Dominio público

Opinión a fondo

Golpe a la Justicia universal

22 May 2009
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 JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ

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Aunque mi oficio sea otro, propondría comenzar este artículo con aquellas cinco preguntas básicas del periodista. Empecemos por el “qué”, esto es, por concretar a qué nos referimos con el término jurisdicción universal: la persecución internacional que pretende imponer este principio se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella (genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, etc.), cuya lesividad trasciende la de las concretas víctimas y alcanza a la Comunidad Internacional en su conjunto. Consecuentemente, su persecución y sanción constituyen, no sólo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los estados; cuya legitimidad no depende de ulteriores intereses particulares de cada uno de ellos.

Aclararé que intencionadamente he recogido la definición no de radicales defensores de la jurisdicción universal, sino las palabras literales del Tribunal Constitucional. ¿Quién amenaza esta interpretación de nuestro Alto Tribunal? Inicialmente, el Partido Popular, pero tras él, muy significadamente, el Partido Socialista. ¿Cómo lo han hecho? Introduciendo una inopinada enmienda en el Proyecto de Ley de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial, que pese a lo que se ha dicho, no limita el principio de jurisdicción universal, sino que lo dinamita. Y esto es así porque con lo que se pretende no estaríamos ya ante un principio ideado para la persecución de crímenes que, por sus características, afectan a toda la Comunidad Internacional, sino que se quiere establecer que nuestros tribunales sólo sean competentes frente a esos crímenes si se diera alguna de las siguientes condiciones. La primera, que el presunto responsable se encuentre España; esto es, como ya dijo el mismo Tribunal Constitucional, una restricción de hondo calado que resultaría contradictoria con el fundamento y los fines inherentes de la jurisdicción universal. Adicionalmente, que las víctimas sean españolas o concurra “algún vínculo de conexión relevante con España”; dicho en otros términos, por arte de magia se quiere sustituir el principio de jurisdicción universal por lo que se conocen como principio de personalidad pasiva y principio real o de protección. Sobre este particular, también el Tribunal Constitucional nos ha compartido que tal pretensión se muestra palmariamente contraria a la finalidad que inspira la institución, que resultaría alterada hasta hacer irreconocible el principio de jurisdicción universal. ¿Cuándo ha ocurrido todo esto? El 20 de mayo. ¿Dónde? Al socaire de las Resoluciones aprobadas tras el debate del estado de la nación; es decir, a la sombra de la discusión sobre las medidas para combatir la crisis económica.

Ahora bien, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué se está intentando acabar con lo que muchos consideran una de las mayores aportaciones jurídicas de España al derecho internacional penal, a la lucha contra la impunidad, iniciada a partir del proceso abierto contra Pinochet? La respuesta temo que es más decepcionante aún que la propia propuesta de reforma. Para comprobarlo, echemos la vista atrás. La materialización del principio de jurisdicción universal, contenido en el, sin duda mejorable, artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se inició en España en relación a gravísimos hechos cometidos en Chile, Argentina y Guatemala. En aquellos días, prácticamente nadie abogó por una reforma de esta disposición en el sentido que ahora se pretende; pese a las variopintas protestas de algunos representantes de aquellos estados. A estos procesos siguieron otros en que los acusados eran nacionales de Estados Unidos, China, Marruecos o Israel; actuaciones que tampoco fueron del gusto de algunas de sus autoridades. Pero fue a partir de aquí cuando el compromiso de las autoridades españolas con la lucha contra la impunidad de los presuntos responsables de los más graves crímenes parece que se fue diluyendo.

Buen ejemplo de ello fue la promesa de comienzos de este año de nuestro ministro de Asuntos Exteriores a su homóloga israelí, ante las acciones judiciales iniciadas por la muerte de civiles en Gaza en 2002; esencia misma de la primacía de las “buenas relaciones bilaterales” (sic) por sobre la persecución de posibles criminales internacionales. Y es que, ya entonces, se barajó públicamente la pertinencia de realizar “ajustes” legislativos en cuanto a la jurisdicción universal. Ajustes que ahora se han tornado en eliminar de un plumazo este incómodo principio de nuestra legislación.

