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Opinión a fondo

¿Hay que pagar el déficit de tarifa?

13 Oct 2014
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Marta Victoria, José Luis Velasco y Raquel del Río
Miembros del Observatorio Crítico de la Energía y participantes del Círculo de Economía, Energía y Ecología de Podemos

Los españoles debemos unos 30.000 millones de euros a cinco grandes empresas eléctricas en concepto de déficit de tarifa y esa cantidad crece a un ritmo aproximado de 3.000 millones de euros anuales. Por si eso fuera poco, esta situación ha secuestrado completamente nuestra política energética y no tiene visos de solucionarse con las recientes medidas del Gobierno.

La postura que argumentamos en este artículo es que ha llegado el momento de auditar dicha deuda, determinar qué parte es ilegítima y pagar sólo la que no lo sea.

¿Qué es el déficit de tarifa y cómo se origina?

El déficit de tarifa es consecuencia de la diferencia entre los costes reconocidos del sistema eléctrico y los ingresos a través del pago de la factura de electricidad de todos los consumidores.

Ahora bien, el quid de la cuestión reside en el adjetivo “reconocidos”, ya que parte de los costes que se nos imputan en la tarifa de la luz, algunos por decisión legislativa y algunos fijados por el mercado, son de una legitimidad cuando menos dudosa. Entre los motivos que nos llevan a cuestionar el déficit de tarifa destacamos los siguientes:

– El precio que alcanza el kilovatio/hora en el mercado nada tiene que ver con el coste real de producirlo. Además, el mercado mayorista, donde los productores venden electricidad a las comercializadoras (que luego la revenderán a los consumidores) es marcadamente oligopólico, y las mismas cinco empresas controlan la oferta y la demanda.

– La especulación con el precio de la energía, entre sospechas de manipulación como en el caso de las subastas CESUR, ha incrementado innecesariamente el precio de la electricidad los últimos años. El Gobierno ha eliminado recientemente las subastas CESUR, pero la deuda acumulada debida al sobrecoste que han generado hasta ahora sigue existiendo [1].

– Los Costes de Transición a la Competencia concedidos a las grandes empresas eléctricas (que además el Gobierno ha pagado en exceso) equivalen a una fracción sustancial del déficit de tarifa.

– Pero sobre todo, los ya famosos windfall profits (beneficios caídos del cielo). Las centrales nucleares e hidroeléctricas, que se construyeron en el marco previo a la liberalización del sector eléctrico, y cuyas inversiones ya han sido recuperadas, reciben unos beneficios estratosféricos en el nuevo esquema de mercado.

Del déficit de tarifa contraído cada año, calcular qué parte puede ser atribuida a cada uno de estos aspectos no es una tarea sencilla, pero sí muy necesaria. Sin embargo, todas las propuestas de auditar el déficit de tarifa hechas hasta la fecha han sido rechazadas, tanto por el Parlamento como por las grandes eléctricas. Ante esta situación de bloqueo, proponemos una aproximación diferente al problema que nos permita dar una primera respuesta a la pregunta “¿hay que pagar el déficit de tarifa?”.

Déficit de tarifa y beneficios millonarios

Un hecho que sorprende a primera vista es que las grandes eléctricas, a pesar de que protesten por “estar obligadas a financiar el déficit de tarifa”, sigan teniendo beneficios anuales de miles de millones de euros. La explicación es que esa deuda, una vez titulizada y revendida con el aval del Estado[2], se suma al resto de ingresos: cuando se discute si las grandes eléctricas deben o no financiar el déficit de tarifa, lo que se suele plantear es cuándo reciben (inmediatamente o no) una parte del dinero asociado a los costes reconocidos.

Lo que nos preguntamos en este artículo es si deben recibirla en absoluto. En principio, dentro del marco vigente podría ser legal y legítimo que las eléctricas de UNESA estén obteniendo beneficios y al mismo tiempo tengan una deuda reconocida. Veamos con datos si es así.

