Sin Europa, España sería posiblemente hoy un país retrasado, con una democracia inestable o a lo mejor ya frustrada, peleando por mantener una cierta ventaja sobre los vecinos más cercanos del norte de África. El ingreso en la Unión Europea, firmado en junio de 1986 con el Gobierno de Felipe González, representó el fin del aislamiento, la salida de la autarquía franquista y la creación de multinacionales, la incorporación al bloque más rico del mundo, el que, pese a las crecientes desigualdades, mejor reparte la riqueza. Con un peso económico y político que le sitúa entre los países medianos de la Unión, el Gobierno de nuestro país lleva años compartiendo el protagonismo con los grandes en el corazón de la política europea.
Las ayudas de la UE y los flujos de inversión han hecho de las últimas dos décadas el período más largo e intenso de progreso. Pero ahora España y Europa entera están inmersas en la crisis mundial que empezó por el hundimiento del sistema financiero. El primer impacto ha sido el predominio de los intereses nacionales frente el interés común. La zona económica más importante del mundo ha sido incapaz de afrontar unida el reto de salvar la economía.
La organización internacional de más éxito en la historia, integrada hoy por 27 países pertenecientes antes a bloques enfrentados, parece hoy ser más débil y estar más desunida que nunca. Por eso no es de extrañar que la campaña para las elecciones del Parlamento Europeo se haya convertido en una confusa maraña de controversias internas. Por poner algún ejemplo, en el Reino Unido estas elecciones se han convertido en un test de las generales que se celebrarán dentro de muy pocos meses. El líder conservador, David Cameron, será el seguro vencedor y ya ha anunciado que cuando conquiste el poder una de sus primeras medidas será un referéndum para vetar el Tratado de Lisboa.
Esta futura Constitución Europea se quedaría así en riesgo de muerte cuando el compromiso común era salvar el escollo que supuso el no irlandés. El de Lisboa no es sólo la recopilación de los sucesivos tratados que integran la construcción europea, sino, además, la ambición de poner en común la ciudadanía y el mercado laboral en un club en el que ha primado hasta ahora la libre circulación de capitales y mercancías. El déficit de los derechos de las personas es una cuenta pendiente y por eso extraña aún más que en los socios de nuevo cuño, los antiguos países del Este, hayan surgido partidos que reclaman políticas de segregación y racismo sin que el Parlamento ni la Comisión Europea hayan tomado nota de ello.
Según el mito griego, la bella fenicia llamada Europa fue raptada por Zeus, transmutado en toro, que la llevó hasta Creta para abusar de ella. La fértil Europa parió trillizos y uno de los tres regalos que le hizo el dios fue Laelaps, el cazador perfecto, un perro que nunca soltaba la presa. Los capturadores de votos que los grandes partidos europeos lanzan en sus cotos nacionales suelen ser antiguos perdedores de elecciones que se quedan sin sitio en las listas de los grandes comicios estatales. En nuestro país, estos cazavotos se han olvidado de los proyectos urgentes de Europa para azuzarse con trajes de dudoso origen o gripes que superan las defensas de algunos militares, trofeos de
corto alcance.
El Parlamento Europeo, pese a su buen nombre, es una Cámara irresponsable que sólo tiene poderes de codecisión legislativa en algunas áreas. Tampoco los eurodiputados parecen preocupados de su escaso prestigio ni les duele su mínimo poder de convocatoria porque nunca vota ni la mitad del censo. También alguno de ellos, como el cabeza de lista del PP, Jaime Mayor Oreja, presta oídos sordos al dudoso honor de pertenecer al grupo de europarlamentarios que hace más pellas.
Hace falta más Europa, pero conservadores y socialistas coinciden en mantener al frente de la Comisión Europea a Durão Barroso, el ex primer ministro que metió hace años a Portugal en una depresión sin fácil salida. Desde que en 1995 se fue Jacques Delors, los jefes de Estado y de Gobierno han elegido para la Comisión a un presidente débil y manejable, porque así es más fácil defender los intereses nacionales. Han arrebatado el porvenir a la bella Europa.
