Lorena Ruiz-Huerta
Presidenta del grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid

Como de costumbre, el acto de Apertura del Año Judicial ha consistido en una gran concentración de autoridades, salpicada de declaraciones de buenas intenciones. En fin, poca autocrítica y el repetido deseo de poner en el lugar debido una administración de justicia lastrada por enormes carencias, que hacen que la labor de los jueces sea vista por la ciudadanía como deficiente, lenta y afectada por la falta de independencia.

Lo dijo en 1985 Alfonso Guerra: "Montesquieu ha muerto". La separación de poderes es papel mojado; un continuo el trasvase de intereses recíprocos entre el poder político y el judicial. El nombramiento de los altos puestos de la judicatura funciona como modelo de "intercambio de favores". Hemos asistido a las "presiones" recibidas en los casos de los jueces Baltasar Garzón o Elpidio Silva; o incluso en la actuación del fiscal Horrach, en el caso Noos. Hasta tal punto han llegado las intromisiones que los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo redactaron una carta en la que protestaban por las injerencias del poder ejecutivo en sus resoluciones.

Como si el gobierno de los jueces quisiera demostrar su falta de independencia, durante el acto, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha lanzado un aviso a una determinada candidatura de las elecciones catalanas, anticipándose a algo que no ha ocurrido. Entrar en la batalla política en una precampaña electoral no parece la declaración de las mejores intenciones.

Allí estaba también el ministro de Justicia, Rafaél Catalá, representante de la eterna y renovada promesa de los ministros del ramo; algún día los juzgados serán dotados de todos los recursos necesarios para ejercer sus debidamente funciones.

Madrid es un buen ejemplo de las políticas del Partido Popular respecto a la justicia. Los jueces reclaman personal, medios digitales, recursos para su trabajo y lo que decide el Gobierno madrileño, teniendo como presidenta a Esperanza Aguirre, fue la edificación de una enorme, costosa y poco prioritaria Ciudad de la Justicia. De ella acabamos de conocer que la empresa pública Campus de la Justicia de Madrid ha despilfarrado 105 millones del dinero de todos en pagar sueldos millonarios a directivos "amiguetes" del gobierno del PP, en presentaciones internacionales fastuosas del proyecto, en carísimas maquetas, comilonas, oficinas lujosas y plazas de garaje.

Paralelamente, el PP de Madrid ha recortado el presupuesto destinado a sufragar el Turno de Oficio; desde el año 2010 un 31% menos. Este recorte ha supuesto que se reduzcan, en un 20% en el año 2012, las ya exiguas minutas que los abogados de oficio cobran por cada procedimiento que llevan. También han suprimido los Servicios de Orientación Jurídica a la ciudadanía (oficinas judiciales de "atención primaria" a los ciudadanos).

La verdadera situación del servicio público de justicia es el total abandono, con una administración que sigue funcionando como en el siglo XIX, todavía pendiente del salto digital. Centenares de expedientes se acumulan en las oficinas de los juzgados, que no cuentan ni siquiera con mobiliario suficiente para almacenarlos adecuadamente. Las bajas temporales de los funcionarios de los juzgados no se cubren, ni se crean nuevas plazas de jueces, lo que ralentiza todavía más el funcionamiento de la justicia. El número de jueces españoles es de 11 por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media europea, que es de 21. Todos estos problemas causan numerosos perjuicios a la ciudadanía, como pueden ser los dos años de espera para cobrar una indemnización o reclamar una multa injustamente impuesta por la administración.

Por si fueran pocos problemas, el gobierno del PP castigó a la ciudadanía con una Ley de Tasas Judiciales que impidió el acceso a la justicia a miles de ciudadanos. Fue el caso, por poner sólo un ejemplo, de algunas víctimas de los atentados del 11-M; gente de clase trabajadora que tras conseguir cobrar una indemnización del Estado, la invirtió en participaciones preferentes de Bankia y fue estafada. Cuando quisieron litigar para recuperar su dinero, no pudieron hacerlo porque no podían pagar las tasas. El Gobierno castigaba así a una ciudadanía que había litigado "por encima de sus posibilidades.

Para colmo, es el mismo Gobierno el que con sus recortes y sus reformas legales, está colapsando nuestros juzgados. Así nos encontramos con que los litigios de la jurisdicción social en Madrid, se ha incrementado en un 130% en los últimos años, gracias a iniciativas como la reforma laboral de Fátima Báñez. En ese mismo periodo, la plantilla de jueces sólo ha aumentado un 40%, mientras su carga de trabajo aumentaba en un 150%, según datos del CGPJ.

La Justicia es un servicio público esencial para la democracia, porque cumple el papel de defender los derechos de la ciudadanía, así como de controlar a los otros poderes del Estado. En un momento en el que los ciudadanos asistimos atónitos a un chorreo incesante de casos de corrupción, con una justicia carente de medios para poder hacerle frente a tiempo, más que nunca se hace necesario exigir al Gobierno que la dote de medios. Decía el gran filósofo Seneca que "nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía". Parece que es el Gobierno el principal interesado en que la Justicia no funcione, para que así puedan escaparse sus corruptos por la puerta de atrás. Si eso ocurre no es porque se carezca de magníficos profesionales, sino por la falta de medios.