La siguiente infografía se ha obtenido analizando las cuentas públicas anuales de Endesa, Iberdrola y Gas Natural en los años 2008-2012. Nos hemos centrado exclusivamente en su negocio en España y sólo en la actividad directamente asociada al sistema eléctrico, tanto regulada como liberalizada.

Para esta parte del negocio, hemos calculado su volumen de ventas, su beneficio antes de impuestos y comparando esta cantidad con la que les correspondería si tuvieran la misma rentabilidad que sus homólogas europeas. A la diferencia entre estas dos cantidades le llamamos beneficios extra [3] y la comparamos, año a año y compañía a compañía, con el déficit de tarifa anual que les corresponde a cada una.

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Pincha en la imagen para ampliar.

Lo primero que llama la atención en la parte izquierda de la infografía es que, para todos los años y para todas las compañías, ambas cantidades son comparables. Es decir, los beneficios extra obtenidos por cada compañía eléctrica suponen una fracción importante del déficit de tarifa que se les reconoce. Una conclusión similar obtenemos si miramos las partes central y derecha del gráfico, donde se suman estas cantidades, primero para todas las compañías y luego para todos los años.

Vemos que el total de déficit acumulado entre 2008 y 2012 son 25.447 millones de euros, mientras que las eléctricas españolas han recibido 9.395 millones de euros de beneficios extra además de los que les corresponderían si tuvieran una rentabilidad como la media europea. Se podría, por tanto, haber dejado de pagar el 37% de déficit de tarifa sin causar daño a estas compañías.

¿Quiere esto decir que el restante 63% del déficit de tarifa, la parte sombreada en las columnas de la derecha, puede considerarse aceptable? Ni mucho menos: los datos que hemos presentado constituyen un cálculo conservador del exceso de beneficio de las eléctricas españolas. Enumeramos brevemente varios factores que nos hacen pensar que es incluso mayor.

Para empezar existen costes en el sistema eléctrico de dudosa legitimidad y que, aun sin generar directamente déficit (porque no corresponde su cobro a las grandes eléctricas), contribuyen a él. El ejemplo más sangrante es el de la interrumpibilidad: se trata de un servicio diseñado para evitar apagones por el que, sin que se haya usado en años ni se vaya a utilizar en el futuro cercano, pagamos cientos de millones de euros al año a la gran industria; ese dinero se podría haber dedicado a pagar los costes regulados, de modo que se habría generado menos deuda con las eléctricas.

No olvidemos tampoco que una de las hipótesis de partida es que consideramos razonable que las empresas eléctricas españolas tengan una rentabilidad similar a las europeas. Pero eso no tiene por qué ser así: las eléctricas de UNESA han llevado a cabo una desastrosa política de instalación de centrales de ciclo combinado, lo que ha creado una enorme sobrecapacidad, de modo que estas centrales sólo funcionan el 10% del tiempo.

Por un lado, las subvenciones que se concede a las eléctricas por esas centrales paradas son uno de los elementos discutibles del coste de la electricidad que generan déficit de tarifa. Por otro, es difícil creer que las eléctricas españolas deban ser tan rentables como las de otros países en que no ha existido burbuja del gas.

Conviene tener en mente además que la comparación se está realizando con otras grandes eléctricas europeas que en general también funcionan, en sus respectivos países, en régimen de oligopolio. Aunque aparentemente su poder de influencia es menor que el de las eléctricas españolas, no es nulo, y también lo utilizan contra los intereses de los ciudadanos.

Finalmente, ¿qué beneficios consideramos razonables? El Gobierno por ejemplo ha decidido de manera retroactiva que una rentabilidad razonable para las EE.RR. es del 7,39% antes de impuestos. Olvidando por un momento que esto no es sino una estrategia para hundir a los pequeños productores renovables, es interesante comparar esta cifra con el 9% que tienen las grandes eléctricas europeas y el 14% las nacionales.