Hay que acabar con esto. No son de recibo ni los que gritan “We Camps” ni los que piensan “Mein Camps”. Se empieza incubando la crispación… Es que este país no aprende nunca. Tiene razón ese que habla tan bien, pongamos Pons, cuando asegura que esta “porcina” estratagema de la izquierda fue una campaña de algo inexistente para que el PP no ganara las elecciones de Galicia y ahora que la cosa está ya en los juzgados vuelve a ser una campaña para que no gane las europeas.
Por supuesto que lo de Bermejo fue muy distinto. Un fiscal bravo, que debía haber seguido su vocación de músico en grupo pop en lugar de meterse en Derecho, y que cuando se le pararon los pies rebrotó como político para poner reglamento y orden en los juzgados. ¿Qué hacía él, fines de semana y fiestas de guardar, chaquetón verde y botas camperas, pegando tiros, invitado a veces, si decía que era rojo? Tenía toda la razón el aluvión de medios que exigió su cabeza, porque, ¿cómo un ministro de Justicia va a disparar el ocio sin permiso? Ahí está ahora el ex ministro, calladito en el escaño.
Ni comparar con lo de Trillo, uno de los más vociferantes a la hora de exigir la dimisión del otro. ¿Responsabilidad política por lo del Yak-42? Pero, hombre, si las elecciones en lista única lo condonan todo. ¿Responsabilidad moral? ¿En qué país estamos? Los confesionarios están abiertos para todos y los pecados se perdonan. El que no quiera usarlos, allá él. ¿Que los militares viajaban como ganado? ¿Es que vamos a estar toda la vida poniendo en riesgo la estabilidad con los aliados y tenemos que sacar a colación las comisiones de altos mandos de la OTAN? Las 62 bajas fueron de hombres que juraron entregar su vida por la patria, así que debían saber que se la jugaban.
¿Y lo del presidente de la Generalitat valenciana? ¡Ah!, afecta a la privacidad, afirman reputados analistas con experiencia en situaciones desairadas. Es que el sastre acusica ese no es de fiar, escriben otros. Lo que pasa en este país es que hay mucho hijo y nieto de gente que nunca levantó la cabeza, preocupada toda la vida de no clavarse la azada en los pies, que no quiere comprender. Muchos de ellos estudiamos, sí, pero no supimos elegir colegio y ahora nos dedicamos a embrollar.
Estamos obligados a saber que hay un grupo de emprendedores, da igual en tiempo de crisis o expansión, que son los que mueven la economía. Hijos de buena familia o asimilados con contactos que tapan problemas, resuelven urgencias. Son indispensables, aunque eso suponga contratas con sobreprecio pagado con el dinero de todos. ¿Y dónde, si no, quedaría el derecho al legítimo beneficio? Criticar el enriquecimiento fácil es pura envidia. Además, ¿cuándo el dinero de los impuestos se ha empleado al gusto de todos?
Camps, ahora lo hemos sabido, feliz él de haberlo podido explicar a su señoría, es un político sin dinero ni para gastos personales. Se lo tiene que dar su señora de lo que saca en la botica. Además, lo de “amiguito del alma” en privado se quedó en mero conocimiento en el camino entre el Palau de la Generalitat y el de Justicia. ¿Que además hubo regalos “inaceptables” para el imputado, su mujer y su hija? Tranquilos, ya se ha aclarado. Se devolvieron en la trastienda de esa farmacia solidaria. Pero cómo se va a apuntar fecha y detalle de esas cosas. El Bigotes, el donante, es uno de esos seres con almacén de presentes para amigos, simples detalles. No hay piedad para un político elegante, llamado en privado El Curita, que gana elecciones y al que aclaman como “tío Paco” dos pelotones de humildes, congregados por los patriarcas. Cómo no lo vamos a defender si es un valor sin cargos de la Justicia, razona Rajoy. Algún rival debería usar esa cola que asegura sonrisa perenne, blindada ante las situaciones más tensas.