Desde luego, no es la primera vez que observamos cómo las presiones de ciertos Estados doblegan la voluntad de otros en este ámbito. Esto ya ocurrió con la legislación belga y las amenazas de Estados Unidos allá por 2003, pero que estas miserias no sean excepcionales en las Relaciones Internacionales no debiera evitar nuestra censura y resistencia frente ellas. Es más, entiendo que especialmente las del actual Ejecutivo, que en su reciente Plan de Derechos Humanos se marcaba como objetivo prioritario “la lucha contra la impunidad”. Curiosa manera de combatirla sería justamente borrar del mapa uno de sus mecanismos más destacados, el principio de jurisdicción universal; pero si esto es lo que debemos discutir, al menos solicitar que el debate se presente en sus justos términos. Yo propondría los siguientes: ¿Deseamos mantener en nuestra legislación el compromiso por la justicia universal y la sanción de aquellos que atentan contra la esencia de los valores de la Comunidad Internacional, o preferimos olvidarnos de estas cuestiones y evitarnos los inconvenientes consabidos de tal actuar en el escenario de la Realpolitik?

Javier Chinchón Álvarez es  profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Ilustración de Mandrake 

17 comentarios

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  • Comentario por Gonzalo

    22/05/2009 @ 08:59

    Gracias por explicar estas cosas. Lo más acojonante es que ocurran sin apenas enterarnos

  • Comentario por JJ

    22/05/2009 @ 09:07

    AI califica de ”bochornoso” el acuerdo para limitar la jurisdicción
    > universal y advierte que ”amparará la impunidad”
    >
    > Amnistía Internacional (AI) calificó hoy de ”bochornoso” el acuerdo
    > alcanzado por los grupos parlamentarios del PSOE, CiU y PNV para limitar
    > la jurisdicción universal a las causas que tengan alguna conexión con
    > España y advirtió de que esta medida contribuirá a ”amparar a aquellos que
    > hayan cometido los crímenes más atroces”. Seguir leyendo el arículo
    >
    > En declaraciones a Europa Press, la responsable de Investigación y
    > Políticas de la organización, Julia Tamayo, indicó que ”limitar el
    > principio de jurisdicción universal es una contradicción ”in terminis””
    > porque, según explicó, ”todos los estados están concernidos en la lucha
    > contra impunidad para los casos de crímenes de lesa humanidad”.
    >
    > Tras recalcar que la reforma que se pretente aprobar en la Cámara Baja ”no
    > resiste la más mínima técnica jurídica”, Tamayo destacó que en todas las
    > investigaciones sobre jurisdicción universal que se han iniciado en
    > España, incluso en las dirigidas a ”proteger intereses de españoles” como
    > los casos Couso o Atenco, se han producido ”presiones al poder judicial”.
    >
    > Además, criticó duramente que la enmienda al artículo 23 de la Ley
    > Orgánica del Poder Judicial que permitirá esta modificación se haya
    > incluido en una reforma ”exprés” de la Ley para la Implantación de la
    > Oficina Judicial. ”De todos los acuerdos posibles han elegido el más
    > bochornoso, no han respetado ni las formas”, se lamentó.
    >
    > Dicho esto, la responsable de Amnistía Internacional exigió que cualquier
    > reforma relativa a la jurisdicción universal que actualmente ejerce la
    > Audiencia Nacional se adopte tras ”un debate informado y serio” sobre la
    > cuestión.

  • Comentario por carmen lamarca

    22/05/2009 @ 09:13

    He encontrado otro artículo muy intereante, este de un abogado que participa en varias de las causas abietas en la A.N. por jurisdicción universal.

