TOMÁS GÓMEZ

Recorro estos días ciudades y pueblos de Madrid: participo en los numerosos mítines en los que los socialistas explicamos las razones para votar nuestra lista al Parlamento Europeo. Estoy en contacto, cara a cara, con miles de hombres y mujeres que llenan los recintos habilitados para los actos electorales, y en todos los sitios advierto el mismo espíritu que, simbólicamente, se llama ya el de Vistalegre.

He comprobado de nuevo la imprescindible exigencia de que los políticos bajemos a la calle para dar a conocer nuestras ideas ante la necesidad de superar las barreras de incomunicación que se levantan para silenciar nuestros mensajes en algunos poderosos despachos, y os aseguro que me impresiona la respuesta que recibo cuando en mi discurso introduzco la referencia directa a la insoportable situación que estamos sufriendo en la Comunidad de Madrid. Esos miles de madrileños que interrumpen para aplaudir las denuncias a la corrupción que afecta ya,
inequívocamente, a tantos personajes y personajillos del entorno de Esperanza Aguirre comparten plenamente la necesidad de utilizar todos los recursos, políticos y legales, que nuestro partido ha puesto en marcha.

La gente está harta del supuesto sentimiento de impunidad que blinda los desmanes del Partido Popular y nosotros, desde la oposición, tenemos que cumplir el doble mandato de las urnas: presentar propuestas alternativas y controlar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando en ambas direcciones, pero parece que, ante la incapacidad del equipo de Gobierno de abrirse al mínimo dialogo constructivo con la oposición para abordar los problemas reales que hacen referencia a la crisis económica, el paro, la sanidad o la educación, en un esfuerzo coordinado al servicio de los ciudadanos, una lectura realista de la situación nos conduce a la única alternativa de esperar al año 2011 para poner en marcha nuestras ideas desde el Gobierno de la Comunidad.

Con el horizonte de esa fecha, sin olvidar nunca que no se trata de conseguir el poder por el poder, sino de transformar la sociedad, ahora nos vemos obligados a denunciar sistemáticamente, sin desmayo, aunque el grito de la protesta intente acallarse o minimizarse en razón de oscuras motivaciones que pervierten el libre juego de la expresión plural de las ideas, todos y cada uno de los casos en los que la corrupción o el uso sectario de las instituciones convierten a esta región española en el más triste ejemplo de decadencia democrática. Es una situación de emergencia.

Los socialistas madrileños acabamos de anunciar un conjunto de actuaciones parlamentarias y legales, utilizando todos los recursos a nuestro alcance, para que se esclarezcan las fundadas sospechas de utilización ilegal de fondos, sea cual sea su procedencia, para el desarrollo de las campañas electorales del PP en Madrid. Queremos que actúe la Fiscalía Anticorrupción, la Inspección de Hacienda, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central, que vela por la transparencia y legalidad de los procesos electorales. Queremos saber si el entusiasmo que despierta la señora Aguirre entre los sectores económicos más poderosos no esconde algo más que una simple comunión ideológica. Y lo queremos saber, estimulando a las instituciones encargadas de cuidar los intereses de los ciudadanos, porque es ahí donde se concentran los recursos para hacerlo después de que algún medio de comunicación haya cumplido con su deber de denuncia.

Personalmente, estoy dispuesto a soportar todo tipo de querellas, hasta ahora la única contestación recibida a mi solicitud de explicaciones ante comportamientos sospechosos que van convirtiéndose en certidumbres morales. ¡Qué gran oportunidad para llegar al total conocimiento de los hechos! Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Por ejemplo: ¿Qué impide a Esperanza Aguirre exigir a sus diputados imputados la renuncia a sus escaños o a los ex alcaldes imputados que abandonen sus concejalías. ¿Por qué clausuró abruptamente la Comisión de Investigación sobre el espionaje impidiendo declarar a supuestas víctimas que pertenecen a su propio partido y que insisten en sus denuncias? ¿Por qué se niega el conocimiento de la declaración de bienes del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior?

Lejos de mí cualquier entusiasmo por la judicialización de la política. En democracia deben existir suficientes cauces en el ámbito parlamentario o en el debate de los medios para que el ciudadano pueda acceder al conocimiento de los hechos y forme su propio juicio. Lamentablemente, esas vías están obstruidas en Madrid, pero no tanto como para que la opinión pública no vaya percibiendo la realidad y exigiendo a la oposición que actúe contundentemente. Ese es el mensaje que recibo en mis encuentros con los madrileños y al que no puedo traicionar. Me corresponde dirigir el trabajo de un gran partido que en sus 130 años de historia en Madrid ha pasado por muy difíciles circunstancias, por eso estamos muy curtidos y en disposición de levantarnos cada mañana con toda la ilusión puesta en la defensa de nuestras ideas.
Seguiremos forzando al máximo, pese a todas las artimañas reglamentarias al servicio de una mayoría absoluta, nuestros recursos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, iremos a los tribunales cada vez que haga falta, pero, sobre todo, seguiremos pisando la calle, recogiendo firmas contra la privatización de la sanidad, acompañando a los trabajadores en sus demandas y explicando a los colectivos ciudadanos nuestras posiciones. Y prometo que nadie fuera de nuestras filas, y ahí siento a todos los hombres y mujeres que exigen el cambio en Madrid, va a frenar o condicionar
nuestro rumbo.

Tomás Gómez es secretario general del PSM-PSOE.

Ilustración de Juan Ossorio.