El delito de cohecho está muy claro en el Código Penal, aunque conviene matizar. Por supuesto que es corrupción cuando el arribista de la izquierda, que los hay, llega a un cargo y acepta un reloj de marca rebozado en oro. ¿Pero cómo va a ser lo mismo para alguien que ha nacido con estas cosas por encima de las mesitas de casa? Y parad ya con los trajes. Debería ser público que los comerciantes se pelean por prestar atuendos. Los llevan y los recogen sin precio alguno porque luego los colocan arrugados con ganancia extra a gente que sabe valorar la distinción de arrugas y el sudor original de seres con la capacidad histórica de gobernar. Por encima de eternas rencillas, hay algo indiscutible: estamos en una democracia, pero aún hay clases.
El debate sobre la crisis, que es el estado actual de la nación, fue una representación vibrante de los líderes políticos, espalda contra espalda, incapaces de concertar cualquier cooperación para afrontar los males profundos que padece nuestra economía. En el plano político, si verdad fuera que el presidente y el PSOE están solos, como afirma Mariano Rajoy, entonces al líder del PP le queda el recurso de la moción de censura, el único instrumento legal posible para lograr el poder antes de que se lo den las urnas.
En ese caso, el jefe de la oposición tiene que concertar una mayoría parlamentaria que hoy no tiene y un programa con medidas asumibles por sus futuribles socios, la derecha nacionalista catalana y vasca, además de otros apoyos. En ese marco, ya no valdrán los silencios para programar soluciones: por ejemplo, si es imprescindible cambiar el marco laboral –léase, abaratar el despido– para afrontar el futuro. El martes, Rajoy se negó por tres veces a responder al emplazamiento que le hizo Zapatero en el Congreso, aunque la callada del líder del PP sonó a respuesta concluyente.
El presidente Zapatero se presentó al debate con un discurso cargado de propuestas y con la actitud de quien, en lugar de haber renovado a fondo un Gobierno semiparalizado por la crisis, llegaba a la Cámara con un Gabinete de nueva planta con el que hacer frente a una grave situación surgida de improviso. Lógicamente, los líderes de la oposición tienen el derecho y el deber a la más dura de las críticas, pero no es alentador que, aferrados al discurso que traían de casa, dieran apariencia de sordos o irresponsables. Sobre todo, si la calle escucha. Y la respuesta tardó menos de un día en llegar de boca de la CEOE, de los sindicatos y de diversos sectores beneficiados por las medidas. Resulta incomprensible que si los ciudadanos sufrimos la crisis, algunos líderes se escabullan incluso del grupo de presuntos implicados. Los políticos tienen el derecho de hacer pilates o cualquier otro tipo de gimnasia, pero en una democracia no les está permitido comportarse como Pilatos.
En el debate, Zapatero planteó un cambio de modelo, que apuesta por la educación, la investigación, la sanidad, la potenciación de la ventaja española en energías renovables…, como vías para poner fin a la excesiva dependencia española de la economía del ladrillo, de la estacionalidad y los avatares del turismo o de la dependencia del automóvil, sector muy potente, pero reducido a ser plantas de montaje de marcas extranjeras. Ese empeño de economía sostenible, si prospera, es un camino para más de una década.
Para el corto plazo, el presidente desgranó una serie de medidas de apoyo, algunas importadas de propuestas del PP, como son las ayudas directas a la compra de automóviles o la reducción del impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas que mantengan el empleo. Por eso sorprende que ni estas hayan sido asumidas aún por Rajoy.
Habrá que esperar al Pleno del Congreso del próximo martes para ver qué acuerdos logran la mayoría, pero la polémica política se centra en la fiscalidad de la vivienda. Zapatero propone mantener las actuales deducciones hasta 2011, para luego limitar las desgravaciones a rentas de hasta 24.000 euros anuales. Ese tope de ingresos puede ser negociado al alza, pero la medida tiene una clara intención de reactivar la compra de pisos en una coyuntura de mercado inmobiliario paralizado.
