Dominio público

VICENÇ NAVARRO 

Ha sido una constante del pensamiento económico liberal atribuir el elevado
desempleo en España a las supuestas rigideces del mercado de trabajo. Como consecuencia de la enorme influencia de tal pensamiento en la vida política del país, se han aprobado y desarrollado ya cinco reformas del mercado de trabajo, que lo han ido desregulando cada vez más. El desempleo, sin embargo, ha continuado siendo el más elevado de la Unión Europea de los Quince (UE-15) –el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al español–, con incrementos muy notables en los momentos de recesión, como ahora.

Como era de esperar, este aumento del desempleo ha originado, una vez más, llamadas a una mayor
desregulación del mercado de trabajo que tendría como consecuencia (dígase lo que se diga) el abaratamiento de los costes del despido. Entre estas llamadas está la del manifiesto “Propuesta para la reactivación laboral en España”, firmado en su mayoría por economistas de sensibilidad liberal, que ha sido promovido por el Gabinete de Estudios del Banco de España –el Vaticano del pensamiento liberal de España–, así como por las fundaciones financiadas por la banca y por las cajas de ahorro de España y, también, por la patronal (la CEOE), que ha añadido su voz a tal coro liberal. Así, el presidente de la Comisión de Política Económica de la CEOE, José Luis Feito, en el Círculo de Economía de Cataluña subrayó que el elevado desempleo en España se debía a las rigideces laborales, consecuencia del excesivo poder de los sindicatos, que, al aferrarse en la defensa de los que tienen contratos fijos, dificultan la creación de empleo, pues los empresarios son reacios a contratar más trabajadores, temerosos de que no podrán despedirlos una vez contratados.
El problema con tales teorías liberales es que los hechos no las avalan. El secretariado económico de la
OCDE (el club de países más ricos del mundo) había sido en su día el mayor promotor de la desregulación de los mercados de trabajo como medida necesaria para reducir el desempleo. En su famoso informe Employment Outlook 1999, había indicado que el hecho de que el desempleo promedio de los países de la UE-15 hubiera sido mayor (durante el periodo 1980-1999) que el de EEUU se debía a que los mercados de trabajo de aquellos países eran más rígidos y regulados que los de EEUU. Tal postulado fue ampliamente criticado a los dos lados del Atlántico, pues era fácil demostrar que sus tesis eran erróneas: el desempleo promedio en los países que constituirían la UE-15 había sido menor que en EEUU durante el periodo 1960-1980, sin que hubiera habido un cambio significativo en el nivel de regulación de los mercados de trabajo.

En realidad, estos eran más desregulados y flexibles en los países de la UE-15 en el periodo 1980-2000 (cuando el desempleo creció más) que en el periodo 1960-1980 (cuando el desempleo en aquellos países fue menor que en EEUU). Las diferencias no podían explicarse, pues, por los distintos grados de flexibilidad de los mercados de trabajo, sino por las diferentes políticas macroeconómicas seguidas a los dos lados del Atlántico, siendo estas más expansivas y
keynesianas en EEUU que en la UE, que a partir de los años ochenta siguió políticas restrictivas, en lugar de expansivas, resultado del establecimiento de la UE. Tal evidencia forzó a que la OCDE corrigiera su tesis, reconociendo en su último informe (en 2006) que “de nuestros análisis de la OCDE podemos afirmar que el impacto de las medidas proteccionistas de empleo (lo que los liberales llaman rigideces laborales) es estadísticamente insignificante para explicar el nivel de desempleo en un país de la OCDE” (OECD Employment Outlook 2006).

El crecimiento de la economía española ha dependido predominantemente, desde los años noventa, de la construcción y del turismo. El colapso de la economía del ladrillo, debido al estallido de la burbuja especulativa basada en la alianza de la banca y cajas de ahorro, por un lado, con la industria inmobiliaria y de la construcción, por el otro, y con el apoyo activo del Estado español (alianza sobre la cual el manifiesto no dice nada) ha jugado un papel clave para el crecimiento del desempleo, creando, a su vez, el problema del crédito (el más caro de la UE, sobre el que el manifiesto guarda silencio), responsable también de la ralentización económica, de la recesión y del elevado desempleo. A estas causas se añade la enorme debilidad del sector público en España, con un escaso desarrollo, no sólo del capital humano, sino del capital social (la red de servicios y transferencias públicos que aseguran la protección y cohesión social de un país), que es fundamental para crear empleo, mejorar la productividad del país y aumentar su riqueza. Tal protección y cohesión social es esencial para garantizar la seguridad de la fuerza de trabajo y su colaboración para alcanzar la deseada flexibilidad laboral. En la UE, los países que tienen mayor protección social (los países escandinavos y Holanda) son los que tienen mayor flexibilidad y también menor desempleo (el gasto promedio en protección social en aquellos países es el 30% del PIB). Es erróneo e injusto pedirle a la clase trabajadora en España (cuyo gasto en protección social es sólo del 19% del PIB, el menor en la UE-15 después de Irlanda, con el 18%) que abandone la escasa protección que tiene a través de sus convenios colectivos (con el coste del despido) para conseguir aquella deseada flexibilidad (argumentando erróneamente que ello reducirá el desempleo).

España e Irlanda, los países que están destruyendo más empleo en la UE, son también los países con menor protección social. Irlanda, por cierto, tiene un mercado de trabajo incluso más desregulado (tal como está pidiendo el manifiesto liberal) del que tiene España, y ello no ha disminuido el crecimiento de su desempleo. El mundo empresarial y financiero español, que se han opuesto a la expansión del gasto público y de la protección social, prefiere conseguir la flexibilidad laboral a lo duro, facilitando el despido del trabajador. De ahí el elevado desempleo.

Vicenç Navarro es  catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía
de la Universidad de Barcelona.

Ilustración de Mikel Casal.