    LEGISLAR SIN DELINQUIR

    El pasado 19 de mayo, nos despertamos con la noticia de que el PP y el PSOE se aliaban para recortar la aplicación de la Justicia Universal. La verdad es que no sorprendió a nadie, el Ministro de exteriores Miguel Ángel Moratinos ya anunció, bastante asustado, ante los reclamos de un ministro ultraderechista israelí que cambiaria la Ley. Así como suena, que cambiaria la ley española para no tener que procesar a unos criminales de guerra. Y decimos criminales de guerra porque ni las autoridades israelíes ni el Fiscal español que se opone a la investigación en la Audiencia Nacional del asunto de la masacre de Al Daraj Gaza, han argumentado que no lo sean, lo que han dicho es que España no es competente. Y como España según las Convenciones de Ginebra, en concreto la cuarta, según el artículo 96.1 de la Constitución, según el artículo 23. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y según la sentencia del Tribunal Constitucional 327/2003, (caso Guatemala), no puede eludir la aplicación de la Ley sobre esos criminales, y según las normas emanadas de su propio parlamento es COMPETENTE, los diputados del PP y del PSOE, deciden cambiar la ley para dar IMPUNIDAD a estos criminales. A estos y a todos aquellos que han cometido crímenes tan horrendos, pues no debemos olvidar que la Jurisdicción Universal es para esos crímenes y no para todos los delitos, los crímenes más graves contra la humanidad, humanidad que no olvidemos somos todos.
    El asunto es de tal gravedad que si cambiamos el delito al que se le pretende dar impunidad, sería como decir que porque el Ministro de un estado x, ha sido sorprendido traficando con sustancias estupefacientes, los partidos mayoritarios se alían para cambiar la ley sobre el tráfico de drogas, o porque un presidente de una comunidad autónoma se apodera del dinero público en su beneficio, vamos a cambiar el código penal para darle impunidad.
    Es evidente que ese actuar sería no solo una falta de respeto al parlamento que en su día legisló lo que ahora se intenta recortar, si no y además, y esto es lo importante, seria incluso constitutivo de delito, pues a nadie se le escapa que se esta legislando para dar impunidad a delincuentes, saltándose a la torera todas las normas nacionales e internacionales que obligan al juzgamiento. Este tipo de actuar, aunque emane de los diputados de un parlamento, esta también tipificado en nuestro Código, y por ello se lo quiero recordar a los señores diputados que seguramente voten sin tener pleno conocimiento de lo que votan.
    El Artículo 451 de nuestro Código penal vigente, que los señores diputados deberían conocer, o cambiar, que a lo mejor se les ocurre, dice lo siguiente:

    Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

    1.Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio.
    2.Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento.
    3.Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes:
    1. Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero de la Corona, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, rebelión, terrorismo u homicidio.
    2.Que el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. En este caso se impondrá, además de la pena de privación de libertad, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años si aquél fuera grave.
    En noviembre del 2003, ustedes en una ley orgánica aprobada en el parlamento del que ustedes son diputados aprobaron la introducción de la circunstancia primera que habla de que el encubrimiento lo sea de un delito de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos, justo lo que ustedes están haciendo.

    De aprobar esa modificación del artículo 23.4, no solo estarían dando cobijo a la impunidad encubriendo unos criminales y por tanto delinquiendo según las leyes que ustedes mismos han aprobado, sino y además estarían incumpliendo las convenciones de Ginebra las cuales se han comprometido a respetar y hacer respetar sin olvidar las obligaciones contraídas en el ámbito de la Asamblea General Naciones Unidas que les impiden actuar tomando este tipo de medidas legislativas, en concreto las obligaciones contraídas en la Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, en la cual se determinaron los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad, y en concreto y para el caso en su punto 8 se dice: “ Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad “. Precisamente lo que ustedes pretenden hacer.

    Por ello señores diputados, de aprobar semejante modificación legislativa se convierten en auténticos delincuentes tanto en el ámbito interno como a nivel internacional, les ruego que puesto que, ya que evidentemente, de actuar en dicho sentido no les importarían los derechos humanos al menos piensen en ustedes y recapaciten en su actuar, dejando la ley como está, ya que la misma solamente perjudica a los criminales y beneficia al resto de la humanidad.

    Antonio Segura. Abogado, autor entre otros de la querella de Gaza, de Guantánamo y de los Españoles en Mauthausem.

  • Comentario por Momo

    22/05/2009 @ 09:25

    Y es que ahí está justamente la censura: cuando una noticia, como el debate de la nación -de evidente relevancia-, acapara del tal manera los medios de comunicación, que estas otras noticias -de igual importancia- pasan inadvertidas. Además, la actuación del PSOE, ¿no es cínica y descaradamente hipócrita cuando lleva a cabo esta reforma y luego dice que es una prioridad luchar contra la impunidad?

  • Comentario por Alen

    22/05/2009 @ 09:30

    Pues los amigos del PAIS salen con estas en su editorial: ”Son límites en principio razonables para evitar que la justicia universal se desnaturalice y banalice y que la Audiencia Nacional se convierta, por falta de filtros convenientes, en foco de atracción de demandas que no van a ninguna parte y en nada contribuyen a la situación de los derechos humanos en determinados países, además de crear roces diplomáticos y dificultar las relaciones entre Estados.”

    Aunque no les duelen prendas en decir al mismo tiempo que ”limitarla no tiene por qué impedir que siga teniéndolos; evitará actuaciones que son un brindis al sol o que sólo provocan frustración de las víctimas.”