Para Rajoy, mantener el beneficio fiscal sólo para rentas relativamente bajas representa “aniquilar las clases medias”, lo cual puede dar a entender que el PSOE se cargó la clase alta cuando impuso un tope de deducción a la compra de vivienda. Fue el Gobierno del Partido Popular quien creó una desgravación del 15% sin límite, fuera cual fuera el precio del inmueble a comprar. Todo el mundo sabe que la política fiscal en vivienda tiene en el resto del mundo una finalidad social y que nuestro país necesita ahora incentivar el alquiler. Los expertos coinciden en que en España esa política abierta fomentó la especulación y que los beneficios en el IRPF se incorporaron como margen añadido al precio de los pisos. Sólo así se explica que el precio del metro cuadrado construido en España sea el más alto de Europa.
Desde ayer, el País Vasco cuenta con un nuevo lehendakari, el socialista Patxi López. Y por primera vez desde hace tres décadas se quiebra la constante de un jefe del Gobierno autonómico nacionalista y se pone fin a la hegemonía política del PNV desde que entró en vigor el sistema autonómico surgido de la Constitución. Se cumple así en Euskadi una de las virtudes de la democracia, que es la alternancia en el poder, aunque sea esta todavía una asignatura pendiente en algunas comunidades autónomas. No es el cambio, sin embargo, una ley de hierro, sino la soberana decisión de los ciudadanos, que imponen con sus votos la competencia en el ejercicio del poder.
De las pasadas elecciones autonómicas, el PNV salió como el partido más votado, pero incapaz de reunir una mayoría para formar Gobierno. Pero la circunstancia de tener más diputados que el PSE no le da base para sostener que el Gobierno de Patxi López es ilegítimo. Su reivindicación inconsciente del monopolio se estrella con la realidad de que el líder socialista obtuvo el pasado martes la mayoría entre los representantes de la soberanía popular. Olvida, además, el mayor partido de Euskadi que en España rige un sistema parlamentario y que en 1986 ganaron los socialistas pero el lehendakari fue nacionalista.
El Gobierno que preside López, aparte de la novedad, propone una nueva vía que concita muchas esperanzas, pero conviene tener en cuenta que no está exenta de peligros. En primer lugar, los socialistas van a gobernar en minoría. Su estabilidad depende ahora exclusivamente del apoyo parlamentario del PP, lo cual indica que estará sometido a condiciones. El lehendakari socialista se enfrenta a la vez a la oposición declarada de todo el arco nacionalista, lo que no es un buen principio para intentar integrar a una sociedad dividida en dos mitades. El nuevo Parlamento vasco está libre por primera vez de representantes del entorno político de ETA, pero aún está por ver si ello va a favorecer la declarada política antiterrorista y propiciar el definitivo fin de la violencia. Tampoco se puede predecir si el nuevo camino diseñado reducirá las pulsiones soberanistas que tanto ha alimentado Ibarretxe, una vez que este ha anunciado su retirada de la política activa.
Gobernar en el País Vasco es un valor irrenunciable. “Para nosotros hubiera sido más fácil una coalición con el PNV a cambio de un pacto de lesgislatura que garantizara una mayoría estable en el Congreso”, afirma un destacado miembro del Gobierno. En esa solución de libro había un escollo difícil, la insoportable continuidad de Ibarretxe, y una apuesta catastrófica para el futuro. Ese descartado pacto hubiera acarreado un castigo electoral para el PSOE no sólo en Euskadi, sino en el resto de España. El País Vasco, más que cualquier otra comunidad, vota en todo el Estado. Y la España plural que formuló José Luis Rodríguez Zapatero antes de su acceso al poder apenas existe en el mapa. Los nacionalistas han perdido el poder, con la reducida excepción de ERC en el tripartito catalán.
La decisión compartida por el presidente Zapatero y por el propio Patxi López es aprovechar el capital político de ese triunfo vasco y los posibles beneficios políticos de una buena gestión en Euskadi. Es una apuesta coherente, porque la renuncia no hubiera sido comprendida, aunque ello acarrea una dificultad añadida para el Gobierno central. Lo que en Vitoria es una boda de conveniencia del PP con los socialistas, en Madrid se convierte en asedio. Mariano Rajoy trabaja en el Congreso con el arma de una oposición dura en la tesis de que la crisis económica será tan larga que devorará al Gobierno socialista. En ningún país europeo se produce una contradicción tan dura sobre la salida de la crisis.
