Tatxo Benet
Periodista

La profesión periodística madrileña —que casi siempre se comporta como si fuese la profesión periodística de todas las españas— anda revolucionada por la famosa web del Ayuntamiento de Madrid que puntualiza o rectifica aquellas informaciones que considera no ajustadas a la verdad. Como casi siempre, la profesión periodística —sea de donde sea— ha salido casi en tromba a defender su presunto derecho a que nadie le rectifique, so pena de ser acusado de censurador.

Otro hecho, en este caso mucho menos conocido y debatido, incide también en el mismo tema: la resolución 2015/112 hecha pública el pasado 6 de julio de 2015 por el pleno de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas España (FAPE). Lo de menos es el tema: las acusaciones de El País contra Jaume Roures y Mediapro por supuestas cuentas en paraísos fiscales. Lo de más, es el fondo de la resolución que, pretendiendo defender a los periodistas, resulta ser un alegato terrible contra la credibilidad de todos los periodistas.

Dice textualmente la resolución de la FAPE que "la veracidad, como cualidad legitimadora del derecho a suministrar información, del cual son titulares privilegiados los periodistas, que cumplen así una función social, no coincide con el concepto de "verdad" o adecuación de lo que se escribe y publica con la realidad". Para decirlo sin eufemismos, lo que el periodista considere "verdad" no tiene por qué coincidir con la verdad real, con la realidad. Como la FAPE sabe que El País miente y no puede documentar sus afirmaciones con nada en absoluto, pues simplemente dicta que la mentira de El País es una "verdad periodística", aunque no coincida con la verdad de la realidad. La FAPE, alegremente, sanciona aquella broma que circula por las redacciones según la cual el periodista nunca debe dejar que la realidad le impida hacer un buen reportaje. Y lo sanciona, dice, nada menos que como "doctrina constitucional". Es decir, esa bromita que yo leí por primera vez hace 40 años en la pared de la redacción de un periódico unos segundos antes de echarme a reír (porque, hace 40 años, me parecía imposible que nadie pudiera tomarse eso en serio), ahora viene la FAPE y resulta que dice que no es broma: que es "doctrina constitucional".

Y, si existen dos verdades, la del periodismo y la de la realidad, ¿dónde quedamos los periodistas? ¿Dónde queda nuestra credibilidad? ¿Cómo podrán creernos a partir de ahora nuestros lectores? ¿Cómo sabrán si aquello que escribimos es verdad real o verdad irreal?

A veces da la impresión de que a los periodistas ha dejado de importarnos la verdad. Tal y como ha demostrado la FAPE, lo que nos importa es que no nos desmientan, que no nos puntualicen, que no nos corrijan. Aunque ese desmentido, esa puntualización, esa corrección sea justamente más verdad que lo que nosotros hemos escrito. Yo, como periodista, tengo mi verdad, una verdad colegiada, corporativa. Y si alguien viene a desmentirme, ya tendré a la FAPE y a todos mis colegas para tranquilizar mi conciencia y decirme que, la mentira que yo he explicado, es una verdad periodística aunque no coincida con la verdad real.

Y aquí es donde nos encontramos con la famosa web del Ayuntamiento de Madrid. El gran problema de la web, con toda la polémica que ha generado, es sencillamente que rectifica, aclara, desmiente o corrige. Si lo que aclara, rectifica, desmiente o corrige lo hace con razón, a nadie parece importarle, porque a los periodistas la verdad real, la verdad de las personas normales, parece no importarnos. Sólo nos importa nuestra verdad, aunque sea una mentira, y por eso no soportamos que nadie se atreva, siquiera, a puntualizarla. La web del Ayuntamiento de Madrid es una herramienta útil para el periodista: le enseña la versión de los hechos de una de las partes. En lugar de usarla, nos escandalizamos. No queremos saber nada que no sea nuestra verdad, aunque muchas veces sea mentira. Y ahí estará la FAPE para apoyarnos y hundirnos un poquito más en la miseria.