    De traca, vaya…

  • Comentario por amanda

    22/05/2009 @ 09:47

    El grupo Prisa, tine inconfesables intereses en américa latina. Siempre se opusieron a la jurisdicción universal. No apoyaron abiertamente ninguna de las querellas presentadas en la A.N. ni la de arentina, guatemala, gazan ninguna. Por eso debemos felicitarnos de que haya aparecido público que ha recogido el tema de Guantánamo y lo ha llevado a ser seguido por otros períodicos incluso en EE.UU. consiguiendo llegar a cambiar la volunad de Obama de mirar hacia adelante. Felicidades por informar y opinar en este sentido de defensa de los derechos humnos en el que no se debe ser equidistante, siempre con las víctimas.El artículo que reproduce carmen, buenísimo.

  • Comentario por Jaime70

    22/05/2009 @ 09:57

    Bueno, aquí la bajada de pantalones yo creo que es más con los USA, Israel y China; cuando la cosa iba con Latinoamerica, todo en orden. Acuerdarte incluso que hace poco con la querella de El Salvador, como si tal cosa. Pero cuando se incomoda a los dueños de la casa, es otro cantar… Lo más triste es que sigamos en un Estado que claudica cuando le toca, y se hace el gallito cuando no cuesta

  • Comentario por Malder

    22/05/2009 @ 10:11

    la AN y sus estrellas-jueeces no puede estar todo el día con estos asuntos, sin atender a las cossas importantes que ocurren en nuestra Patria. Por una vez parece que el gobierno se atreve a hacer lo que tiene que acer, está visto que por iniciativa del PP, claro

  • Comentario por amanda

    22/05/2009 @ 10:17

    Estimado Maldaner, lo que el gobierno tiene que hacer, es con hache. Los crímenes contra la humanidad ocurren en este mundo, nos afectan pués en muchos de ellos poer cierto hay españoles, y son cosas tan o más importantes que atender por los jueces de la A.N.que el perseguir a un calicaturista del Jueves por hacer humor. Solamente el 0.0005% de los Asuntos que se llevan en la A.N. son por Jurisdicción Universal, a nivel estadístico no sería significativo.Respecto a la iniciatia del PP, yo si fuese de ese partido estaría preocupado de hacer la pinza tanto con el Psoe, país vasco, jurisdicción universal, en este caso mero mamporrero.

  • Comentario por Fernando

    22/05/2009 @ 12:25

    en fin, algo de lo que me sentía orgulloso… e incluso una posible vía de dar relevancia internacional a España de una forma tan ética, neutral, comprometida con los DDHH, respetable y humana… Pero claro, qué tonto soy, si han sido PsoE y PP quienes lo han pactado, esos términos a muchos ni les suenan.

  • Comentario por Luismat

    22/05/2009 @ 12:42

    lo peor yo creo que es no que no entiendan esos términos, sino q parecen no tener huevos para exponer públicamente lo que quieren hacer, y que se les juzgue por ello. vaya, que esto de la responsabilidad ante sus votantes se las trae al fresco, pues si algo es dificil de vender, con meterlo de tapadillo en una reforma de cualquier ley, solucionado.
    Y mientras, los medios amigos sin decir ni mu o mugiendo al unísono. Por ello es tan de agradecer artículos como éste, que luchan contra el manto de silencio que nos eechan encima cuando conviene

  • Comentario por JL old school

    22/05/2009 @ 17:24

    Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

    Usted ha expuesto las mismas conclusiones que yo he ido poniendo en estas noticias a medida que ivan apareciendo en publico. Le alegra a uno ver sus mismas ideas dichas por otro con mayor ”reconocimiento social”.

    Se le olvido mencionar la creacion de la clausula ”ad hoc” para que ”los procesos penales abiertos en España, cuyos hechos sean los mismos que otro proceso en su pais de origen, sean cerrados.” ( algo asi decia ), con el evidete objetivo de quitarnos de en medio en todo lo que estamos juzgando.

    Y si, esto es lamentable y bochornoso, tanto por contenido como por forma, lo dicho, deberiamos manifestarnos.

  • Comentario por Javier-Málaga

    22/05/2009 @ 22:29

    ¿Por qué no hacemos nada para impedirlo? ¿Qué podemos hacer nosotros para parar este despropósito? Siento una profunda tristeza y frustración ante esta propuesta conjunta de pp y psoe. Me siento engañado, por esta y más cosas; yo me ”tragué” la propaganda socialista de que eran un partido de izquierdas y ahora me siento triste y decepcionado.