A ese acoso del PP se han unido PNV y CiU, víctimas del despecho, dibujando un panorama que hace prever serias dificultades para aprobar el próximo Presupuesto. Con la decisión vasca, el Gobierno de Madrid se añade otro frente de dificultades. Pero el Partido Popular debería barajar que Zapatero tiene tiempo por delante. Y las dos formaciones nacionalistas tendrían que ponderar el desgaste que se produjo en sus filas cuando prestaron su apoyo al PP en la primera legislatura de Aznar.
Más de cuatro millones de parados deberían ser argumento suficiente para poner fin al despiadado debate que se produce en España. El Gobierno, acorralado parlamentariamente por la conjunción del PP y los partidos nacionalistas de derechas, promete resultados inmediatos de sus políticas y asegura que no va a ceder a la presión para recortar la protección a los desempleados. La oposición y la patronal suman sus discursos para defender la urgencia de abaratar el despido como fórmula infalible para volver a generar empleo. A ellos se unen las voces de una institución del Estado tan respetable e independiente como el Banco de España y de algunos ex miembros de las filas del Gobierno, hoy al otro lado de la barrera. Lo que la sociedad española anhela es salir cuanto antes del túnel de la crisis, pero lo más
importante no es cuándo, sino en qué condiciones afrontaremos el futuro si superamos este desastre social y económico. Desde esta perspectiva, se trata de una polémica interesada que afecta a la raíz de la propia democracia.
Los asalariados aportan el 80% del impuesto sobre la renta, y esta proporción es aun mayor en la aportación del consumo de las familias al IVA y a los impuestos especiales. Con este dinero de los contribuyentes, el Estado sufraga las ayudas concedidas al sector financiero, a muchos sectores industriales y a la liquidez de las empresas. Aunque algunos se oponen a que estas subvenciones se estén concediendo sin contrapartidas, como se exige, por ejemplo, en Estados Unidos, las medidas de salvamento se están aprobando en España sin que nadie haya puesto un grito en el cielo. Pero desde hace poco más de un año, dos millones de trabajadores se han convertido en nuevos parados, y son ellos los que pagan doblemente la crisis. Y esta situación especialmente dramática, la que suscita los principales desencuentros, es a la vez la gran asignatura pendiente de la cohesión social en España.
Ingreso en Europa
El ingreso en Europa consolidó la naciente democracia española y la rescató de los peligros históricos que han hecho fracasar la convivencia. Con dinero europeo, bancos y empresas españoles que salían de la autarquía franquista pudieron convertirse en multinacionales. El boom de la construcción fundamentado en el crédito fácil contribuyó decisivamente a instaurar el falso mito de que nos estábamos convirtiendo en ricos. España construía al año más viviendas que Alemania, Francia y Gran Bretaña juntos. Sin embargo, un 30% de la financiación provenía de bancos europeos –canal ya cegado– y al calentamiento de la demanda contribuyó el hecho de que casi cuatro millones de viviendas construidas en España sean propiedad de extranjeros. El milagro de la economía española se basaba en que el ciudadano medio estaba convencido de que antes de pagar el primer plazo de hipoteca ya había ganado dinero. Aquel sueño de riqueza se producía con dos millones de parados, un déficit estructural que en cualquier otro país europeo habría hecho saltar todas las alarmas y habría alimentado el descontento. La quiebra de la economía del
pelotazo ha liquidado el gran filón de empleo.
Los que defienden el despido barato tienen razón al argumentar que la crisis produce en España exponencialmente más paro, pero olvidan mencionar la precariedad de nuestro mercado de trabajo, insostenible en el estándar de las socialdemocracias europeas, aunque lleven años de progresiva decadencia, infectada Europa por el virus letal del neoliberalismo. Un tercio de nuestros trabajadores tiene contratos temporales y la masa de emigrantes que tanto ha contribuido a nuestros años de expansión económica trabaja mayoritariamente en precario. Ellos sufrieron en primer lugar el impacto y a nadie pareció preocuparle. Actuaron como un colchón de seguridad hasta que el drama golpeó “a los nuestros”, en un alarde de irresponsabilidad y cinismo, sin que casi nadie analizara en profundidad las graves consecuencias para el futuro.
