salvaguardar la soberanía popular de cualquier ataque interesado. A cambio, los políticos no deben sólo parecer honrados, tienen la obligación de serlo. La razón es que administran el dinero de todos, el que los ciudadanos pagan con sus impuestos.
Cuando se inició la investigación por parte del juez Garzón, la primera reacción de los líderes del PP fue explicar que los contratos con el empresario Francisco Correa y sus socios se habían interrumpido en cuanto Mariano Rajoy pisó la sede del PP en la madrileña calle Génova como presidente del partido. Como esa declaración asumía un problema del pasado y chocaba con los contratos que esa red mantenía en comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PP, a los dos días se decidió una nueva estrategia. La ejecutiva nacional en pleno salió a acusar de persecución y campaña inventada la actuación del juez instructor.
Quince iniciativas judiciales del PP contra el magistrado fueron rechazadas. La propia Fiscalía instó al juez a inhibirse en favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia porque resultaron implicados diputados regionales, entre ellos, el presidente valenciano, Francisco Camps. Algunos alcaldes y concejales se vieron forzados a dimitir, no así los parlamentarios. Hace unos días, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el juez instructor del Superior de Madrid elevó el caso al Tribunal Supremo, por la inculpación del eurodiputado Gerardo Galeote, el diputado Jesús Merino y el senador Luis Bárcenas, tesorero del PP.
La estrategia del “todo es falso” ha tenido un recorrido de pasos hacia atrás que pone al partido de espaldas contra la pared. ¿Qué hacen sus líderes respaldando a un tesorero que se paseaba con 330.000 euros en billetes de 500 por si en el camino le salía un cuadro de ocasión? A Bárcenas se le acusa de hacerse con más de un millón de euros en recompensas de la trama y de evasión fiscal en un paraíso aislado y con palmeras. Alguien debe explicar por qué no se defiende solo. La doble tesis de una campaña política, primero para impedir ganar al PP Galicia o las europeas, y luego como venganza, no basta. Queremos saber dónde está el dinero de todos destinado a contratos para amigos y prebendas.
Todas las fuentes que conocen los entresijos de la más alta instancia judicial española coinciden esta vez en un mismo vaticinio: la Sala de lo Penal del Supremo le va a sentar la mano a Garzón. Si así va a ser, tendrán razón los que sospechan que a veces se hacen esbozos de sentencia antes de saber si hay bases para convocar juicio oral por presunta prevaricación.
No es el destino del juez, que tendrá recursos para su defensa y cuenta a su favor con el precedente de que la Junta de Sala de la Audiencia Nacional no apreció delito, lo relevante de este caso, sino la circunstancia de que el Supremo aprovecha este viaje para arremeter de paso contra la Ley de la Memoria Histórica. Y lo hace admitiendo una querella del sindicato franquista Manos Limpias, al que este mismo tribunal en su día rechazó otro recurso por acusación infundada.
La pobre Ley de la Memoria es un piadoso pero inútil intento de permitir que muchos humillados puedan recuperar el nombre de sus antepasados que fueron injustamente fusilados. El Supremo está obligado a respetar las leyes, aunque sabe de sobra que esta norma que tanto parece molestarle es simple papel mojado. No cumple ninguna de las tres pautas que marca la jurisprudencia internacional: ni permite conocer la verdad, ni posibilita restablecer la justicia, ni ofrece reparación. Tampoco facilita medios ni permisos para buscar a los desaparecidos.
Acaso no es tarea del Supremo, pero sí del Poder Judicial, impedir que haya jueces que nunca encuentren tiempo de levantar acta de unos huesos desenterrados que permanecen al sol como si hubieran pertenecido a perros. ¿Más de 70 años después todavía es posible añadir tanta crueldad al dolor de unos familiares que sólo quieren que los restos de los suyos descansen de una vez en una tumba normal? Esa ley, que los jueces están obligados a cumplir, es ya letra muerta.
En la provincia de León, en el alto de Ocero, en un lugar conocido como “La V” por la intersección que dibujan dos carreteras, hay un frondoso pinar de troncos republicanos. Diseminados en ese bosque yacen más de cien paseados, gente fusilada sin juicio, que tuvo que cavar su propia tumba antes de recibir la descarga de unos
desalmados que, en muchos casos, se beneficiaron de los bienes de los muertos. Era un reclamo para activar las denuncias que alimentaron la barbarie. Cuando hace años se amplió la calzada, en el destierre aparecieron restos, pero nadie dijo nada para no parar las obras. Lo urgente era el progreso.
Una viuda que ya es bisabuela costeó con sus ahorros un proceso, buscó testigos, pagó edictos publicados en el BOE y en periódicos sólo para conseguir que su padre pasara de desaparecido a la condición de muerto. Como no hay dinero ni permisos para excavar en terrenos privados, esta señora se tuvo que conformar con un bloque de granito y una placa en la que figura grabado el nombre de su progenitor. Sembró flores en torno a este túmulo figurado y muchas de las veces en las que acude a honrar la memoria de aquel minero las encuentra pisoteadas. Pero esta es una historia triste y humilde que jamás debe enturbiar el afán de justicia del Supremo.
Sin embargo, el Alto Tribunal, a la hora de arremeter contra la ley, aunque el interés primario pueda ser Garzón, no ha dudado ni un instante en elegir como ponente a un juez contaminado, Adolfo Prego. Este magistrado firmó un manifiesto que es un delirio revisionista contra la ley y a favor de la sanguinaria dictadura de Franco, la única en el mundo que se ha ido sin pagar responsabilidad alguna.
Pero los jueces, piensen lo que quieran, no pueden pronunciarse contra las leyes aprobadas por la soberanía que da el pueblo al Congreso, porque su deber es aplicarlas y para ese fin los contribuyentes les pagan. Que está contaminado Prego lo sabe un alumno de primero de Derecho, pero el Supremo aún no se ha enterado.
En las comidillas de Madrid, un destacado miembro del Poder Judicial está dando por sentado ante grupos de periodistas que el supuesto cohecho de Camps quedará archivado antes del próximo 15 de julio. Lástima que la lentitud histórica del Tribunal Supremo no nos permita a la vez ir de vacaciones con más cuentas saldadas y, desde luego, sin memoria.
