Augusto Klappenbach
Escritor y filósofo

Todos los partidos, sin excepción, insisten en la necesidad de escuchar "a la gente", término que ha reemplazado en la jerga política al más pretencioso de "pueblo". Aprovechando que en este momento se están discutiendo programas electorales y haciendo uso de mi condición de "gente", me permito exponer siete propuestas, sin orden ni concierto, algunas de carácter político y otras de tipo jurídico, que no he encontrado reflejadas en los programas electorales que conozco (que por supuesto no son todos).  Y aunque todas sean discutibles y matizables y no sean las más importantes, quizás puedan servir de algo en estos tiempos en que nuestras instituciones están sujetas a una implacable revisión.

Retribuciones de los políticos.  Se ha hablado mucho de la necesidad de racionalizar los sueldos de los políticos para evitar incongruencias tales como la existencia de sueldos superiores de algunos alcaldes al del presidente de gobierno o los ministros. Un sistema simple y objetivo sería tomar como base el salario mínimo interprofesional multiplicándolo por un coeficiente variable según el cargo. El presidente de gobierno cobraría el salario mínimo multiplicado por x (en este caso con deducciones por vivienda, servicios, etc.), los ministros, por y, los alcaldes por un coeficiente variable según el número de habitantes de su localidad, y así todos los cargos, incluidos los parlamentarios. Para la aplicación de esta medida habría que establecer una fórmula que tuviera en cuenta las posibles deducciones y otras variables distintas en cada caso. Este sistema tendría la ventaja de que los políticos no podrían subir su sueldo arbitrariamente, ya que al menos debería guardar una proporción con los salarios más bajos, que deberían mejorar para hacer lo mismo con los suyos.

Disciplina de partido. La obligación principal de un legislador es la de representar a sus votantes; el partido es solo el instrumento por el cual han sido elegidos. Las propuestas que figuran en el programa electoral son sin duda moralmente vinculantes y el legislador elegido está obligado a apoyarlas, puesto que se supone que sus electores le han votado para eso. Pero aquellas que no figuran en ese programa no están sujetas a esta obligación. Y puede suponerse que hay entre los ciudadanos diversidad de opiniones sobre estos temas, que quedarían mejor reflejadas si se permitiera la misma diversidad entre los legisladores. Aunque la Constitución prohíbe el mandato imperativo del voto, los partidos suelen penalizar por medio de multas o exclusión de las listas electorales a los diputados o senadores que votan en sentido distinto del que deciden sus dirigentes. Se propone, por lo tanto, eliminar la disciplina de partido con las consiguientes sanciones por su desobediencia, salvo en aquellos casos reflejados explícitamente en su programa electoral.

Voto secreto en las cámaras. El voto secreto tiene sentido cuando refleja las opiniones de quien lo emite; nadie está obligado a hacer públicas sus preferencias. Pero los parlamentarios no votan representándose a sí mismos sino por mandato de sus electores, que tienen derecho a saber qué opinan sus representantes, entre otras cosas para decidir si mantienen su confianza en ellos, especialmente en caso de que se aprobaran las listas abiertas. En la actualidad se prohíbe en el Congreso el voto secreto para medidas legislativas y algunas otras; creo que debería ampliarse esta prohibición a cualquier votación de los parlamentarios.

Eliminación de la fianza en la justicia penal. La existencia de la fianza constituye un desmentido a la supuesta igualdad de los ciudadanos ante la ley, en la medida en que permite eludir la prisión según los medios económicos de los procesados, aun cuando estos medios deban ponderarse para determinar su cuantía. Teniendo en cuenta que la prisión provisional puede durar años, el pago de la fianza implica que una persona con recursos suficientes elude una pena que puede implicar situaciones dramáticas y secuelas psicológicas para quien no dispone de medios para evitarla. La igualdad ante la ley queda reducida en ese caso a una fórmula abstracta: lo que interesa al ciudadano no es la igualdad formal sino la aplicación de las leyes a su situación concreta. Si hay razones suficientes, habrá que imponer prisión provisional, de lo contrario libertad en espera de juicio.

Defensores de oficio en la justicia penal. La existencia de una abogacía privada, al menos en temas penales,  es incompatible también con el principio de igualdad ante la ley: son claramente distintas las posibilidades que tiene un acusado según le defienda un abogado de oficio, cargado de trabajo y mal retribuido o pueda permitirse un bufete prestigioso que incluso puede contratar investigadores privados y hacer gestiones complementarias, por no hablar de presiones al tribunal.

La solución sería establecer un cuerpo de abogados de oficio como los únicos habilitados para ejercer la defensa de los acusados, equiparándolos al ministerio fiscal. Al acusado le tocaría uno u otro, estableciendo una fórmula que respetara cierto grado de elección del defensor por parte del acusado, como sucede actualmente con los abogados de oficio. Lo cual no impide (como también sucede con los fiscales) distinguir entre abogados especializados en una u otra rama del derecho penal, según el juicio de que se trate. El coste de la medida se podría financiar estableciendo costas de las que se eximiría a quienes carecen de recursos, pero las retribuciones a todos los abogados, sean fiscales o defensores,  provendrían del Estado.

Curiosamente esta gratuidad de los abogados defensores tiene antecedentes en el antiguo derecho romano; los primeros abogados defensores en tiempos de la República no cobraban por su asistencia, aunque más adelante se fueron introduciendo regalos y bonificaciones en dinero.

Eliminación del sistema de jurados. Probablemente la propuesta más discutible. Se pretende con el juicio por jurados populares acercar la justicia a los ciudadanos, pero tengo dudas de que sea este el camino. No se puede obligar a ciudadanos de a pie a ejercer funciones que implican un tipo de responsabilidad que ellos no han elegido y tomar decisiones para las cuales no están formados. Y si de evitar prejuicios se trata, creo que estos prejuicios pueden tener tanta influencia en un jurado popular como entre jueces profesionales; sería ingenuo creer que el ciudadano de a pie es inmune a influencias políticas, mediáticas o al prestigio social de los acusados. Pero creo que hay una diferencia. Los jueces profesionales están en mejores condiciones para minimizar influencias afectivas y juzgar con algún distanciamiento racional mayor, ya que su formación y experiencia permite una relativa objetividad en los juicios, como sucede en cualquier profesión, aunque tampoco sean inmunes a las presiones externas. Y hay que recordar que los jueces "normales" no son elegidos por los políticos sino por concursos de oposición  tan válidos como los que seleccionan a médicos o profesores en la administración pública. Otra cosa son las altas instancias de la judicatura, donde no se plantea este normalmente este problema y que es mucho más proclive a la influencia política.

Transparencia informática. La ley de transparencia ha ampliado algo la posibilidad de los ciudadanos de acceder a la información de los organismos públicos. Pero ¿no se podría llegar a una transparencia casi total ahora que los medios técnicos la hacen posible? Ignoro si el estado actual de la informática lo permite en todos los casos. Pero seguramente en muchos de ellos se podría facilitar que cualquier ciudadano pudiera acceder a las bases de datos de los organismos financiados con su dinero, exceptuando los casos en que sea necesario el secreto por razones de seguridad o de respeto a la intimidad personal. El habitante de un municipio, por ejemplo, podría enterarse directamente, sin necesidad de solicitarlo, del coste que han tenido los bolígrafos o la factura de teléfono en su ayuntamiento. Y cualquier ciudadano de los gastos de representación de un ministro. Quizás esta publicidad pondría obstáculos no solo a la corrupción sino a los gastos excesivos en cualquier materia, como los gastos de representación.