El modelo alemán
Quienes ponen de ejemplo a Alemania, que como Francia y otros socios de la UE resisten mejor sólo en el campo del empleo, se olvidan de contemplar que la representación sindical no es simplemente allí un cauce para la defensa de los derechos y para el cauce de la protesta. Los sindicatos tienen en ese país también voz y voto en la dirección de las empresas: el conocido sistema de cogestión que explican hasta los libros de texto. La sociedad española valora la convivencia y ha renunciado a la confrontación como recurso. Así que, aunque la situación es más grave, no se da aquí la circunstancia de que el 55% de los franceses justifiquen en las encuestas a los trabajadores que secuestran a empresarios que anuncian recortes de empleo. La frustración social no ha desembocado aún en violencia, lo cual dice algo a favor del temple de nuestros sindicatos. La expansión económica de años pasados permitió renunciar en parte a la promesa del Estado de bienestar que traía el PSOE bajo el brazo en 1982. Se construyó un esbozo de modelo, ahora bloqueado, en el cual el crecimiento constante permitiría superar la fosa inmensa que en nuestro país ha separado históricamente a los ricos de los pobres. Se creó la idea de una conquista lenta de derechos que permitiría acabar con un país tan desestructurado socialmente.
El imperio neoliberal iniciado en Estados Unidos por Reagan y llevado al estertor por Bush minó decisivamente el modelo de la Unión Europea, sometida al vasallaje. La necesidad de financiar la guerra de Irak llevó a acabar con todo control del sistema financiero. La avaricia empujó a alimentar la burbuja y los bancos estadounidenses, en lugar de la gestión prudente del dinero de otros, se dedicaron a practicar la estafa. Los resultados los estamos sufriendo. Cuando estalló el esquema, muchos dijeron que el modelo del capitalismo salvaje había fracasado y todos coincidieron en que había que imponer controles. Ahora la política que decide el G-20 y administra el Fondo Monetario Internacional es la de poner parches que se componen de billones de dólares pagados a los culpables y a los que sufren las consecuencias con el dinero de los ciudadanos. La sociedad afronta la crisis asumiendo deuda para el futuro.
Reformas
Y en medio de ese cruce de ideas se suscitó también la necesidad de un nuevo sistema o de reformas profundas, en lo económico y en lo social, para dejar de ser tan vulnerables a los ciclos negativos. Ya no se habla de eso. Ahora el debate se ha concentrado interesadamente en España en la conveniencia de recortar aún más los derechos, de modo que la protección de lo que ahora existe, si el Gobierno logra defenderla, será el mal menor. Los periodos de crisis son el mejor caldo de cultivo de la demagogia, cuyos frutos son siempre una amenaza para el progreso. Naturalmente todos pueden defender libremente sus ideas, aunque sería aconsejable hacerlo sin recurso a la mentira. Por ejemplo, el ex presidente José María Aznar debería sentarse de nuevo con George Bush antes de decir eso de que con él no habría crisis. Tampoco es aceptable separar la condición de asalariado y ciudadano, porque no es legítimo ni asumible que el factor trabajador sea reducido al criterio contable que se aplica a las mercancías.
Con virulencia creciente, asistimos a una guerra de empujones a los pilares del Estado de Derecho que amenaza con 
convertir la división de poderes en que se asienta la democracia en un enredo. El colectivo de jueces ha decidido actuar como si fuera un partido político, utilizando además las técnicas de movilización de los sindicatos. En su protesta plantean reformas necesarias, pero la mecha que encendió su cólera es el corporativismo.