  • Comentario por manumenorca

    22/05/2009 @ 23:29

    … Echo de menos aquella política que los partidos gobernantes -cualquiera de ellos- realizan con pundonor y entrega estando en la oposición.
    Cuando llegan a gobernar, aparece Mr. Hyde, Maquiavelo, o el sempiterno pragmatismo de turno… adios al idealismo, adios a la utopía.
    Adios a la esperanza de que nuestro país esté en las páginas de todos los más importantes diarios internacionales por epatar con una idea revolucionaria. Adios a las esperanzas de miles de ciudadanos del mundo…, adios a tener una reseña positiva e indeleble en los libros de historia de las próximas enciclopedias.
    Otra oportunidad perdida. Por ceder frente al pragmatismo. Que todo siga igual. Quizás algún día lo vean mis hijas.. quizás otro país -USA, vete tú a saber- se llevará el mérito en el futuro. Y ésta primavera que gozaba la justicia española con la ídem universal caerá en el olvido, por tontos.

  • Comentario por Fouche

    23/05/2009 @ 04:43

    A mi modesto entender, no debiera haberse cedido, con la Ley en la mano, a ningún tipo de presión, ni nacional, ni internacional.

    Este lamentable hecho, bien pudiera volverse precisamente en contra, a los intereses y derechos democráticos que anteriormente preconizaba y que era muy claro a la hora de su interpretación.

    ¿De qué ha servido entonces la tan cacareada mundialización?

    ¿No tenemos todos los ciudadanos del mundo en democracia, los mismo derechos?

    ¿Han pensado, nuestros políticos, las consecuencias que puede conllevar el plegarse a intereses ajenos, conforme a la rectificación de una Ley, que en su principio, no tuvo ninguna objeción a nivel mundial?

    ¿Cómo se nos va a considerar con respecto al derecho democrático, en el resto del mundo?

    ¿A qué estamos jugando Sres? Desde luego, les invito a que se lo replanteen por el bien de la paz en el mundo. Adulterar el contenido de una Ley que en DEMOCRACIA la valoro de 10 sobre 10, no supone el más mínimo respeto a la SALUD DE LA DEMOCRACIA MUNDIAL.

    ¿Es que no se les cae la cara de vergüenza? ¿O es que, acaso la DEMOCRACIA les importa un pimiento? ¿Cómo se van a tomar esto en Alemania, por ejemplo?

    ¡El sólo hecho de cambiar el sentido de la Ley, por intereses ajenos al sentido de la misma, nos puede hacer aparecer el día de mañana, ¡Dios no lo quiera!, ante un tribunal como el de la Haya, como criminales de guerra!

    Sólo por este hecho, habría que abrir una investigación a fondo y ver qué está pasando con este asunto. No se sorprendan, si dentro de poco empiezan a recibir quejas diplomáticas. Me parece que no han sopesado bien que en este momento, nuestro país y concretamente, en lo que concierne a derecho democrático, estamos en el punto de mira de muchas de las judicaturas internacionales.

    Piensen en las consecuencias de prestigio a nivel humano, político y económico, que nos puede reportar en un futuro inmediato tal decisión.

    NO ES DE RECIBO IR A CONTRACORRIENTE EN DEMOCRACIA. ¿Se ha pensado seriamente,
    QUÉ DERECHOS PODEMOS RECLAMAR EN UN FUTURO, SI DE ENTRADA LOS RECORTAMOS?

    En fin, ¿ES ASÍ COMO SE SIRVE A LA DEMOCRACIA?

    Quisiera que me lo explicaran con mucho detalle, por favor, no entiendo nada.

    Un saludo a todos.

  • Comentario por Fouche

    23/05/2009 @ 04:59

    Sr. Moratinos:

    Hágase un favor y háganos un favor: D I M I T A !

    Vd. ya no representa a NADIE.

  • Comentario por José M. Sánchez

    23/05/2009 @ 11:08

    Estos ”patriotas” que nos gobiernan no dejan de demostrarnos cada día que están al servicio de ”otras cosas” que no son la defensa de nuestra soberanía y que si están ahí para cumplir las órdenes de otros intereses (en este caso, leáse el gobierno de Israel y EE.UU.). Los ciudadanos con un mínimo de conciencia debemos de fijarnos que estos personajes son extremadamente rigurosos en otras situaciones por ejemplo ”por que no te callas” pero con los paises grandes no tienen la mínima dignidad y no dudan en bajarse los pantalones. En fín una vergüenza. Y ahora a votar para elegir a aquellos que van a ¿defender? los intereses de los Españoles en el Parlamento Europeo. La abstención va a ser de escándalo. Por cierto estos ”democratas” no dudan en declarar ilegal una candidatura al Parlamento Europeo (yo tengo particularmente ninguna simpatía con esta candidatura)haciendo un juicio de intenciones. Menos mal que por una vez algún Tribunal puso sentido común a una sentencia.

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