Discusión y conclusiones

Partiendo del conocimiento sobre cómo funciona el mercado eléctrico, en el Observatorio Crítico de la Energía tenemos dudas razonables sobre la legitimidad de la deuda reconocida a las grandes eléctricas. A nuestro modo de ver, el único modo de acabar con el déficit de tarifa empezaría por realizar una auditoría del funcionamiento del mercado eléctrico y sus costes desde que comenzó el proceso de privatización en 1997.

Esto es sin duda una tarea ímproba, pero que indefectiblemente merecerá la pena, ya que sólo así podremos dilucidar qué porcentaje debemos pagar de los más de 30.000 millones de euros que los consumidores supuestamente debemos a las eléctricas en concepto de déficit de tarifa acumulado. Y sólo así evitaremos que esta deuda siga creciendo y podremos rescatar nuestra política energética. Sin embargo, las principales empresas eléctricas españolas se niegan a aceptar esta auditoría, lo que obviamente no hace sino aumentar la desconfianza de los ciudadanos informados.

Creemos que, llegados a este punto, no podemos seguir esperando a que los principales beneficiados por un sistema eléctrico intencionadamente opaco se presten a arrojar luz sobre él. La escasa información pública disponible nos demuestra que las eléctricas españolas obtienen anualmente beneficios milmillonarios. Eso por sí solo ya hace inaceptable que una supuesta deuda contraída con ellas tenga secuestrado un sector estratégico del país (o que se les permita cortar un servicio básico como la electricidad a miles de familias empobrecidas).

Pero es que además vemos que, si hubiesen obtenido unos beneficios similares a los de sus homólogas europeas, la deuda acumulada en concepto de déficit de tarifa sería notablemente inferior.

Concluimos por tanto que existe una duda más que razonable sobre la legitimidad de la práctica totalidad del déficit de tarifa contraído durante el período 2008-2012, así como en el periodo anterior, que comienza en 2002, y durante el cual el sistema eléctrico funcionó según los mismos criterios.

En consecuencia, la postura de la ciudadanía y del Gobierno que debe representarla ha de ser tajante: en primer lugar, es necesario realizar una auditoría sobre el déficit de tarifa para determinar qué parte es legítima y debemos pagar y cuál no; en segundo lugar, la reforma del sector eléctrico que impida el aumento del déficit de tarifa no puede retrasarse más.

 

Notas explicativas sobre el análisis:

– En el caso de Iberdrola, no se incluye el negocio “Renovables” por no estar desglosado por países. El margen de beneficio en ese negocio es similar al del resto del grupo.

– El déficit de tarifa correspondiente a cada empresa se ha calculado a partir del dato total publicado por la CNE multiplicado por el porcentaje que corresponde financiar a cada una de las  empresas.

[1] Algunos autores opinan que las subastas CESUR no han contribuido a aumentar el déficit de tarifa porque el aumento de coste que producían se contabilizaba sobre la componente de mercado de la factura, pero la realidad es que si las subastas CESUR no hubiesen ocasionado un aumento de precio tan elevado de esta componente, el Gobierno habría tenido mayor margen para actuar sobre la otra parte de la factura, la componente regulada, disminuyendo el déficit de tarifa acumulado año tras año.

[2] Del total del déficit de tarifa pendiente de pago a 31 de Diciembre de 2012, 25.911 millones, el 12,8% estaba cedido a terceros por las propias empresas eléctricas, el 55,6% había sido titulizado a través del FADE (Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico) y el 31,6% estaba pendiente de titulizar y se encontraba en manos de las eléctricas. Referencia.

[3] Los beneficios se refieren al EBIT (beneficios antes de intereses e impuestos). Los datos de España se han comparado con los obtenidos en Reino Unido reportados en el documento “UK Big 6 utility investment trends, Bloomerg”.


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