Las voces autorizadas de los jueces vienen a decir por pasiva que son un poder irresponsable, que nadie puede exigirles cuentas por sus actos y que las mismas leyes que aplican no siempre rigen para ellos. Frente al sentimiento dominante en la sociedad de que juzgan con doble rasero, los jueces eligieron como trampolín de su inaceptable blindaje el caso de su colega Tirado. Los ciudadanos que les pagamos el sueldo y sustentamos la independencia de su poder no tenemos derecho –eso creen– a pedir cuentas por la escandalosa negligencia del juez que no ejecutó la sentencia a quien luego asesinó a la niña Mari
luz. Todo el mundo es responsable de sus actos salvo si es magistrado. Dejaron clara su posición con una huelga, la primera en la historia de un poder del Estado, aunque ¿quién les va a juzgar por ello?
Más grave aún es la connivencia que a veces rige dentro de este club de privilegiados. Hace pocos días el Consejo General del Poder Judicial se reunió para debatir las declaraciones contra el juez Garzón realizadas por Fernando de Rosa, vicepresidente de este organismo dedicado a velar por la independencia judicial. La conclusión fue que era poco acertado decir que la investigación de Garzón sobre una presunta corrupción que toca al PP por varias partes “rozaba la prevaricación”. Pues el excelentísimo señor de Rosa se reunió en el mismísimo Palau de la Generalitat con el presidente de Valencia, Francisco Camps, y otros dirigentes del PP para debatir sobre un caso que parece implicar al propio Camps, su antiguo jefe en el Gobierno regional y el hombre que le promovió al cargo que tan mal ocupa. Declaraciones y reunión se produjeron el mismo día, el pasado 20 de febrero. ¿Habrá que recordarle al Poder Judicial que la ley que rige su funcionamiento y el propio Código Penal prohíben hasta una simple tarea de asesoramiento? No sólo las leyes, también el sentido común dicta que no pueden mezclarse justicia y política, máxime si hay posibles delitos por medio.
A la alteración de la serenidad de los jueces se suma la cruzada del Partido Popular. Ha llamado a rebato a sus filas para convertir en ataque general en su contra lo que es una investigación fiscal y judicial contra una supuesta trama de corruptelas que implica a algunos cargos del partido. Lo curioso es que la primera reacción de Mariano Rajoy y de otros dirigentes, entre ellos Federico Trillo, fue admitir que era una cosa del pasado y forzar la dimisión de varios responsables a modo de cortafuegos. Pero, al escupir hacia atrás, se mojaron los pies. Bastaron una llamada de teléfono y la intervención de Ana Botella en el máximo órgano de dirección del PP en defensa del legado de Aznar para alzar la nueva estrategia de derribar la instrucción judicial. La foto de todos los líderes juntos en el anuncio de la decisión parece la instantánea de un motín del que tendrán que irse bajando uno a uno.
Todos a una
El objetivo es claro: invalidar la investigación logrando hacer prevalecer cualquier fallo en la instrucción. No se sabe todavía si a ello van a contribuir algunos jueces, para que no decaiga la ley del doble rasero. Pero el interrogante que deja el PP en pleno es por qué salen todos a una a defender a un grupo de supuestos corruptos. En esta batalla diputados populares utilizan el Parlamento para atacar la independencia de los jueces, en otra plástica muestra de respeto a la división de poderes. Y al rechazar al juez instructor, sin explicar en base a qué privilegio natural, el PP parece situarse por encima de la justicia.
Rajoy tiene todo el derecho de defender a su partido, siempre que respete las reglas que nos obligan a todos. En la campaña de agitación, entremezclada estos días pasados con la petición del voto, puede anotarse el tanto de haberse cobrado la cabeza del ministro de Justicia. Es una buena victoria de la estética sobre la ética, porque de lo que menos se habla y escribe ya es de que aquí se investiga a unos supuestos amigos del partido que ejercieron su influencia para conseguir contratos que se financian con el dinero de todos. También está en tela de juicio la corrupción de altos cargos del partido.
En lugar de imponer el guión, lo que debería preguntarse el PP es si emplear toda su influencia y gran parte de su crédito democrático para intentar tapar algo sucio es compatible con su legítima aspiración de volver a gobernar. Rajoy no debería olvidar que el partido que preside llegó al poder denunciando la corrupción de la última etapa en el Gobierno de Felipe González. Y tampoco debería seguir ahondando esta peligrosa política de confusión o corrupción de poderes.
